El millonario Lewis, otro que empujó la salida de Balbín

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Carlos Balbín, el Procurador del tesoro que presentó su renuncia apurado por Macri, había intervenido en la causa por la compra de más de 11.000 hectáreas por parte de Joe Lewis, el multidenunciado magnate británico amigo del Presidente. Balbín acusó al Ministerio del Interior por no intervenir en la compra ilegítima de las tierras. Como reveló Nuestras Voces, Balbín se opuso a la condonación de la deuda a Correo Argentino S.A. e investigaba las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina vinculadas al soterramiento del tren Sarmiento. 

El ex Procurador del Tesoro Balbín junto al Presidente Macri en un encuentro pos salida pedido por el Presidente. La relación no quedó para el “abrazo para la foto”.

La salida de Carlos Balbín de la Procuración del Tesoro Nacional continúa revelando el grado de protección que gozan los empresarios y corporaciones amigas en el Gobierno de Mauricio Macri. Desde agosto del año pasado, y a pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Balbín intervenía en la causa que denuncia irregularidades en la adquisición de tierras por parte del magnate y amigo presidencial, Joe Lewis. Al solicitar al Ministerio del Interior que reviera la compra de la estancia, el entonces Procurador del Tesoro volvía a estorbar en los intereses del Poder Ejecutivo,

Este motivo se suma a los expuestos ayer por Nuestras Voces en donde el periodista Ari Lijalad informó que el procurador dejó firmada una crítica auditoria sobre el auto perdón de Macri de 70.000 millones al correo y se encontraba investigando las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina, vinculadas al soterramiento del tren Sarmiento.

El vinculo entre Mauricio Macri y Joe Lewis ya es de público conocimiento. Una de las tantas vacaciones del primer mandatario junto a la primera dama fueron en la estancia que el magnate posee en Villa Lago Escondido, justamente dentro de las tierras que el procurador del tesoro Carlos Balbín denunció ante el Ministerio del Interior. Durante su estancia, Joe Lewis atendió al matrimonio presidencial, incluyendo el préstamo de su helicóptero privado.

Todo parece poco, en comparación a lo que Mauricio Macri hizo por él: la condonación de más de mil millones de pesos a Edenor, empresa de la que el británico posee capital accionario, la modificación de la Ley de Tierras y hasta la defensa pública a través de cadena nacional: “La verdad que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada”.

A la interminable lista de atenciones, ahora se le sumó la salida de Carlos Balbín de la Procuración del Tesoro Nacional, con la  que Joe Lewis se quitó un peso de encima.

La intervención de Balbín

En agosto del año pasado, la  Procuraduría de Investigaciones Administrativas – PIA – solicitó al procurador del tesoro Carlos Balbín que intervenga en la investigación sobre las irregularidades en la compra de tierras en Lago Escondido, Bariloche, provincia de Río Negro, por parte del británico Joe Lewis.

El pedido llegó para que la procuraduría bregue por los intereses del Estado que, según la propia PIA, se encontraban fuertemente perjudicados al observar que el magnate poseía más de once mil hectáreas en zona de seguridad de frontera.

La ley 12.913 en su artículo Nº4 afirma “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”. Además, la misma norma define que deberá ser la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (dependiente en una primera instancia del Ministerio de Defensa y desde 2006 del Ministerio del Interior) la que proteja dichos espacios y deniegue autorizaciones de compra y venta en caso de ser necesario.

Balbín entendió que era pertinente la intervención de la Procuración del Tesoro Nacional y el 7 de octubre de 2016, luego de analizar la causa, remitió el expediente al Ministro del Interior Rogelio Frigerio para que inicie las causas judiciales necesarias para declarar nula la autorización a la compra de tierras que posee el amigo presidencial.

Además, el procurador le informó a Frigerio que: de los registros de esta Procuración del Tesoro no consta el inicio de una acción de lesividad relacionada con “Lago Escondido”, sin perjuicio de que oportunamente los antecedentes se habrían puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior, conforme lo señalado en el Informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de fecha 12 de octubre de 2012 incorporado a las presentes actuaciones”.

Es decir, el ministerio lo sabía y, aún así, no hizo nada. Fue Balbín quien solicitó que se realicen las acciones correspondientes y, a su vez, solicitó que “una vez iniciada la pertinente acción se remitan los respectivos antecedentes a esta Procuración del Tesoro”.

Frigerio, cuidando al amigo presidencial

La respuesta del ministro del interior tardó más de cinco meses en llegar y, por supuesto, no fue favorable a los intereses estatales. Frigerio indicó que iniciar acciones “conllevaría a un dispendio de actividad judicial y administrativo inútil, pues se declararía la nulidad por la nulidad misma”. Además, afirmó que “para el caso específico la normativa aplicable al Régimen de Previa Conformidad no contempla regulación sancionatoria alguna en sede administrativa, de manera tal que la declaración de nulidad de los actos de otorgamiento de las autorizaciones, no generaría per se ningún tipo de consecuencia jurídica”.  

Foto: Dictamen en donde el Ministerio del Interior se desmarca de las recomendaciones de la Procuraduría del Tesoro de iniciarle acciones legales a Joe Lewis.

Sus respuestas intentaron argumentarse en la opinión brindada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de su propio ministerio, en donde también esgrimieron que en el momento en el que se realizaron las autorizaciones (año 1996) la responsabilidad administrativa recaía sobre el Ministerio de Defensa y no sobre su cartera. Además, resaltaron que “para la dilucidación de eventuales responsabilidades en el ámbito administrativo, deberían tenerse en cuenta los plazos de prescripción pertinentes (…) Pues las autorizaciones cuestionadas datan de 1996”.

En otras palabras: el Ministerio del Interior le respondió a Balbín que investigar esto acarrearía un gran derroche de recursos, teniendo en cuenta que sucedió hace demasiado tiempo y que no está perjudicando a nadie. Aclaremos que cuando el ministro afirma que “se declararía la nulidad por la nulidad misma” afirma en términos jurídicos que el error administrativo de brindar las autorizaciones a Joe Lewis no generó ningún perjuicio.

Balbín había impulsado otra investigación incómoda para el Gobierno y la respuesta del Ministerio del Interior se lo hizo saber. La nota de dicha cartera cierra: “En virtud a lo expuesto, y atento a la relevancia, complejidad y trascendencia de la cuestión, se solicita la intervención del más Alto Órgano Asesor a efectos de que se sirva emitir su competente opinión respecto de la situación planteada”.

Balbín no llegó a contestar al Ministerio. Se vio forzado a renunciar antes de hacerlo.

La prescripción tan deseada

La causa que investiga a funcionarios involucrados en la autorización de la compra de las once mil hectáreas y a los integrantes de las Sociedades Anónimas que realizaron la compra, entre ellos Joe Lewis, prescribió. Y con ello se avanza en el sobreseimiento de todos sus implicados.

La prescripción de la misma fue avalada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, en donde el juez de cámara Eduardo Rodolfo Freiler afirmó que: “Lewis es un empresario de reconocida trayectoria nacional e internacional, accionista de algunas de las empresas más poderosas y relevantes de nuestro país, y amigo personal del actual Presidente de la República”. Sin embargo, afirma que “a pesar de todo, y dado que el Sr. Lewis no ocupa ni ocupó un cargo público en este país”, por lo que no hubiera tenido forma de influenciar en la dilatación de la causa.   

Además, el juez aseguró que “si bien parece merecer un debate en ámbitos distintos al judicial, no alcanza para negar el derecho fundamental del que gozan todas las personas de librarse, con el apoyo de la ley vigente, de los graves influjos de la persecución penal”.

A pesar del fallo, el Ministerio Público Fiscal decidió interponer un recurso de casación contra aquella resolución que dispuso decretar la extinción de la acción penal por prescripción.

Joe Lewis, al banquillo

En junio de 1996 Lisandro Alfredo Allende, como presidente de HR Properties S.A., solicitó la compra de de 7789 hectáreas que rodean al Lago Escondido y que se encuentran en zona de frontera. Vale aclarar que la Sociedad Anónima se había constituido dos días antes del pedido y se inscribió luego de un mes, al obtener sus dos primeros accionistas (Alfredo Rovira y Gesuiti según indica el expediente).

Apenas seis días hábiles después de haber realizado el pedido, Allende obtuvo el dictamen favorable de la Subdirectora y del Director de la Unidad de Proyectos de Radicación y fue, a su vez, autorizado por el Superintendente Nacional de Fronteras y Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. El motivo: se trataba de una persona jurídica argentina, cuyo presidente era argentino nativo sin antecedentes desfavorables.

En agosto de ese mismo año, es decir dos meses después del primer pedido, Allende solicitó la compra de una superficie mayor: de 7789 a 8063 hectáreas.  La Unidad de Proyectos de Radicación lo volvió a aprobar.

Sin embargo, en mayo de ese año – es decir, antes de que soliciten el permiso de compra – Properties Buenos Aires S.A. se había transformado en Hidden Lake S.A. y sus accionistas eran Lago Corp (una sociedad representada por Alfredo Rovira) y Charles Barrington Lewis: ciudadano inglés recién llegado a la Argentina.

Fue con esta nueva sociedad Hidden Lake, y no con la autorizada HR Properties, que se adquirieron las más de ocho mil hectáreas escriturándolas e inscribiéndolas en el Registro de la Propiedad del Inmueble de la Provincia de Río Negro. Es decir: la autorización a la transacción se le dió a una sociedad, y la transacción misma se realizó con una nueva en donde no sólo se modificaba el nombre sino también la composición societaria. Ya se no se trataba de una sociedad argentina, con un presidente argentino sino que aparecía como accionario un inglés que ni siquiera se encontraba radicado en el país.

La historia continúa porque en septiembre, un mes después de conseguir dicha compra, Hidden Lake (que se presentó como HR Properties) volvió a solicitar la adquisición de 2760 nuevas hectáreas e inició un trámite abreviado que volvió a obtener dictamen favorable apenas tres días después de presentado el pedido. Tan rápido, que nuevamente se omitió verificar que HR Properties ya no era HR Properties sino Hidden Lake y que formaba parte de la compra un magnate inglés.

La mejor parte: en diciembre de ese mismo año, es decir tres meses después de haber adquirido más de 10 mil hectáreas, Joe Lewis informó a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad que desde agosto él era el único director y presidente de Hidden Lake. A pesar de ello, tanto el Superintendente Nacional de fronteras  como el Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ratificaron la autorización de compra y las nuevas hectáreas se inscribieron en el Registro de la Propiedad del Inmueble de la provincia de Río Negro.

Las autorizaciones poseen importantes aclaraciones que, dada su relevancia, fueron transcriptas en el expediente que investiga dicha causa y que llegó a las manos de Balbín. Allí se asegura que se deberá presentar cualquier cambio en su capital social o en el directorio, “bajo apercibimiento de anularse la resolución otorgada”. Es decir que las autorizaciones se realizan bajo la obligación de que no cambie el beneficiario. Esto significa que la autorización para que Joe Lewis adquiera gran parte del sur argentino, debiera anularse.

Amigos son los amigos

Joe Lewis es, entre otras cosas, el mayor inversor de Tavistock Group, un conglomerado de más de 150 empresas en diversos países. Una de ellas es Pampa Energía S.A., firma que posee la mayoría de las acciones privadas de la empresa de energía Edenor.

Además, Pampa Energía es controlada (además de por Lewis) por la firma Pampa F&F LLC: propiedad de Marcelo Mindlin. ¿Quién es Marcelo Mindlin? El empresario que hace pocas semanas compró la constructora Iecsa, empresa que pertenecía al primo presidencial Ángelo Calcaterra y que se encuentra realizando el soterramiento del tren Sarmiento sobre el cual también Balbín se encontraba investigando.

@malaumanfre

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