Todas las operaciones de inteligencia ilegal y extorsión del caso D’Alessio-Stornelli

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Cuando la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla al frente de la causa contra la banda de D’Alessio y Stornelli le pidió precisiones del objeto procesal. En un detallado informe Ramos Padilla aseguró que “se investiga una organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior”. Y detalló todas las operaciones de inteligencia y extorsión que produjeron el lavado de más de 100 millones de euros. Le recordó a las políticas imputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto, Marina Zuvic, y al imputado juez Claudio Bonadio, que pueden presentarse al juzgado espontáneamente para aclarar su participación en lo hechos.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, redactó 28 páginas de una resolución que podría ser interpretada como un mensaje claro a la Cámara Federal de Mar del Plata, al Consejo de la Magistratura que busca echarlo del Poder Judicial con el aval del presidente Mauricio Macri y el flamante candidato a vice y cosejero (por la oposición) Miguel Ángel Pichetto, y al núcleo duro de Comodoro Py y sus secuaces mediáticos.

No sólo determinó el objeto procesal, cumpliendo con el pedido de la Cámara de Mar del Plata que había confirmado su competencia en la causa, sino que también se ocupó de detallar las 31 operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el país y en extranjero que investiga, de la mano de coacciones y supuestas extorsiones. Las habría realizado la organización criminal de características mafiosas compuesta por el falso abogado y presunto agente de la DEA Marcelo Sebastián D’Alessio, los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, y el espía desempleado en acelerado arrepentimiento culposo Hugo Rolando “Rolo” Barreiro. Además, del procesamiento dictado por Ramos Padilla al fiscal suspendido de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y la detención de Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti como presunto integrante de la asociación ilícita dedicada a lavar más de 100 millones de euros a través de transacciones en guaridas fiscales del exterior en una docena de países. La organización de D’Alessio cobraba comisiones millonarias en dólares y en euros con la fuga de divisas por fuera del sistema bancario legalizado.

La resolución de Ramos Padilla también pone bajo cuestión y debate la responsabilidad de los medios de comunicación y ciertos periodistas que han propagado como las cenizas en el viento de la perfidia, los informes ilegales de Marcelo D’Alessio, con el supuesto desconocimiento o el conocimiento de su carácter criminoso, persecutorio, y manipulador que tuvo la finalidad en algunos casos de abrir causas penales en desarrollo contra dirigentes del principal partido de la oposición como la ex presidenta de la Nación y senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Y como si fuese poco, el juez Alejo Ramos Padilla precisó que los querellados Claudio Bonadío, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic –al igual que Daniel Santoro del Grupo Clarín, quien fue llamado a indagatoria el 25 de junio a las 11- pueden declarar y ejercer el derecho de defensa en el expediente para garantizar el debido derecho a la defensa. Al mismo tiempo instó a las querellas a unificarse instruyendo a sus respectivos abogados como marca el Código y les impuso un plazo de diez días para llevar a cabo el avance y la agilización del proceso en curso.

La banda

“Se investiga en estos actuados una organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros. Se trata de una organización extensa, de tipo modular, que modificó su composición y despliegue de acuerdo a los distintos tipos de operaciones a desarrollar. Así, sus integrantes entraron en acción conformando distintos grupos, aliándose con terceros, tomando cualquier recurso a su disposición, sin importar su legalidad o ilegalidad”, sostuvo el juez Ramos Padilla en la página 5 de su resolución.

“Para concretar sus fines delictivos la organización tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los tres poderes del Estado –escribió Ramos Padilla, señalando al Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial al que él mismo pertenece-; también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa que fueron claves para el éxito de sus operaciones”.

Ramos Padilla notifica a los querellados Carrió, Bonadío, Oliveto y Zuvic by nuestrasvocesok on Scribd

Al momento de resumir el auténtico mecanismo de la organización criminal, Ramos Padilla afirmó: “No se trata de un simple grupo de estafadores o extorsionadores que buscaban rédito económico aprovechándose de sus contactos con actores desprevenidos o ingenuos; se estaría frente a un grupo de personas que llevó adelante acciones que afectan instituciones de nuestro sistema democrático.

Por sus fines delictivos combinados con una estrecha vinculación con integrantes expuestos y ocultos del poder del Estado, sus contactos fluidos y clandestinos con los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad -incluso en el Servicio Penitenciario-, por las particularidades de su actividad, su configuración territorial y su avance progresivo, a las organizaciones de este tipo se les podría atribuir un funcionamiento pesudo mafioso en el que el accionar de la organización estaría signado por el concepto de “espionaje”.

Por otro lado, y más allá de que las agencias estatales han negado vínculos formales actuales con los miembros hasta ahora identificados de la organización investigada, lo cierto es que se observan relaciones estrechas, de colaboración mutua, con funcionarios y magistrados, -aquiescencia o aprovechamiento- lo que nos habla de la gravedad de las conductas en estudio”.

Modus operandi

El juez a cargo de la causa destacó seis puntos nodales de la práctica operativa de la banda de D’Alessio que resumió así. A saber:

“a) la realización de tareas de inteligencia e investigación criminal sin que sus miembros posean facultades legales para ello ni ejerzan funciones públicas por nombramiento de autoridad competente.

  1. b) la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política, pertenencia partidaria o actividad profesional lícita.
  2. c) la realización de actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, en la situación institucional y política del país, como así también en la opinión pública a través de los medios de comunicación.
  3. d) la captación de comunicaciones, registro de migraciones y acceso a información reservada o sensible sin la debida autorización judicial.
  4. e) Obtención de información confidencial por medios ilícitos, como la infiltración y la penetración en distintos ámbitos e instituciones.
  5. f) Implementación de técnicas basadas en la manipulación de información (verdadera o no) y/o estrategias intimidatorias para lograr que terceros concreten acciones ajenas a su voluntad”.
El rol de los medios de comunicación

“Una de las notas salientes que caracterizó el modus operandi de la organización fue el aprovechamiento de ámbitos institucionales necesarios para el funcionamiento democrático, tales como el periodístico y el judicial, con el objeto de blanquear información altamente sensible -obtenida ilegalmente-. Este mecanismo produce una legitimación autorreferencial, al hacer que la causa judicial legitime la nota de prensa, mientras la nota de prensa legitima, al mismo tiempo, la causa judicial, y produce, paradójicamente, el propio desgaste de las estructuras democráticas que dichas instituciones protegen.

Por eso es que la ley 25.520 castiga aquellas actividades de espionaje por las que se busca afectar la opinión pública o el buen funcionamiento de las instituciones.

Si bien no es aquí donde corresponde desplegar un extenso análisis sobre la naturaleza, desarrollo, límites y alcance de los derechos, garantías y el funcionamiento de las instituciones mencionadas –aclaró el juez- , sí resulta necesario realizar algunas breves consideraciones. Individualmente el acto de aquél –magistrado o periodista que participa materialmente en un determinado plan delicitivo puede ser lícito en sí mismo e incluso responder a loables intenciones; pero a la vez –visto desde la perspectiva de la organización- consolida una maniobra ilegal”.

En la página 14 de su resolución el juez delimita los roles de algunos actores mediáticos interesados en el expediente. “Lo que está claro es que si ese testimonio –por ejemplo fue “arrancado” o “direccionado” a través de ilegales operaciones de espionaje –coacción, carpetazo, ablande, etc.- o si se incorporó al circuito legal información obtenida ilegalmente –dijo Ramos Padilla-, esas actividades ilegales deben ser investigadas”.

Como es obvio se refirió sin mencionarlo al periodista del Grupo Clarín, Daniel Santoro, citado a declaración indagatoria, porque el magistrado tiene la semiplena prueba de que sería parte de la organización investigada.

Sin embargo, el juez aclaró -una vez más-, que no se refirió a todos los periodistas ni a todos los medios de prensa ni a todos los jueces. “Muy probablemente, una gran parte de los magistrados y periodistas que tuvieron estrechos vínculos con D´Alessio y a partir de él con la organización investigada, podrían haber actuado sin dolo y dentro de su rol especifico de periodista o magistrado. Es decir, dentro del ámbito de su competencia, y sin saber que estaban introduciendo al circuito legal una información obtenida ilegalmente, producto, por ejemplo, de un ablande, puesta en pánico o investigación ilegal”.

Las operaciones ilegales

“A mero título ilustrativo, y sin perjuicio de aquellas otras conductas que aún faltan delimitar, pueden mencionarse los siguientes casos: 1. Mario Víctor Cifuentes; 2. Operación “Los Monos”; 3. Operaciones de lavado de activos mediante transferencias internacionales millonarias; 4. Caso “Irán” (República Oriental del Uruguay); 5. Enarsa/GNL; 6. Pablo Erasmo Barreiro; 7. Victoria Munin/Alejandro Talevi; 8. José Manuel Ubeira; 9. Roberto Porcaro; 10. Gonzalo Brusa Dovat / PDVSA; 11. Pedro Etchebest; 12. Jorge Leonardo Fariña; 13. Actividades de espionaje sobre Giselle Robles; 14. Operativo “Andújar”. 15. “Operación Jaitt”; 16. Alfredo Olmedo; 17. Espionaje a funcionarios de la UCR de Corrientes; 18. Formosa; 19. Bobinas Blancas; 20. Mafia de la Aduana/Palomino Zitta y Saturnino Costas; 21. Gabriel Traficante; 22. Gabriel Bouzat; 23. Íbar Pérez Corradi; 24. Javier Landaburu; 25. Jorge Castanón; 26. Diego Vestillero; 27. Maximiliano Rusconi; 28. Juan José Gómez Centurión -“Caso Isla”-; 29. Hipotesis presentada por D´Alessio en su declaración indagatoria; 30. Envío de información de inteligencia a Paula Oliveto; 31. Operación “Fantino-CFK”.

¿Qué significa esto? Que el juez explicó los 31 casos investigados, por ahora, entre los cuales costa “el envío de información de inteligencia a Paula Oliveto”, notificada en el expediente como querellada. Oliveto es abogada y diputada nacional por el civismo libertador de Elisa Carrió. El espía descompuesto por el pánico, “Rolo” Barreiro y el periodista Rolando Graña narraron en el expediente judicial ante Ramos Padilla, que D’Alessio decía que conoció a Carrió y hasta estuvo en su casa de localidad de Exaltación de la Cruz dando una clase de narcotráfico. Los testigos dijeron que Carrió se quedó dormida en un sillón.

Aquí una entrevista a D’Alessio en el canal de noticias Crónica TV en febrero de 2018. Nótese que lo presentaron como “el experto que más sabe de drogas en la Argentina”. ¿La noticia analizada? El hallazgo de drogas en la embajada de Rusia en Buenos Aires. ¿Qué ponderó D’Alessio en aquel reportaje? “La excelencia del trabajo de Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad de la Nación”. Ver el vídeo de 17 minutos del 23 de febrero del año pasado: 

Espejos

Daniel Santoro podría tener el mismo abrupto final profesional que el alemán Claas Relotius. Todo lo que escribía Relotius era absolutamente falso. ¿Quién lo desenmascaró? Un periodista colaborador llamado Juan Moreno, quien había compartido una cobertura especial con él sobre la ola de emigración a Estados Unidos vía la frontera con México. Aquí pueden leer la crónica del diario español El País que explica el controvertido episodio que puso en jaque la credibilidad de Der Spiegel, que a diferencia de Clarín pidió las disculpas del caso y desafectó a Relotius de su equipo estable.

¿La diferencia moral entre Relotius y Moreno? El sentido de la honestidad que debe tener un periodista. No es el único caso. Veamos.

Desde Estados Unidos, el prestigioso y auténtico periodista de investigación, que en 2013 reveló el caso del ex analista de la NSA, Edward Snowden –es decir, la antítesis de Santoro, -que ahora desnudó el detrás de escena de la operación continental en Brasil para proscribir a Lula Da Silva e imponer a Jair Bolsonaro en la presidencia, publicó desde su cuenta de la red social Twitter: “Globo y lava Jato son socios y miembros”, dijo Glenn Greenwald, editor de The Intercept. “Los medios de comunicación convencionales no estaban informando sobre lava Jato, ellos trabajaban para lava Jato”. La nota aquí. 

¿Alguna semejanza con Argentina?

El grupo empresario vinculado a la agricultura y la especulación financiera global, que a partir de ahora dirá que el senador oficialista Miguel Ángel Pichetto –flamante candidato a vicepresidente junto a Macri- es parecido a Brad Pitt, pero con un color azabache en su cabellera.

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Juan Alonso

Juan Alonso

Periodista, escritor y docente. Columnista con Roberto Caballero en Radio Colonia y del programa ADN en C5N. Distinguido con el Premio Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata en 2017. Fue editor de Policiales de Tiempo Argentino.

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