Radiografía de un ministerio cuestionado

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El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se alinea a la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas” pero resalta por su empeño en desarrollar objetivos propios: la represión a toda forma de protesta social, la demagogia punitiva y la persecución de funcionarios del gobierno anterior. Para hacerlo tiene un grupo de funcionarios con experiencia en represión ilegal, secuestros extorsivos y abusos policiales, entre otros delitos. Quiénes son, de dónde vienen y qué aportan Eugenio Burzaco, Gerardo Milman, Pablo Noceti, Daniel Barberis y Gonzalo Cané.

Una coincidencia escenográfica: en enero de 2016, a días de que el famoso “Chapo” Guzmán fuera atrapado en Sinaloa y exhibido ante las cámaras entre efectivos antidroga con uniformes de combate, pasamontañas, gafas oscuras y cascos, aquí, en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, su segundo en jerarquía, Eugenio Burzaco, daba una conferencia de prensa escoltado por dos sujetos –o muñecos, porque no se movían– con idéntica indumentaria. Esa pintoresca imagen sorprendió a los televidentes.

Apenas cinco semanas antes, el flamante Presidente había entronizado en la titularidad de aquella cartera a Patricia Bullrich. Era el 10 de diciembre de 2015. Pero pasadas sólo 96 horas de ese instante tan grato, el acto inicial de su gestión tuvo un contratiempo: 43 gendarmes muertos al desbarrancarse en un puente próximo a la ciudad salteña de Rosario de la Frontera el micro que los transportaba hacia Jujuy para disolver un acampe de la organización Túpac Amaru. Un mal augurio institucional.

Ahora Burzaco se explayaba sobre la fuga –aún en pleno desarrollo– de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, un thriller con ribetes desopilantes. Y hacía hincapié en la “gran apoyatura logística” que los asistía por ser –según su parecer– miembros de “un importante cártel mexicano”. Tal hipótesis sería también esgrimida en los días siguientes por la señora Bullrich con un énfasis singular. Luego se supo que no era así; en realidad el desamparo de la huida había convertido a esos presos –condenados por el llamado “triple crimen de la efedrina”– en tres peligrosos linyeras.

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También derivó en una comedia de enredos la aparatosa extradición del traficante de esa pócima, Ivar Pérez Corradi. “Si yo fuese Aníbal Fernández, estaría muy preocupada”, soltó Bullrich. A su lado, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, sonreía a sabiendas de que el tipo había pactado con ellos declarar en contra de figuras del kirchnerismo. Pero sus dichos en sede judicial terminaron enlodando únicamente al principal aliado radical del PRO, Ernesto Sanz, por una dádiva.

Apenas dos ejemplos de la extensa lista de yerros e inexactitudes en las que “Pato” suele incurrir tanto en la evaluación estratégica de casos trabajados por el Ministerio como al informar las conclusiones a la ciudadanía y al propio Presidente. En su defensa, el diputado mendocino Luis Petri –nada menos que su espada y vocero en la Cámara Baja, además de presidir allí la Comisión de Seguridad– argumentó el año pasado al programa radial Tormenta de ideas: “Ella es muy trabajadora, pero la hacen equivocar, le pasan pistas falsas y la llevan a seguir líneas investigativas erróneas”.

Más allá tales problemas, la gestión de Bullrich –debidamente alineada a la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas” y la guerra contra el narcotráfico cuando ésta ya es obsoleta en el resto del planeta– resalta por su empeño en desarrollar objetivos propios; entre estos: la represión a toda forma de protesta social, la demagogia punitiva y la persecución de funcionarios del gobierno anterior.

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En semejante gesta, Burzaco y Milman siempre se mostraron en público junto a la ministra en calidad de fieles escuderos. Pero las graves derivaciones que tuvo la desaparición de Santiago Maldonado dejaron al descubierto a otros integrantes de su equipo, el mejor de los últimos 33 años (o sea, desde el final de la dictadura); a saber: Daniel Barberis, Gonzalo Cané y Pablo Noceti. Tres funcionarios con sobradas razones para el bajo perfil.

Los jinetes del Apocalipsis

Para saber quiénes velan por la seguridad de los argentinos nunca resultó más oportuno repasar los antecedentes de estos cinco personajes.

El primero de ellos es el más versado en la materia. Hijo del secretario de Medios en la primera época del menemismo, Burzaco exhibe impecables antecedentes académicos: licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador y un máster en Políticas Públicas de la Georgetown University. Admirador confeso de Jesús y la Madre Teresa de Calcuta, este muchacho profundamente católico se volcó a la función pública por su gran vocación de servicio: tras un paso por la SIDE –que no figura en su currículum– se puso a disposición del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, para asesorar entre 2004 y 2005 a la policía de esa provincia. En aquella época, Neuquén se convirtió en la capital de la mano dura. De hecho, durante el período en que Burzaco aplicó allí sus conocimientos se registraron mil denuncias por abusos policiales. Y las ejecuciones de civiles por uniformados prosperaron de una forma alarmante. En 2007 fue asesinado allí el maestro Carlos Fuentealba. En aquel entonces, Burzaco asesoraba a la Policía de Mendoza, una de las más brutales del país. Y trabajó codo a codo con el ultraconservador ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, y el jefe policial, Carlos Rico Tejeiro, quien tuvo que renunciar al quedar en evidencia su pasado como represor durante la dictadura. Como coletazo de semejante escándalo, Burzaco se vio obligado a regresar a Buenos Aires. Entonces se sumó al grupo Sophia, donde haría muy buenas migas con Horacio Rodríguez Larreta. De su mano fue elegido diputado por el PRO. Y luego terminó siendo el primer jefe civil de la Policía Metropolitana. A la vez volcó su gran sapiencia en el libro Mano Justa, junto al cual la obra del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, Terrorismo en la aldea global, posee el candor de El Principito.

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Por su parte, Milman es un verdadero improvisado en los saberes de la seguridad. Este tránsfuga de la política –desertó del radicalismo para ponerse, primero, bajo el ala de Elia Carrió, y después, de Margarita Stolbizer, antes de su giro macrista– también es un ignaro en el campo de la comunicación; aún así integró hasta 2016 el directorio de la AFSCA (el organismo encargado de aplicar la ley de medios) como representante opositor. Ahora, en comparación con sus colegas de gabinete, él es apenas un bebé de pecho que suele exagerar su tibieza de principiante con ciertos exabruptos; por caso: “Sabemos que hay muchos zurdos afuera, que deben saber que vamos por ellos”, dijo durante una conferencia de prensa en diciembre de 2016. Pero más allá de las palabras, su único pecado fáctico fue haber sido el autor del “Protocolo antipiquetes”. Sin embargo, quizás sea recordado por las futuras generaciones en virtud de su ameno instructivo difundido por Twitter sobre cómo detectar a pandilleros de las “maras” centroamericanas con textos plagiados del portal escolar El rincón del vago. Se rumorea que él habría sido persuadido en tal sentido por terceros de uniforme –seguramente con ánimo de chanza– a raíz de la captura de dos dealers peruanos que lucían profusos tatuajes. En el dream team ministerial él es una suerte de “mandadero en jefe”. Y el caso Maldonado no le alteró ese intrascendente destino.

El 22 de agosto, Milman se torturaba con los dientes el labio inferior en el salón del Ministerio de Justicia donde transcurría un vidrioso cónclave entre altos funcionarios nacionales y representantes de los organismos de Derechos Humanos. Lo había puesto nervioso un cruce de su jefa con la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. De pronto, José Shulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,  enfiló hacia el baño. Allí fue increpado por dos septuagenarios que acababan de orinar. “¡Ustedes están defendiendo a un guerrillero!”, disparó uno de ellos. Y el otro, amplió: “El chico participó en una operación de la RAM donde fue apuñalado por un puestero”. Quien habló primero era el director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Barberis. Y quien redondeó el concepto, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané. Ambos tuvieron un rol primordial en la intoxicación de esa pesquisa.

La Argentina peritada

Seis días antes, en su visita a la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra Bullrich lanzó: “Enviamos un equipo de psicólogos que hicieron un trabajo con 40 gendarmes que estuvieron en el lugar para entrevistarlos uno por uno, y no hemos visto contradicciones”. Se refería a los interrogatorios de Barberis. Y esa frase bastó para poner su nombre a la luz de la prensa. Hasta entonces ni se sabía que el ministerio tenía un área de Violencia Institucional. Por lo tanto también se ignoraba que la única experiencia de su titular con el tema de la seguridad era –según revelaron los periodistas de Nuestras Voces y C5N, Juan Alonso y Mariano Hamilton– su pasado de secuestrador extorsivo. Los casos del empresario Julio Kancepolski (1977) y César Cohen, un niño de apenas 12 años (1985), lo atestiguan. Por tal actividad residió siete años en la cárcel de Villa Devoto. Su resurrección civil comenzó en la era menemista al amparo de Carlos Grosso y Carlos Ruckauf. Previamente había fundado una ONG para ayudar a presos. Después –y hasta su debut en la función pública macrista– regenteó dos fundaciones: el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía (ILAPyC) y la Fundación Más Paz Menos Sida. Ahora, ya enfundado en su traje ministerial, sus compinches de antaño lo consideran “un tumbero que se hizo amigo de la gorra”. En cierto modo la razón los asiste: su misión de desligar a los gendarmes de la desaparición de Maldonado ya es de dominio público. “Si no podemos salir juntos de este barco, se encalla. Porque en este barco están ustedes y nosotros”, les dijo a cuatro de ellos. El registro sonoro de tal “sincericidio” fue incorporado al expediente. Desde entonces su futuro es incierto.

Por su parte, el doctor Gonzalo Cané fue el “interventor” gubernamental en el juzgado de Guido Otranto. Ese sujeto algo obeso, desaliñado, jactancioso y bocón se había convertido en su sombra desde el comienzo de la causa. Su presencia en Esquel ya era parte del paisaje. En los restoranes que frecuentaba, cualquier persona podía acceder a los más delicados secretos de Estado con sólo sentarse a metros de su mesa. Al mediodía del 21 de septiembre se le oyó gritar al celular: “¡No hay posibilidad alguna de que la Cámara Federal recuse a Guido!”. Del otro lado de la línea estaba la ministra. Ya se sabe que 24 horas después el magistrado fue apartado del caso. Abogado de profesión, liberal en grado cavernícola y twittero compulsivo, el “Gordo” –así como lo llama a sus espaldas el personal del ministerio– fue convocado por Bullrich en razón a su llegada al Poder Judicial. De hecho, hasta su designación fue secretario letrado del área previsional de la Corte Suprema. Desde esa función supo favorecer con un ímpetu casi obsceno los reclamos por haberes jubilatorios de militares y policías. Desde la red social de los 140 caracteres suele dejar las huellas de su visión del mundo, un imaginario atravesado por los siguientes tópicos: su fervor por las “ejecuciones sumarias” de malvivientes por “vecinos” armados y la incompatibilidad de la democracia con la aplicación del derecho penal. Aquel jueves, luego de su comunicación telefónica con la ministra, Cané viajó a Buenos Aires con la idea de regresar a Esquel tres días más tarde. Ahora, por razones que son de dominio público, tal propósito perdió todo sentido.

Claro que el más perjudicado por el súbito giro del expediente hacia el juzgado federal de Rawson es el jefe del gabinete ministerial, Pablo Noceti, ya que el alejamiento de Otranto lo sitúa a muy corta distancia de una posible indagatoria. Gajes de la vida.

Nacido en San Isidro, heredó el nombre del padre, quien en unión con la señora Helena Galeano tuvo otros cuatro vástagos; así conformó una típica familia de clase media en la que no sobraba el dinero. Pablo –de 51 años–jugó al rugby en el SIC, del cual su progenitor fue directivo. Aquel abogado oscuro y taciturno, como atrapado en el laberinto de algún secreto, es un amante del kitesurf y de la última dictadura. Lo primero consta en su página de Facebook (Amemu Est); lo otro, en sus alegatos como defensor de genocidas. Por eso no sorprende que califique los juicios contra ellos como la “legalización de una venganza diseñada por el poder político al servicio de inconfesables intereses”  o que la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final “tendría que avergonzar a todo  jurista serio de la República”. Su cosmovisión baila sobre tres ejes: la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista. Así redondeó su reivindicación teórica de la desaparición forzada de opositores. Y con una escalofriante economía de palabras: “Un enemigo no convencional exige protocolos atípicos”. Ahora casi no hay dudas de que pudo llevar dicha máxima a la praxis al convertirse en el ideólogo y diseñador de la persecución a la comunidad mapuche en Chubut.

Su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago está hoy en boca de todo el país.

Maquiavelo para principiantes 

La sólida declaración testimonial del joven mapuche Matías Santana coincidió con la estrepitosa caída de la hipótesis del puestero acuchillador. Ambas cosas sucedieron hace casi dos semanas. En aquel momento, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se vio en la necesidad de reconocer: “Probablemente los gendarmes no dijeron la verdad en un primer momento”.

Aquella frase fue una afrenta para la ministra Bullrich, quien por unos días fue puesta –a raíz de una directiva presidencial– en cuarentena mediática, algo que le cayó aún peor.

“Es para cuidarte, Patricia”, le dijo entonces el jefe de gabinete Marcos Peña Braun. Pero la fractura entre Garavano y ella era ya irremediable.

El siguiente capítulo de esta novela fue el bloqueo del arribo al país de expertos de la ONU para efectuar aportes a la pesquisa del caso. Aquella visita había sido aprobada por Garavano, pero Peña –hombre salomónico si los hay– la frenó a último momento.

“Es para cuidarte, Germán”, le susurró al asombrado ministro. Pero él sabía que el motivo real de la cancelación era no esmerilar aún más a Bullrich.

Sin embargo, ella sufre un problemita que ya hizo metástasis en todo el Poder Ejecutivo: no poder explicar que hizo Noceti en la Pu Lof de Cushamen antes, durante y después de la fatídica represión del 1º de agosto.

Por lo pronto, aquel impedimento preocupa de sobremanera al propio Mauricio Macri. Y el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, lo mantiene informado casi con la misma febrilidad con la que el mandatario llama a Bullrich todas las mañanas para oír de su boca su versión de esas mismas noticias.

Quien se relame con la situación es el mismísimo Burzaco. No es una novedad que él mantiene con su jefa una añeja disputa por espacios de poder.

Para colmo, quien metió el hocico en el asunto fue Lilita Carrió al salir en defensa de Bullrich afirmando que “la quiere voltear una alianza entre el kirchnerismo y el narcotráfico”. Y al respecto mencionó el supuesto rol en esa intriga del subsecretario de Delito Organizado y Complejo, Juan Furlong –un alfil de Burzaco–, al cual la líder de la Coalición Cívica da ya por renunciado cuando aún sigue en funciones hasta nuevo aviso.

En los últimos meses el radio de acción de Burzaco se vio acotado de un modo casi ofensivo, ya que la ministra delegó sus funciones más importantes en un hombre de su máxima confianza: el inefable Noceti.

Aún así, en los actos oficiales, Burzaco continúa exhibiéndose con una sonrisa junto a Bullrich.

Un ejemplo extremo de que la política es el arte de lo posible.

 

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