Una jueza le dijo a Benetton y Bullrich que la RAM no actuó en el sur y absolvió a 6 mapuches

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Una jueza de Esquel absolvió a 6 mapuches, entre ellos Facundo Jones Huala, que eran acusados por la empresa Benetton de pertenecer a una supuesta -y nunca vista en Argentina- organización terrorista llamada RAM. En cambio, la jueza indicó que el Estado provincial debe resolver la cuestión de las tierras para las comunidades originarias, ordenó la creación de una Mesa de Diálogo que deberá arrojar resultados dentro de 90 días. Es un caso en el que la ministra Bullrich intervino con espionaje ilegal, operaciones judiciales e injerencia en las fiscalías provinciales. Su actuación resultó un fracaso.

Foto: Ministerio Público Fiscal de Chubut

DESDE ESQUEL. – Los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala fueron absueltos del delito de “usurpación y abigeato” impulsado por la empresa Benetton y la provincia de Chubut. Con el fallo de la jueza Karina Estefanía quedó demostrado que ninguno de ellos formaba parte de la supuesta organización terrorista llamada RAM, como había pretendido instalar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin bien la causa comenzó en marzo de 2015, la funcionaria hizo todo lo posible para que el expediente llegara a juicio y consolidar su estrategia persecutoria. Así fue como firmó un convenio con los Procuradores generales de Chubut, Río Negro y Neuquén para perseguir a la supuesta RAM. El montaje quedó ahora al descubierto.

La maniobra para inmiscuirse en las tareas de los ministerios públicos fiscales de las provincias tenía por objetivo evitar cualquier fisura en su alocada persecución hacia las comunidades mapuches. Esa estrategia quedó en evidencia cuando ante la falta de pruebas y las irregularidades detectadas en la causa por usurpación -que incluyó el espionaje de un ex agente de la SIDE y las presiones de la Sociedad Rural de Esquel- el fiscal a cargo de la instrucción, Oscar Oro, decidió retirar la acusación. Tras esa renuncia entró a jugar el acuerdo de Bullrich con los Procuradores Generales.

El fiscal Jorge Luis Miquelarena reemplazo a Oro por el fiscal Marcelo Crettón, quien tampoco pudo demostrar los delitos de usurpación y abigeato por los que se acusaba a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. La jueza Karina Estefanía resolvió denunciar al fiscal Oro ante el Consejo de la Magistratura de Chubut por mal desempeño de sus funciones. Uno de los ejes en ese supuesto mal desempeño detectado por la magistrada fue la confección de más de 50 legajos de investigación contra la Pu Lof que no pudieron ser sustentados con ningún material probatorio.

Oro fue funcional a Bullrich en distintas causas vinculadas a la RAM. La más flagrante fue la acusación que realizó contra cinco jóvenxs que se habían ido a solidarizar con la Pu Lof luego de una represión de la Gendarmería ocurrida en enero de 2017, a quiénes les endilgó la tenencia de armas de fuego, agresión contra la autoridad y abigeato. Durante el juicio a lxs cinco solidarixs, todos resultaron absueltos. En las audiencias quedó demostrado que no existió ningún robo de ganado y que quiénes habían sido agredidos a balazos por la policía de Chubut eran los acusados de violentos. Doctrina Bullrich en su máxima expresión.

Los espías de Benetton y Bullrich

Durante la lectura de su sentencia, que duró cuatro horas, la jueza de Esquel reconoció que es el Estado provincial quien debe resolver la cuestión de las tierras originarias para las comunidades. Por eso resolvió la creación de una Mesa de Diálogo que debería arrojar resultados dentro de 90 días.

Estefanía reconoció que había existido voluntad de diálogo por parte de la comunidad, lo que también demuele la teoría de que eran un grupo violento, como quiso instalar el Gobierno nacional en sus diferentes informes sobre la RAM.

En este sentido, la magistrada recordó un proceso de diálogo que se había iniciado en octubre de 2016 por la interrupción de las vías del tren la Trochita, que atraviesa el territorio recuperado. Esa instancia de diálogo había sido impulsada por el juez federal Guido Otranto; hubo dos encuentros y uno de ellos ocurrió en la Unidad Penal 14, donde estaba alojado Facundo Jones Huala. La mesa se rompió abruptamente cuando el por entonces gobernador Mario Das Neves decidió que no había que dialogar con ellos e impulsó el juicio político contra Otranto ante el Consejo de la Magistratura. Ese fue el momento en que recrudeció el ataque a la comunidad, bajo el imperio de la Doctrina Bullrich.

La causa por “usurpación y abigeato” era la base argumental de la ministra de Seguridad de la Alianza Cambiemos para sostener que los integrantes de la Pu Lof eran de la RAM. “Los integrantes de la comunidad negaron pertenecer a esta organización. No tengo motivos para no creer en ellos”, sostuvo Estefanía y en pocas líneas demolió toda la estructura argumental del brazo armado de Macri.

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Espías

En las actuaciones realizadas por la policía de Chubut consta que tras la recuperación territorial se habían colocados carteles con la sigla RAM. Quien firmó aquella acta fue el comisario Cristian Alberto Toro, quien también admitió haber ingresado al territorio a los tiros. Durante el juicio reconoció que pudo haberse equivocado al describir las banderas que se habían puesto sobre el alambrado. Ninguna de ellas decía nada sobre la RAM. Sin embargo, quien sí estaba operando en el territorio era el ex SIDE Dante Giménez, quien le proporcionaba material a distintos policías de la provincia. “Las actuaciones nuestras no son las judicializables, ¿entiende?”, le dijo el agente a los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini durante una reunión mantenida el 28 de mayo de 2015.

Como sostuvimos en otra edición de Nuestras Voces, este espía recolectó información sobre los integrantes de la comunidad para entregársela a distintos policías de la provincia de Chubut. Según los registros de llamadas, el ex SIDE mantuvo varias comunicaciones con el Oficial Principal Pablo Nicolás Carrizo. Este fue el responsable de “extraerle” información bajo golpes y apremios a Gonzalo Cabrera –un joven conocido por los integrantes de la Pu Lof- para lograr la ubicación de Facundo Jones Huala. Carrizo hizo parte del “trabajo sucio” para los fiscales Rivarola y Bottini con la idea de acusar a los integrantes de la comunidad de terroristas, algo que no prosperó.

La abogada Sonia Ivanoff había planteado la invalorabilidad de toda la prueba obtenida en el juicio ya que todo comenzó con torturas (a Gonzalo Cabrera), amenazas, e información obtenida en un procedimiento ilícito, como fue el accionar del ex SIDE de apellido Giménez.

En una declaración indagatoria de diciembre de 2017, el agente de inteligencia reconoció que la fiscal federal Silvina Ávila estaba al tanto de las operaciones de inteligencia que el propio Giménez venía realizando sobre la Pu Lof desde 2015. La mención de Ávila en toda esta historia no es casual, ya que en una entrevista que mantuvo este cronista con la madre de Cabrera, María Luisa Huincalen, ella explicitó que la funcionaria del Ministerio Público Fiscal había sido una pieza clave en las presiones que había recibido su hijo para acusarlo a Jones Huala.

“Lo agarraron en la plaza (de Gualjaina), le pusieron las esposas y lo reventaron. Lo tiraron como una bolsa de papa, él se defendió un poco y al perro lo asustaron con las balas. Yo sentía un pálpito, era la única vez que faltaba en la casa. Cuando lo agarraron, él grito ‘resistencia mapuche’, y ahí sonó. Todavía tiene las marcas, cortado por todos lados. Cuando vienen acá (la policía), no me dieron tiempo de nada. Encontraron algunas cosas de Facundo. Cuando lo llevan a Gonzalo al calabozo le empezaron a dar, entonces después me cuenta que como no quería que me hicieran nada a mí, ahí habló. Los policías le dejaban la puerta abierta para que se fuera y ahí pudieran tirarle un tiro. Gonzalo tenía 19 años. Un día lo llamaron para ir a Esquel, le pagaron el hotel, la estadía y cuando vino a casa me trajo cuatro hojas y me dice, ‘mirá mami todo esto me tengo que aprender de memoria’. Cuando empiezo a leer, era todo a favor de la policía, cuando habían sido ellos quienes lo habían cagado a palos. Ahí fue cuando le dije ‘vos contá la verdad’.”

La persona que le habría entregado a Gonzalo “un guión” para declarar en contra de Facundo Jones Huala, según Huincalen, fue Ávila, una de las principales encubridoras en el caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Según manifestó el ex SIDE en su ampliación de indagatoria en diciembre de 2017, mantuvo al menos tres encuentros con Ávila dentro de la fiscalía. ¿Habrá sido este agente quien incidió en la postura de Ávila de acusar a los principales testigos por la desaparición y muerte de Maldonado de complot contra la Gendarmería y asociación ilícita?

Todo este entramado de espías y policías trabajando para Benetton quedó al descubierto tanto en el juicio por usurpación como en la causa por espionaje que se encuentra en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Si bien para la jueza Estefanía no hubo ninguna causalidad entre el accionar del espía y todo lo sucedido en relación al expediente por usurpación, todas las pruebas y vinculaciones están ahí, a la vista de quien quiera leer entre líneas.

@spremici

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Sebastián Premici

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor del libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Colabora en Página/12 y formó parte de Radio Nacional.

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