Con el nuevo Procurador aumenta el tesoro de Clarín

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Bernardo Saravia Frías, flamante Procurador del Tesoro, era director de dos empresas que el Grupo Clarín compró para ingresar al mercado de datos móviles, el nuevo gran negocio que le regaló Macri. Radical, ex asesor de De la rua, salteño y familiar de represores prófugos.

Su paso de las corporaciones al Estado fue rápido; y su ascenso a Procurador del Tesoro, meteórico. El 16 de febrero pasado, en una reunión de Directorio, el grupo Telecom (que encabeza el mexicano David Martínez, socio del Grupo Clarín) aceptó la renuncia de uno de sus Directores Suplentes, Bernardo Saravia Frías. Al menos en apariencias, un paso al costado en el ámbito privado para acceder a un cargo público. Pero al correr el velo, se descubren una serie de negocios que se entretejen entre funcionarios del Ministerio de Hacienda, el Presidente, el Grupo Clarín y el flamante procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado).

La historia del ascenso de Saravia Frías comenzó luego de la salida de Alfonso Prat Gay. Entonces se desdobló el Ministerio de Hacienda y Finanzas, haciéndose cargo del primero de ellos una figura por muchos impensada: Nicolás Dujovne, un ex Banco Galicia que escribía notas en La Nación y que, junto a Carlos Pagni, conducía el programa Odisea Argentina por el canal Todo Noticias (TN). Dujovne también fue Director de Papel Prensa, uno de los beneficiados con el Dólar Futuro, socio de Donald Trump, militante del achique del Estado pero, a su vez, empleado del mismo Estado, asesorando al bloque radical en el Senado.

No tardó en sumar un “correligionario”: el 24 de enero Saravia Frías, fue designado por Macri y Dujovne como Secretario Legal y Administrativo de Hacienda.

El abogado fue aportante privado de la campaña y asesor del comité electoral de Ernesto Sanz, ex Bank Boston (al que representó ante el gobierno nacional en épocas del “Corralito”). Salteño de familia acomodada, vive hace años en Buenos Aires, donde tiene estudio de abogados: Saravia Frías Abogados. El Grupo Macri y las principales Compañías Mineras, Petroleras y Bancos privados son sus clientes y ahora serán sus “enemigos” en los juicios que tienen contra el Estado en los que Saravia Frías debe comandar a los abogados oficiales. Fue asesor de Fernando de la Rúa en el Senado y hasta escribieron algún que otro artículo juntos.

Junto a su familia, Saravia Frías lleva adelante emprendimientos mineros a través de firmas como Tierra Dentro Mineral S.A., Tesoro Resources S.A. o Tierra Tucumán S.A.

Familia de represores prófugos

Hijo de Carlos Alberto Saravia Day y Susana Frías, Bernardo es sobrino del Teniente Coronel José Ignacio Saravia Day, quien tiene pedido de captura nacional e internacional por la desaparición, en octubre de 1976, de un joven secuestrado cuando realizaba el servicio militar obligatorio.

Según relata el sitio Memoria.Telam, “José David Aleksoski, oriundo de Bahía Blanca, estudiaba Arquitectura en La Plata cuando salió sorteado para el Servicio Militar Obligatorio e ingresó, en febrero de 1976, a realizar la conscripción en el Regimiento de Granaderos a Caballo. En la semana del 22 de octubre de 1976, fecha en la que fue visto por útima vez en libertad, Aleksoski debió asistir a realizar guardias a la Quinta Presidencial de Olivos, pero aquel día recibió un llamado de su jefe, el entonces teniente Saravia Day, quien le ordenó que se presentara en el Regimiento para realizar una diligencia.

Según reconstruyó el entonces fiscal Federal Sergio Franco en su presentación del 16 de mayo de 2007, el joven debió dirigirse a ‘una calle cortada que daba sobre las vías del Ferrocarril Belgrano’ y, cuando llegó al lugar, ‘Aleksoski advirtió que la dirección era inexistente’. ‘En el camino de regreso, fue interceptado por un grupo de individuos que circulaban en tres automóviles (un Torino, un Falcon y otro no identificado), quienes lo obligaron a subir a uno de los autos alegando que eran fuerzas de seguridad’, describió el fiscal, en base al testimonio de su hermano Lázaro.
La única información fehaciente del caso la brindaron sobrevivientes de centros clandestinos de detención en La Plata, entre ellos Jorge Julio López y otros dos conscriptos que fueron secuestrados y que estuvieron junto a Aleksoski privados ilegalmente de la libertad”.

El Procurador Saravia Frías tiene más vínculos con represores condenados: se casó con Milagros Cinto Courtaux, familiar a su vez del ex jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, Marcelo Cinto Courtaux, también prófugo de la Justicia y con pedido de captura por delitos de lesa humanidad, ya que participó “en la ejecución del plan de represión implementado por el entonces gobierno militar, en lo que concierne al accionar de aniquilamiento desplegado por el Ejército Argentino, contra las personas que formaron parte del operativo denominado Contraofensiva Montonera entre los años 1979 y 1980, dentro el ámbito del comando de Institutos Militares”.

Saravia Frías de todas maneras cuida a la nueva generación: el 13 de marzo nombraron Coordinador General Legal y Administrativo de la Secretaría Legal y Técnica que él ocupaba a Lucas Cinto Courtaux, hermano de Milagros y cuñado del funcionario.

Lucas Cinto Courtaux, está casado con Claudia Irene Ostergaard, abogada del Estudio Saenz Valiente & Asociados, el principal estudio representante del Grupo Clarín, y con miembros pertenecientes a sociedades comerciales de las que participan, por ejemplo, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.

El tesoro de Clarín

Desde su puesto anterior Saravia Frías tuvo un rol central en favorecer el nuevo gran negocio de Clarín: los contenidos web por redes móviles. Clarín pagó una millonada de dólares por seis empresas dueñas de frecuencias para dar el salto.

Lo que nadie dijo es que en dos de esas empresas, Skyonline de Argentina S.A. y Netizen S.A., era Director el mismísimo Bernardo Saravia Frías.

El gran beneficio que el gobierno le dio al Grupo Clarín se hizo público el 9 de enero, cuando el Ente Nacional de Comunicaciones publicó Resolución 111 – E/2017, con la firma de Miguel de Godoy (ex vocero de De la Rúa y al que el periodista Roberto Navarro acusó de apretar a C5N para que lo saquen del aire). Allí se autorizó “las transferencias accionarias directas e indirectas que se denuncian y que involucran a las firmas TRIXCO S.A., CALLBI S.A., INFOTEL S.A., SKYONLINE DE ARGENTINA S.A., NETIZEN S.A. y ERITOWN CORPORATION ARGENTINA S.A, a favor de la Empresa NEXTEL

¿Qué significa ésto? Que Nextel, adquirida por el Grupo Clarín en 178 millones de dólares, podrá brindar el servicio de 4G, gracias a la “compra” de estas seis empresas que poseían frecuencias para otros fines. Un salto enorme en el negocio, con una plataforma para ofrecer en su propia telefónica sus productos de contenido audiovisual, como por ejemplo la nueva plataforma Flow que permite ver televisión en vivo y on demand. O sea, convertir a la moribunda Nextel en una joya del mercado de las comunicaciones.

Esta adquisición le demandó al Grupo Clarín (el mismo que simultáneamente despide gente en AGR argumentando una crisis) poco más del doble de lo que había pagado en su momento por Nextel: 360 millones de dólares.

De Godoy fue designado por Macri al frente de la AFSCA al inicio de la gestión. Cuando Clarín compró Nextel, por razones regulatorias, solo pudo tomar el control del 49 por ciento de la empresa: el Presidente lo solucionó en su primer mes de gestión, con el Decreto 267/2015, que disolvió la AFSCA y pisoteó la Ley de Medios.

Con otra resolución 6737 E/2016, también con la firma de Miguel de Godoy  el 28 de septiembre del año pasado el 100 por ciento de la Empresa quedó en las mismas manos.

El 15 de enero del año pasado, con el Decreto 1340/2016 firmado por el Presidente Macri, se completó la maniobra: en el inciso A del artículo 4 permitió al ENACOM de Godoy “la asignación de nuevas bandas de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles”. Clarín ya tenía la empresa Nextel, y las bandas móviles de las otras compañías.

Para finalizar, la frutilla del postre. Subiéndose al caballo del Decreto 1340 de Macri, el Ministro Aguad refrenda con fecha 30 de enero la Resolución 171, que en su segundo artículo nos dice: Instrúyase al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES a analizar la factibilidad técnica e instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir al Servicio Móvil, con categoría primaria, las bandas de frecuencias de 450 a 470 MHz, los segmentos de la banda de 698 a 960 MHz, la banda de 2300 a 2400 MHz, la banda de 2500 a 2690 MHz, así como toda otra que resulte apropiada entre las identificadas por la UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES para el despliegue de sistemas IMT, para ser utilizadas en la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) u otros que surjan de la evolución tecnológica.

Con las Resoluciones 1033 y 1034 del ENACOM se completó el negocio: ARTÍCULO 1º — Atribúyase la banda de frecuencias comprendida entre 2500 y 2690 MHz al Servicio Móvil con categoría primaria.  Casualmente eran las frecuencias que ya tenía Nextel de la mano de Saravia Frías, ahora abogado del Estado.

En el Artículo 13 de la Resolución 1299 – E/2017, publicada el 7 de marzo (que oficializó finalmente la decisión para que el Grupo Clarín ofrezca servicios de telefonía móvil a través de Nextel) que dice: “Delégase en el Presidente del ENACOM las facultades para suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles de publicada la presente, el contrato que precise los términos, condiciones, metas, obligaciones y demás cuestiones inherentes a la prestación del Servicio de SCMA que por la presente se autoriza, a los que deberá sujetarse la empresa NEXTEL, conforme los lineamientos particulares aquí establecidos”.

A modo de ejemplo digamos que, entre 2014 y 2015, Telefónica (Movistar), debió pagar 427 millones de dólares por las bandas del espectro para ese servicio. Algo similar a lo que también pagaron los de Telmex (Claro) y Telecom (Personal), empresas que ya están moviendo a sus bufetes de abogados para querellar al Estado por “competencia desleal”, juicios que terminará abonando el Estado. O sea, nuevamente los argentinos pagándole los negocios a Clarín.

 

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