Asesinato de Rafa Nahuel: detienen al prefecto que lo mató y denuncian a Bullrich y Nocetti

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El prefecto del Grupo Albatros Javier Pintos fue detenido por asesinar por la espalda a Rafael Nahuel, quien realizaba una toma de tierras pacífica junto a otros mapuches en el Lago Mascardi, en Bariloche. La ministra Patricia Bullrich y su ex jefe de Gabinete, Pablo Nocetti, intentaron instalar desde el principio la historia de un supuesto enfrentamiento, aunque las pericias demostraron lo contrario. Ahora la APDH los denunció como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, señalando que desde diciembre de 2015 el conflicto tuvo “un salto cualitativo de violencia y muerte”.

Pasaron 563 días del asesinato de Rafael Nahuel. Transcurrieron unas 13.536 horas desde que la bala de un subfusil MP5 entró por el glúteo del joven de 22 años y acabó con su vida en Villa Mascardi. En 1 año, 6 meses y 16 días las pericias e investigaciones demostraron que el arma pertenecía al prefecto Francisco Javier Pintos y había sido disparada por él aquel 25 de noviembre de 2017. Lo mató por la espalda.

En todo ese tiempo, desde el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, se dijo y se difundió por los medios hegemónicos -una y otra vez- que la muerte se produjo en medio de un enfrentamiento entre dos bandos. El 15 de mayo la Cámara Federal de General Roca dictó el procesamiento con prisión preventiva al prefecto, pero recién este martes fue detenido y encarcelado en un destacamento de San Isidro, a la espera de ser trasladado a una prisión Federal.

La orden partió de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien libró el exhorto que le envió su par de Bariloche, Leónidas Moldes, ese mismo día. El prefecto, de 29 años de edad nacido en Formosa, perteneciente a la tropa de élite denominada Albatros, fue arrestado en su casa del barrio bonaerense de San Fernando y acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

La inspección del juez comprobó que solo Prefectura disparó

El abogado Juan Mandagarán, junto a Julieta Blanco y Natalia Araya son quienes están llevando adelante la defensa de la familia de Rafael Nahuel que busca justicia por su hijo asesinado.

“Estamos conformes con los pasos que vamos dando porque las cosas están empezando a resolverse”, dijo Mandagarán a Nuestras Voces. A la vez el letrado confirmó que solicitarán “que se realicen las pericias nuevamente” porque según sostuvo “es necesario que se junten todos los peritos para certificar que las primeras pericias llevadas adelante por Gendarmería no se hicieron del modo debido, por eso queremos que reconozcan los errores cometido de su parte”.

La pena en expectativa que se cierne sobre el encausado en razón de la calificación legal escogida por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca indica que serían entre 10 y 33 años de prisión; según el artículo 79 del Código Penal.

La defensa de Pintos apeló ante la Cámara Federal de General Roca la prisión preventiva y cuestionó el procesamiento pero el planteo fue rechazado por los jueces y eso definió que continuara efectiva la resolución judicial.

Vale tener en cuenta que quien oficia de abogado defensor del prefecto Pintos es el ex funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense de Cristian Ritondo, Marcelo Rocchetti.

Este abogado, que supo ser el Jefe de Gabinete y la mano derecha del ministro predilecto de María Eugenia Vidal, debió renunciar al ser señalado como socio en una aseguradora de Alfredo “Freddy” Lijo -operador judicial y hermano del juez federal Ariel Lijo- ambos vinculados en una causa por presunta asociación ilícita.

Por otro lado, la Cámara de General Roca, integrada por los jueces Marian Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreiro revocaron los procesamientos de los otros cuatro miembros de Albatros -Sergio Cavia, Sergio García, Juan Obregón y Carlos Sosa- y les dictó la falta de mérito, al tiempo que ordenó profundizar la investigación del hecho.

Bullrich y Nocetti, denunciados

Tras conocerse la detención del prefecto Francisco Javier Pintos. la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su ex jefe de Gabinete, Pablo Nocetti, además de otros funcionarios de la cartera.

En la denuncia se los indica como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, y señalan que ese conflicto, desde diciembre del año 2015, tuvo “un salto cualitativo de violencia y muerte”.

El organismo de Derechos Humanos remarca la implementación por parte del Estado de un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches que es responsable, además, del fallecimiento de Santiago Maldonado, muerto durante la represión de Gendarmería en Chubut  en agosto de 2017 y de la de Rafael Nahuel, asesinado de un disparo por la espalda en noviembre de ese año en Río Negro, durante un desalojo realizado por Prefectura.

La APDH exige que se investigue el rol de la ministra y el resto de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad “por ser autores de esta represión planificada”, indicaron en un comunicado.

La Asamblea incluye como máxima responsable a Patricia Bullrich y como autores mediatos a Nocetti, al exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cané y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman.

La APDH sostiene que se trata de “un plan criminal coordinado desde la más alta esfera del Estado, con el objetivo de llevar adelante un accionar represivo premeditado contra las distintas comunidades mapuches” con un doble objetivo: impedir el derecho a la protesta y el reclamo de tierras, así como “favorecer a diferentes negocios inmobiliarios”.

“Mediante la utilización de figuras como la flagrancia, la eliminación de la prohibición al uso de armas de fuego y el autocontrol de las fuerzas de seguridad, entre otras situaciones, se fueron generando las condiciones para la ejecución de este accionar ilegítimo, violento y de muerte, y que tiene como máxima responsable a Patricia Bullrich”, detallan en el comunicado.

“Usan el mismo discurso de la Campaña del Desierto”

En diálogo con Nuestras Voces, el presidente de la APDH de Bariloche, Rubén Marigo, sostuvo que “tanto en el caso de Rafael Nahuel como en el de Santiago Maldonado, la ministra Patricia Bullrich ha actuado con una clara injerencia sobre el Poder Judicial y tratando de hacer efectiva la ‘doctrina Chocobar’ y justificando la represión de los sectores más vulnerables y en especial a aquellos como las comunidades originarias”.

¿Es Pintos el único culpable?

El 10 de junio de 2018 Nuestras Voces publicó el artículo titulado Pintos, el que apretó el gatillo. En esa nota este medio mostraba en exclusiva el acta que se labró tras el operativo, donde se constata que el cabo primero Francisco Javier Pintos efectuó más de 50 disparos con sus armas: una pistola Beretta y un subfusil MP5. Se tomó en cuenta que, tal como demostraron las pericias, ese día se efectuaron 114 disparos en total y participaron de la cacería cinco uniformados. Pintos era uno de los que más disparó.

Para la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el objetivo sigue siendo instalar la teoría del enfrentamiento armado. Desde aquel comunicado falaz –a pocas horas del asesinato de Rafael Nahuel– en el que se decía que los mapuches portaban “armas de grueso calibre” que “arrancaban los árboles de cuajo”, la idea es justificar el asesinato ya que –según sus palabras y las de la vicepresidenta Gabriela Michetti– “los miembros de la Prefectura cumplían con la orden judicial de mantener desalojado el predio cuando repelieron un ataque con armas de fuego”.

Todo parecería indicar que Francisco Javier Pintos sería el hombre que disparó más de 50 tiros hasta matar a Rafael Nahuel aquel 25 de noviembre de 2017. Pero ¿quiénes dieron la orden de abrir fuego?

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Ulises Rodríguez

Ulises Rodríguez

Periodista y locutor. Especializado en temáticas culturales, escribió en Anfibia, Infobae y la Revista Acción. Formó parte de Infonews y realizó publicaciones en Escribiendocine.

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