La fiscal que defiende a Gendarmería

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La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, decidió apartar de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado a los expertos aportados por la Procuración de Violencia Institucional (PROCUVIN). Un guiño para el gobierno que insiste con que no hay pruebas para sostener la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago y un nuevo intento para diluir la responsabilidad de Gendarmería. No es la primera vez que Ávila trabaja para garantizar la impunidad: la fiscal informó al gobierno todos los pasos procesales, se negó a intervenir líneas telefónicas de los gendarmes y ocultó información.

“Sobrevivió como una cucaracha a una hecatombe nuclear”. Con esa frase un abogado chubutense supo definir a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila. Y los hechos le dan la razón. Un siglo parece haber transcurrido desde el 22 de septiembre, cuando el juez Guido Otranto, su socio en la sombra, fue recusado del expediente que investiga la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. Todo entonces sugería para ella un destino idéntico. No fue así, al punto de que ahora esa mujer, con mirada huidiza y modales sinuosos, acaba de apartar de la pesquisa a los expertos aportados por la Procuración de Violencia Institucional (PROCUVIN), quienes tenían bajo la lupa el rol de Gendarmería en el asunto. Un gran guiño para el Poder Ejecutivo nacional. Pero no el primero.

La doctora Ávila no había causado buena impresión en los querellantes del caso. Pero su actitud recelosa y desganada fue al principio atribuida a una cuestión de personalidad, un temperamento sobrepasado por el extraordinario devenir de los acontecimientos. Así, a regañadientes, dio sus primeros pasos en la causa que Otranto le había delegado. Así también aceptó la colaboración de la Procuvin por pedido expreso de la familia de Santiago y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Así, dócil y silenciosa, se fotografió el 29 de agosto en Buenos Aires junto a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Nada aún auguraba su lado oscuro. Aunque apenas por unas horas.

Durante el atardecer de aquel mismo martes fue difundido el increíble informe elevado por ella al Ministerio de Justicia para ser remitido a la ONU. Allí aseguraba que todavía no había pruebas para sostener la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago. Entonces empezaron a tomar estado público una serie de omisiones y maniobras articuladas desde el juzgado de Otranto y su propio despacho para diluir la responsabilidad de los uniformados y del funcionario ministerial Pablo Noceti, quien tuvo en sus manos la coordinación estratégica del operativo represivo del 1º de agosto en la Pu Lof de Cushamen.

Noceti, la mano ultraderecha de Bullrich

Dos días antes, el autor de esta nota había revelado en el diario Tiempo Argentino la existencia de una base logística de la Gendarmería en el casco de la estancia Leleque, del Grupo Benetton. Eso causó que en la tarde siguiente la fiscal elevara al juez –por orden de la PROCUVIN– un pedido de allanamiento en aquel lugar. Fiel a su estilo, lo hizo a regañadientes. A tal efecto, adjuntó a la solicitud una copia del artículo en cuestión. Pero para Otranto –un hombre de profundas convicciones religiosas– aquella ciudadela privada era parte de un “territorio sagrado”. De manera que se negó a realizar dicha diligencia con el argumento de que “la información periodística es insuficiente” para acreditar allí la existencia de dicha unidad operativa. Lo cierto es que Ávila aceptó la negativa a pies juntillas. Aunque ella bien sabía que 23 días antes, durante el rastrillaje con canes en el predio mapuche, su señoría –de mal talante por la desconfianza que le demostraban sus forzados anfitriones– se retiró a esperar los resultados del procedimiento precisamente en aquella base secreta. Vueltas de la vida.

En esa última semana de agosto, los acontecimientos que daban cuenta de la denodada militancia del juez y la fiscal en favor de la impunidad del caso comenzaron a precipitarse. Transcurría la mañana del día 30 cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, abordaba en la Cámara de Diputados –durante su informe de gestión– los detalles de la pesquisa por el paradero de Santiago. Y pese a eludir la figura de la “desaparición forzada”, llamaba poderosamente la atención su sólido conocimiento de la causa, como si supiera el expediente de memoria. Eso también fue notable en las semanas posteriores. Ahora se sabe la razón. Ávila, en paralelo a sus funciones específicas, había asumido otra tarea: producir partes diarios para Noceti sobre la marcha del expediente. El diálogo entre ambos era permanente. Y él solía elevar aquellos informes al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien a su vez se los acercaba a Peña.

Mientras tanto, los superiores de la fiscal observaban con estupor que los elementos probatorios a su disposición eran hasta evaluados por la prensa sin que ella hiciera nada al respecto. A la vez trascendía la influyente cercanía de Ávila con su secretaria letrada, Rafaella Riccono, nada menos que cónyuge de Otranto. “Es como si el magistrado durmiera con la fiscalía”, aventuró en ese momento un integrante del ministerio público. Y tras la recusación, esa misma fuente no se privó de agregar: “Ahora es posible que en la cama ese matrimonio pueda volver al diálogo”.

La aparición forzada

En ese lapso, el doctor Noceti pudo dormir en paz. Sabía que Otranto no tenía pensado ordenar el cruce de sus llamadas, ya que –según sus palabras– el funcionario preferido de la ministra Patricia Bullrich “no estaba dentro de la hipótesis delictiva”. En realidad el magistrado temía que dicha pericia revelara llamadas a su propio teléfono efectuadas antes, durante y después del ataque de la Gendarmería a los mapuches. Pero al declinar estrepitosamente su buena estrella y ser reemplazado por el juez federal Gustavo Lleral, Noceti entró en pánico. Tanto es así que durante una reunión con algunos asesores en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes, sus gritos se filtraron desde su despacho: “¡Si quieren mi celular, no se los voy a dar nunca, nunca, nunca!”. Y ya fuera de sí, agregó: “¡Lo voy a tirar contra el piso y romper en mil pedazos!”.

Aquello al final no sucedió. Y aún nada indica que Lleral tenga previsto ponerlo a él bajo la órbita de sus sospechas.

“Con el hallazgo del cuerpo y el resultado preliminar de la autopsia las cosas cambian”, soltó Ávila el jueves en una rueda de prensa, aliviada por la decisión tomada por Lleral de considerar extinguido su trabajo en la causa por la “desaparición forzada” de Santiago. Y agregó que “ya no es necesaria la intervención de la procuraduría especial”.

Un integrante de la Procuvin sintetizó para Nuestras Voces el vínculo de aquella unidad fiscal con Ávila de manera lapidaria: “A nuestras espaldas, ella informaba al gobierno todos los pasos procesales. Se negó a intervenir líneas telefónicas de los gendarmes. Presentaba tarde todas las medidas solicitadas. Ocultaba información. Y exhibía una animosidad explícita hacia la familia de la víctima; tuvo problemas constantes con Sergio Maldonado, además de odiar de modo casi irracional a su abogada, Verónica Heredia, entre otras bajezas”.

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Asimismo, ayer Lleral rechazó en tiempo record un pedido del CELS para que la Procuvin continúe colaborando en la causa. Y con un fundamento razonable, pero involuntariamente cómico al aludir: “la autonomía funcional e independiente” de la fiscalía. Se refería, claro, a la doctora Ávila.

En tanto, ahora que todo el expediente está en sus manos, el juez deberá aclarar si la Gendarmería sigue bajo sospecha o no.

Una historia con calamitoso final abierto.

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Ricardo Ragendorfer

Ricardo Ragendorfer

Es considerado uno de los mejores cronistas del género policial en el país. Autor de libros como El otoño de los genocidas (2017) y Los doblados (2016). Además de colaborar en Nuestras Voces, escribe en el diario Tiempo Argentino, Revista Zoom y en la revista Caras y Caretas, entre otros.

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