Mega shopping, mega negocio

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Rodríguez Larreta sigue favoreciendo a IRSA en grandes proyectos inmobiliarios. Ahora avanza el intento de construir un shopping de 40 metros de altura en un predio de 2,4 ha. en Caballito. Pero antes deberán conseguir rezonificar el barrio: vecinos, comerciantes y urbanistas se oponen.

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Entre los muchos actores privados que mantienen una relación aceitada con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, IRSA es un caso especial: el grupo de bienes raíces que encabeza Eduardo Elsztain no solo viene realizando fabulosas operaciones inmobiliarias en el distrito que gestiona el PRO, sino que además aporta funcionarios para la administración que hoy comanda Horacio Rodríguez Larreta. El capítulo más reciente de esta alianza estratégica es el nuevo intento coordinado del holding y el macrismo por levantar un mega shopping en Caballito, para lo que deben vencer la resistencia de los vecinos y comerciantes, y conseguir cambiar el código que impide ese tipo de construcción en el lugar.

Esta es la quinta oportunidad en que IRSA trata de modificar el ordenamiento urbano y rezonificar las 2,4 hectáreas del predio ubicado sobre la avenida Avellaneda al 1500, pegado al estadio de Ferrocarril Oeste. Como siempre, el objetivo es ambicioso: levantar su octavo centro comercial en suelo porteño y uno de los más grandes del país, con 40 mil m2, cerca de 10 pisos y casi 40 metros de alto, con tiendas, un hipermercado, juegos mecánicos, salas de cines y una playa de estacionamiento para 2.000 vehículos. Según la compañía, el resultado final sería similar al DOT de Saavedra, con una inversión cercana a los US$ 150 millones.

Tanto hay en juego que el jefe de gobierno en persona asumió las tratativas y envió a la Legislatura el proyecto que necesita IRSA. El expediente 2982-J ingresó el 13 de septiembre y la semana pasada comenzó a discutirse en las comisiones de Planeamiento Urbano y Hacienda, ambas presididas por el PRO. En su sitio web, la propia constructora destaca esta “anuencia del Poder Ejecutivo”. Como todo argumento, Rodríguez Larreta señaló que “se advierte la existencia de un vacío urbano” y que el shopping contribuirá “a revertir la situación de deterioro”. Para eso, pidió desafectar al terreno de su actual zonificación, R2a11, y beneficiarlo con “normas urbanísticas especiales”.

En el recinto, el PRO va a necesitar 31 votos y doble lectura. Por ahora, cuenta con sus 28 legisladores y trabaja fuerte para tentar a tres aliados circunstanciales. Pero la tarea no es sencilla, tiene un alto costo político y ya generó fracturas entre los socios del frente Cambiemos. La Coalición Cívica (CC) solicitó que el predio sea declarado de utilidad pública y se lo expropie para fines bien distintos de los que desean el tándem Rodríguez Larreta – IRSA. “La Ciudad necesita más cultura y educación, y menos edificios. Más espacios verdes, escuelas y centros culturales, no un shopping que avasalle a los pequeños comercios”, sostuvo la legisladora Paula Oliveto Lago, presidenta del bloque de la CC-ARI y mano derecha de Elisa Carrió.

Para la gente del barrio, el efecto de la mole de hormigón con que sueña Elsztain desde fines de los ‘90 –cuando se hizo con las tierras, en una compra también cuestionada– está en las antípodas de las promesas de reactivación y mejorías. Advierten que va a provocar saturación de los servicios de luz, agua, gas y cloacas, en una zona superpoblada y con fallas recurrentes del suministro eléctrico; así como la destrucción de los negocios, una mayor congestión vehicular y la pérdida de uno de los pocos “pulmones” donde Caballito respira. Frente a esto, poco significa que la empresa se haya comprometido a financiar, por hasta U$S 1 millón, la apertura de la calle Bogotá.

Días atrás, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Asociación por la Justicia Ambiental y miembros del Consejo Consultivo de la Comuna Nº 6, presentaron un amparo para “exigir la realización de la Audiencia Pública, que evalúe el proyecto del nuevo shopping, en forma previa a su tratamiento en la Legislatura”. Recordaron que esta instancia es obligatoria y que así lo dispone el artículo 63 de la Constitución local. “¿Qué sucede con las voces de los vecinos, con su derecho a decidir la planificación de la Ciudad y de su Comuna? Es soslayada en forma absoluta. Larreta sólo escucha sus promesas a IRSA, con quien su familia y sus funcionarios tienen estrechos vínculos”, se quejaron.

“La pelea es muy difícil, porque es como David contra Goliat”, resumió a Nuestras Voces Martin Iommi, ex miembro de la Comuna 6 y uno de los impulsores del Proyecto Parque Caballito. A contramano de lo que los vecinos llaman “IRSApolis”, esta iniciativa participativa, que abarca 17,4 manzanas y reúne al grueso de las fuerzas vivas –incluidas la ONG SOS Caballito, la Iglesia y CAME–, busca rescatar el valor patrimonial, revertir la falta de parques y crear escuelas donde desarrollar deportes, así como aumentar el terreno absorbente y recrear la vegetación nativa.

Enfrente están los ladrillos, los millones y la política de los buenos amigos y los mejores negocios.

Nacidos y criados

La historia de IRSA y los Rodríguez Larreta es de larga data. Augusto, hermano menor del jefe de gobierno, trabajó para la constructora por más de una década y fue su gerente de Relaciones Institucionales, un cargo donde la capacidad de lobby y los contactos son dos talentos muy apreciados. En agosto de 2012, dejó su puesto en Cresud –accionista de IRSA– para asumir como funcionario del entonces alcalde Mauricio Macri. Fue subsecretario de Asuntos Públicos hasta mayo de 2015, cuando pasó a dedicarse de lleno a la campaña que depositaría a Horacio en la jefatura porteña. En la actualidad, Augusto es parte del gobierno de María Eugenia Vidal, como directivo del Grupo Provincia.

Durante su paso por IRSA, la compañía logró prolongar uno de sus mejores acuerdos con el macrismo: la administración del Buenos Aires Design, en Recoleta. En noviembre de 2010, tres años antes de que finalizara la concesión pactada en 1993, Macri emitió el decreto 867, extendiendo el plazo hasta 2018. A eso se sumaba el pago de un canon irrisorio, de apenas $ 46 mil mensuales, por un negocio millonario, con más de 60 locales para subalquilar y 174 cocheras. Meses atrás, el PRO expresó sus deseos de subastar el Buenos Aires Design y, en una nueva muestra de sintonía fina, IRSA anunció que le devolvería el inmueble en 2016, dos años antes de que se le venza el permiso.

Otro funcionario proveniente de la desarrolladora de Elsztain es Andrés Freire. Desde 2011 y hasta fines de 2015, fue un alto ejecutivo de IRSA Propiedades Comerciales SA. Formalmente, el holding le aceptó la renuncia el 7 de enero. En diciembre, Rodríguez Larreta lo había designado ministro de Modernización, Innovación y Tecnología. En su paso la empresa, “Andy” Freire fue directivo de Alto Palermo SA, en años de intenso cabildeo para poner en marcha el shopping de Caballito.

Del ministro de Modernización también dependen dos áreas estratégicas: la Dirección General de Concesiones y la Agencia de Bienes (ABSE). Esta última es la polémica sociedad que maneja y administra cerca de 2400 inmuebles estatales, con carta blanca para darlos a la venta. Puede suponerse que para IRSA, que uno de sus ex empleados de confianza ocupe tamaño lugar, es otra oportuna casualidad.

En tiempos de CEOcracia, el caso de Freire no tardó en sumarse a la larga lista de acusaciones por intereses contrapuestos, sobre todo cuando en su declaración jurada acusó $ 674.414 que le había dejado un contrato de locación con la constructora. El auditor porteño Facundo del Gaiso, de la CC, le envió una carta exigiéndole abstenerse de tomar parte en todo expediente que involucre a esa compañía. Del Gaiso señaló “preocupación por su evidente y notoria falta de ética en el ejercicio de la función pública, teniendo en consideración su incompatibilidad en el cargo que ejerce desde el 10 de diciembre de 2015, y su sugestiva desvinculación días anteriores a asumir en la función, de la empresa IRSA, concesionaria actual del Gobierno”.

Más allá de este caso, entre los antecedentes comerciales de Freire hay uno llamativo: en 2009 fue uno de los fundadores de Mongaru Yvy SA, dedicada al rubro lácteo, donde tuvo como socio al ex candidato a alcalde Martín Lousteau. Carambolas de la vida política, hoy los votos que en la Legislatura tiene Suma+, la fuerza que lidera el embajador en EEUU, serían vitales para el shopping que pretende el poderoso ex empleador de Freire.

De Dubái a la Rodrigo Bueno

El de Caballito no es el único emprendimiento latente de IRSA con respaldo del PRO. La empresa –que anunció un plan de inversiones por U$S 460 millones para modernizar y expandir varias de sus actividades en el país– quiere sacarle provecho a las 70 hectáreas que posee en la ex Ciudad Deportiva, en Costanera Sur. Allí planea un desarrollo inmobiliario que, por su fastuosidad, fue bautizado como “la Dubái argentina”. Aquí también necesita cambiar el código urbano y cuenta para eso con la intervención de Rodríguez Larreta.

IRSA quiere edificar un barrio cerrado de lujo, Solares de Santa María, pero se le interpone la villa Rodrigo Bueno, separada del predio por un canal. Ocurre que el proyecto incluye aumentar la profundidad de ese curso de agua, levantar torres de 50 pisos y crear un sector de amarras. Como contó Nuestras Voces, “para ello quieren inundar los terrenos actuales de la villa Rodrigo Bueno y, por ende, deben erradicar a los vecinos antes de convertir sus calles en una vía navegable para lanchas y yates”.

Con ese fin, desde 2011 el macrismo impulsa una iniciativa para modificar las reglas de la zonificación y aprobar el convenio firmado con Solares de Santa María SA –subsidiaria de IRSA–.

Luego de varias amenazas de desalojo, el partido amarillo cambió de estrategia y, en junio pasado, funcionarios del Instituto de la Vivienda (IVC) se acercaron a los vecinos para pedirles que abandonen el barrio a cambio de créditos y otras soluciones habitaciones. Ante el rechazo, el gobierno anunció un plan de urbanización para la Rodrigo Bueno. En rigor, se trata de cumplir una orden judicial de larga data, desoída por el Ejecutivo. No se conocen mayores detalles sobre cómo se aplicará la decisión, pero en IRSA ansían que, de paso, deje vía libre a la concreción de su country náutico.

Lejos de la Capital, IRSA y el PRO también comparten criterios. En su declaración jurada, el presidente Macri informó sobre la cotitularidad de 373 hectáreas en el Departamento Rivadavia, provincia de Salta. En esas mismas latitudes, Elsztain tiene un emprendimiento agrícola-ganadero, a través de la firma Cresud. En 2012, el empresario, que pisa fuerte en la región, obtuvo 20 millones de dólares en un crédito que le otorgó el Banco Ciudad, a una tasa del 6 %. Con ese dinero, modificó la matriz productiva de su campo “Los Pozos”: convirtió unas 16 mil hectáreas ganaderas en aptas para el cultivo.

@soycarlosromero

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