Peña dijo no, la Corte dijo sí: aumento a los judiciales

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La reunión de acuerdo de la Corte estuvo marcada por el otorgamiento de aumentos por fuera de la voluntad del Gobierno: por un lado avanzaron en la firma de 300 expedientes de racálculo de haberes para jubilados, consecuencia del caso Blanco votado el año pasado por la nueva mayoría contra la postura de Macri. Además, otorgaron un 10% de suba a los judiciales, que encabezados por Julio Piumato pararon el jueves y siguen hoy: con este aumento el gremio sumó un 46,41% en 2018. En noviembre Peña había frenado un aumento del 20% y liberado fondos por la mitad. Ahora la Corte le exige la otra mitad para “mantener el poder adquisitivo de los sueldos”. 

Este jueves los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia se volvieron a encontrar en el cuarto piso del Palacio de Tribunales en una nueva reunión de acuerdo. La segunda de 2019, aunque la primera del calendario “oficial” luego de la feria, que se interrumpió para abordar el caso de la consulta popular en La Rioja con la que el gobernador Sergio Casas buscó legitimar una postulación a un nuevo mandato. Lejos de la distensión que podría haber provocado el descanso veraniego reinó una tensa calma entre los supremos. “Todo fue muy medido”, explicaron desde una de las vocalías. La herida que abrió la resolución que en la última reunión de 2018 recortó el poder administrativo y económico del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, aún sigue abierta.

Aquel 18 de diciembre, además de la mentada acordada 44/2018 -en la que se estipuló que una mayoría de tres cortesanos define los temas de superintendencia, vaciando de poder al titular del cuerpo-, los cortesanos también suscribieron el fallo Blanco, una sentencia de fuerte impacto político (no así en términos de alcance, ya que afectó a un bajo porcentaje de jubilados. Según los especialistas entre un 2% y un 4% del total). Allí, los supremos se manifestaron a favor de los jubilados y en contra del Gobierno en la determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro (la votación terminó 4 a 1 a favor del ISBIC y Rosenkrantz volvió a quedar en soledad, apoyando la postura de la Casa Rosada, que impulsaba la aplicación del RIPTE, un índice que arrojaba un valor menor). Las consecuencias de esa sentencia comenzaron a desplegarse esta semana: en la Corte hay aproximadamente unos 11 mil casos espejo y los supremos empezaron a resolverlos este jueves aplicando la doctrina Blanco. Se firmaron unos 300 expedientes, indicaron a Nuestras Voces desde el tribunal.

Corte de manga a Macri

Otra de las novedades de este 7 de febrero fue que los cinco ministros cortesanos firmaron un aumento del 10% para los empleados judiciales, que estuvieron de paro este jueves y repiten la medida de fuerza hoy viernes.

Mediante la acordada 1/2019, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Rosenkrantz -a quienes se sumó con su rúbrica el secretario general de administración, Héctor Daniel Marchi- resolvieron otorgar ese porcentaje “con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto a la inflación y en el marco de la política salarial del año 2018”. La suma se otorgará desde el 1° de marzo, será remunerativa y bonificable.

En pos de que la suba pueda ejecutarse, la Corte solicitó a la Jefatura de Gabinete la modificación de las partidas presupuestarias vigentes para afrontar el correspondiente incremento.

“El aumento está dado”, aseguró Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), y dio por hecho el incremento. Tras señalar a este medio que la adjudicación rige para la pauta salarial de 2018, destacó: “Logramos un aumento del 46,41%”.

El énfasis de Piumato no es menor. El 23 de noviembre pasado, el jefe de Gabinete Marcos Peña rechazó la modificación de las partidas presupuestarias solicitadas por la Corte para otorgar un aumento del 20% a los empleados judiciales, a pagar en dos cuotas de 10%, una el 1° de octubre y otra el 1° de diciembre de 2018. Ese porcentaje debía abonarse con dinero del Tesoro nacional. Finalmente, el año pasado se terminó pagando la mitad del monto requerido. El 10% restante reclamado, es el que se firmó en la acordada de este jueves y que regirá a partir de marzo. Desde el gremio pedían que se aplicase desde diciembre, por lo que mostraron cierto malestar por los tres meses de diferencia.

A pesar del aumento, el titular de la UEJN remarcó que “sigue el paro” de este viernes, que se extenderá por 24 horas y sin concurrencia al lugar de trabajo. La jornada de protesta consta de un pliego de reclamos, que tiene tres ejes:

-Que se ejecute lo acordado con la Corte respecto a la recomposición salarial del año pasado, esto es que se abone el 10% desde diciembre y no desde marzo.

-Que no se extienda el pago del impuesto a las ganancias a los sectores no comprendidos por la ley 27.346, y se reduzcan los ítems imponibles para aquellos que ingresaron a partir de enero de 2017 al Poder Judicial.

-Que se declare la emergencia judicial, “atento al estado dramático de los edificios” y “las plantas de personal colapsadas”, remarcó el sindicato en un comunicado.

En ese sentido, Piumato confirmó que sigue pidiendo que “se decrete la feria urgente en los tribunales de Comdoro Py hasta que se resuelvan los problemas”. “Hay ratas en los baños”, denunció.

La UEJN presentó una carta al presidente de la Corte Suprema el 5 de febrero pasado reclamando que se suspendan las tareas en “todas las dependencias del Edificio de Comodoro Py 2002 de esta Ciudad”. Mencionó en el escrito el corte del suministro de agua -por el bloqueo de cloacas, según el gremio-, la falta del servicio de limpieza así como la de la recolección de residuos.

A este escenario se suma la puja salarial de 2019, que según aclaró el gremialista aún no se empezó a discutir. Se estima que empezarán a abordar esta cuestión a fin de este mes. “Debemos ver los índices de enero y febrero. El gobierno habla de una inflación anual del 30%, economistas que nosotros respetamos estiman un 35% y no faltan quienes vaticinan un 40%”, resaltó Piumato.

Y explicó que el sindicato tiene un acuerdo con la Corte desde hace casi una década y es que no se debe perder el poder adquisitivo del salario. Para poder aplicarlo, se realizan aumentos vía tres tramos: en el primer trimestre, a mitad de año y en octubre. El abordaje del primer tramo ya asoma en el horizonte.

Las supremas internas de la Corte

Nuevo calendario de fallos

En la que fue la primera reunión de acuerdo “ordinaria” del año también sobrevoló el tema de  aplicar un cronograma de sentencias “sensibles”, tal como se hizo entre el 27 de noviembre y el 18 de diciembre pasado. En este caso, regiría hasta mayo.

El punto es que a pesar del recorte de poder que sufrió, la definición de la agenda del tribunal sigue siendo potestad del presidente del cuerpo. Ante este escenario, y en medio de un año electoral, una de las incógnitas es cómo actuará Rosenkrantz ante la presión de sus pares, sobre todo, la tríada Lorenzetti-Maqueda-Rosatti.

Entre los temas que se podrían abordar en un eventual calendario figuran: la ejecución de sentencias sobre la coparticipación federal (casos de Santa Fe y San Luis); el juicio por jurados; la situación de emergencia de las aguas de la laguna La Picasa; y el alcance del impuesto a las ganancias que se aplica a las jubilaciones, entre otros.

Para los especialistas en materia previsional, erradicar ese tributo a las jubilaciones es una modificación necesaria pero de un impacto bajo en lo que hace a los beneficiarios. En contraposición, resaltan que un caso muy sensible duerme el sueño de los justos en la Corte: el amparo colectivo que presentó en 2008 contra la Anses el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, cuyas implicancias para el mundo previsional y, sobre todo, para el Gobierno son mucho más profundas. Con aquella medida Mondino pretendía extender el fallo Badaro a todos los jubilados. “Hay quienes dicen que si la Corte fallase, sería abstracto por la Reparación Histórica, algo que no comparto”, indicó un funcionario judicial del fuero de la Seguridad Social. Lo cierto es que este caso, al menos por ahora, no está bajo la órbita de los ministros supremos.

Está claro que los temas que la Corte defina tratar no pasarán desapercibidos. Sobre todo, en el marco de las tensiones que la surcan en medio un año electoral.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación. Trabajó en la revista Veintitrés, Tiempo Argentino, Infojus y El Cohete a la Luna. Actualmente escribe en los portales Nuestras Voces y El Destape y en las revistas Acción y Contraeditorial. Editó los libros “Macri el año perdido”, de Roberto Caballero (Planeta); y “Radiografía de la corrupción PRO” (Planeta).

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