Stanley le pone más trabas a las pensiones por discapacidad

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La ministra Carolina Stanley apeló el fallo judicial con sentencia firme que la obligaba  a restituir más de 170 mil pensiones por invalidez que habían sido dadas de baja o suspendidas a partir de enero de 2017. Además, dispuso un nuevo circuito administrativo para impedir su otorgamiento.


En un nuevo golpe a los sectores más vulnerables, el ministerio de Desarrollo Social (que absorbió al ministerio de Salud) bajo la conducción de la ahora “superministra” Carolina Stanley apeló el fallo judicial con sentencia definitiva que obliga al gobierno a restituir las más de 170 mil pensiones por invalidez que habían sido dadas de baja y/o suspendidas a partir de enero de 2017. En simultáneo el gobierno estableció un nuevo circuito administrativo con el objetivo de complejizar el reintegro de dichas pensiones.

El 18 de septiembre de 2018, la jueza Adriana Cammarata, titular del juzgado federal de la Seguridad Social Nro. 8 ordenó de forma definitiva “al Estado Nacional – Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación a que en el término de diez (10) días, proceda a restituir las prestaciones no contributivas por invalidez otorgadas a las personas con discapacidad”.

El fallo judicial aclara que “la restitución que aquí se ordena importa asimismo abonar la totalidad de los haberes que hubiesen sido dejados de abonar  desde que cada suma debió ponerse al pago y hasta la fecha de la respectiva restitución”. Esto significa que el Estado debe abonar el monto total de las pensiones suspendidas a las personas con discapacidad en los próximos diez días.

Sin embargo, el actual ministerio de Salud y Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley, apeló el fallo argumentando, con una importante  falta de sensibilidad y cinismo, que “la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) tenía la responsabilidad de resguardar los fondos que administraba, en especial, tratándose de prestaciones de carácter social. Por lo tanto, las suspensiones debían realizarse en forma inmediata con la detección de la incompatibilidad con el objeto de evitar que se generara un perjuicio para el erario, de conformidad con lo establecido en el punto 25 del Anexo I del Decreto N° 432/97”.

Las bajas fueron entonces inmediatas y aquellas personas que recibían sus pensiones jamás fueron notificadas por el organismo. El reciente fallo judicial con sentencia definitiva le da la razón a las más de 170 mil personas que, en condiciones de vulnerabilidad social, siguen sin recibir la pensión que por derecho les corresponde. Pero el Estado vuelve a negarles el derecho.

Suspendidas o dadas de baja intempestivamente desde enero de 2017, el organismo conducido por Stanley argumenta, en uno de los párrafos más crueles de la apelación, que la responsabilidad de esta situación es de los sectores vulnerables y no del Estado: “la norma legal mencionada, impone a los titulares o beneficiarios, apoderados y representantes necesarios en su caso, la obligación de comunicar a la autoridad de aplicación dentro de los QUINCE (15) días hábiles de producida, toda circunstancia que pueda afectar el derecho a la prestación (Anexo I del Decreto N° 432/97, punto 18, inc.). Pues bien, dicha obligación fue incumplida por parte de aquéllos en todos los casos que fueron objeto de suspensiones, pese a haberse sometido voluntariamente a dicho régimen”.

Carolina Stanley es la actual “superministra” de Salud y Desarrollo Social y es una de las firmes candidatas a acompañar a Mauricio Macri como posible candidata a vicepresidenta ante su anunció (desde Nueva York y en inglés) que competirá en las elecciones presidenciales del próximo año por su reelección.

No conforme con la apelación, este martes 25 de septiembre en el Boletín Oficial el gobierno emitió una resolución que establece que la Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra implementando un nuevo circuito administrativo de notificación “para el exhaustivo control de dichas prestaciones en resguardo de los propios beneficiarios”. Aclara además que “el mismo corresponde a la toma de conocimiento del beneficiario que corresponda al ser advertida una irregularidad y/o incompatibilidad. Detectada la misma, será comunicada al beneficiario para toma de conocimiento y formular su descargo ante la autoridad pertinente, sin que ello, implique suspensión de la misma”.

Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI), organización que impulsó las presentaciones judiciales ante la baja de pensiones, explica las intenciones del organismo conducido por Carolina Stanley: “El gobierno apeló el fallo para ganar tiempo, y ahora impulsa notificaciones para no devolver el dinero ya que muchas de esas personas, en situación de vulnerabilidad, por no poder acceder a la justicia, por su situación geografica, por pobreza o por desconocimiento, no van a poder realizar los reclamos como corresponde”.

El nuevo circuito es una norma sobre la forma de notificarle a las personas la incompatibilidad de la situación de las personas con discapacidad conforme a algunos requisitos del decreto 432/97. A partir de esta notificación las personas tienen 10 días para defenderse.

Desde REDI explican que la intención del gobierno, desde el primer momento, fue no pagar las pensiones a los sectores más vulnerables de la sociedad: “La resolución del Boletín Oficial dice que van a aplicar a rajatabla el decreto 432/97, ese decreto habla de pensiones por invalidez y el término invalidez está usado en sentido “laboral”. Hay que tener un 76% de invalidez laboral, el cual surge de un dictamen hecho por un equipo médico interdisciplinario”.

La cadena de favores de los Stanley

En ese sentido, manifiestan su preocupación por esta nueva medida por parte del Estado que impactará de lleno en los menores de edad y en las personas con síndrome de down y HIV, entre otras: “En el caso de los niños, que tienen prohibición de trabajar, no reciben una pensión por invalidez, reciben una pensión por discapacidad. Lo mismo ocurre en el caso de una persona que, no teniendo ese 66%, con síndrome de down, no consigue trabajo. Entonces tenés un Estado que no cumple con la obligación del cupo laboral, y lo más importante de todo: esta persona con síndrome de down puede no tener invalidez laboral pero se encuentra imposibilitada de trabajar porque hay barreras actitudinales en el mercado, y eso es lo que regula la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Suleiman aconseja a aquellas personas afectadas por esta medida que al hacer el trámite presenten un escrito impugnando el decreto 432/97 por inconstitucional. En el caso de que el pensionado sea menor de edad “diciendo que es violatorio de los artículos 7 y 28 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad e invocando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sobre los derechos adquiridos, diciendo que esta pensión se encuentra incorporada de manera efectiva a su patrimonio”.

El largo camino del recorte de pensiones por discapacidad

El 14 de junio de 2017 REDI se inició una acción colectiva de amparo por la baja de pensiones ejecutada por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) presidida entonces por Guillermo Badino, bajo la cartera de Carolina Stanley. Paralelamente exigieron la renuncia de ambos por aplicar políticas públicas que vulneran los Derechos Humanos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “En el marco de la causa, se dictó medida cautelar favorable con alcance Nacional y Stanley, pese a sus promesas públicas de restablecimiento de pensiones, restituyó sólo algunas pocas, aclarando que lo hacía en cumplimiento de la medida y SIN RECONOCER EL DERECHO”, explica en un comunicado la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (REDI).

Desde REDI pidieron que se declare la inconstitucionalidad del decreto 432/97, que actualmente rige el otorgamiento de las pensiones, por ser contrario a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El decreto exige que para cobrar una pensión, las personas con discapacidad deben tener un determinado grado de incapacidad laboral, sin tener en cuenta las barreras sociales que impiden la plena participación de estas personas en la sociedad. “No habilita la pensión a menores de edad, personas con síndrome de down ni a enfermos con VIH, por ejemplo”, explica Varina Suleiman, abogada de REDI.

De los humildes de Evita a la pobreza de Stanley

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue creada por decreto de necesidad y urgencia 698/17 el 5 de septiembre de 2017 pasando de la órbita del ministerio de Desarrollo Social (comandado por Stanley) hacia la órbita de la Secretaría General de Presidencia de la Nación como ente autárquico, luego de las declaraciones del entonces Director de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, quien había expresado públicamente que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara” para justificar la quita intempestiva de aproximadamente 70 mil pensiones por discapacidad. Dichas declaraciones fueron repudiadas por las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, por los trabajadores de la CNPA organizados bajo ATE Pensiones, y por gran parte de la opinión pública.

El DNU que estableció la creación de la nueva agencia fue rechazado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que presidía por entonces el diputado nacional del FPV, Marcos Cleri: “Se entendía que no había ninguna necesidad y urgencia, el Congreso estaba sesionando. Además había tratamientos legislativos de distintos proyectos que eran mucho mejores y contemplaban algo muy importante: el presupuesto necesario para darle verdadera cobertura a los derechos de personas con discapacidad, establecido por un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional en nuestro país”, explicó Cleri y agregó al portal Nuestras Voces que “este mismo tratado internacional por los derechos de personas con discapacidad establece que cualquier ley o modificación de la legislación vigente le debe dar consulta a los distintos organismos y espacios de la sociedad civil que trabajan con la problemática de la discapacidad en defensa de estos derechos, cuestión que no se le consultó a ninguna institución, a ningún organismo, con lo cual es un nuevo fundamento de la violación de la ley cuyo objetivo era decir que estaban creando una Agencia Nacional de Discapacidad cuando lo que estaban haciendo era desfinanciar un ente muy importante”.

Carolina “Manos de Tijera” Stanley

Un día después de su creación por DNU, el 6 de septiembre de 2017, la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, presentaba  la nueva Agencia Nacional de Discapacidad asegurando que “todas las personas que hoy tienen una pensión van a continuar recibiéndola de la misma manera que hasta ahora. También los centros de atención locales continuarán funcionando con normalidad y todos los trámites de solicitud de pensiones que ya se hayan iniciado seguirán su curso; no es necesario volver a iniciar ningún trámite. Los equipos de la CONADIS y de la Comisión Nacional de Pensiones continuarán trabajando como hasta hoy”.

Luego de un año de gestión al frente de la ANDIS se puede afirmar que las promesas realizadas por la vicepresidenta de la Nación fueron incumplidas una por una con las apelaciones del gobierno y el nuevo circuito administrativo para informar las bajas de pensiones, el cierre de múltiples Centros de Atención Local (CAL), y los despidos de 70 trabajadores de la ex CNPA que fueron frenados por la lucha gremial de sus trabajadores organizados en ATE Pensiones.

El 13 de febrero de 2018 fue publicado en el portal Nuestras Voces que las autoridades de la nueva Agencia Nacional de Discapacidad dejarían de otorgar pensiones a menores de edad bajo el argumento de que “no tienen incapacidad laboral”, además endurecerían los requisitos de otorgamiento para personas con síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras.

Sin pensiones para chicos discapacitados

Desde la ANDIS desmintieron la información e inmediatamente ordenaron a los trabajadores que vuelvan a cargar los trámites dados de baja para que vuelvan a circular en el sistema, sin intención de otorgarlas, hasta nuevo aviso.

“No van decir nada pero van a dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito, van a cerrar oficinas, ya empezaron en Tigre”, afirmaba Walter Pignataro, secretario general de ATE Pensiones. En los meses siguientes se fueron cerrando los CAL de Moreno, Tres Arroyos y Lomas de Zamora, y hace un mes  anunciaron extraoficialmente el cierre de los centros de atención de San Miguel, Malvinas Argentinas, Paraná, Necochea, Concordia, Posadas y Córdoba.

“La intención del gobierno es que deje de ser un derecho de las personas, que deje de ser vitalicia y que no tengan acceso a la obra social. De esta forma recortan lo que consideran un gasto”, explicaba Pignataro en la nota publicada por este medio el 22 de agosto de 2018.

Discapacitados sin pensiones y sin centros de atención

La semana pasada se conoció que cerca de 120 personas murieron a la espera del otorgamiento de su pensión. De ese número, 47 habían iniciado su expediente en los últimos tres años y no lograron una resolución y 42 estaban en una etapa de “reconsideración” por algún requisito faltante, según lo informado por Federico Trofelli en Tiempo Argentino.

Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad no tienen dudas, luego de más de un año de denuncias, sentencias y apelaciones, entienden que el gobierno va a buscar todas las opciones para no pagar las pensiones al sector más vulnerable de la sociedad, por eso exigen “la renuncia de Stanley y la revisión de todas las reformas del sistema de prestaciones y asignaciones que impactan negativamente en la dignidad inherente de nuestro colectivo”.

Apelacion Del Estado – Sentencia Definitiva by nuestrasvocesok on Scribd

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