Con Macri se lava mejor

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El Presidente Mauricio Macri sigue adelante en su plan de instaurar el blanqueo eterno con más desregulación de la actividad financiera. Ahora avanza el desmantelamiento de la legislación y los equipos técnicos para prevenir y combatir el lavado de dinero. Ya había designado en la UIF a un hombre del FMI y socio de los bancos, a quienes debería controlar.  Los nuevos mojones de esta avanzada fueron dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial el pasado viernes que delegan en  los bancos definir los criterios de “operaciones sospechosas” y ya no los obligan a chequear si la situación tributaria de los clientes es acorde a sus movimientos. La burbuja financiera amarilla.

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Foto: Joaquín Salguero

No fue un anuncio, fueron dos publicaciones en el Boletín Oficial. Una, la resolución 141/16 de la Unidad de Información Financiera (UIF); otra, la resolución 2952/16 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Tres especialistas en cuestiones de lavado desmenuzan las preocupantes implicancias de estas medidas puntuales. así como del acelerado recorte de las regulaciones anti lavado y sus consecuencias.

Ni declaraciones, ni juradas

La UIF es el organismo cuya misión es prevenir e impedir el lavado de dinero. Como tal, recibe información de lo que se denominan Sujetos Obligados que deben remitirle Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para que el organismo evalúe si se trata de posibles maniobras de lavado de dinero o no. Entre los Sujetos Obligados a reportarle a la UIF están los bancos, que proporcionan buena parte de los reportes (ROS) que procesa el organismo. En teoría, los bancos son una pieza fundamental para detectar delitos financieros; en la práctica, muchos son parte esencial del sistema de movimientos financieros ilegales. En los últimos años, la UIF sancionó a varios de ellos por no reportar operaciones sospechosas y se presentó como querellante en causas donde hay bancos involucrados en mecanismos de lavado (por ejemplo, el BNP Paribas). Esta situación se trastocó con la asunción de Mauricio Macri, que entregó la UIF a la entente de banqueros y estudios jurídicos que tejen ese entramado de delitos financieros. Al igual que en la mayoría de las áreas de gobierno, ahora los empresarios están en ambos lados del mostrador.

Macri designó en la UIF como presidente a Mariano Federici, que proviene del Fondo Monetario Internacional y tiene vínculos con el estudio Marteau, ariete de ese esquema de negocios financieros; su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, está ligada a varios estudios de la city porteña y fue abogada del HSBC; su directora de Supervisión, María Celeste Plee, proviene también del estudio Marteau y es hija del fiscal Raúl Plee, durante años a cargo de una unidad fiscal anti lavado que casi no tuvo actividad.

Agustín Carrara, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), explica: “para perseguir en serio el lavado estructural, hay que ir contra todos los bancos y estudios profesionales que lo hacen posible. Y va a ser complejo que los bancos sean controlados por quienes hasta hace unos meses trabajaban para ellos”.

Entre las tareas de la nueva conducción de la UIF está la modificación de las resoluciones y regulaciones de los años previos. El objetivo: reducir los controles del Estado. Estas últimas resoluciones de la UIF y la AFIP van en ese sentido y ejecutan un juego de pinzas. La resolución de la UIF modifica las regulaciones anteriores respecto de cómo los bancos y otros sujetos obligados a informarle arman un Perfil del Cliente, las definiciones de Operaciones Inusuales y Sospechosas y de cómo se adoptan las políticas de análisis de riesgo. El Perfil del Cliente de un banco tiene importancia ya que si la entidad conoce a grandes rasgos la economía de su cliente puede identificar si hace alguna operación fuera de lo común e informar a la UIF. Vale aclarar que un ROS no constituye de por sí la denuncia de un delito: es la UIF, luego de analizarlo, quien debe determinar si corresponde o no su remitirla a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para que comience una investigación penal.

El control en manos privadas

Hasta ahora, para definir el perfil de un cliente estaba “basado – según la Resolución 229/2011- en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (manifestación de bienes, certificación de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, estados contables auditados por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional correspondiente, etc., según corresponda) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado”. La nueva resolución de la UIF, la 141 de este año, cambia este párrafo por el siguiente: “Perfil del Cliente. Los Sujetos Obligados deberán definir un nivel de riesgo del cliente y un perfil transaccional, que estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional, y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el mismo, o que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado”. Sin entrar en detalles técnicos, basta con encontrar una diferencia entre ambas: desapareció la situación tributaria, es decir, toda la información relativa a los impuestos y que está, obviamente, directamente relacionada con los ingresos y gastos de ese cliente. Además ahora el criterio lo fija el banco y no el organismo de control.

¿Cuál es el sentido de que los bancos no pidan información tributaria y, por ende, no le informen a la UIF? Lo más usual era que pidiera la información tributaria mínima, como la inscripción, antigüedad, etc, y, como máximo, realizaran algún rastreo de antecedentes comerciales por sistema Nosis. De hecho, muchos sumarios iniciados por la UIF a bancos fueron por no reportar operaciones millonarias de personas que ni siquiera estaban registradas en AFIP. Para José Sbatella, ex presidente de la UIF, estas nuevas resoluciones “fundamentalmente tienen que ver con la consideración de la evasión tributaria como delito precedente al lavado de activos, discusión que se saldó a nivel internacional en el 2012, cuando el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional instalo para todos los países la obligación de considerarla como delito precedente”. Siguiendo esta línea, la nueva regulación macrista rompe ese acuerdo y excluye la evasión fiscal como delito previo de donde provienen los fondos de levado de dinero. En julio de este año, el nuevo titular de la UIF, Federici, prometió: “Al que sólo sea evasor no se lo investigará“. Promesa cumplida.

Por su parte la AFIP, que es el organismo que cuenta con esa información tributaria, complementó el mismo día la iniciativa de la UIF con su propia resolución, la 2952. Por un lado, citó en sus fundamentos a la propia UIF: “la Unidad de Información Financiera aclaró que no resulta indispensable tomar en cuenta el aspecto tributario de los clientes para cumplir con la debida diligencia o confeccionar su perfil comercial o de riesgo, como tampoco, requerir de los mismos la presentación de declaraciones juradas impositivas”. Siguiendo este argumento, la AFIP no sólo acompaña la posición de la UIF de que no es “indispensable” sino que ordena que todos los Sujetos Obligados -entre ellos los bancos pero también los escribanos, organismos públicos, aseguradoras, fundaciones, registros de comercio, etc.-“deberán abstenerse de requerir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales que presenten ante esta Administración Federal”. Firma su titular, Alberto Abad.

El argumento de la AFIP es que las declaraciones juradas están amparadas en el secreto fiscal. Por este motivo, prohíbe pedirlas para “prevenir” que funcionario público las revele y, por lo tanto, encuadre dentro del artículo 157 del Código Penal, que establece un limite de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación. El problema es que al igual que los bancos, hay organismo públicos como la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central, la propia AFIP, la Inspección General de Justicia, entre otros, que son Sujetos Obligados, que trazan un perfil de la persona o empresa que realiza una operación y que si resulta sospechosa deben reportarla a la UIF. Para saber esto, es importante conocer su situación tributaria. “Yo tengo la obligación de saber cuál es su patrimonio. Cómo evolucionó. Y la mejor forma es pedirle las declaraciones juradas de impuestos. Para chequear que lo que dice que tiene esta en blanco. Que no proviene de un delito precedente que ahora se quiere lavar”, explica un ex funcionario especializado en investigación de lavado que pidió reserva de su nombre. El mismo advierte: “La norma de AFIP dice que no es indispensable tener las declaraciones juradas. Por eso prohíbe pedirlas, una locura. Dejame a mí ver si sirven o no”.

Para el economista Juan Valerdi, consultor de diversos organismos internacionales e integrante de Tax Justice Network (organización que investiga lavado de dinero a nivel mundial), esta decisión conjunta de UIF-AFIP disminuye la capacidad de control del Estado. “De este modo los sujetos obligados ante la UIF y en especial las entidades financieras, deben armar el perfil económico/financiero del cliente sin tener en cuenta algo clave como es lo declarado por personas físicas o jurídicas ante el fisco” afirma Valerdi.

En la misma línea, el ex titular de la UIF, José Sbatella, afirma que si los bancos no pueden pedir las declaraciones juradas “se convierte en una decisión dejada a su arbitrio la construcción del perfil del cliente”. O, en definitiva, deja todo librado a una de las premisas económicas básicas que embandera el macrismo: la autoregulación.

Pobres ricos

En su reciente visita a su país de nacimiento, la reina de Holanda Máxima Zorreguieta afirmó: “Sólo el 50% de los argentinos tiene acceso a una cuenta bancaria”. Luego detalló que “esa figura cae al 44% cuando uno mira a la gente con más bajos recursos”. La reina tomó los datos de un informe del Banco Mundial de 2014, cuya metodología fue hacer 1000 entrevistas presenciales. Más allá de la pertinencia metodológica, la reina tocó el tema por una cuestión: es asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo (UNSGSA).

La cuestión de la “inclusión financiera” figura cuatro veces en los fundamentos de la resolución de la UIF. Por un lado, sostiene que “la aplicación de mayores requisitos a la hora de realizar una debida diligencia del cliente (ej. la solicitud de las declaraciones juradas de impuestos) sin considerar la proporcionalidad de los riesgos identificados, atentan de manera directa contra la inclusión financiera”. Luego cita la “Guía de Evaluación Basada en Riesgo para el Sector Bancario y la Guía de Medidas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Inclusión Financiera”, emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) donde, según el gobierno, “señalan como uno de los principales motivos de la exclusión de los usuarios de los sistemas financieros formales, a los estrictos requerimientos de documentación para la apertura de cuentas bancaria”. Destacan también que buscan “acompañar objetivos de inclusión financiera y reducción de la informalidad” y que “la inclusión financiera puede reducir el alcance de las operaciones efectuadas a través del sistema financiero informal, el cual se encuentra fuera del alcance del control regulatorio”. Efectivamente el GAFI plantea la cuestión de la inclusión financiera y la flexibilidad de los controles para las personas que hagan transacciones menores o provengan de sectores vulnerables que se incorporan al sistema bancario. Lo que no recomienda el GAFI es que se relajen los controles para los grandes jugadores del sistema financiero, y menos aún con bajo el paraguas de la inclusión. O sea, bajo el manto de promover que los sectores populares tengan acceso al sistema financiero lo que hace el macrismo es desregularlo para que los que ya tienen acceso y lo utilizan para operaciones ilícitas tengan menos controles.

“Si a la UIF le interesara la inclusión financiera, se habría ocupado de perseguir a todo el mercado de la usura que atrapa a los sectores más pobres”, reflexiona Carrara, Director Ejecutivo del CIPCE.

Narcos sí, evasores no

Para la actual gestión de la UIF, las controles eran demasiados. Su vicepresidenta, Maria Eugenia Talerico, llegó a afirmar: “Es insano tener más de 40.000 Reportes de Información Sospechosa por año”. En criollo: que los bancos no controlen tanto. La propia Talerico fue abogada de Gustavo Juan Pécora, el oficial de cumplimiento del banco HSBC (es decir, el responsable dentro del banco de cumplir con las normas anti lavado) ante el propio organismo que hoy conduce.

Para Carrara, el objetivo de la UIF macrista es claro: “La Resolución UIF 141/16 se enmarca en la política que la UIF viene manteniendo durante todo 2016: desmantelar los controles sobre los grandes delincuentes de cuello blanco, bajo un discurso engañoso y aparentemente progresista”.

La UIF no es ajena al discurso de gobierno en otras áreas. Desde la asunción de Macri, tanto en materia financiera como en cuestiones de seguridad el importado discurso oficial se centra casi exclusivamente en las problemáticas del narcotráfico y terrorismo. Si en el área de seguridad la gravedad reside en la intención de quebrar el acuerdo democrático que establece la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, en el plano de la regulación financiera, donde incorporan también el tema corrupción, lo que ocurre es que se deja de investigar otros delitos igual de graves. “Cuando dijeron que querían enfocarse en el lavado del dinero del narcotráfico y la corrupción, lo que escondieron fue que dejaban de perseguir a los delitos económicos y financieros”, afirma Carrara.

En el mismo sentido, el ex titular de la UIF Sbatella señala que esto acompaña “la posición sostenida por los defensores de evasores de impuestos que consideran que debe diferenciarse entre dinero proveniente de delitos sucios,(Narcos y traficantes) y dinero negro proveniente de la evasión tributaria”. Lo reconoció el propio Ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay, cuando en su disputa por los bancos para que relajen los controles sobre los clientes que ingresen al blanqueo, sostuvo: “mientras no haya un delito diferente al de evasión, está saldada la deuda con el fisco y hay secreto fiscal y bancario”.

Esta separación tiene un sentido: actuales funcionarios anti lavado naturalizan la evasión. El periodista Pablo Waisberg reveló que el propio titular de la UIF, Federici, “dijo que era ‘entendible’ que en la Argentina se cometieran los delitos de evasión fiscal y fuga de divisas” La frase completa de Federici para justificar la evasión fue: “Por eso es que la decisión de muchos ahorristas argentinos, en años recientes, de proteger su riqueza, de proteger sus ahorros en leyes más seguras o en monedas más estables termina siendo una decisión, en nuestro contexto, entendible. Una decisión razonable, tanto desde el punto de vista legal como económico. Aún cuando esas prácticas, desde el punto de vista técnico jurídico, terminaron posicionando aquellas personas en situación irregular frente a las autoridades impositivas”. En síntesis, justifica la fuga y el ocultamiento de millones de dólares en guaridas fiscales y, por ende, para la autoridad antilavado, la evasión es entendible. Su jefe, Prat Gay, se dedicaba a esa evasión entendible.

Bancos, blaqueos y guaridas

El combo reciente de resoluciones UIF-AFIP es parte de un plan mayor, que incluye tanto la intención de convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal a través del traspaso de la Inspección General de Justicia y el relajamiento de sus controles como la ley de autoamnistía para delitos financieros, que la creatividad comunicacional del macrismo bautizó como “sinceramiento fiscal”.

Otro de los objetivos ocultos de estas resoluciones es proteger a los bancos a futuro. Así lo describe Valerdi, en su reciente artículo “Piedra libre para todos los compa”: “sendas resoluciones que permiten, entre otras cosas, que las instituciones financieras receptoras de los fondos del blanqueo Argentino puedan quedar libres de eventuales sanciones futuras relacionadas con el lavado de activos que pudiera deslizarse en dicho blanqueo, en particular ante eventuales revisiones realizadas en el marco de un cambio de gobierno”.

Carrara, por su parte, advierte una vez más sobre los vínculos entre la decisión del macrismo de desregular los controles y los estudios de abogados que forman parte de esa red de opacidad. “Cuando promueven el blanqueo supuestamente para quien tiene ahorrados algunos dólares debajo del colchón, lo que quieren es que esa ley sea aprovechada por los que fugaron del país millones de dólares a través de los principales bancos, dejando al Estado con menos recursos para invertir en políticas públicas. ¿Cómo se explica sino que el mismo abogado que es el Coordinador nacional antilavado esté promocionando los servicios de su estudio jurídico para quienes quieran adherir al blanqueo?”. Carrara se refiere a Juan Félix Marteau, del estudio Marteau, nombrado por Macri y por el ministro de Justicia Germán Garavano a cargo del “Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo”. La confesión de Marteau fue que envió un mail ofreciendo los servicios de su estudio para asesoramiento frente al blanqueo de dinero. Tan burda fue la iniciativa que incluso la Oficina Anticorrupción, que desde que asumió Laura Alonso no encuentra incompatibilidades entre los funcionarios que provienen del ámbito corporativo, inició una investigación para el caso de Marteau.

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