Todos los abogados del Presidente

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El Colegio de abogados de la Calle Montevideo es el epicentro de operaciones judiciales gestadas por lo más rancio del poder leguleyo. Mauricio Macri tejió una alianza con los abogados del establishment que le sirve como punta de lanza de sus batallas más sucias bajo el sello de la ONG Será Justicia. Del caso Nisman a Gils Carbó, una recorrida por los estudios más prósperos y sus actividades más repudiables.

Mauricio Macri tiene unos aliados poderosos. Se trata de los abogados de la city, los miembros de los estudios más poderosos del país. Los que tejen acuerdos, fusionan empresas, redactan leyes, colocan deuda. Se nuclean en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), más conocido como el Colegio de la calle Montevideo. Abogados del establishment, ex funcionarios, escribas jurídicos de las dictaduras y potentes operadores judiciales pueblan su listado de socios. Desde la asociación Será Justicia, un sello creado por el propio Colegio de la calle Montevideo, juegan en tandem con Macri para distintas operaciones judiciales.  Es una alianza de beneficio mutuo. El Gobierno pisa seguro en las arenas judiciales, deja el trabajo sucio en manos de  asociaciones de falsa independencia y mientras los estudios de la city cosechan buenos negocios. Las últimas (y efectivas) operaciones judiciales, incluidas la presión sobre la Procuradora Alejandra Gils Carbó y las tensiones con el juez Ariel Lijo para que encarcele irregularmente al ex vicepresidente Amado Boudou, reflejan esta alianza de Macri con lo más opaco de un mundo de traje y corbata al servicio de las elites.

La calle Montevideo

Los abogados del establishment no siempre estuvieron en la sede de la calle Montevideo 640. En su historia oficial cuentan que lo fundaron en 1913, que alquilaron un espacio en Tucumán y Florida, que “se habilitó una biblioteca y cinco salas que funcionaban como centro de reunión de las más destacadas personalidades del mundo jurídico, tradición que continúa en la actualidad”. Lo fundaron 132 abogados, entre ellos Jorge Argerich, Pedro Agote, Horacio Beccar Varela, Carlos Coll, Miguel Cané, Carlos Delcasse, Juan José Diaz Arana, Vicente Gallo, Carlos Ibarguren, Tomás Le Bretón, Osvaldo Magnasco, Federico Pinedo, Miguel Padilla, Alfredo Palacios, José María Rosa y Estanislao Zeballos.

En su página web relatan que en 1916 la Corte Suprema les ofreció un espacio dentro del Palacio de Tribunales. “Durante treinta y cuatro años permaneció allí hasta que, tras ser expulsado por razones políticas del Palacio de Tribunales, se trasladó a su actual sede, gracias al generoso aporte de un grupo de socios, en la calle Montevideo 640, situada en una zona de privilegio en pleno centro de la ciudad”. Esos 34 años dan 1950, pleno gobierno de Juan Perón.

No se trata del Colegio Público de Abogados, con sede en avenida Corrientes 1441, que cuenta con más de 130.000 inscriptos. El Colegio de la calle Montevideo reúne a le élite, a los lobbistas, a los trajes más caros y a los cuervos (como se los llama en la jerga) más reaccionarios. Son apenas 1.508 socios, 7 de ellos honorarios y 97 vitalicios, pero cuyos apellidos representan lo más selecto del poder jurídico.

La revista Apertura realiza un ranking de los “mejores estudios de la city porteña”. La pole position la disputan siempre los mismos buffetes: Marval, O´Farrell & Mairal; Brouchou, Fernández Madero & Lombardi; Perez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martinez de Hoz (hijo); Beccar Varela; Allende & Brea; Cassagne; M&M Bomchil, entre otros. La gran mayoría de sus socios (casi todos hombres) integran las filas el Colegio de la calle Montevideo.

En el paradigma de un Gobierno de CEO´s los estudios de la city porteña son un aliado constante. Los CEO´s son sus (ex) clientes. Porque lo de ex se diluye al tomar magnitud de su influencia en las decisiones y operaciones de Gobierno.

Las operaciones

 Hay casos clave para comprender el nexo entre el Colegio de la calle Montevideo y el macrismo, tanto en Gobierno como en los meses finales del kirchnerismo.

El Colegio tiene un brazo operativo que es la agrupación Será Justicia. Son uno y lo mismo. Fundada en 2012 en la sede de la calle Montevideo, fue el ariete del antikirchnerismo judicial y la usina de movilizaciones en defensa del eterno supremo Carlos Fayt, del fiscal porteño José María Campagnoli, en contra de las truncas leyes de reforma judicial del 2013 y de las marchas por un esclarecimiento digitado de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman. Su primer presidente fue Guillermo Lipera, socio del Estudio Bulló, que es actual titular del Colegio de abogados del establishment. El presidente de Será Justicia es Máximo Fonrouge, del estudio Cassagne, es el ex presidente del Colegio. El enroque perfecto.

Sobre el caso Nisman, en 2015 el Colegio se sumó a la presentación judicial de las entonces senadora Gabriela Michetti y diputada Patricia Bullrich para que Gils Carbó no nombrara fiscales a cargo de la UFI AMIA, oficina que manejó el fallecido fiscal y que tenía como única tarea el aporte de datos para el esclarecimiento del atentado. Volverían a operar sobre lo mismo.

El tridente Gobierno-Colegio-Será Justicia coordinó algunas de las principales operaciones judiciales ordenadas por Macri. Uno es la operación Gils Carbó. La otra, la operación Lijo-Boudou.

Cómo es la operación de Macri contra Gils Carbó

Tal como informó Nuestras Voces, este tridente fue el responsable de una de las causas judiciales que empujaron la renuncia de Gils Carbó. La coordinación fue evidente. El Colegio y Será Justicia hicieron denuncias gemelas para poder elegir al juez más conveniente, en las cuales plantearon la inconstitucionalidad del requisito del juicio político para remover a Gils Carbó. El Gobierno, en lugar de defender la legalidad de las leyes, sostuvo que tenían razón. El juez Pablo Cayssials, falló en sintonía con ambos. El mismo juez que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley antimonopólica y que tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos.

Otra maniobra del tridente fue directamente para presionar jueces. El 22 de junio de 2016 el Colegio hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se realizara una auditoría de todas las causas contra funcionarios públicos de los tres poderes desde 1996 hasta la actualidad. El Consejo de la Magistratura, bajo control macrista, aceptó hacerla con todos los requisitos que le marcó el Colegio del establishment. La auditoría siempre corre para funcionarios, nunca para empresarios corruptores.

El 31 de octubre, Clarín informó que a partir de los datos preliminares de esta denuncia fueron denunciador antes el Consejo los jueces federales Daniel Rafecas y Ariel Lijo. Consultados por Nuestras Voces, varios consejeros que no revistan las filas oficialistas afirmaron que nunca vieron las conclusiones de esa auditoría. El diario La Nación, cuyo accionista Julio Saguier es el socio 4081 del Colegio de la calle Montevideo, sí tuvo acceso.

Rafecas está en la mira del Gobierno y de Clarín hace rato, y no es la primera operación político-mediática que enfrenta. En el Gobierno consideran que no pueden manejarlo; en Clarin no le perdonan que escribiera que el robo de Papel Prensa fue un delito de lesa humanidad.

El caso de Lijo tiene otras complejidades. Es uno de los jefes políticos de los jueces federales, con quienes la novel Asociación de Jueces Federales (AJUFE). Tiene gran influencia en el día a día de Comodoro Py y buen vínculo con el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Lijo colocó a uno de sus ex secretarios, Juan Tomás Rodriguez Ponte, al frente de la oficina de escuchas bajo el ala de Lorenzetti. Y un detalle no menor: Lijo tiene en sus manos la denuncia penal contra Macri, Oscar Aguad, los directivos de las empresas Macri y sus cómplices judiciales por el intento de condonación de la deuda de Correo Argentino.

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Con todo, al Gobierno no le tembló el pulso. Sus aliados del Colegio denunciaron a Lijo por cajonear causas de corrupción. Lijo entendió el mensaje, y a los dos días ordenó la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Una detención fuera de toda norma, basada en un fallo de la Cámara Federal orquestado por el juez Martín Irurzun (otro ladero de Lorenzetti) escrito a medida para que continue el show mediático de detenciones de ex funcionarios K. Otra misión cumplida del Colegio y el Gobierno.

Puerta giratoria

Así como el Colegio de la calle Montenvideo y Será Justicia son lo mismo, muchos de sus miembros se sumaron a las filas del Gobierno de Macri.

El caso más paradigmático es el de Maria Eugenia Talerico, socia 5535 del Colegio y fundadora de Será Justicia donde ejerció como protesorera. Macri nombró a Talerico como vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), pese a los cuestionamientos de diversas instituciones anti lavado. Esta abogada, egresada de la Universidad de Belgrano, forma parte desde 2008 de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Pero su mayor incompatibilidad para el cargo es que fue abogada patrocinante del oficial de cumplimiento anti lavado una de las empresas con más causas e investigaciones por lavado de dinero: el HSBC. En su defensa, Talerico criticó el articulo 21 y planteó la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 25.246. El 21 establece que los bancos deben informar las operaciones sospechosas a la UIF. El 24 detalla las sanciones penales. En síntesis, la nueva vicepresidenta de la UIF descalificó la función propia del organismo.

Otro caso destacado es Ricardo Gil Lavedra, socio 5698, ladero del ministro de Justicia Germán Garavano y abogado de varios de los funcionarios macristas denunciados por corrupción, como el caso de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

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Horacio Tomás Liendo hijo, socio 4534, es el homónimo de su abuelo y su padre. El primero fue Ministro de Trabajo de la última Dictadura, el segundo parte del equipo de Domingo Cavallo. El continuador de la dinastía fue designado como director en el Banco Central. Lucas Cinto Corteaux, socio 5293, fue designado primero en el Ministerio de Hacienda y ahora oficia de subprocurador del Tesoro de facto.

El socio 4179 es Hector María Huici, ex legislador PRO que Macri puso al frente de la Secretaria de  de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Los abogados Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera & Asociados, también revistan las filas del CACBA. Tienen a su cargo la sindicatura general del concurso de Correo Argentino, y están denunciados por las maniobras de vaciamiento junto a Macri, de quien fueron abogados tanto en sus empresas como en su divorcio con Isabel Menditeguy.

Los estudios de la city también colocaron funcionarios en puestos importantes. Uno de las principales espadas jurídicas de Macri, Fabían “Pepín” Rodriguez Simón, viene del estudio Llerena. El titular de la UIF, Mariano Federici, pasó por Allende & Brea y Garrido. Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN, también integró el estudio Beccar Varela.

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El desfile

En junio, el Colegio hizo una actividad en la Bolsa de Comercio, bajo el título de “Dialogos para Argentina”. El cierre estuvo a cargo Mauricio Macri, entrevistado por los periodistas Julio Blanck de Clarín y José del Río de La Nación. Macri aprovechó para criticar a Gils Carbó ante sus aliados en su persecución judicial. En abril, el CACBA y su sello Será Justicia habían lanzado, junto a Gobierno, la avanzada judicial contra la procuradora.

En su discuro Lipera, el presidente del Colegio, dejó clara la alianza. “Tenemos una oportunidad histórica con este gobierno. No tenemos por qué tener vergüenza de nuestras convicciones y por el contrario, defenderlas con uñas y dientes”, arengó. No hubo metáforas: llamó a los socios del Colegio de la calle Montevideo, a los abogados del establishment, a “jugar el partido a favor del Gobierno.

En esa actividad quedó expuesta la cofradía. Además de Macri, en distintos paneles estuvieron la gobernadora Maria Eugenia Vidal, el Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, los diputados macristas Nicolás Massot y Pablo Tonelli, el procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand,  Las moderaciones estuvieron a cargo de los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Claudio Savoia (Clarin) y Marcelo Longobardi (Radio Mitre).

Los principales sponsors del encuentro fueron el Banco Provincia, el HSBC y la aseguradora Zurich. Sponsorearon también Ledesma, los bancos Macro, Santander y Galicia, Techint, OSDE, Telefónica, la propia Bolsa de Comercio y Swiss Medical y auspisieron Aysa, Abertis (que, como reveló Nuestras Voces, negocia la prorroga de sus contratos viales), el banco Citi, La Caja de Ahorro y Seguro, la financiera Puente.  Los estudios de la city no se quedaron afuera. Figuran como estudios benefactores los principales buffetes como Allende&Brea, Bulló, Beccar Varela, Cassagne, Marval, O´Farrell y Mairal, M&M Bomchil y Perez Alati, Grondona, Benites, Arsten & Martinez de Hoz hijo.

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Combo completo

El desfile de funcionarios macristas por el Colegio de la calle Montevideo no se limitó a esa actividad. Desde la asunción del nuevo gobierno, la plana mayor del macrismo participó de encuentros con sus socios. Pasaron por sus salones, entre otros, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el titular de la AFIP Alberto Abad, y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

Los nexos también llegan, obviamente, a la cúspide del Poder Judicial. Los supremos Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti hicieron lugar en sus agendas para partiripar de eventos en el CACBA.

Volvió la fiesta

El Gobierno de los CEO trae como anexo a sus estudios de abogados. Es una cuestión de confianza: si los tuvieron a su lado para hacer negocios en el mundo privado no van a prescindir de ellos en su paso por la gestión pública. Los estudios, por su parte, no se perderían semejante abanico de negocios. De cada trato que viabilizan se quedan con una tajada.

La revista Apertura retrató la euforia de estos cuervos prime. En su edición de agosto de 2016, ya afianzado el Gobierno de Macri, fueron explícitos. La ilustración de tapa fue una bola de boliche. El título de la nota central, “Volvió la fiesta”. El tema, los abogados de la city.

Ya en la editorial,  a cargo del jefe de redacción Juan Manuel Compte, se lee: “‘Somos más optimistas que los empresarios’, reconoce un abogado entusiasmado por el flujo de trabajo vinculado a negocios que, de repente, su estudio -que lo necesitaba, y mucho- empezó a recibir desde que cambiaron los ocupantes de la Casa Rosada”.

En la nota central, con firma del mismo Compte y Pablo Ortega, afirman: “En el poskirchnerismo, los Abogados de la City ganan un protagonismo en la construcción del andamiaje jurídico de la Argentina sólo comparable con el que tuvieron en los ´90, cuando, en sus estudios, se diseñaron las ingenierías legales de las privatizaciones”.

La nota revela que la nueva joya del Gobierno, que son la letra que regula los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) fue un aporte del Colegio de la calle Montevideo. “Su secretario, Ezequiel Cassagne (Cassagne Abogados), lideró el proyecto, en el que tuvieron voz (y voto), los principales estudios de la City, representados en la entidad de la calle Montevideo”, reafirma la nota. Una vez más, el Gobierno de Macri y el Colegio de los abogados de la city actuando (y ahora legislando) en tandem. Al cumplirse un año de esa nota, la misma revista publicó:  “El año pasado, el ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. En síntesis: el Colegio de la calle Montevideo escribió la ley y luego trabaja con las empresas que se benefician de esa ley mientras sigue asesorando al Gobierno que impulsó esa ley.  Los negocios se cuentan en miles de millones de pesos. Para terminar de cerrar el círculo, la revista Apertura revela que el estudio Cassagne asesoró a Sideco tras el escándalo desatado por el intento de condonación de la deuda de Correo Argentino que intentó Macri.

La misma nota de la revista Apertura cuenta la participación de varios estudios de la city en la ingeniería jurídica de la eliminación de las restrucciones a la compra de dólares y del pago a los Fondos Buitre: “Cepo y holdpouts fueron dos señales claras, con impacto inmediato en los estudios de la City. ‘Después de eso, fue una fiesta’, se sincera Perez Alati”. Se trata de Jorge Perez Alati, del poderoso estudio Perez Alati, Grondona (hijo), Benites, Arnsten & Martinez de Hoz (hijo). El estudio aportó 934..000 a la campaña de Macri. Perez Alati puso otros 1.736.000 pesos.

Los estudios de la city están de fiesta. Colocaron un buen número de funcionarios en puestos clave, son parte de las oepraciones del Gobierno y se llevan tajadas por, entre otras cosas, las colocaciones de deuda.

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¿Ex clientes?

 El pasado CEO del Gabinete de Macri trae como consecuencia que sus miembros sean ex clientes de los estudios de la city y, en especial, de miembros del Colegio de la calle Montevideo. Muchas de estas conexiones se desnudan en ediciones de la revista Apertura. Conexiones que no se cortaron, y donde los funcionarios siguen utilizando los servicios de los abogados que tenían cuando eran empresarios full time.

Luis Caputo, el ministro de Deuda, fue CEO del Deustsche Bank. Ahí tenía como abogado a Javier Errecondo, del estudio Errecondo, Gonzalez & Funes. Cuando, ya como funcionario de Macri, fue a pactar el pago con los Fondos Buitre, Errecondo estuvo a su lado. Errecondo es el socio 3956 del CACBA. “Además, tiene linea directa con Mario Quintana, ya que su estudio es el de cabecera de Pegasus”, reveló la revista Apertura.

El estudio Errecondo, Gonzalez & Funes participó de la emisión de los bonos que se utilizaron para cancelar la deuda con los buitres y de los acuerdos con bonistas para la colocación de 16.500 millones de dólares. De esta movida participó también el estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Los últimos dos apellidos también son socios del CACBA.

Brouchou, Fernández Madero & Lombardi hicieron buenos negocios con el macrismo. Fueron, según su web, el único asesor legal argentino de los bancos que participaron en la emisión del bono a 100 años que lanzó Macri por 2.750 millones de dólares. Organizaron el préstamo que recibió el Banco Central por más de 5.000 millones de dólares al inicio de la gestión Macri-Sturzenegger. También participaron de colocación de más de 5.000 millones de dólares deuda de la provincia de Buenos Aires bajo impulso de Maria Eugenia Vidal.

El estudio Perez Alati, Grondona, Benites, Arsten & Martinez de Hoz (PAGBAM) tiene apellidos ilustres. Mariano Florencio Grondona es hijo del periodista honómino. Padre e hijo son socios del Colegio de la calle Montevideo. Lo mismo con José Alfredo Martínez de Hoz hizo, socio 4104 del CACBA. Desde el estudio PAGBAM fueron parte del acuerdo con el fondo NML de Paul Singer y de la venta de Telecom al fondo Fintech.

Los dinosaurios

El periodista Horacio Verbitsky, que se ocupó de investigar los vínculos entre los abogados del establishment y la dictadura militar, relató: “En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando ‘había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico’. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó ‘la independencia con que han actuado los jueces’.

En el libro ¿Usted también, doctor?, editado por Juan Pablo Bohoslavsky, quedan expuestos los vínculos de jueces, fiscales y abogados con las dictaduras militares. Unos de sus capítulos, escrito por la doctora en Antropología Virgina Vecchioli, trata sobre “El compromiso de las asociaciones de profesionales del derecho con el ‘Proceso de Reorganización Nacional’”. El Colegio de la calle Montevideo fue uno de los grandes comprometidos, y no sólo con la última Dictadura. El texto cita un comunicado del Colegio de 1955, que, tras el derrocamiento de Perón, afirma: “Ha caído la dictadura (…) homra de todas las tendencias, entre los que se destacan muchos socios de este Colegio, se ocupan de asegurar el imperio del Derecho (…) después de haber consagrado la tarea heroica y de terminar con el déspota y su sistema”.

Vecchioli explica que el Colegio de la calle Montevideo es del tipo de entidades que “se destacan por ser asociaciones que nuclean un conjunto importante de la elite de la profesion, es decir, a aquellos que poseen un nombre dentro de este universo de relaciones, heredado a través de los vínculos familiares y personales tanto dentro del mundo de la dirigencia política y empresarial de la Argentina como del propio mundo del derecho, donde llegan a conformar verdaderos linajes familiares”. Esta pertenencia a las elites se afianza con vínculos y relaciones heredadas, la asistencia a colegios exclusivos (antes el Champagnat, hoy el Newman), lazos eclesiásticos, membresías en clubes de golf o el Jockey Club, entre otros. Cuenta Vecchioli que el Colegio puso funcionarios en Gobiernos civiles y dictaduras, e incluso dos de sus socios llegaron a presidentes: Arturo Frondizi y Fernando De La Rúa.

Los dinosaurios pululan por el Colegio de la calle Montevideo hasta hoy. Entre los socios vitalicios del CACBA está Alberto Rodriguez Varela, ministro de Justicia de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. En democracia, fue abogado del dictador en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. En 2012, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata ordenó su detención como parte de los delitos de lesa humanidad contra la familia Graiver, cuando Rodriguez Varela aún era fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Es socio honorario Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de Videla, cargo al que llegó de la mano de Rodriguez Varela.  El periodista Walter Goobar publicó que, “en 1987, Durrieu fue uno de los firmantes de una escandalosa solicitada en la que expresaba solidaridad y reconocimiento con Videla, quien dos años antes había sido condenado en el Juicio a las Juntas”.

Otro honorario es Horacio A. García Belsunce, ex funcionario de la Revolución Fusiladora y del interinato de José María Guido, que luego integró todas las organizaciones empresariales promotoras de los golpes de estado como ACIEL y el CEA. Por si quedaban dudas, fue Vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje al almirante Isaac Francisco Rojas. También figura Eduardo Alejandro Roca, ex embajador de las dictaduras de Juan Carlos Onganía (en OEA y Estados Unidos) y en 1982 (ONU), socio vitalicio del Jockey Club de Buenos Aires y del Círculo de Armas.

Guillermo Walter Klein es socio vitalicio. Integró el gabinete de Martinez de Hoz durante la dictadura, a cargo de Programación y Coordinación Económica. Responsable de la ingeniería financiera del megaendeudamiento dictatorial, fue denunciado por el asesinato de Juan Caros Casariego del Bel, un funcionario del ministerio de Economía que se negó a participar de la estafa que de la estatización de la compañía Italo, cuyo beneficiario era nada menos que Martínez de Hoz. En democracia, Klein armó un estudio de abogados con Héctor Mairal, otro socio del CACBA. Le dieron trabajo a los hijos de Martinez de Hoz y Grondona, que luego abrieron su propio buffette.

La lista de socios del CACBA también se puebla de menemismo. La integran el ex juez de la Corte Suprema automática Augusto Belluschio, el ex supremo y Ministro de Justicia Rodolfo Barra y el autor intelectual de las privatizaciones Roberto Dromi.

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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