Perseguir manifestantes, un oscuro placer del Dr. Garavano

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En sus tiempos de fiscal general de la ciudad, puesto al que accedió sin cumplir con la ley vigente, Gustavo Garavano ya actuaba como el “garrote de Macri”. Su obsesión: “limpiar la calle” de cualquiera que quisiera manifestarse, fueran obreros, piqueteros, estudiantes, docentes, indigentes o manteros. El entonces jefe de Gobierno Porteño, Macri, estaba feliz por su pertinaz persecución de la protesta social y no dudó en premiarlo con un ministerio en Nación para que implementara el apaleo y la persecución de manifestantes como políticas de Estado. Hasta que desapareció Santiago Maldonado.

Durante el atardecer del 22 de agosto la atmósfera en ese salón del Ministerio de Justicia se podía cortar con una navaja. La reunión entre los representantes de organismos de Derechos Humanos con Germán Garavano, Patricia Bullrich y Claudio Avruj se tensó aún más cuando la legendaria Lita Boitano les soltó a los funcionarios: “¡Ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago!”.

Garavano y Avruj cruzaron miradas incómodas. Y la señora Bullrich, con ojos más huidizos que nunca, farfulló:

– ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer eso?

– ¡Por supuesto!

– ¡No le voy a permitir!

Recién entonces intervino Garavano:

– ¡No es así! No, no, no…

Avruj no abría la boca. El ministro prosiguió:

– Yo he tolerado muchas cosas. Pero no que me acusen de un delito así.

Y muy ofendido, se puso de pie, y dijo:

– Hasta luego. Buenas tardes.

El Doctor –tal como lo llaman los empleados de su cartera– supo tener situaciones protagónicas más felices. Como durante una ya lejana conferencia en el auditorio de la Universidad de Belgrano. Su título: “Áreas Urbanas fuera de control”. Era el 2 de mayo de 2007.

Uno de los disertantes arrojó a los oyentes la siguiente frase:

– ¿Quién controla la calle en Argentina?

Y contestó su propia pregunta:

– Grupos piqueteros, cartoneros y criminales.

Al pronunciar esas palabras, su rostro mofletudo adquirió una expresión ofuscada. La concurrencia estalló en un aplauso.

Garavano era el otro conferencista. Y a su turno, dijo:

– A la ciudad se la ve sin reglas. Y tenemos el desafío de ponérselas. La actividad criminal genera aumentos directos en los niveles de pobreza. Nunca lo contrario.

El aplauso fue ahora para él, mientras el tipo mofletudo le palmeaba la espalda. Ambos entonces se congratularon pos sus coincidencias

Garavano conocía bien a ese hombre. Era su compañero de la fundación Pensar, Julio Chirino, quien al año siguiente caería preso por delitos de lesa humanidad cometidos en su época de espía del Batallón 601 durante la última dictadura. En cambio, él –nada menos que fiscal general de la Ciudad– tenía a los 37 años un futuro promisorio.

“Están defendiendo a un guerrillero”

El garrote de Macri

Garavano había ingresado en 1988 a la Justicia en calidad de meritorio para luego pasar como secretario a un juzgado de menores. Y fue catapultado en la cúspide del ministerio público porteño a fines de 2006 sin cumplir con las más mínimas formalidades. Pero sí con un acuerdo entre el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, y el bloque legislativo del PRO. Tanto es así que su nominación, en vez de acatar el protocolo concebido para favorecer la participación ciudadana en la selección de las autoridades judiciales, únicamente se publicó de manera subrepticia en el Boletín Oficial. Tampoco se respetó el plazo de 15 días para presentar impugnaciones o apoyos. Y en la Legislatura la audiencia pública previa a su nombramiento sólo fue un trámite formal en el que se redujeron los cuestionarios de los organismos sociales presentes a una sola pregunta.

Ya en sus primeros días al frente del Poder Ejecutivo porteño, Mauricio Macri expresó su gran beneplácito por la presencia de Garavano en la Fiscalía General. En ello había un motivo: junto al bacheo, el control a sangre y fuego del espacio público era una de las obsesiones del ex presidente de Boca.

En ese sentido Garavano no lo defraudó. Desde diciembre de 2007, el funcionario judicial dejó en claro su férrea intención de restringir el derecho a la protesta y sancionar con dureza a quienes efectúen cortes callejeros para reclamar por sus derechos. Poco después puso en práctica sus dichos, al iniciar una causa penal por un piquete realizado por obreros de la construcción. Fue la primera batalla de su guerra personal

Luego, junto a su subordinada, la doctora Valeria Massaglia –a cargo de la Fiscalía Contravencional 7– adquirió vidriosa fama cuando los estudiantes comenzaban a protestar por la reducción de las becas. Las asambleas y tomas de los colegios se convirtieron en una nueva amenaza a la que ellos trataron de conjurar ordenando a la Policía Federal tareas de inteligencia que incluían la confección de listas negras –expresamente prohibidas por la Ley de Seguridad Interior–, además de citar alumnos y padres a las fiscalías contravencionales de la Ciudad.

Los manteros, vendedores ambulantes y artesanos fueron otras víctimas preferenciales de esta pareja judicial. Al respecto habría un caso testigo: en la mañana de 25 de septiembre de 2008, tras una paciente investigación ordenada por Garavano, un grupo de policías vestidos de civil se lanzó a un espectacular operativo en el que se pudo descomisar nada menos que 48 mates con sus respectivas bombillas además de detener a la artesana que los vendía. El hecho ocurrió en la esquina de Perú e Hipólito Irigoyen, a metros de la Legislatura. Pero el accionar de los uniformados fue obstaculizado por una manifestación espontánea; eso finalmente evitó que un patrullero se llevara a la mujer y sus mates. En razón a lo ocurrido, el fiscal general se vio obligado a concurrir a la Legislatura para dar las explicaciones del caso.

Desde entonces, con el visto bueno de Macri, cambió la dirección de su cruzada, ordenando unos 120 desalojos de inmuebles y terrenos ocupados por familias carenciadas.

Pero el 20 de octubre de ese año se le presentó un asunto que dejó una huella en su biografía. Aquel día Macri miraba la calle desde la ventana de su despacho como si viera un partido en un palco de la Bombonera. A su lado estaba Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios. Uno de ellos mantenía una permanente comunicación telefónica con Garavano, cuyo secretario a su vez hablaba por otro aparato con la doctora Massaglia; ella acababa de ordenar a la Guardia de Infantería que impidiera la instalación de la carpa docente sobre la Avenida de Mayo.

Eso desató forcejeos y, después, una violenta represión. Su resultado: tres maestros heridos y un paro nacional. El asunto sorprendió a los diputados que en la Legislatura debatían la ley que permitiría la creación de la Policía Metropolitana. Los incidentes, desde luego, postergaron su aprobación.

Es posible que el Doctor haya evocado tal episodio casi nueve años más tarde. Y que al hacerlo se sintiera un auténtico pionero en la materia. Era la noche del 9 de abril de 2017 y la policía apaleaba con saña furibunda a los docentes que habían intentado armar la Escuela Itinerante en la Plaza de los dos Congresos. Y él sólo atinó decir: “Es muy  importante que se cumplan las normas para instalar una carpa o hacer una manifestación”.

La correlación de fuerzas había variado: Macri ahora era el presidente, Garavano estaba al mando del Ministerio de Justicia y los palazos constituían una política de Estado.

Garavano contra la “Milagro Sala de Mendoza”

El restaurador de las leyes

Fruto de un discreto nivel de exposición, el nombramiento ministerial de aquel hombre con piel aceitunada, cabello revuelto, gafas y eterno traje oscuro causó en los días posteriores al 10 de diciembre del 2015 una excelente impresión en el espíritu público. Máxime cuando desde entonces ya enarbolaba el “Proyecto Justicia 2020”, tendiente a modernizar –según sus palabras– el “aspecto social en la administración del derecho”. Una definición imprecisa pero bonita.

Lo cierto es que semejante iniciativa puso al descubierto su pertenencia al sello impulsor del asunto: la ONG “Foros de Estudios sobre Administración de la Justicia (Fores), un antro que aportó cuadros jurídicos al régimen militar; luego, ya en democracia, no tuvo pudor en propagar las bondades del sistema penal sudafricano en pleno apartheid y desde 2004 está abocada a su combate contra los juicios por delitos de lesa humanidad. De hecho, precisamente aquel es uno de los ejes de Garavano en su gestión.

#UnaMás

Tertulias con abogados de genocidas presos, audiencias con sus familias en la ex ESMA, encuentros reservados con Cecilia Pando, negacionismo en módicas cuotas, teoría de los dos demonios a granel y “reconciliación” forman parte de una agenda cuyo hito fue el fallo del 2×1. Una osadía ejecutada por la Corte Suprema pero concebida desde las sombras por Avruj y él –entre otros integrantes del gobierno nacional– en sintonía con la Santa Iglesia.

Claro que su gran entrega a esta causa le deparó malos momentos; como durante la visita de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la ex ESMA, cuando Horacio Verbitsky le lanzó al rostro el siguiente comentario: “Suelo decir sin quitarle mérito a Néstor Kirchner que cuando él asumió ya había entre 70 y un centenar de represores detenidos. Y eso fue por la lucha de la sociedad argentina impidiendo que las causas se pudieran cerrar: esto debería servir como advertencia. Así que no lo intenten porque lo vamos a impedir”.

Y su respuesta fue:

– Esto que vos decís hay que sostenerlo, pero no desde la presión, no desde la amenaza, sino desde un tema cultural.

– No es una amenaza. Es recordarles episodios de la historia para que los tengan en cuenta –remató el periodista.

No menores fueron sus jaquecas por el impacto local e internacional del encarcelamiento de Milagro Sala en base a un proceso jurídico fraudulento y casi medieval. Aún así, el siempre “positivo” Germán no dudó en alegar: “Ella no es una presa política. Porque con las tres condenas que recibió en tribunales de Jujuy se alejaron los fantasmas de una persecución en su contra. Creo que es un buen ejemplo de una justicia que funciona”.

Otra de sus cruzadas aún lejos de buen puerto gira en torno a una de las más caras obsesiones del presidente Mauricio: la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Un asunto que pone en jaque los atributos constitucionales de independencia del Ministerio Público Fiscal. No obstante, en el más reciente capítulo de su ofensiva contra ella, el Doctor no dudó en exponer una nueva “posverdad” para su alejamiento: “No combatió el delito y la corrupción”.

Derechos Humanos recortados

En cambio, la maniobra en el Consejo de la Magistratura que provocó la suspensión del camarista federal Eduardo Freiler tuvo un resultado diferente. Fue una intriga palaciega que incluyó la eyección de un consejero del cuerpo para “hacer número” en la votación. Una notable proeza en el campo de la dramaturgia en base a un plan concebido por el abogado Alejandro Fargosi junto al inefable lobista tribunalicio Daniel Angelici y bajo el mando táctico del Doctor. Macri aplaudió semejante logro a rabiar ya que fue un importante paso en materia de intervención oficial sobre las decisiones judiciales.

Quizás por esa razón, durante el fin de semana largo el Presidente tuvo la deferencia de llamarlo desde el sur, donde vacacionaba.

Y sus palabras fueron: “Mucha suerte el martes con Pato”.

“Pato” es la Bullrich. Y se refería a la reunión con los organismos de Derechos Humanos.

Ya se sabe que en esa oportunidad no hubo “suerte”.

Macri en deuda con las mujeres

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