Maldonado: la Cámara de Casación decidirá la responsabilidad de Gendarmería

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La familia de Santiago Maldonado insiste en reclamar una «investigación independiente» de las responsabilidades de la Gendarmería. La APDH también pidió que se investigue a la fuerza dirigida por Patricia Bullrich en relación al desalojo ilegal de Pu Loof. Pero la medida judicial podría desembocar en la acusación de los mapuches que cruzaron el río junto a Santiago por «abandono de persona».

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió trasladar a la Casación Penal el expediente por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ocurrida en Chubut luego del 1 de agosto de 2017 tras un operativo represivo ilegal  (sin orden judicial) de la Gendarmería Nacionalen la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

La decisión de los camaristas Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman  y Aldo Suárez se produjo luego de las apelaciones de dos de las querellas: la familia Maldonado, representada por la abogada, Verónica Heredia, quien reclamó -una vez más-, “una investigación independiente” y que se investigue a la Gendarmería en el marco de una desaparición forzada de personas. Una figura penal que fue descartada de plano por el fallo de la Cámara de Alzada. 

En tanto, la querella representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) había insistido en su apelación: “(…) No es lógico que se ordene investigar todas las hipótesis penales vinculadas a la muerte de Santiago y, por el otro lado, se omita deliberadamente analizar el operativo de Gendarmería, que sin dudas es uno de los nexos causales ineludible con la muerte del joven”. Sin embargo, evaluó que “ahora, el tribunal de Casación tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar una investigación independiente y exhaustiva sobre las causales de la muerte. Allí vamos a exponer y ampliar nuestros fundamentos. A su vez, también se debatirán los argumentos señalados por la familia de Santiago. Desde la APDH seguimos luchando por verdad y justicia para Santiago Maldonado”.

Los otros organismos que forman parte del expediente desde el inicio de la causa en 2017 –el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)- desistieron de apelar los argumentos jurídicos de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que el pasado 5 de septiembre ordenó reabrir la causa. Al hacerlo, la Cámara refutó al juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, que en su dictamen de 2018 había cerrado la pesquisa. Todo indica que la Casación deberá dilucidar el abanico de pruebas que exigió la Cámara en cuanto a la reconstrucción del hecho, la situación de los testigos mapuches y la posición exacta de los gendarmes que bajaron a la vera del río cuando Santiago comenzó a sufrir hipotermia en la zona de los sauces en la costa del río Chubut dentro del territorio mapuche recuperado al magnate italiano, Luciano Benetton. 

Tan es así, que esa medida dispuesta por la Cámara de Comodoro Rivadavia, que reorienta la investigación hacia un posible abandono de persona por parte de los efectivos de la Gendarmería involucrados y vuelve a poner el foco de las sospechas sobre las víctimas de la represión de aquella vez –la comunidad mapuche de la Pu Lof- fue uno de los argumentos de la defensa del gendarme Emmanuel Echazú (ascendido y protegido por la ministra Patricia Bullrich y su gabinete), que a través del letrado defensor se preocupó “por las garantías del debido proceso”. Curioso argumento. Ya que desde que se inició este lamentable episodio de violencia institucional aún no esclarecido, esa fuerza de seguridad federal desarrolló una narrativa de la negación de la víctima que fue acompañada por una especie de tortura infinita a la familia Maldonado por parte de los más encumbrados integrantes del Poder Ejecutivo, que preside Mauricio Macri, y que contó con una gigantesca complicidad mediática. 

Argumentos

En la resolución de ocho carillas, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia evaluó la posición de la familia de la víctima de esta forma: “Luego de relatar parte de la secuencia de los hechos y las constancias de la causa que a su juicio lucían pertinentes sostuvo que en el caso hubo ausencia de investigación independiente, imparcial, pronta y eficaz, así como que se rechazó la solicitud de su representada de conformar un grupo de expertos independientes. Concluyó en que esta circunstancia implica una vulneración a los arts. 8 y 25 de la C.I.D.H., más cuando en la resolución 2/2018, pese a levantar las medidas cautelares luego del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, la Comisión recordó al estado argentino que se encontraba obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del supuesto beneficiario. Agregando que la sentencia en crisis en definitiva conlleva a descartar definitivamente la hipótesis de desaparición forzada, lo que provoca el agravio habilitante de la vía impugnada”.

Con respecto, a la apelación de la APDH, la Cámara señaló: “(…) El apoderado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostuvo que la vía intentada se encuentra habilitada por cuanto la resolución en crisis se asimila a sentencia definitiva ya que ambiguamente se interpreta que cierra la investigación en la hipótesis delictiva sostenida en apelación por la querella en lo referido al homicidio agravado tipificado por el art. 80 inc. 9 C.P. Consideró que el pronunciamiento viola los principios de logicidad y cohesión lógica de una sentencia ya que por un lado solicita se agoten las investigaciones a efecto de determinar el nexo causal de la muerte y por otro impide que una hipótesis ineludible como nexo sea investigada ya que ordena la apertura de la causa pero de manera acotada”.

SCRIB APDH

Como quedó claro, la familia Maldonado continuó insistiendo en que se trató de una desaparición forzada de personas –figura que la Cámara descartó a comienzos de septiembre- y la APDH advirtió que el hecho sería, en verdad, un presunto homicidio agravado. 

En tanto, la defensa Echazú afirmó que “motivó su crítica en la supuesta vulneración al art 123 del C.P.P.N. Sosteniendo que la resolución carece de motivación. Que la vía impugnatoria intentada se encuentra habilitada por gravedad institucional ya que la resolución conculca garantías constitucionales tales como la motivación de la sentencia, el principio de inocencia y el debido proceso”. 

“Puestos a emitir pronunciamiento respecto de la admisibilidad de los recursos interpuestos –escribió la Cámara- , advertimos que las piezas de fs. 7072/7097 y 7098/7109 fueron presentadas por ambos  recurrentes dentro del plazo correspondiente, ajustándose a las formas exigidas en el art. 463 del C.P.P.N. ante el Tribunal correspondiente y mediante un escrito que satisface los recaudos que hacen a su autosuficiencia”.  

En ese aspecto, en la página 7 del dictamen, los camaristas resolvieron que “los recursos de casación interpuestos por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos a fs. 7110/7115 7067/7071; por la apoderada del querellante Sergio Aníbal Maldonado a fs. 7072/7097, y por la defensa de Emmanuel Echazu, a fs.7098/7109, y emplazar a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante la Cámara Federal de Casación Penal en el término de 8 días, a contar desde que las actuaciones tuvieren entrada en dicho Tribunal (arts.456 y ssts. del C.P.P.N.)”.

Echazú, el gendarme que festeja

La investigación

La Casación no tiene una tarea fácil. Debe decidir sobre aspectos fundamentales del proceso que luego de dos años no están resueltos. A saber: 

  1. La reconstrucción total del hecho con las personas que estuvieron en el escenario. Lo que incluye a los testigos mapuches y a los gendarmes. 
  2. Y las pericias claves que pidió la Cámara, entre otras cuestiones nada menores, los puntos débiles de la autopsia a Santiago Maldonado, que no precisó la data de muerte, la cantidad de polen en la ropa y la diatomeas (algas unicelulares en sus pulmones). 

El 8 de septiembre pasado, desde Nuestras Voces nos hacíamos una serie de preguntas que el Estado no ha podido responder jamás sobre la muerte de Santiago Maldonado. Entre otras: ¿por qué la Cámara propuso una reconstrucción informática en el lugar con un análisis de la posición de los testigos y gendarmes, sin antes haber resuelto situaciones claves como la llamada del testigo Ariel Garzi y la veracidad de la testimonial de Lucas Pilquiman, a quien el juez Lleral le tomó declaración en un Juzgado de Paz de Epuyén sin la presencia de ninguna de las partes? Lo que fue cuestionado por la Cámara en su resolución que reabrió el expediente y ahora le dio curso a la Casación. 

Santiago no se ahogó solo

Como es sabido, la Casación no es un lecho de rosas. Algunos de sus integrantes militan la mano dura y la doctrina Chocobar como la ministra Bullrich. Se podría decir que están más cerca de la derecha de Atila, que de la Revolución Francesa, la civilización y la República.

El tiempo que siempre es veloz dirá cómo gira el destino de estos flamantes protagonistas de lo efímero en la Sala de la Casación.

La palabra Justicia, ellos lo saben, merece un poco de respeto. Con la primera audiencia entre las partes comenzará el revisionismo de una causa nuclear de la historia argentina reciente. Santiago no se ahogó solo.   

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Juan Alonso

Juan Alonso

Periodista, escritor y docente. Columnista con Roberto Caballero en Radio Colonia y del programa ADN en C5N. Distinguido con el Premio Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata en 2017. Fue editor de Policiales de Tiempo Argentino.

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