Un informe denuncia los daños sociales y ambientales del negocio del litio

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La investigación de una ONG cuenta cómo grandes mineras engañaron a comunidades originarias del Salar Olaroz Cauchari para que dieran su consentimiento a la extracción de Litio en Jujuy, en lo que se considera uno de los mayores yacimientos del mineral a nivel global. El gobierno tenía la obligación por ley de realizar el consentimiento y lo delegó en las empresas. Hoy denuncian el impacto ambiental irreversible y la entrega por parte del gobernador Gerardo Morales para la explotación minera de Salinas Grandes a una empresa vinculada con José Luis Manzano, el ex ministro de Menem devenido en empresario.

“La extracción de litio en Jujuy arrasa con los derechos de las comunidades ante la ausencia del Estado”. Así lo advirtió la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un estudio que dará a conocer este jueves, en el que analiza los impactos sociales y ambientales de la explotación de este recurso en la provincia que conduce Gerardo Morales. Los incumplimientos no sólo están relacionados con la defectuosa implementación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) que debe practicarse tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe también da cuenta que la falta de participación del Estado deja a las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, en materia de salud y de educación en una relación de profunda asimetría frente a las grandes empresas multinacionales que exportan la materia prima sin ningún valor agregado, ocasionando un daño ambiental irreversible en el territorio. En ese marco, los especialistas elaboraron una serie de recomendaciones no solo para el gobierno sino también para el sector corporativo.

Si bien la lucha de las comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc en contra de las tareas de exploración y explotación de litio en su territorio ha cobrado mayor visibilidad en los últimos meses, el informe de la FARN revela que los pueblos de la salina de Olaroz-Cauchari que inicialmente dieron su consentimiento, lo hicieron en una situación de desigualdad frente a las empresas que ha condicionado las capacidades, opciones y expectativas de las comunidades durante las reuniones y las negociaciones. Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la FARN –autora del estudio junto a Jasmin Höglund Hellgren y Leonardo Gómez- explicó: “El gobierno de Jujuy siempre se jacta de que las comunidades de Olaroz–Cauchari dieron su consentimiento a las empresas para que realicen la explotación del litio, que están de acuerdo y participan de los proyectos. Pero el gobierno dejó mucho espacio para que empresas mineras como Lithium Americas -que tiene la participación mayoritaria en la minera Exar- y Orocobre -que integra Sales de Jujuy junto con Toyoya Tsusho Corporation y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE)-, con un poder asimétrico, hicieran procesos de consulta con poca participación del Estado, con comunidades que en muchos casos no entienden la información técnica y no tienen acceso a información independiente. La única información que ellos tienen es la que les dieron las empresas que dicen que no hay impacto ambiental, que esto es casi inocuo, que está todo bajo control. Y nosotros estamos investigando y hay algunas cuestiones serias que pueden impactar en la Cuenca de Olaróz de manera irreversible”, dijo a Nuestras Voces.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) establece que las comunidades originarias tienen el derecho a determinar cómo desean usar sus tierras y recursos en relación con las actividades de extracción. Al igual que el Convenio 169, también establece que el Estado debe “obtener el consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. A pesar que el principio del CLPI claramente estipula que la responsabilidad para obtener el consentimiento comunal le corresponde al Estado y que esta responsabilidad no se puede delegar a actores privados, el gobierno dejó en manos de las mismas empresas interesadas en explotar el litio la responsabilidad. El estudio determinó que las empresas se acercaron y entablaron relaciones con las comunidades sin que el Estado u otra parte imparcial participara de manera alguna. “Así, las empresas, con sus amplios recursos económicos y estrategias corporativas elaboradas, pudieron acercarse a las comunidades sin supervisión ni participación del Estado durante las interacciones y la negociación de los términos y condiciones para obtener el consentimiento de las comunidades y la legitimación social”.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que es uno de los requisitos esenciales para obtener la aprobación de los proyectos de minería– lo realiza una consultora contratada por la empresa que tiene interés en que el estudio sea aprobado por las autoridades provinciales y las comunidades. A la hora de realizar la consulta, son las mismas mineras las que entregan los estudios a la población involucrada. El requisito de que sea informado el consentimiento implica que la información debe proporcionarse de manera tal que los miembros de la comunidad puedan comprenderla. Sin embargo, casi todos los entrevistados en el estudio mencionaron que, de una u otra manera, no entendieron la información que se les proporcionó. “Un miembro de la comunidad expresó: `No explican bien, mandan técnicos y no se entiende. Se hacen preguntas pero te dan respuestas técnicas. Para mí el que dice que entiende no es verdad`. Otra de las personas consultadas señaló respecto a los estudios: “Están acá y el que quiera puede leerla, pero es muy largo y muy difícil de entender”.

Una larga marcha para exigir agua potable

Pero, además, la investigación de la FARN advierte que dada la inexistencia de información crítica provista por las autoridades provinciales y nacionales, las empresas gozaron de una posición dominante, y ejercieron el control total sobre el tipo de información que se pone a disposición de las comunidades, y de lo que es tenido en cuenta para el procedimiento del Estudio de Impacto Ambiental. “En cuanto a la disposición y explicación de la información, esta investigación ha revelado que las empresas no han sido totalmente transparentes, teniendo en cuenta la falta de información sobre posibles impactos ambientales, en particular las otras incertidumbres existentes en los debates técnicos sobre dichos impactos. De esta manera, han negado a las comunidades el acceso a un debate más amplio. Esta situación es un incumplimiento claro del requisito de informado y, como consecuencia, se les ha impedido a las comunidades tomar decisiones totalmente informadas”.

En diálogo con este medio, Leandro Gómez, asistente de Política Ambiental de la FARN, señaló que la ausencia del Estado “facilita la asimetría de poder entre las empresas y las comunidades y en esta asimetría las comunidades solamente van a contar con la información que les provee la misma empresa, la cual tiende a carecer de los impactos ambientales. La información con la que deciden las comunidades es imparcial, no es clara, no es objetiva, no es completa. Y si el Estado estuviese presente podría disminuir esa asimetría de poder entre un actor y otro. La empresa es la única que produce la información en función de la cual se va a decidir sobre el proyecto. No hay información producida de manera imparcial por el Estado provincial. El Estado debería cumplir con lo que ya está en la normativa y en segundo lugar debería producir información propia, imparcial, que le sirva de base para poder evaluar la que le proveen las empresas. Si el Estado no tiene información, con qué capacidad va a juzgar si los datos que le brindan las empresas son verídicos o no, si están completos o no. Cómo va a juzgar el potencial impacto que puede llegar a tener un proyecto minero si no tiene información de base para compararla”, se preguntó.

Estas irregularidades se producen en un contexto en el que es evidente la profunda desigualdad entre comunidades y empresas. “La situación socioeconómica de las comunidades, que poseen servicios básicos limitados y muy pocas oportunidades de empleo, presenta un contraste drástico con las empresas multinacionales y transnacionales. Esto situó a las comunidades en una posición de desigualdad frente a las empresas y, en gran medida, ha condicionado las capacidades, opciones disponibles y expectativas de las comunidades durante las reuniones y las negociaciones”, señalaron Marchegiani, Höglund Hellgren y Gómez.

Según el estudio para algunos miembros de la comunidad uno de los temas centrales vinculados con la llegada de la empresa es su impacto económico. “Algo que se valora mucho son las oportunidades de empleo, tanto directo como indirecto, en un contexto donde no hay otras opciones laborales. También la llegada de las empresas representa el acceso a otros beneficios, como la atención de la salud —algo que las actividades económicas de carácter tradicional como la agricultura y la ganadería no ofrecen—, y a la educación. Si bien la educación pública depende del Estado, en Huancar la educación secundaria comenzó a impartirse después de la construcción del edificio para la escuela, algo que se hizo con ayuda económica de la Minera Exar”. “Un punto débil es que no tenemos trabajo y el que necesita siempre es débil, la educación no está acorde al tiempo en que vivimos”, dijo uno de los entrevistados por la FARN.

Esta situación lleva también a enfrentamientos entre los propios integrantes de la comunidad. “Quienes están centrados en las oportunidades de empleo que ofrece la minería suelen apoyar los proyectos de las empresas, en tanto que quienes tienen como principal preocupación los impactos que provoca la extracción de litio en el ambiente tienen una opinión negativa de la actividad extractiva. Así, sus expectativas para el futuro cercano son diferentes dependiendo de su foco en el empleo o los impactos ambientales”. Según los investigadores fue claro que la empresa quería destacar los beneficios económicos y los empleos, al mismo tiempo que negaban o disminuían los posibles impactos ambientales. “No informaron sobre el agua, el ambiente ni la salud. Dicen que no contaminan y ya, cuando preguntas, ni dicen qué hacen para no contaminar, pero en las haciendas hay animales jóvenes que se mueren, así que para mí sí contaminan”, expresó uno de los integrantes de la comunidad de Huancar. Sin embargo, los estudios existentes revelan la gravedad del daño que ya está produciendo la explotación del litio en la zona. El hidrogeólogo Marcelo Sticco -tal como señalamos en otra investigación de este medio- realizó un informe en el que determinó un riesgo significativo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Olaroz Cauchari en el orden de un año y un posible riesgo de pérdida de las reservas de agua dulce en la cuenca de Salinas Grandes.

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En el caso de Salinas Grandes, las comunidades, después de tres años de reclamos a Morales para que cumpla su promesa de reglamentar el procedimiento de Consulta Libre, Previa e Informada, en febrero de este año –luego de expulsar a una empresa de su territorio que había sido autorizada por el gobierno para realizar tareas sin la aprobación de los habitantes de la zona–, decidió rechazar cualquier proyecto de exploración o explotación de litio en su territorio. “Hay 7000 personas que viven en la cuenca y nosotros vivimos y necesitamos agua. Estamos hablando del ambiente, estamos hablando de la vida.  Hay zonas que en la cuenca hay arsénico. Lo sabe el gobierno, lo sabe el ministerio pero no nos escuchan”, dijo a Nuestras Voces Clemente Flores, referente de la comunidad El Angosto.

Casualmente, esta semana Salinas Grandes fue declarada como una de las Siete Maravillas Naturales Argentinas, concurso que organiza la fundación New 7 Wonders of the World. La iniciativa fue votada por más de un millón de personas. “Estamos orgullosos de ganar, pero también queremos que la gente se entere que Salinas Grandes es un lugar sagrado que tenemos en la cuenca. Para nosotros es una carta más para defendernos y decir que sí existimos y que en la cuenca vivimos personas que tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas. Acá hay vida gracias al agua. Hace mucho tiempo se viene cuidando, haciendo un manejo tradicional, de respeto”, expresó Flores.

Otro integrante de la comunidad, que pidió no revelar su identidad, señaló que “ahora se van a tener que preguntar si un paisaje digno de turismo es compatible con una instalación industrial. La gente viene a Salinas Grandes porque es un desierto de sal inmenso, de luz, de silencio. En el caso de Olaroz, el campo de bombeo ocupa prácticamente todo el salar con tuberías enormes, líneas eléctricas. Además los camiones circulando, el ruido, los acoplados, los deshechos son incompatibles con lo que la gente va a buscar a las salinas”.

Sin embargo, y pese a no haber realizado la consulta a las comunidades y con el claro pronunciamiento de las mismas en contra del proyecto, en marzo de este año el gobierno de Morales convocó a una licitación para la Prospección Geológica, Exploración y Factibilización de Proyectos Mineros en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama. Se presentó un solo oferente: Integra Recursos Naturales S.A. Según el Boletín Oficial de la Argentina del 18 de octubre de 2018, la razón social está registrada a nombre de Jose Luis Manzano y Ricardo Nicolas Mallo Huergo. La empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) emitió una circular en la que  efectuó una serie de aclaraciones y correcciones a la propuesta recibida.

Si bien tanto Sales de Jujuy y Exar, comenzaron a desarrollar los proyectos durante la gestión del ex gobernador Eduardo Fellner, con todas las falencias denunciadas por la FARN en relación al consentimiento de las comunidades, lo cierto es que el gobierno de Gerardo Morales apenas asumió se comprometió a aprobar el Kachi Yupi, un procedimiento que elaboraron de manera participativa los pueblos originarios durante dos años de debate, en donde se fija cada una de las instancias del procedimiento de consulta que el Estado está obligado a realizar. Al día de hoy el gobernador no firmó el decreto que había prometido. Y no sólo eso, sino que a pesar del rechazo explícito de los habitantes de la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc que luego de constatar el daño ambiental que se produjo en Olaroz, hicieron saber al gobierno que no están de acuerdo con el avance de proyectos de exploración y explotación de litio, Morales llamó a licitación y está avanzando con la autorización para la instalación de las mineras en ese territorio sin reconocer los derechos de las comunidades indígenas.

Al finalizar el informe de la FARN los especialistas realizaron una serie de recomendaciones entre las cuales requieren que el Estado informe a las comunidades locales sobre sus derechos; proporcione asistencia legal y profesional a las comunidades para facilitar su comprensión y el ejercicio de sus derechos; garantice su participación durante todo el proceso de CLPI e integre a partes imparciales; desarrolle actividades de capacitación para empleados públicos sobre los procesos y los derechos del CLPI y proporcione mecanismos de reparación en los casos de falta de implementación del CLPI. Todas cuestiones que están en la legislación vigente y que el gobierno, hasta ahora, se ha negado a cumplir. Habrá que ver si atenderá los reclamos de los especialistas o si seguirá haciendo la vista gorda.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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