Nuevos delitos del secretario Etchevehere

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El secretario de Agroindustria de la Nación fue denunciado penalmente por el delito de tentativa de defraudación a la administración pública por haber permitido a un grupo de cerealeras exportar cuando las retenciones  eran un hecho. Además el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina acaba de cerrar con su hermana un acuerdo económico porque la había estafado y amenazado. Las denuncias penales en la Justicia Federal y provincial aún siguen. El desgüace del área de agricultura familiar y los despidos en un diario que controla en su provincia, Entre Ríos.

Luis Miguel Etchevehere generó indignación y rechazo en Entre Ríos mucho antes que los afiliados de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se indignaran con su ex presidente por avalar las retenciones como funcionario.

El secretario de Agroindustria de la Nación integra un clan familiar que dejó un tendal de trabajadores en la calle y sometió a la esclavitud a otros. En la comarca entrerriana Etchevere fue una de las caras visibles de los cortes de ruta hace una década, cuando en el país se discutió la retención como un impuesto para los sectores exportadores y privilegiados.

Pero mientras el país se incendia, Etchevehere estaba resolviendo sus disputas familiares. Algunos medios alternativos de la provincia revelaron un acuerdo con su hermana Dolores tras una extensa disputa judicial. A la mujer la habían dejado afuera de los bienes heredados tras la muerte de su padre Luis Félix Etchevehere. Dolores se paseó por todos los medios hasta no hace mucho denunciando amenazas y fraudes.

“Me amenazan a mí, a mis hijos, amedrentan”, se despachó y apuntó a sus hermanos, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego; y a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.

En una entrevista radial del 28 de febrero dejó entrever que si bien el gobierno nacional no se ha metido en el tema de forma directa, algunas amenazas le habían permitido sospechar sobre una mano negra con respaldo estatal.

El patrón del mal

La familia Etchevehere tiene varias causas judiciales. Una de ellas está relacionada a la venta del paquete mayoritario de acciones de El Diario de Paraná, un matutino de 104 años que en mayo dejó en la calle a 79 trabajadores sin causas ni cumplimiento de las indemnizaciones. Fue el resultado de una larga agonía que comenzó con el gerenciamiento de Walter Grenon, un mutualista que se hizo cargo del medio en 2010 a cambio de jugosos negocios con el gobierno anterior de Sergio Urribarri. Un paréntesis paradójico: Juan Diego fue representante en Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), mientras que Sebastián supo desempeñarse como directivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

En la Justicia está tramitando una causa que el periodista Sebastián Premici dio cuenta en el ámbito nacional. Entre las pruebas aparecen correos electrónicos de Luis Miguel Etchevehere y Grenon pergeñando la estafa a Dolores, la mujer que recuperó lo que reclamaba. Más allá del acuerdo entre hermanos, la familia está siendo investigada en la Justicia Federal por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria, según confirmó a Nuestras Voces uno de los abogados defensores, Leopoldo Lambruschini.

Según la Procelac, los denunciados crearon una empresa llamada Construcciones del Paraná con “notoria incapacidad económica y financiera” para realizar operaciones inmobiliarias, las cuales fueron “disimuladas a través de una serie de préstamos a su favor acordados en 2012 por 4,5 millones de pesos”. Esos bienes pertenecían a la compañía Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario.

El matutino ahora está siendo gerenciado por el vespertino de Santa Fé El Litoral. Ambas empresas tienen en su timón a un grupo de empresarios ligados a Cambiemos. El hombre que trata con lo que quedó de los diarios es Federico Caputto.

 

Etchevehere, un ministro “off shore” y estafador

Más despidos y esclavos

Cuando cumplía sus últimos días como ministro, para luego convertirse en secretario, Etchevehere profundizó su costado más temerario. Fue el que impulsó el despido de otros 20 trabajadores sobre una planta de 43 de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en Entre Ríos. Entre los echados se encuentran técnicos de muchos años en la repartición. Los despedidos estaban encuadrados en la denominada Ley Marco y también contratados por la Fundación ArgenINTA.

En 2014, el titular del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Guillermo Martini, se encontró con un caso escandaloso en Entre Ríos. En un campo había peones de más de 50 años que no sabían leer ni escribir. Eran trabajadores no registrados que vivían en unidades sin energía eléctrica, agua potable y baños.

Las acciones de fiscalización por parte del organismo nacional se llevaron a cabo en siete establecimientos propiedad de Etchevehere que se dedican a la actividad ganadera y agrícola. En el establecimiento La Hoyita, de la empresa Las Margaritas S.A. Antonio y Sergio Cornejo declararon cumplir tareas bajo “las órdenes de la familia Etchevehere desde el 14 de junio de 1976”. Según la Ley 26.727 de empleo agrario estaban en edad de jubilarse. Uno de ellos, encargado de estancia, afirmó percibir una remuneración de 2.000 pesos mensuales, y su hijo de 18 años, quien dijo trabajar desde los 13, sostuvo no estar en blanco y cobrar 1.050 pesos por tareas dos días a la semana.

Los Cornejo se animaron a dar su testimonial ante la justicia. Declararon ante los abogados de la Sociedad Rural (porque Etchevehere utilizó en sus causas los letrados de la entidad), pero todo resultó en vano. El fiscal Samuel Rojkin  no investigó el hecho. Luis Miguel no tuvo ningún cuestionamiento de la entidad que presidió hasta integrar el gabinete de Mauricio Macri.

La última

Esta semana, el abogado y ex legislador enrolado en la izquierda porteña, Marcelo Parrilli, denunció al secretario de Agroindustria de la Nación y un grupo de cerealeras por el delito de tentativa de defraudación a la administración pública y reclamó a la Justicia el allanamiento del esa cartera, el secuestro de documentación y una medida cautelar para que no se eluda el pago de las retenciones correspondientes.

La acción fue encarada el mismo día en que el gobierno oficializó el restablecimiento de las retenciones a las actividades agrícolas e industriales para paliar la crisis cambiaria, cuestionando la acción de Agroindustria de mantener abierto el registro para Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) durante los dos últimos días de agosto, cuando los rumores de la aplicación de estas medidas ya circulaba con fuerza.

El gobierno nacional cerró formalmente el lunes “hasta nuevo aviso” el registro de granos, pero eso ocurrió un día hábil después de que las empresas exportadoras declararan ventas por más de 8,5 millones de toneladas, equivalentes a unos 2.250 millones de dólares con las retenciones vigentes en soja (25,5 por ciento) y 0 por ciento en trigo y maíz.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), detalla que sólo nueve empresas agroexportadoras se beneficiaron en 1.933 millones de pesos al realizar declaraciones entre los días 30 y 31 de agosto, previas al anuncio oficial que repuso los derechos de exportación, con información privilegiada y el aval de Agroindustria.

Etchevehere fue uno de los nombres que sonó con fuerza como posible candidato a gobernador de Entre Ríos. Sin predicamento dentro de la UCR, partido al que es afiliado, su principal capital político fue siempre su llegada a Macri.

Denuncia contra Etchevehere by nuestrasvocesok on Scribd

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