Nueva denuncia de un empresario contra D’Alessio, la DEA y Patricia Bullrich

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Mateo Corvo Dolcet y su esposa estuvieron presos durante 133 días en 2017. Fueron acusados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la DEA estadounidense de haber lavado dinero proveniente del narcotráfico. El juez Alejo Ramos Padilla recibió hoy en Dolores una denuncia que discribe cómo el caso estuvo «armado» junto al falso detenido Marcelo D’Alessio.

Un empresario y abogado dedicado a los grandes negocios inmobiliarios en la zona de Pilar presentó una grave denuncia ante el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla. 

Se trata Mateo Corvo Dolcet, quien estuvo preso junto a su esposa durante 133 días en septiembre de 2017, acusado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y la DEA estadounidense, de haber lavado dinero proveniente del narcotráfico. 

En el escrito de 28 páginas al que Nuestras Voces accedió de forma exclusiva, Corvo Dolcet describió una presunta operación de inteligencia ilegal en su contra, supuestamente realizada por el falso abogado y agente tercerizado de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio. Y lo que es peor: señaló a esa agencia estatal norteamericana de haber abierto una supuesta denuncia falsa en su contra,  con datos que –según el denunciante- le había suministrado el inefable D’Alessio, luego de dos años de espionaje ilegal sobre sus movimientos y contactos en el país y en el extranjero.  

En la tenebrosa trama descripta por la representación legal de Corvo Dolcet, no faltan los protagonistas estelares: la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich; el titular de la UIF, Mariano Federici, un funcionario de la DEA llamado Steven Genevish -quien abrió la causa que luego instruyó el juez federal de Morón, Néstor Barral, con una carta fechada en agosto de 2016 dirigida la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que aparece en la página 4 de la denuncia de Corvo Dolcet-, y la consiguiente campaña mediática televisada y escrita que habría tenido como objetivo principal lapidar a Corvo Dolcet y tildarlo de supuesto lavador de dinero del narcotráfico por sus nexos comerciales con el colombiano, José Piedrahíta Ceballos. 

¿Quién es este hombre? Piedrahíta fue condenado a 27 meses de prisión por la Justicia de Estados Unidos en el marco de un caso por una acusación de un soborno en el año 2010. Lo escandaloso del asunto es que Corvo Dolvet aseguró que Piedrahíta Ceballos habría sido “informante secreto” de la DEA desde 2007 hasta 2011 y que entre 2017 y 2018 ése organismo de Estados Unidos no habría conseguido llegar a un acuerdo con el colombiano y entonces buscó una excusa para apresarlo. Hecho que al fin logró con la acusación de un presunto pedido de coima realizado hace nueve años. 

De golpe, el empresario ganadero Piedrahíta Ceballos –así se presentó en Buenos Aires dentro de la Sociedad Rural con el aval y el conocimiento de la AFI y de la DEA, se convirtió en el gemelo fantasma del pistolero John Dillinger.

En pocos meses, el tan temido como mencionado en la prensa internacional, Piedrahíta Ceballos cumplirá su condena con el Poder Judicial estadounidense. Saldrá en libertad y podrá festejar el fin de año en Europa, Asia, Oceanía o El Caribe. Seguramente no elegirá Chile o Ecuador, donde el modelo neoliberal está estallando con represión, violación de los derechos humanos, y asesinatos por parte del Estado –en Chile suman 18 los muertos al cierre de esta edición- y la resistencia civil se opone al toque de queda del neoliberal Sebastián Piñera. 

Sin embargo, aquí en la Argentina de la República del FMI, además de Corvo Dolcet están procesados su esposa, María de los Ángeles Verta, la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos; el empresario Pedro Antonio Ruiz, amigo de Corvo, una contadora de las sociedades, y hasta el ex jugador de Boca, Mauricio “Chicho” Serna de supuestos nexos comerciales con Piedrahíta Ceballos y sus propiedades en trámites de venta y compra de inmuebles.

¿En qué se basó la causa penal y este escándalo de proporciones aún indescifrables? 

En el documento de la DEA que aquí se publica por primera vez: 

El método

“El 29 de septiembre de 2017, mi esposa, otras cuatro personas y yo, fuimos privados de libertad. Nuestro hogar fue uno de los 34 inmuebles allanados simultáneamente en operativos tan espectaculares como innecesarios, realizados por decenas de gendarmes, agentes de la AFI y de la UIF, y que dieron marco a la tremenda campaña de criminalización pública iniciada por la ministra Patricia Bullrich y el presidente de la UIF, quienes en conferencia de prensa nos atribuyeron falsa y deliberadamente, formar parte de una inexistente asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes del tráfico transnacional de estupefacientes, liderada en Colombia por José Piedrahíta, a quien calificaron como un ‘Patrón de Patrones’ de todos los carteles de la droga –subrayó la denuncia penal-. También afirmaron que la organización logró poner en funcionamiento una estructura especializada en nuestro país, que tenía como objetivo canalizar con habitualidad las ganancias de las actividades ilícitas llevadas adelante en el extranjero, valiéndose para ello de lo que calificaron como un complejo entramado legal, calificando a las sociedades que presido, como ‘pantallas’.

Las sucesivas manifestaciones públicas de la ministra y la campaña mediática sin precedentes, satisfizo uno de los objetivos del plan: consolidar la falsa imputación como un hecho verdadero tanto aquí como en Colombia”, remarcó el texto de Corvo Dolcet. 

Y prosiguió apuntando a la narrativa de Bullrich y Federici de la UIF: “La única verdad es que desde el año 2007, proyecté y lideré un desarrollo inmobiliario a través de las empresas Insula Urbana S.A. y Pilar Bicentenario S.A., ambas bien reales, con negocios lícitos, públicos y prestigiosos, en el marco de los cuales, José Piedrahíta –a quien conocí en 2008 como un reconocido empresario ganadero- fue no sólo un socio minoritario, sino un socio más de un total de 99, que lícita, documentada e irreprochablemente, integraban esas dos sociedades, conforme se informó oportuna y debidamente, a la AFIP y a la Inspección General de Justicia (IGJ), además de ser auditado sin observaciones, por la prestigiosa firma internacional ‘Price, Waterhouse & Cooper’. 

La legalidad de mis actos y el hecho de que mi relación con el colombiano se circunscribiera a simples compraventas públicas de acciones, me permitieron saber, desde un primer momento, que la acusación judicial era falsa. Pero ignoraba la razón por la que una relación contractual lícita ocurrida diez años atrás, fue convertida en un ‘relato’ narco criminal cuya escandalosa narrativa, permitió que la ministra Bullrich la propusiera ‘para escribir la tercera parte del Patrón del mal’ (sic)”. 

Aquí se puede ver el vídeo. En el 01:57, el titular de la UIF, Mariano Federici, le agradeció a la DEA y a otros organismos de Estados Unidos con Patricia Bullrich sentada a su izquierda vestida de rojo. La conferencia se televisó por el canal del Grupo Clarín, TN, y se extendió por más de 18 minutos. Fue el 29 de septiembre de 2017.

PROCUNAR y la DEA

En la página 5 de su escrito ante Ramos Padilla, el denunciante detalló: “Es muy importante advertir que la PROCUNAR fue ‘elegida a dedo’ por la DEA para llevar adelante esta operación. Un tal Steven Genevech le dirigió al fiscal Diego Iglesias la nota de referencia, informándole de una investigación que ellos coordinaban en Colombia, sobre actividades de narcotráfico y lavado de dinero de una organización delictiva liderada por José Piedrahíita, en la cual se habían ‘detectado vínculos con Argentina’, asegurando que la organización tenía ‘contacto’ conmigo, identificándome con mi nombre completo, ciudadanía, fecha de nacimiento y número de DNI”, dijo Corvo Dolcet.

En el siguiente párrafo explicó qué habría pasado entre la DEA y el colombiano Piedrahíta Ceballos. 

“Obviando el impactante palabrerío utilizado, la verdad es que la PROCUNAR no tenía otra información más que la nota de la DEA y su búsqueda en internet. A pesar de ello, no dispuso ni una sola medida que constatara las alegadas comprobaciones de la investigación que en Colombia coordinaba la propia agencia americana, a quien bien habrían podido pedirle que aporte dicha información.

¿Por qué la PROCUNAR no hizo nada? Porque lo informado por la DEA era falso, y como el elegido fiscal Iglesias no podía ignorarlo, evitó cualquier medida que desnudara la mentira y perjudicara la estrategia de los americanos. Cuando ya fenecía el plazo máximo de la investigación preliminar local y la afirmación de la DEA continuaba en el plano dogmático, la agencia presentó otra nota (que aporto como anexo “F”) señalando que la investigación colombiana estaba a cargo de la Fiscalía N°40 del doctor Zapata Arias. 

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La nota propició que los fiscales se comunicaran directamente, lo que sirvió para generar un ‘teléfono descompuesto’ que naturalizara la desinformación sobre lo que ocurría en el Caribe (al día de hoy, no accedimos ni a una foja de esa ‘investigación’), permitiendo que la DEA se distanciara del ‘bluff’ de esa pesquisa por ellos iniciada tres años antes sin que superara la instancia de pre-proceso, ya que en Colombia nunca se acreditó la existencia de la organización que aquí sí se dio por cierta. Sugestivamente, en esta última presentación, la DEA abandonó su postura inicial y pasó a referir al caso como una ‘investigación preliminar de las actividades del ciudadano colombiano José Piedrahíta’, a quien, además, nunca volvió a tildar ni de narco, ni de lavador, ni de jefe de ninguna organización, porque, como lo demostraré, la DEA estaba negociando con el colombiano y confiaba en llegar a un acuerdo frente al cual, el armado de la causa argentina no era más que una ‘carta’ que facilitara la negociación.

Así, a cuatro meses de iniciada la investigación preliminar local, la PROCUNAR le pidió a Zapata Arias (N. de la R: funcionario judicial colombiano) información sobre la investigación caribeña –es decir, sobre el delito precedente y los vínculos de aquella supuesta organización con las personas aquí investigadas-. Y sin esperar la respuesta, ese mismo día (29-12-16) Iglesias proveyó que los autos pasaran a despacho, tras lo cual, e inexplicadamente, las actuaciones fueron receptadas (el 05-01-17) por la Fiscalía Federal de Morón para que ‘acto seguido’” (una forma de decir, ya que está fechado el 04-01-17), su titular, doctor Sebastián Basso, e Iglesias, requirieran la instrucción, sin tener ni idea de lo que ocurría en Colombia. La premura se explica por el hecho de que a Iglesias se le vencía el plazo máximo de su investigación preliminar (conf. Res. 121/06 de la PGN) y, o requerían, o el caso ‘se moría’, perdiendo la DEA una herramienta que fue determinante para cerrar exitosamente su negociación con Piedrahíta.

¿Cómo lograr la instrucción requerida? La PROCUNAR necesitaba que la justicia soslayara la inexistencia del delito precedente, la carencia probatoria sobre inversiones locales de dinero ilícito, y, también, la ignorancia sobre las ‘vinculaciones’ entre la supuesta organización colombiana y el suscripto. ¿Cuál fue la solución del elegido doctor Iglesias? Eligió Morón para, fórum shopping mediante, viabilizar el armado artificial de una causa penal”. 

La Justicia de Colombia nunca le envió a la PPOCUNAR los datos fácticos de la prueba del delito de narcotráfico que tan pomposamente presentaron Bullrich y Federici –defendido por el diario La Nación como el émulo tardío de John Edgar Hoover -. 

D’Alessio y “La Casa”

¿Quién fue el personaje que le proporcionó a la DEA los datos de Corvo Dolcet antes de que la PROCUNAR recibiese la carta de la agencia americana, que produjo la apertura de la causa penal en la Argentina? 

Según el denunciante habría sido Marcelo Sebastián D’Alessio, quien en diálogo con el periodista Rolando Graña  confesó que seguía y espiaba al empresario de Pilar desde hacía dos años. 

“En el capítulo III relacionaré esa actividad de inteligencia con los hechos investigados por V.S. –explicó Corvo Dolcet-, en cuyo marco, y al declarar bajo juramento, el periodista Rolando Graña ya testimonió ‘que Piedrahíta tenía un socio local pero que en la información que venía de Estados Unidos, no sabían quién era’ (sic) y que fue D´Alessio quien le dijo que era ‘Mateo Corvo Dolcet’. Y mucho más relevante aún resulta el intercambio de whatsapp entre ambos –que también profundizaremos en el capítulo III-, en el que D’Alessio le dice al periodista, haberme seguido durante dos años, compartiéndole un dato que sólo pudo conocer accediendo a informes secretos de la AFI. 

El caso es que en el proceso que soporto hubo una previa actividad de inteligencia ilegal, ocurrida antes de que la DEA eligiera a la PROCUNAR para armar una causa basada en una premisa inexistente, más allá de que la DEA no fue la única agencia que participó de esta operación”. 

La máscara

En un relato frenético que devela hasta qué punto habría sido usado el Estado en su rol inquisitorial para perseguir y encarcelar a enemigos designados como chivos expiatorios, Corvo Dolcet narró qué le habría hecho la AFI que depende del Poder Ejecutivo. Veamos. 

“La AFI afirmó falsamente que yo no tenía capacidad patrimonial para iniciar los negocios que inicié (a pesar de que lo contrario estaba debida y sobradamente demostrado en mis declaraciones juradas, a las que tuvieron acceso irrestricto y previo a mi detención); que la sociedad Insula Urbana que yo fundé y presido, no tenía fondos para adquirir las tierras (falso tal como lo demostró su contabilidad, sus múltiples, inobjetables e inobjetados balances, y las decenas de escrituras públicas que nadie siquiera intentó redargüir de falsedad); que las estructuras societarias eran complejas (absurdo: ¿qué tiene de complejo una sociedad anónima para llevar adelante un desarrollo inmobiliario?); que las sociedades fueron creadas para lavar dinero (falso; eran absolutamente reales, con más de 99 accionistas, negocios lícitos, cientos de inversores y un millonario financiamiento de un gran banco público); que recibí dinero que se introdujo al país de manera ilegal y permeando a las agencias de control (falso: todo el dinero en efectivo que recibí de Piedrahíta, provino de transferencias bancarias internacionales que, además, declaré a la AFIP; y los dos inmuebles que me dio en parte de pago, también lo declaré a la AFIP imputándolos a una operación realizada con él); que Piedrahíta obtuvo importantes ganancias con sus inversiones locales (falso: está demostrado que no ganó un centavo y que ni siquiera recuperó su inversión); que le recompré sus acciones a un valor diez veces mayor (falso; el valor de recompra no llegó a superar el 20% del capital invertido cuatro años antes, y que le pagaría a un plazo larguísimo y sin interés) y así podría continuar una lista de muchísimas otras mentiras deliberadas, ya que eran incompatibles con la prueba que disponían y demostraba exactamente lo contrario (por ejemplo, mis declaraciones juradas y las de las empresas que presido, además de los legajos de IGJ de las sociedades. Detallaré todas las mentiras cuando ratifique la presente, como también la prueba “plantada” para detener a mi esposa). 

La AFI también manipuló vergonzosamente un año de escuchas telefónicas al suscripto y a mi esposa, utilizando sólo dos llamados, ambos míos y groseramente tergiversados, en tanto descartaron todas las demás, ya que demostraban una actividad empresarial real, lícita, y que atravesaba serios problemas financieros –propios del sector inmobiliario, sumados a los interesadamente ocasionados por el gobierno procurando ‘desmantelar’ el proyecto del tren directo entre Pilar y Retiro. Esos problemas financieros desnudaban que carecíamos de recursos ‘fáciles’ como lo son los originados por el narcotráfico. En cuanto a las conversaciones de mi esposa, las excluyeron porque demostraban que era un ama de casa.

La manipulación de la prueba adquirió un cariz directamente ilícito cuando la AFI aseguró que Piedrahíta era el verdadero dueño de Pilar Bicentenario S.A. (a pesar de que sabían que existían 66 accionistas registrados) y que me instruía sobre cómo administrar la empresa y manejar el conflicto con el gobierno, citando para justificar ese disparate, una conversación que atribuyeron al colombiano y que jamás mantuvimos, amén de que, en esa sociedad, Piedrahíta sólo adquirió el

2,6% del total accionario, y la AFI, la UIF y los fiscales lo sabían…”. 

Repasemos: si la AFIP, la UIF y la AFI sabían que Piedrahíta Ceballos estaba haciendo negocios con Corvo Dolcet desde 2008 y que habría llegado a la Argentina con el aval y la protección de la DEA estadounidense, ¿por qué la causa derivó en un show televisado en 2017, once años después de la llegada del colombiano?

Corvo Dolcet lo resumió así: “Ya expliqué que cuando Piedrahíta vino a vivir a nuestro país en 2008 y lo conocí y me compró acciones, lo asumí como un reconocido empresario ganadero. Supe luego de iniciada la causa armada que, además de empresario, desde 2007 y hasta 2011, fue un colaborador secreto

del gobierno de EE.UU., que se radicó aquí junto a su familia, con conocimiento de la DEA y por seguridad, ya que en Colombia había trascendido su rol de colaborador. Viviendo aquí, Piedrahíta organizó para la DEA dos reuniones en Panamá con ‘objetivos’ de interés de EE.UU. y de las que participaron agentes y fiscales de USA. Me consta además que, desde mucho antes de 2008, toda su evolución patrimonial fue conocida por los gobiernos colombiano y norteamericano”. 

Una momia podrida

¿Cuál era el vínculo real de D’Alessio con la AFI que dirigen Gustavo Arribas y Silvia Majdalani?

El denunciante parece tenerlo demasiado claro. Tanto que produce escozor. “(…) D’Alessio dijo que quise coimear al intendente de Pilar para lograr cambios en el Código Urbanístico. Y más allá de que ello no ocurrió (y así lo prueba el que mis proyectos ya contaran con aprobación y su respectiva ordenanza, además de que la obra estuviera en plena ejecución) es muy importante reparar en que esa temática, que tampoco había sido referida en la conferencia de prensa ni mencionada en el pedido de detención impulsado por los fiscales, sí fue volcada a uno de los informe secretos armados por la AFI para introducir información falsa en la causa, lo que lleva a presumir que D’Alessio, además de haberme seguido durante al menos dos años, debió haber tenido acceso a los informes secretos que la AFI produjo para perjudicarme, hipótesis que denota un grado de involucramiento importante y verosímil en el asunto, y que por ello justifica la formulación de esta querella”.

Los herederos de Pablo Escobar

Como en una comedia trágica, la ministra Bullrich se refirió en su conferencia de prensa de 2017, a la renombrada serie “El Patrón del mal”, estrenada en 2012 con un suceso global. Lo cierto es que la viuda de Pablo Escobar, María Isabel Santos Caballero habría actuado como gestora del primer encuentro entre Corvo Dolcet y Piedrahíta Ceballos en 2008. Por ese trámite, siempre según las afirmaciones del denunciante, ella habría recibido honorarios. La mujer también hacía negocios inmobiliarios. 

Qué curiosa es la brutalidad del declive. Un importante juez recibió una frase en el rostro.   

-¿Plata o plomo?

-Plomo. 

Al tiempo lo cruzaron unos patrulleros con armas largas y encima le soltaron que lo habían confundido con un ladrón de bancos.  

La realidad argenta supera a las series.    

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Juan Alonso

Juan Alonso

Periodista, escritor y docente. Columnista con Roberto Caballero en Radio Colonia y del programa ADN en C5N. Distinguido con el Premio Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata en 2017. Fue editor de Policiales de Tiempo Argentino.

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