Parques Nacionales insiste con el desalojo de mapuches

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Eugenio Breard, presidente de Parques Nacionales, dueño del Country Club Cumelén de Villa La Angostura y empresario amigo del presidente Macri, volvió a pedir al juez Villanueva el desalojo inmediato de la comunidad mapuche asentada en Villa Mascardi. La primera vez fue en noviembre de 2017: el operativo represivo terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. Nuestras Voces accedió al nuevo escrito donde Breard exige el desalojo y tilda de “intrusos” a los mapuches. Todo en un contexto de creciente militarización del sur con la creación del Comando Unificado Patagónico.

Con la decisión de trasladar 800 gendarmes a la Patagonia quedó concretado el primer paso que dará el denominado Comando Unificado Patagónico creado por el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich. En el medio de la militarización del sur argentino la Administración de Parques Nacionales volvió a exigirle al juez Gustavo Villanueva el inmediato desalojo de la comunidad mapuche de la lof Lafken Winkul Mapu del predio de Villa Mascardi.

En un escrito enviado al juez Villanueva a través de su departamento jurídico para que promueva acciones judiciales para el desalojo, la Administración que preside el empresario amigo de Mauricio Macri, Eugenio Breard, desestima cualquier idea de acuerdo pacífico impulsada por los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y el Obispado de Bariloche a través de la Mesa de Diálogo.

Nuestras Voces tuvo acceso a la demanda al juez por parte de Parque Nacionales donde se refiere a la comunidad mapuche como “ocupantes y/o instrusos y/o poseedores y/o tenedores, que se encuentren asentados ilegalmente en el predio sito en la Ruta Nacional Nº 40 a la altura del kilómetro 2006”.

En el escrito, que lleva la firma Breard –presidente de Parques Nacionales y dueño del Country Club Cumelén de Villa La Angostura­– se hace referencia a que la “ocupación ilegal importa la afectación y turbación a un bien de dominio público perteneciente al Estado Nacional” y agrega que “en tal sentido, corresponde entablar todas aquellas administrativas y/o judiciales capaces y tendientes a hacer cesar –de forma urgente e inmediata– la irregularidad anteriormente mencionada”.

Vale recordar que el primer pedido de desalojo de la Administración de Parques se concretó el 23 de noviembre de 2017 y terminó con la detención de cinco mujeres y seis niños que fueron llevados precintados a la comisaría de Bariloche. Dos días más tarde, el 25, el Grupo Albatros de Prefectura perpetró una cacería de los ocupantes que permanecían en el predio y el saldo fue el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, que se encontraba en el predio en respaldo a la comunidad mapuche.

“Dijeron ‘alto Prefectura’ y dispararon: pla, pla, pla”

Provocación a la comunidad

En la lof Lafken Winkul Mapu del predio de Villa Mascardi se mantiene la calma pero sin perder el estado de alerta. Por estos días en que el verano empieza a dar paso al otoño las noches son más frías por eso están juntando bastante leña para soportar las bajas temperaturas que ya se hacen sentir.

A la vez saben del pedido de desalojo de la Administración de Parques y “no descartamos que vuelvan a reprimirnos como pasó cuando mataron al peñi Rafael Nahuel”, dice a Nuestras Voces un miembro de la comunidad que oficia de vocero.

“Hace unos días nos vigilaban con drones que sobrevolaban el predio, la policía pasa lentamente y mira para adentro. También estuvieron los del Club Andino buscando información y otros dos hombres con el uniforme de Parques que andaban filmando y sacando fotos. Sabemos que hay un control permanente y un hostigamiento cuando lo que queremos es permanecer en paz”, cuentan.

Con niños, mujeres y ancianos ocupando la comunidad ya armaron un gallinero para tener huevos y una huerta. También piensan construir nuevas rucas (casas) “pero tenemos miedo de que vengan y nos destruyan todo como hicieron en el anterior desalojo”. Así y todo resisten.

Pericias y revocar la excarcelación

En el marco de la causa en la que se investiga el asesinato de Rafael Nahuel el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Mario Sabas Herrera, volvió a pedir que se revoque la excarcelación de Fausto Jones Huala y Lautaro González.

Los jóvenes mapuches, que bajaron el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel el día de la cacería del Grupo Albatros y fueron posteriormente detenidos, se encuentran en libertad ya que el juez Gustavo Villanueva consideró que “no existe riesgo alguno de que los imputados intenten eludir la acción de la justicia o puedan entorpecer la investigación”.

En su escrito el fiscal Sabas Herrera asegura “que el  atentado contra la autoridad se produjo a mano armada” cuando en ningún renglón del expediente existe prueba o indicio alguno que haga sospechar esto. El funcionario también sostiene en su pedido de revocatoria de excarcelación que los imputados residen en un sitio de “máxima conflictividad donde se han tomado terrenos en  forma violenta, donde sus integrantes andan armados y resisten con violencia las órdenes judiciales”.

El fiscal Sabas Herrera sigue insistiendo con que existe “peligro de fuga” y que ambos pueden  “entorpecer la investigación”. No resulta menor señalar que en su escrito el fiscal comete el error de referirse a Fausto Jones Huala como “Facundo” Jones Huala –hermano del mencionado–.

Ningún prefecto estaba herido luego del supuesto enfrentamiento

Militarizar la Patagonia

En el medio del conflicto por las tierras en la Patagonia, en el que las comunidades mapuches ejercen el reclamo por un derecho ancestral y son perseguidas por el gobierno de Cambiemos, se anunció ayer el traslado de 800 efectivos de Gendarmería Nacional a la región para agilizar los desplazamientos ante “posibles situaciones de conflicto” en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La medida fue anunciada este viernes tras la reunión que se realizó en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional de Bariloche. El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, denominó a este grupo como el “Comando Unificado Patagónico”.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, encabezó el encuentro del que participaron los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales: Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina (PFA), Policía Federal y Gendarmería Nacional, además de los ministros de seguridad de Río Negro, Neuquén y Chubut y autoridades de las policías provinciales.

Tras la reunión, Burzaco reconoció que uno de los temas abordados estuvo relacionado con supuestos ataques protagonizados por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en las provincias patagónicas. “Seguiremos trabajando para evitar nuevos episodios de manos de un grupo de gente violenta”, dijo.

El llamado Comando Unificado Patagónico prevé la instalación de dos puestos móviles con 800 efectivos de Gendarmería Nacional en total. Habrá 400 efectivos en cada uno y estarán ubicados en Comodoro Rivadavia –para dar cobertura a la Patagonia atlántica– y en Neuquén, para los conflictos en la zona andina.

Con las fuerzas represivas al servicio de los grandes terratenientes de la Patagonia como Luciano Benetton y Joe Lewis el gobierno de Cambiemos allana el camino para la Campaña del Desierto del siglo XXI con Patricia Bullrich como el general Julio Roca de estos tiempos.

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Ulises Rodríguez

Ulises Rodríguez

Periodista y locutor. Especializado en temáticas culturales, escribió en Anfibia, Infobae y la Revista Acción. Formó parte de Infonews y realizó publicaciones en Escribiendocine.

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