El maldito jefe de policía de Larreta

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El jefe de la Policía de la Ciudad cometió una serie de abusos antes de caer preso en una causa por organizar el cobro de coimas. Sus víctimas preferidas a la hora de la represión: docentes, mujeres que marchaban, niños, adolescentes de bajos recursos y vecinos que protestaban. Contrariamente a lo que se dijo, la causa empezó por una denuncia de la ministra Patricia Bullrich a partir de un anónimo y no por “los vecinos”. Cuando el marketing larretista no es suficiente…

En las horas previas a quedar bajo arresto, el jefe de la Policía de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, José Pedro Potocar, se empeñó en mostrarse ante la prensa como una versión desmejorada del capitán Dreyfus, aquel oficial judío del ejército francés que a fines del siglo XIX fue encarcelado por una falsa acusación en medio de una fina trama de espionaje.

Por lo pronto, el asunto que precipitó su desgracia –ser el presunto líder de una asociación ilícita abocada a cobrar coimas a comerciantes y trapitos en la jurisdicción de la comisaría 35ª– es casi una nimiedad frente al hecho de haber sido el responsable institucional y operativo de una fuerza de seguridad que en apenas 15 semanas de existencia consumó los siguientes hitos: la emboscada con golpizas y detenciones arbitrarias a mujeres tras la marcha organizada el 8 de marzo por el colectivo Ni Una Menos; los palazos y tiros con proyectiles de goma a vecinos de La Boca que el 21 de marzo protestaban por la muerte de una mujer y graves heridas a otra durante una desaforada persecución de La Bonaerense a supuestos delincuentes; el ataque furibundo del 9 de abril a los docentes que armaban la Escuela Itinerante en la Plaza de los dos Congresos y la intimidación del 21 de abril a estudiantes y profesores de la Escuela Normal Mariano Acosta por efectivos de la comisaría 7ª. A tal panorama se le suma la realización sistemática de “controles poblacionales”, tal como se les dice a las razzias en barrios pobres; las constantes vejaciones a niños indigentes que circulan en espacios públicos vedados para ellos por las leyes no escritas del apartheid; las capturas callejeras de adultos jóvenes por razones lombrosianas; el despojo de mercaderías a manteros y el hostigamiento a inmigrantes, entre otras delicias punitivas. Una dialéctica de la “seguridad” como valor supremo que Potocar imponía en la vida cotidiana con siniestra eficacia.   

Lo notable es que el hacedor de su actual infortunio tenga un concepto del “bien común” muy afín al suyo. El fiscal José María Campagnoli –célebre por encabezar allanamientos en barriadas populares del norte porteño al grito de “¡Los voy a matar a todos, negros de mierda!”– atesora un record absoluto de denuncias en su contra por irregularidades procesales. La mayoría de aquellos cuestionamientos fueron motorizados por secretarios letrados y empleados que trabajaron con él, quienes coinciden en calificarlo de “maltratador, misógino y homofóbico”. También suele filmar a hurtadillas al personal a sus órdenes. Y –durante el inconcluso jury de enjuiciamiento al que fue sometido en 2014 por “mal desempeño” y “abuso de autoridad”– se le recriminó el armado de causas en base a un álbum fotográfico con más de 1.500 fotografías de personas –casi todos, habitantes de Villa Mitre– que mostraba a testigos para así redondear acusaciones de un modo ajeno a toda legalidad. Pero sería injusto desmerecer el carácter profundamente creativo de sus métodos: en una ocasión ordenó un “reconocimiento de penes”; o sea, una rueda de supuestos violadores con sus miembros viriles en exhibición para que la mujer ultrajada pudiera identificar a su victimario. Ese hombre tiene en sus manos el expediente que puso en vilo al Gobierno de la Ciudad.

La esperanza blanca

En la mañana del 25 de abril la voz de Potocar tartamudeaba por Radio Mitre: “Mire, se…señor Longobardi, no voy a quedar detenido…no voy a quedar. Porque me voy a hacer respaldar por ser policía”.

Su tono sonaba atravesado por un lagrimeo contenido.     

El tipo soltó la frase desde un Chevrolet Tracker que avanzaba con el hijo al volante y la esposa en el asiento trasero hacia el Palacio de Tribunales. Tenía la intención de ofrecer allí una declaración espontánea.

El juez Ricardo Farías era uno de los oyentes del programa. Y tras escuchar aquellas palabras corrió a la oficina de la secretaria María Bobes. Y dijo:

 –¡Ya viene para acá! ¿Te falta mucho?

Por toda respuesta, ella meneó la cabeza. Y siguió tecleando. Escribía a las apuradas la orden de arresto para Potocar.

Minutos después, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, miraba por TV el dramático ingreso del jefe policial al edificio en la calle Talcahuano.     

Quizás en ese instante haya reparado en una insidiosa ironía del destino: esta causa –sin duda un papelón irreversible para el proyecto policial del macrismo en la Ciudad– se origino nada menos que en el despacho de su colega a nivel nacional, Patricia Bullrich, y no –como se afirma oficialmente– en “denuncias de vecinos”. Ahora se conocen detalles de esa historia.

Corría la tarde del 19 de abril de 2016 cuando la ministra recibió un sobre de “remitente anónimo” con un informe acerca de las trapisondas en la comisaría 35ª y un video alusivo que ella no tardó en visualizar.

Allí se exhibía una reunión de “negocios” entre el jefe de aquella seccional, Norberto Villarreal (hoy prófugo), y el cabo Alejandro Malfetano (hoy preso). Ambos evaluaban el uso con fines lucrativos de trapitos y cuidacoches. En la escena no había otras presencias, salvo la del hombre que la registraba con una cámara oculta a la altura del pecho.

Luego se filtró que se trataba de un policía amigo del “remitente anónimo”. Y que éste era un sargento de Gendarmería cuyas iniciales son M.A.M. Vaya uno a saber su interés en el asunto.   

La ministra reenvió con prontitud ese material a Campagnoli, quien inició el expediente el 21 de abril.

Nadie entonces imaginaba –y menos la señora Bullrich– que ese puñado de folios se convertiría en una bomba de tiempo. Aquella falta de perspectiva se vio –en parte– favorecida porque el fiscal durmió la causa durante medio año. Recién en noviembre –y por razones imprecisas– la exhumó súbitamente del olvido. Pero su ímpetu no había sido muy oportuno.

Ya estaba en marcha el más osado experimento policíaco del PRO: la fusión entre la Metropolitana y el vasto sector de la Federal –con sus 54 comisarías– absorbido por el Gobierno porteño. En ese marco, Campagnoli y el juez Farías arrestaban con estudiado sigilo a la patota de calle de la 35ª, integrada por los sargentos Adrián Otero, Héctor Ríos, Mariano Quiroga y el ya mencionado cabo Malfetano, mientras Villarreal ponía los pies en polvorosa.

Paralelamente emergía a la luz pública la figura del ahora famoso Potocar, quien asumió la jefatura de la Policía de la Ciudad en el segundo día de 2017.

Ese hombre, que venía de ocupar en la Federal la titularidad de la Dirección General de Comisarías (DGC), estaba a sus anchas en su flamante cargo. Y ni siquiera se vio rozado por las detenciones –entre fines de marzo y comienzos de abril– de otros tres actores del caso: los subcomisarios Marcelo Stefanetti y Hernán Kovacevich, junto a la ex jefa de la Circunscripción VII, comisaria Susana Aveni.

Sin embargo la tranquilidad de Potocar no sería duradera: en su edición del domingo 16 de abril, el diario Tiempo Argentino reveló que él también estaba muy complicado por dicha investigación, algo que hasta entonces Campagnoli mantenía bajo rigurosa reserva.

A partir de esa involuntaria explosión de trascendencia el fiscal se entregó al juego que más le gusta: salir por TV. Incluso tuvo el honor de alimentarse en lo de Mirtha Legrand. A la vez, con exagerada generosidad distribuía entre los periodistas partes del expediente; en especial, los párrafos de las indagatorias a Stefanetti y Kovacevich que incriminan a Potocar, junto con copias de la hoja –sin peritar– del presunto cuaderno de Villarreal –su pertenencia tampoco está probada– donde de lee “DGC” al lado de un “4”. Y con la siguiente hipótesis: al ex jefe de la “Dirección General de Comisarías” le correspondía –según su criterio– una suma mensual de “cuatro mil o 40 mil pesos” por mes. Tanto los testimonios de los dos policías (Kovacevich ya está libre gracias a la utilidad de su declaración) como la corazonada del cuaderno le bastaron a Campagnoli para conseguir su arresto.  

En contrapartida, el máximo jerarca de la nueva mazorca porteña también hizo uso de los medios para defenderse ante la opinión pública sin ocultar su conmovedora propensión al llanto. ¿Por qué lloraba Potocar? ¿Acaso por su inocencia o por la maldita suerte de ser el único jefe policial en ir al banquillo por una práctica orgánica y extendida en absolutamente todas las fuerzas de seguridad del país? Sólo él lo sabe.

Durante el mediodía del 25 de abril el ministro Ocampo continuaba clavado frente al televisor. De pronto, la placa roja de Crónica interrumpió una tanda publicitaria. Así se enteró que aquel hombre, la esperanza blanca de su política de seguridad, era llevado en ese instante tras las rejas.  

El gran salto

No hay duda de que la repetición de una calamidad se convierte en un estilo. En este caso el nombramiento de Potocar en la nueva Policía de la Ciudad le produjo al alcalde Rodríguez Larreta la misma jaqueca que en su momento sufrió su antecesor en el cargo, el actual presidente Mauricio Macri, con su querido Jorge “Fino” Palacios en la entonces naciente Metropolitana.

En privado, el ministro Ocampo –ya en la cuerda floja– le asegura una y otra vez a su jefe político que no había candidato más impoluto que el comisario ahora encarcelado, e insiste con refrescar sus antecedentes: abogado con una maestría en Ciencias Criminológicas y Forenses, docente de Derecho Penal II en la Universidad de Morón y graduado en la Academia del FBI, además de su trayectoria policial en Drogas Peligrosas, Seguridad Metropolitana y Asuntos Internos de la Federal. Tres décadas y media de servicio sin ninguna mácula.

Pero Rodríguez Larreta suele replicar: “Fallaron los controles, Martín”

Sin embargo hay quienes dicen que el estrepitoso desplome de Potocar sería un efecto colateral de la aversión que siente Elisa Carrió hacia el influyente presidente de Boca, Daniel Angelici, cuya condición de amigo y protector de Ocampo no es un secreto para nadie. Quienes sacan a relucir dicha creencia se basan en una circunstancia conexa: el muy afectuoso vínculo entre la diputada y el fiscal Campagnoli, a quien ella promueve como Procurador General de la Nación o, en su defecto, para el cargo de Ombudsman, además de ubicar a su hermana, Marcela, en la lista de candidatos a diputados de la Coalición Cívica por la provincia.

Claro que tampoco es inverosímil el rumor de una maniobra urdida desde las entrañas de una interna policial. Porque el desguace de la Federal y el pase de 19 mil efectivos de su tropa a la aún inacabada fuerza de seguridad capitalina no generó precisamente el entusiasmo de los “azules”.

El primer signo de aquella beligerancia ocurrió el 3 de octubre de 2016 en el playón del Instituto Superior de Seguridad Pública. Allí fue abucheado por 600 agentes el comisario mayor Guillermo Calviño –por entonces jefe de los federales porteños–, durante la entrega de diplomas a los egresados del curso anual de capacitación. El motivo del “rechifle” –que no escatimó insultos ni medallas lanzadas hacia el azorado jefe policial– era la resistencia a quedar atada a la Policía de la Ciudad.

Otros actos de rebeldía más recientes tuvieron por blanco al propio Ocampo, como el estallido de un petardo que pulverizó su retrato oficial en la comisaría 54ª, cuya filmación fue furor en las redes sociales. Y ya con el caso Potocar en curso, su bochornosa reunión con más de 100 policías en el Parque Sarmiento –también viralizada en las redes –de la que tuvo que huir ante los reclamos a viva voz por falta de chalecos antibala y equipos de comunicación.

En este punto cabe preguntarse si las autoridades civiles son conscientes del profundo malestar de los uniformados.

En el plano administrativo sus preocupaciones son variadas: todavía es incierto el futuro de su caja de jubilaciones. Asimismo temen por la suerte de la obra social. Los desvela la abolición de las horas extras. Y ni hablar del asco que les causan los nuevos uniformes.

Otro campo conflictivo tiene que ver con el futuro de los negocios ilegales. ¿Acaso resignarán sus fuentes espurias de ingresos? ¿Acaso tendrán a bien compartir los beneficios con sus nuevos camaradas de la Metropolitana? Si algo enseña la historia es que las respuestas a tales interrogantes generalmente se escriben con sangre.

En tal contexto se produjo la caída del comisario Potocar. Apenas un nuevo impulso para un salto institucional hacia el vacío.

@Ragendorfer

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Ricardo Ragendorfer

Ricardo Ragendorfer

Es considerado uno de los mejores cronistas del género policial en el país. Autor de libros como El otoño de los genocidas (2017) y Los doblados (2016). Además de colaborar en Nuestras Voces, escribe en el diario Tiempo Argentino, Revista Zoom y en la revista Caras y Caretas, entre otros.

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