Macri pone a jueces amigos en puestos clave

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El Gobierno continúa con su avance sobre el Poder Judicial. El 13 de septiembre, dos días después de que se oficializara la salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura definió una serie de cambios que fortalecen al macrismo en lugares claves de tribunales y premia a jueces afines. Con estos movimientos, Macri busca también controlar el expediente de las fotocopias de Centeno.

Con un movimiento de piezas en el tablero político-judicial, el oficialismo se anotó a Pablo Bertuzzi como nuevo integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, segunda instancia de Comodoro Py; y elevó al Ejecutivo la terna de la que surgirá el sucesor de Norberto Oyarbide en el juzgado federal N° 5, vacante desde 2016 y también con asiento en los tribunales de Retiro, donde tramitan las causas políticas más sensibles del país.

A su vez, este jueves el macrismo logró cerrar el traslado definitivo de Eduardo Farah, el magistrado que fue apartado de su cargo en abril de este año por fallar a favor de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, algo que enardeció al Presidente, quien presionó para correrlo de la mentada Cámara Federal donde cumplía funciones. Junto a él también desplazó en aquel entonces al otro camarista que acompañó esa sentencia: Jorge Ballestero. Es justamente esta última vacante la que viene a cubrir Bertuzzi, quien presidió el tribunal que juzgó recientemente al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en el caso Ciccone.

Así como hay “castigos” para quienes no fallan como el Gobierno desea pareciera también que hay premios para quienes se manifiestan según los deseos de la Casa Rosada.

El juez Fraga puede dar testimonio de ello. En septiembre de 2017 exculpó a Mauricio Macri en una de las causas que se abrieron por los Panamá Papers y un año después fue ascendido a camarista. El 10 de septiembre pasado su pliego fue girado por Macri al Senado para que lo confirme en el nuevo cargo.

Otro traslado polémico

Por expresa decisión del oficialismo, que tiene hegemonía en el Consejo de la Magistratura, el juez Pablo Bertuzzi ocupará una de las tres vacantes que hay en la Cámara Federal porteña, instancia revisora de lo que se resuelve en los doce juzgados federales de Comodoro Py.

El magistrado que en la actualidad preside el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal había pedido ser trasladado a esa cámara de forma “definitiva” para ocupar la vacante que dejó Ballestero. Fundó su petición en que “su labor contribuirá con asegurar una eficaz y pronta prestación del servicio de justicia”. Por tal motivo fue cuestionado mientras se desarrollaba el juicio del caso Ciccone. Las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y de José María Nuñez Carmona lo habían recusado por parcialidad ya que el juez que debía sellar sus destinos debía esperar la venia del Presidente para ser ascendido.

Finalizado el debate oral y público –y con Boudou detenido–, el macrismo decidió ascender a Bertuzzi con su mayoría automática en el órgano que selecciona y sanciona jueces. Lo hizo mediante un instrumento polémico que ya provocó muchas rispideces en tribunales: el de los traspasos arbitrarios.

La mecánica de los traslados levantó polvareda jurídica cuando Macri abusó de ellos para convertir en federales a una serie de tribunales ordinarios. También había cosechado muchas críticas la reubicación en puestos claves –siempre a instancias del Consejo­– de los jueces Leopoldo Bruglia y Carlos Mahiques. El primero pasó de un TOF a la Cámara Federal mientras que el ex ministro de la gobernadora María Eugenia Vidal pasó de la Cámara de Casación porteña –ordinaria– a la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima autoridad penal del país. Esta manipulación de los traslados derivó en dos acordadas de la Corte Suprema de Justicia (la 4/18 y la 7/18, de marzo y abril de este año, respectivamente) en las que reprochó los procedimientos.

En este contexto, el controvertido traslado de Bertuzzi contó en el Consejo el pasado jueves con el apoyo de nueve consejeros. A los vinculados al oficialismo se sumó el senador del PJ Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. No apoyaron los representantes de los jueces Gabriela Vázquez y Luis Cabral, el diputado del FPV Rodolfo Tailhade y el senador del PJ, Mario Pais, quien criticó las reubicaciones: “La voluntad política no es solo del Presidente. Estamos haciendo una justicia a la carta, de amigos. Hay una avalancha de traslados en la Justicia federal”.

Ahora solo resta un decreto de designación del Presidente para que Bertuzzi se transforme en camarista.

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¿Un nombramiento encuadernado?

Ricardo Lorenzetti, que comandó la Corte por once años, tiene ascendencia sobre Martín Irurzun, el hombre fuerte de la Cámara Federal. No faltan quienes sospechan en tribunales que la designación de Bertuzzi busca acorralarlo. Sobre todo porque el Gobierno no quiere correr riesgos con la causa de los cuadernos fotocopiados.

Bertuzzi recaerá en la Sala I, presidida por Leopoldo Bruglia, quien está vinculado a Alejandro Pérez Chada, el abogado de Macri. Esa sala también la compone Mariano Llorens, primo hermano de Rafael Llorens, quien era funcionario del Ministerio de Planificación Federal y está involucrado en la causa, por lo que el juez Llorens tuvo que excusarse de intervenir. Así las cosas, si el expediente de los anotadores Gloria pasase por esa sala estaría bajo las manos de la dupla Bruglia-Bertuzzi.

En la Sala II solo se encuentra Irurzun. A la hora de completarla, estando excusado Llorens, únicamente podrían pasar Bruglia o Bertuzzi. Si, por ejemplo, Bruglia pasase a la sala II y votase distinto a Irurzun, Bertuzzi desempataría. Sucedería lo mismo a la inversa. Así, con este ajedrez político-judicial, el Ejecutivo podría buscar tener el expediente de las fotocopias de Centeno bajo control.

El armado, no obstante, puede crujir. Tanto Irurzun como Llorens rechazaron el traslado de Bertuzzi. Ambos, en una consulta de rigor del consejo, no estuvieron de acuerdo con la designación –luego la Cámara Federal de Casación Penal rectificó esa posición y apoyó el cambio–.  De los tres camaristas actualmente en funciones en el tribunal (hay tres vacantes), solo Bruglia respaldó el arribo de Bertuzzi. No es para menos: él llegó a través de la misma polémica vía y ambos simpatizan con la misma corriente interna del Poder Judicial.

Un dato no debe pasar desapercibido, sobre todo, ante el nuevo escenario que se abre en Comodoro Py con el empoderamiento de Rosenkrantz: cuando Bertuzzi intervenga en la Cámara Federal puede ser recusado por las partes dada su controvertida llegada. Y serán sus colegas de tribunal quienes deberán manifestarse sobre aquellos planteos. La legitimidad de Bruglia para expresarse sobre el tema está en duda, dado que llegó por un procedimiento similar.

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El sucesor de Oyarbide

Macri se apresta a elegir al sucesor de Norberto Oyarbide en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 5 de la Capital Federal con asiento en Comodoro Py. Desde el 7 de abril de 2016, cuando el polémico magistrado hoy involucrado en el “cuadernogate” fue presionado para dar un paso al costado, el despacho está vacante. El pasado jueves, el consejo definió la terna y giró la nómina de candidatos al Poder Ejecutivo. Al menos dos postulantes –de los tres en danza– son del agrado del Gobierno.

Los elegidos del consejo fueron Agustina Inés Rodríguez, María Eugenia Capuchetti y Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Agustina Rodríguez es la mejor posicionada en la terna pero a la vez, por cuestiones políticas, quien menos posibilidades tiene de ser elegida. Es coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal, y fue secretaria letrada del ahora Procurador General interino Eduardo Casal. Trabajó también con el ex camarista Gabriel Cavallo. Es una técnica judicial y no está vinculada a Justicia Legítima como trascendió.

María Eugenia Capuchetti, segunda en la terna, es la titular de la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público de la Ciudad y tiene el visto bueno de un sector de la mesa judicial de Mauricio Macri. Además del guiño del operador judicial del PRO, Daniel Angelici. Tuvo un paso por Comodoro Py como secretaria del juez federal Sergio Torres.

Capuchetti coordinó la obra colectiva “Derecho penal. Parte Especial”, que dirigió el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo,  quien definió a Angelici “como a un hermano”. Su primera entrega fue “Falsedades Documentales” y se presentó en la 42º Feria del Libro.

El tercer integrante de la terna es Juan Tomás Rodríguez Ponte. Hijo del intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, integrante de Cambiemos, actualmente es el titular de la Oficina de Escuchas que el Gobierno cedió a la Corte Suprema de Justicia y que esta transformó en una mini SIDE paralela. Hoy se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y para el 2019 la Corte pidió que tenga un presupuesto de 2 mil millones de pesos (el 20 por ciento de lo presupuestado por el Alto Tribunal para su propio funcionamiento durante el año próximo).

Rodríguez Ponte quedó en el ojo de la tormenta cuando se filtraron los audios de Cristina Fernández de Kirchner, que habían sido interceptados de forma irregular. Según publicó El Destape, la responsabilidad de aquella escucha estuvo bajo el mando de Juan Ramella, el encargado de la subdirección de Escucha Directa. Rodríguez Ponte trabajó durante años como secretario del juez federal Ariel Lijo –donde también prestó sus servicios Ramella–. Esta no es la única terna en que participa: está calificado para ocupar el juzgado federal Nº2 de Lomas de Zamora.

Ahora el Presidente debe definir a quien desea de estos tres candidatos para ocupar uno de los doce juzgados federales de Comodoro Py. Luego, el Senado deberá aprobar el pliego del “elegido”.

Reacomodaron a Farah

 En una sesión que al parecer fue muy “productiva” en el Consejo, el mismo jueves fue confirmado el traslado de Eduardo Farah al Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín. Farah estaba cumpliendo funciones en el Tribunal Oral en lo Penal Económico, donde estuvo unos meses tras la eyección de la Cámara Federal que fogoneó el macrismo por disgustarse con su fallo a favor de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza.

En el “festival de traslados” del 13 de septiembre, se destacó también el del juez Esteban Hansen, quien fue enviado desde un juzgado no habilitado de Libertador General San Martín (Ingenio Ledesma), en Jujuy, al juzgado federal N° 1 de la misma provincia –que es electoral–. Según deslizaron fuentes judiciales, fue por expreso pedido del gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales.

De los Panama Papers a camarista

En pos de intentar cerrar la investigación sobre su rol en distintas sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales, suceso que ganó relevancia pública tras la revelación de los Panama Papers, el presidente Mauricio Macri acudió en abril de 2016 a la Justicia. Buscaba que un magistrado emitiera una “acción declarativa de certeza” y cargase las culpas sobre su padre Franco, liberándolo a él de toda responsabilidad. El caso recayó en el Juzgado Civil Nº 104, a cargo de Andrés Fraga, quien un año y medio después desvinculó al jefe de Estado de las opacas firmas Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. Entonces, Fraga estaba concursando para ascender a camarista.

En los últimos días, Macri finalmente lo premió con el tan ansiado ascenso. Lo seleccionó para ocupar la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo. El pasado lunes 10 de septiembre ingresó al Senado el acuerdo para que el magistrado que benefició al jefe de Estado sea reubicado.

Fraga integraba dos ternas: una para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y otra para la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo (La Matanza), que aún no fue habilitada. Compartía la terna –que había sido remitida al Poder Ejecutivo el 29 de mayo pasado­­– con Javier Lorenzutti y Emilio Faggi.

El nombramiento de Fraga por parte de Macri –ahora deberá ser ratificado por el Senado– no debiera sorprender.

El mismo día que se difundió la noticia de que Fraga había exculpado al Presidente –el 20 de septiembre de 2017–, Elizabeth Paisan estaba pasando sin cuestionamientos por la comisión de Acuerdos en el Congreso, paso clave para luego convertirse en jueza titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 y dejar de ser subrogante en el Nº 20, cargo que ejerció desde el 2007. ¿Quién es Paisan? Otra de las magistradas que sobreseyó a Macri en uno de los desprendimientos de los Panama Papers, donde se lo investigaba por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y por falsear su declaración jurada.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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