Un juez para que no se investigue el caso Maldonado

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La causa por la muerte de Santiago Maldonado entró en una encerrona judicial. El expediente, reabierto el año pasado, fue rechazado por jueces federales de Chubut. Y en una vuelta siniestra, siempre regresa a manos de Gustavo Lleral, el juez que clausuró el caso sin investigar a la Gendarmería Nacional y las responsabilidades políticas del macrismo sobre la represión. Desde el Gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Seguridad, analizarán el procedimiento de la GNA. “Debe quedar de manifiesto en todas las cadenas de mando cuáles fueron las irregularidades cometidas”, fue el mensaje de la ministra Sabina Frederic a la nueva conducción de la fuerza.

La investigación penal por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado ingresó en un laberinto judicial absurdo y peligroso, donde pocos parecen querer saber “la verdad”.

La sinopsis para este entreverado laberinto sería así: un juez (Gustavo Lleral) dice que Maldonado “murió solo” sin mencionar ni siquiera la presencia de la Gendarmería en el territorio mapuche. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia sostuvo que aquel juez investigó mal, pero decidió devolverle el expediente para que hiciera lo que no había hecho en un primer lugar. 

Entonces, el magistrado que escribió que no tenía nada más que investigar y por eso archivó la causa, quedó nuevamente a cargo de una pesquisa que ya consideraba clausurada. Absurdo. Entonces lo recusan. 

La Cámara Federal elige otres magistrades: Hugo Sastre y Eva Parcio. Ambos también se excusaron. La segunda, porque instruye una causa iniciada por Patricia Bullrich en donde les acusades son los principales testigos del Crimen de Estado que nadie quiere investigar. El gobierno de Mauricio Macri consiguió que el caso fuera desmembrado en varios expedientes, en donde quiénes debería ser testigos claves de la represión de aquel 1 de agosto son los imputados por asociación ilícita, corte de ruta y falso testimonio.

En el medio de este pase de manos existió un fallo de la Cámara de Casación Penal que fue contundente, más allá de que no fue firmado por unanimidad. El voto de la mayoría, conformado por la opinión de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, indicó que era necesario continuar con la investigación, que se tomaran las medidas de prueba ya solicitadas (por la querella de la familia) y otras que pudieran surgir de la propia pesquisa y que se tuviera en cuenta todo el contexto represivo. Ergo, había que investigar a la Gendarmería y todo el operativo represivo del 1 de agosto que derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. 

Maldonado es causa cerrada para Lleral

Esta es la (única) punta de lanza para desarmar toda la trama de encubrimiento planificada por la ex ministra Patricia Bullrich: hay que determinar qué gendarmes participaron de la cacería dentro de la Pu Lof y qué lugar ocupó cada uno.

El fallo de Casación merece una mención más. El voto de Gustavo Hornos, a diferencia de lo expresado por sus pares, sostuvo que por más que el cuerpo de Maldonado no haya registrado signos de violencia, “eso no quiere decir que haya inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura”. Luego citó el caso Torres, otro mapuche desaparecido en democracia. 

La lectura completa de la sentencia de la Sala 4 de Casación Penal podría haberse interpretado como “una hoja de ruta” para el nuevo juez que designara la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, presidida por Javier Leal de Ibarra, magistrado que en diciembre de 2017 dijo que no había mucho más por investigar. 

Pero no. Como un “loop siniestro”, tal como lo definió la querella de la familia de Santiago, todo vuelve a Lleral. A esta altura, el juez con asiento en Rawson parece ser el más honesto de todes (en sentido irónico, por si hiciera falta la aclaración). Repite, como en otro loop siniestro, que no puede ser parcial porque ya sentenció (en carácter de definitivo) que Santiago murió ahogado solo, sin presencia de gendarmes a su alrededor. Aunque sabe que lo que dice es mentira. 

El juez Hornos habló en su argumentación de un informe elaborado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) que investigó el caso entre agosto y octubre de 2017. En ese trabajo, que llevaba la firma de Felix Crous (actual titular de la Oficina Anticorrupción) se analizó de manera pormenorizada el lugar que ocupó cada gendarme en la represión del 1 de agosto. De esa lectura queda claro que los verdeolivas entraron al territorio disparando sus escopetas anti tumulto y en clara persecución a los integrantes de la comunidad. 

¿Qué pasó con ese informe? Fue ocultado deliberadamente por la fiscal Silvina Avila y el Procurador interino Eduardo Casal. Ante dicho ocultamiento, Lleral tampoco hizo nada. Es decir, nunca pretendió investigar a la GNA. En este sentido, jugó a favor de Bullrich. 

“No tengo ni idea”

En los primeros días de octubre de 2017, apenas había asumido Lleral la causa luego del apartamiento de Guido Otranto, el magistrado se trasladó con algunes de sus colaboradores hacia la Pu Lof en Resitencia Cushamen. Allí mantuvo un primer diálogo con la comunidad que quedó registrado en una serie de audios a los que accedió este periodista. El paso del tiempo no hace más que ratificar que todes quienes intervinieron hasta ahora no hicieron más que garantizar la impunidad dentro del caso.

 – ¿Quién no tiene voluntad de dialogo? -, interpeló una de las integrantes de la comunidad, una mañana de octubre. Estaban reunidos alrededor de la casilla de guardia, el mismo lugar donde la GNA captó la última imagen con vida de Santiago, según consta en la foja 58 del expediente de Habeas Corpus.

– La forma de dialogar no es venir con palos, sino hablar abiertamente como ahora. Lamentablemente hay muchas heridas de los dos lados-, sostuvo Lleral.

– No sé si hay heridas de los dos lados, nosotros cargamos con dos personas que casi mueren en enero (N.d.R.: durante una represión ocurrida el 10 y 11 de enero de 2017) y ahora un desaparecido. No sé si existen heridas de los dos lados…Siempre estamos en desventaja nosotros. Por el solo hecho de cortar una ruta el compañero termina desaparecido; ¿cómo es que una orden de desalojo de ruta termina con la Gendarmería desmadrada? ¿Cómo es que viene el segundo del Ministerio de Seguridad (Noceti) hasta la Comisaría de Leleque? ¿Cómo es que la Gendarmería se desmadró? – inquirió Elizabeth Loncopán, una de las integrantes de la comunidad que escuchó cómo al menos tres gendarmes acorralaban a Maldonado sobre el río según una narración pormenorizada que mantuvo con este periodista. 

El espionaje ilegal de Bullrich en el caso Maldonado

– No, no tengo idea- sostuvo Lleral sobre la presencia de Noceti en el territorio en el momento de la represión de la GNA. Y después afirmó: “Son actos de fuerza, estoy de acuerdo con eso”.

¿Si reconoció que existieron actos de violencia, por qué nunca los investigó? Por entonces, Lleral ni siquiera  daba por probado que Maldonado hubiera estado dentro del territorio. “Todavía faltan medidas (para saber eso)”, les indicaba a les integrantes de la comunidad a pesar de que dentro del expediente estaba la foto de Maldonado en el momento de la huida. 

Ese fue el éxito mayor de Bullrich, instalar que el Brujo era de la RAM y que no había estado dentro del territorio. Para legitimar esa coartada, la ex ministra ordenó que se plantaran pistas dentro del expediente de Habeas Corpus (vía Gonzalo Cané) y que se realizaron operaciones de inteligencia junto a Carabineros. 

Por dónde seguir (o por dónde comenzar)

El operativo represivo de la Gendarmería debería estar en el foco central de la investigación para desentrañar lo que ocurrió con Maldonado. En este sentido resultan claves las palabras de la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien en diálogo con este cronista sostuvo que “debe quedar de manifiesto en todas las cadenas de mando cuáles fueron las irregularidades cometidas; ellos saben que lo que hicieron estuvo mal”. La ministra lo dice tanto por el caso Maldonado como por el asesinato de Rafael Nahuel. 

Según Frederic, durante los años de gobierno de la Alianza Cambiemos existió una “relativa autonomización” de las Fuerzas, donde fueron habilitadas a tomar decisiones de manera autónoma frente a las presiones de los responsables políticos locales y federales, que las dejaron actuar.

Las palabras de la funcionaria abren un conjunto de preguntas: ¿por qué la orden definitiva de ingresar a la Pu Lof la dio el segundo jefe del Escuadrón 36, Juan Pablo Escola, que no conocía a casi nadie de los gendarmes que habían quedado en la ruta? ¿Cuánto jugó su “aptitud” para tareas de inteligencia a la hora de decidir, por sí y sin orden judicial, el ingreso a la Pu Lof? ¿Cuán influenciado estuvo por Pablo Noceti? ¿Noceti dio la orden? La ministra evaluará las posibles sanciones a todos los involucrados para dejar en claro, entre todas las fuerzas federales, que “la autonomía” ya no corre más. 

El otro interrogante que sobrevuela por todo el caso tiene que ver con las operaciones de inteligencia delineadas por Bullrich para evitar que se investigase el operativo represivo de la GNA. Para tal fin, la ex funcionaria dispuso que dos integrantes de la misma fuerza involucrada, el comandante mayor Jorge Domínguez, director de Inteligencia Criminal y el comandante Rafael Antonio Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, viajaran a Esquel y Temuco para coordinar tareas de inteligencia con Carabineros con el objetivo de vincular a Maldonado con la RAM, tal como publicó Nuestras Voces. 

Ese espionaje es materia de investigación judicial, luego de que el fiscal Franco Picardi imputara a Bullrich y otros (ex) funcionarios de haber armado un plan sistemático en contra de las comunidades mapuches. Dicha imputación aguarda una resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Luego del pase de manos entre jueces, cabe preguntarse si no es necesaria una decisión política firme que permita designar un juez que investigue desde cero dicho caso. En este sentido, la querella de la familia insiste en la necesidad de que se conforme una comisión de expertos por fuera de la estructura del Estado. La abogada Verónica Heredia estuvo reunida con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a quien le planteó la necesidad de llevar adelante dicha “investigación independiente”. 

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Sebastián Premici

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Autor del libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Colabora en Página/12 y formó parte de Radio Nacional.

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