Privatizar la Defensa

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La oscura sombra de los recortes estatales alcanzó en estos días el área de Defensa. El Gobierno apura un proyecto para desprenderse de terrenos y propiedades del Ejército y suspender la fabricación de radares del INVAP. El plan incluye retiros y bajas del personal militar pero también afectará a los trabajadores de FAdeA y Tandanor.

La información se conoció a fines de esta semana en algunos sitios especializados en materia de seguridad y fue ampliada por un medio de comunicación de los servicios militares británicos. El documento titulado: “Contribución de la Jurisdicción Defensa al Esfuerzo Fiscal”, tiene como autor al propio Ministerio de Defensa, a cargo de Julio César Martínez.

El proyecto, de ejecutarse, prevé un profundo recorte de recursos, que podría llegar hasta los 4.600 millones de pesos, y la venta de propiedades del Ejército por un monto similar. Entre las acciones afectadas está la paralización del cambio de motores de los 19 aviones militares “Pucará”, que se comenzó a implementar a mediados de 2015, y que está a cargo de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El ajuste más cuantioso está en la interrupción de la remotorización de los Pucará, que permitirá “ahorrar” unos 3.800 millones de acuerdo a los cálculos oficiales.

El recorte afectará el cambio de motores de los 19 aviones militares “Pucará”, que se comenzó a implementar a mediados de 2015, y que está a cargo de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El recorte alcanzará también a las comisiones en el exterior, que planean limitarse a lo mínimo indispensable, en tanto que el Operativo Escudo Norte se verá afectado en el repliegue de 1.800 efectivos que dejarán esos puestos.

El Escudo Norte es un plan que puso en ejecución Cristina Fernández en 2011 para contribuir en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el NOA y NEA. Con el recorte proyectado en este documento, el Operativo se achicaría en más de un tercio de su estructura.

Además, el listado de ajustes que se filtró en los foros militares incluye la detención de la reparación del submarino ARA Santa Cruz y la suspensión de la fabricación y modernización de radares tridimensionales. Esto último es un golpe directo al corazón de la empresa estatal INVAP, que desde hace más de dos años trabaja en el desarrollo de este equipamiento que es de uso tanto para defensa como para las áreas de seguridad, porque permite detectar aeronaves independientemente de que éstas quieran ser detectadas o no. Además, una política en dirección opuesta a uno de los tres ejes de campaña de Cambiemos: derrotar el narcotráfico, dado que los radares se usan justamente para controlar las zonas fronterizas y los ingresos de vuelos ilegales.

En cuanto a obras, se suspenderían las tareas de mantenimiento y recuperación del Dique 2 de la Base Naval Puerto Belgrano, se descontinuarían mejoras en instalaciones de Fabricaciones Militares y algunos proyectos del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef).

Como chatarra

Según pudo conocer Nuestras Voces, entre los planes de ajuste figura vender “como chatarra” muchos de los aviones de flotas que ya no se usan y que están en hangares de las bases militares. El objetivo es doble: recuperar recursos a través de la venta de naves viejas y, a la vez, liberar espacios para concentrar aeródromos militares, sobre todo de las zonas del conurbano bonaerenses.

Sin embargo, ese plan no contempla el valor histórico que mucho de ese material tiene, incluso por su participación en el conflicto Malvinas, como los Hércules C-130 o los Fokker; o en otras acciones de la trayectoria militar.

Entre los planes de ajuste figura vender “como chatarra” muchos de los aviones de flotas que ya no se usan y que están en hangares de las bases militares. Sin embargo, ese plan no contempla el valor histórico que mucho de ese material tiene, incluso por su participación en el conflicto Malvinas.

Específicamente, los Hércules fueron los que se utilizaron para el transporte de las tropas a las Islas, y de hecho el 14 de junio fue el último avión en salir de Malvinas antes de la rendición, por lo que tiene un alto valor simbólico para los ex combatientes que están próximos a conmemorar un nuevo aniversario del 2 de abril.

Además, el Ejército se desprendería de más de la mitad de sus vehículos blindados, que se utilizan sobre todo para transportar personal o armamento en terrenos irregulares por su tracción por cadenas.

Jubilar la tierra

El ajuste implicará también la venta de terrenos del Estado al sector privado. Aún se desconoce los alcances totales, dado que se estipuló que podrían incluirse propiedades en el exterior, pero ya comenzaron a verse los primeros trazos.

Esta semana, el diario Jornada de Mendoza publicó un artículo en el que se informa que el Gobierno puso a la venta unas 15.500 hectáreas ubicadas en las provincias de Córdoba y Mendoza, que son propiedad del Ejército argentino.

El Gobierno puso a la venta unas 15.500 hectáreas ubicadas en las provincias de Córdoba y Mendoza, que son propiedad del Ejército argentino.

En Mendoza se trata de unas 7.216 hectáreas que pertenecen al “Campo de Los Andes”, un cuartel militar ubicado en Tunuyán, una zona típicamente vitivinícola.

Los terrenos de Tunuyan figuran en el documento que se filtró. De acuerdo a ese material, el Estado conseguiría con la venta de Campo de los Andes unos 90 millones de dólares, siendo una de las operaciones más fuertes en el desprendimiento de bienes del Ejército. Además, se planean rematar propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Santa Fe.

En el exterior, en tanto, Defensa se desprenderá del edificio anexo de la Embajada Argentina en Estados Unidos, ubicado en R Street Northwest 2136.

Los planes de privatización de los bienes de las Fuerzas Armadas para logar metas fiscales se habían deslizado a comienzos de la gestión Cambiemos, pero las autoridades del Ministerio de Defensa desmintieron oportunamente lo que un año después parece comenzar a materializarse.

Además, el informe que se filtró incluye un plan de retiros y bajas, que afectará al personal militar en rangos de oficiales y suboficiales, pero también a personal civil de FAdeA y Tandanor (el astillero que Menem privatizó en 1991 y que Kirchner reestatizó en 2007, luego de una recuperación por parte de los trabajadores en 2001). Sólo entre FAdeA y Tandanor, Defensa aplicará una drástica reducción de personal que afectará a 250 trabajadores. En la Fábrica de Aviones el macrismo ya había aplicado el año pasado una política fuerte de despidos, que bajó de 1.600 a 1.180 operarios. De continuar con el ajuste, la empresa perdería casi un 20 por ciento de su planta de un tirón.

 

Ajuste en Defensa La Propuesta Oficial by nuestrasvocesok on Scribd

@alegiuffrida

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