Según la acusación del juez, los mapuches no tenían armas de fuego

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Los únicos dos detenidos de la toma de tierras en el Lago Mascardi fueron liberados ayer por la noche. Nuestras Voces accedió a su declaración indagatoria y en la acusación formal de la justicia no menciona armas de fuego durante el enfrentamiento con la Prefectura. Los testigos cuentan que avisaron a los prefectos que había un herido de bala en grave estado y ellos abandonaron el lugar.

Fotos: Joaquín Salguero/enviado especial

“Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos, pero yo me entregué para llevar el cuerpo de Rafael, para que no pase lo mismo que con Santiago Maldonado, por lo corruptos que son”. La frase es de Lautaro Alejandro Gonzalez, detenido junto a Fausto Horacio Jones Huala tras el operativo de Prefectura, en el cuál fue asesinado Rafael Nahuel el sábado pasado. Las declaraciones testimoniales de ambos, a las que accedió Nuestras Voces, revelan una versión distinta del operativo de la que intenta imponer el Gobierno.

Gonzalez y Jones Huala fueron liberados ayer por la noche, tras 4 días detenidos en los cuales organizaciones que apoyan las reivindicaciones mapuches denunciaron que fueron torturados y que los mantuvieron incomunicados. Las declaraciones testimoniales tienen fecha del 27 de noviembre, es decir, el lunes. Ambos respondieron pocas preguntas y, por lo que consta en las actas, fueron tomadas por la noche. Una, la de Jones Huala, terminó a las 22.10. Casi no respondió preguntas. La otra, la de Gonzalez, a las 23.40. Su relato choca con la versión de la Prefectura que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tomó por válida sin importarle, según sus palabras, que no exista ninguna prueba que la sostenga.

A Gonzalez y Jones Huala, se les atribuye lo siguiente: “haberse apoderado ilegítimamente del predio ubicado en el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40 Sur, el pasado 25 de noviembre del año en curso, en horario aún no determinado pero anterior a las 17.00 horas cuando, junto a un grupo de sujetos no identificados (…)  y en número desconocido, atacaron en una zona de la montaña -no establecida pero ubicada dentro del territorio recuperado el día jueves- al personal de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba realizando recorridas de rigor para mantener a resguerdo el mismo”. En su presentación del caso, el juez Villanueva sostiene que en este “ataque” los acusados “se valieron de la utilización de diversas armas -entre otras, cuchillos y ondas de revoleo-”. Nunca menciona armas de fuego ni de grueso calibre, tal como afirmó el Ministerio de Seguridad en su comunicado.

Para la versión que defiende el Gobierno, Gonzales y Jones Huala eran parte de las personas que lograron hacer retroceder a la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval “utilizando movimientos tácticos militares (…) lo que demostraba la preparación militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento”. Gonzalez, según el expediente, tiene 19 años. Cumplirá 20 el próximo 12 de diciembre. Jones Huala cumplió 24 el 16 de junio pasado. Gonzalez se presenta como “wasquero”; Jones Huala como jornalero. Ambos se asumen como mapuches.

Gonzalez declaró que fue al lugar para apoyar “como mapuche común”, que llegó el día anterior al allanamiento (es decir, el miércoles de la semana pasada) y reivindicó la antigua ocupación de esas tierras por parte de sus ancestros, tierra que considera sagrada. En su declaración testimonial consta: “Añade que los venían ‘cazando’ desde hacía dos días, ‘como si fueran chanchos’”. “Esto que pasó es una clara muestra del conflicto político histórico que tiene el gobierno contra nuestro pueblo, la persecución constante”, sostuvo  por su partev Jones Huala.

El viejo edificio del Aeropuerto de Bariloche, lugar en el que se mantuvo detenidos a Jonas Huala y Gonzales.

Cuando el juez  subrogante Gustavo Villanueva le preguntó a Gonzalez si agredió en algún momento a la Prefectura, prefirió no contestarle. Si contó lo siguiente: “Cuando Rafael recibe el disparo, nosotros les avisamos a los efectivos de Prefectura que había un herido y ellos se retiraron en el momento”. Y agregó: “Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar”. Cuando le preguntaron por lo mismo a Jones Huala, contestó: “Yo me entregué, no doy motivos de ello”, y cerró su declaración.

Tanto Gonzalez como Jones Huala se identifican como parte del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapú (MAP), no con Resistencia Ancestral Mapuche, RAM, el supuesto enemigo interno que intenta agigantar el Gobierno para justificar la represión indiscriminada. Gonzalez agregó que el MAP es el mismo movimiento al que pertenece el Lonko Facundo Jones Huala, hoy preso.

El comunicado del ministerio de Seguridad, bajo el comando de Bullrich, pintó la escena como un ataque violento de parte de grupos mapuches con armas de fuego de grueso calibre. No es el relato de los involucrados. Gonzales cuenta que se replegaron en la montaña tras los allanamientos del jueves pasado, que bajaron “a ver que estaba pasando” y que cuando se encontraron con la Prefectura “no les dieron tiempo a nada”. “Nos dieron la voz de alto y después empezó la balacera”, relató Gonzalez. Durante el interrogatorio le mostraron una foto suya con una “onda de revoleo” y una piedra. Nunca un arma de fuego.

Bullrich: una autoexculpación de novela

En la presentación del caso que hace el juez ante los detenidos sostiene que todo partió de una denuncia de las autoridades de Parques Nacionales ante la toma “ilegal” por parte de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu el 10 de noviembre pasado, que fue desalojada 13 días después. Según el relato judicial, Gonzalez y Jones Huala, entre otros, se replegaron en el cerro y luego atacaron a la Prefectura “obligando a la fuerza federal a descender de la montaña hasta llegar a la ruta”.

Siempre según la exposición del caso que hace el juez, aproximadamente a las 17.30 Gonzalez, Jones Huala y otros “dejaron a la vera de la ruta, sobre una camilla, el cuerpo sin vida de Rafael Domingo Nahuel Salvo -cuyo deceso se produjo por un shock hipovolénico por herida de múltiples órganos y tejidos de un proyectil de arma de fuego, que habría recibido durante el enfrentamiento descripto y en el cual habría participado”. Las pruebas que toma el juez para reconstruir esta situación son las actas de procedimiento de las fuerzas de seguridad, fotografías, un informe preliminar de la autopsia de Nahuel. Todo esto es la versión de las fuerzas de seguridad que Bullrich asumió como verdadera.

En la declaración consta que la abogada de los detenidos fue Sonia Ivanoff y que estuvo presente la fiscal Sylvia Little.

«A favor de los derechos de todos los pueblos»

Mientras estuvieron detenidos, ambos fueron alojados en las celdas del aeropuerto de la ciudad , bajo la custodia de la PSA. Villanueva decidió dejarlos en libertad pero les impuso una serie de restricciones, como no poder volver al predio en el Lago Mascardi, además de tener que cumplir con visitas semanales  a la Policía Federal más cercana a sus domicilios. El abogado Matias Schaer reveló que «pusieron una fianza de excarcelación de 10 mil pesos por cada detenido, que fueron aportados por una persona que no quiso dar a conocer su  identidad. «

Al salir del juzgado Lautaro Gonzalez dijo: «El único culpable de todo esto es el juez Villanueva, nosotros tenemos que seguir luchando por Santiago y por Rafael».

@arilijalad

Testimoniales de Lautaro Alejandro González y Fauso Jones Huala by nuestrasvocesok on Scribd

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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