Un mal Boquín para Mauricio

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El presidente Mauricio Macri está preocupado. La fiscal Boquin seguirá al frente de la investigación en torno al #Corregate. Así lo determinó la Cámara de apelaciones al rechazar un recurso extraordinario presentado por los representantes del Correo Argentino S.A, que pretendían llegar a la Corte Suprema de Justicia con un reclamo insólito. Si prosperaba el requerimiento de la empresa postal de la familia presidencial, Boquin hubiese visto suspendidas sus facultades en el proceso del que es la principal impulsora.

La fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, es la principal impulsora de la investigación por el Correogate. Entre otras cosas, la fiscal general fue quien hizo público, en febrero de 2017, el acuerdo “abusivo para el Estado” que rubricó la empresa Correo Argentino, de la familia Macri, con el Gobierno, de Mauricio Macri,  para evitar pagar una histórica deuda. Fue tal el escándalo desatado a partir de la denuncia de Boquín revelada por Nuestras Voces, que se abrió una causa penal y Macri tuvo que desandar los pasos que había dado. Para la fiscal, la propuesta que se había aceptado equivalía “a una condonación”: se aceptaba una quita de la deuda de más de $4 mil millones en la actualidad y más de $70 mil millones a 2033. La oferta implicaba resignar el 98,82% de lo adeudado.

Desde entonces, Boquin se transformó en una enemiga para la Casa Rosada y el Grupo Macri, que intentan desplazarla del caso.

Macri se autoperdonó 70 mil millones

En un nuevo artilugio judicial, la firma postal de los Macri intentó que se la suspenda en sus funciones en una de las dos causas principales en las que se divide el affaire del Correo en el fuero comercial: el que profundiza en el vaciamiento de la empresa. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Comercial rechazó, el 2 de mayo, el pedido.

¿Qué planteó el Correo? Sin temor al rídiculo sostuvieron que Boquin no tiene facultades para investigar el tema. Su postura fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia. Y el pasado 2 de mayo se resolvió un recurso extraordinario por el que se quería llegar a la Corte Suprema con esa tesis. Si la Cámara concedía el recurso –presentado en diciembre-, la fiscal general hubiese visto coartadas sus funciones en este tema hasta tanto y en cuanto el máximo tribunal del país abordase el caso. Era una forma “elegante” de apartarla. La Corte no tiene plazos para resolver los temas que le llegan.

La intranquilidad de Macri tiene fundamento. A través de esta ramificación del caso, más tarde o más temprano, Boquin puede tener acceso a los libros contables de dos empresas insignia del Grupo, que se habrían beneficiado con la maniobra de vaciamiento: SOCMA y SIDECO, controlantes de Correo Argentino S.A.

El plan de Macri para enterrar el #CorreoGate

Tal es la preocupación del Grupo Macri que incluso buscó llegar al Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, para que replique una estrategia similar a la que ejecutó con Juan Pedro Zoni, el fiscal que investigaba la pata penal del caso y fue desplazado del cargo con una formalidad, justo cuando pedía al juez una serie de allanamientos en dependencias del Estado y cerraba el círculo de la investigación en torno a la responsabilidad del Presidente.

“La fiscalía resulta ser un órgano de consulta no vinculante para los magistrados por lo que no debe arrogarse funciones que no le pertenecen”, esgrimieron los letrados de la firma de los Macri en uno de sus planteos, que se volvió recurrente. Y pidieron la “valiosa” opinión de Casal, esperanzados con que el sucesor de Alejandra Gils Carbó podía esgrimir algún argumento a su favor, pero su planteo también fue rechazado.

Para la Cámara Comercial, Boquin “posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”. De esta forma, la fiscal general aunque con presiones continúa al frente del caso en el fuero comercial.

Los Macri quieren desplazar a la fiscal que destapó el Correogate

El vaciamiento

El expediente sobre el vaciamiento se abrió porque Boquín detectó desvíos de dinero desde el Correo en favor de SOCMA y SIDECO en los meses previos y posteriores al escandaloso acuerdo con el Gobierno. Los movimientos podrían implicar conductas fraudulentas en el expediente concursal.

No obstante esta ramificación de la investigación, la causa madre del caso es el  concurso preventivo del Correo del que puede desprenderse la quiebra de la empresa postal de la familia Macri. Esto causa alarma en el entorno del Presidente. Según el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras, la quiebra se extiende“a toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte”. La decisión golpearía directamente en las empresas neurálgicas del Grupo Macri: las mentadas SCOMA y SIDECO.

Presiones

En lo que hace a la pesquisa penal del Correogate, Zoni no tuvo la misma suerte que Boquin: fue reemplazado por el “amigable” Gerardo Pollicita. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, que colaboraba en el expediente, también fue puesto en jaque en los últimos días.

El 26 de abril, el juez federal Claudio Bonadio tomó como propio un pedido de Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia y estrecho amigo personal de Macri, y, en el marco del caso Odebrecht, pidió la captura internacional del brasileño Leonardo Meirelles y que se investigue a Rodríguez como al fiscal Federico Delgado, quienes buscaban averiguar si el jefe de los espías, tal como fue denunciado, recibió cuantiosas sumas de dinero provenientes del Lava Jato u otra maniobra delictiva.

La decisión de Bonadio no es ingenua y puede afectar el futuro de distintas causas que preocupan a Macri. Delgado está a cargo de uno de los expedientes que se abrió como coletazo del escándalo en Brasil y avanzó con los Panama Papers mientras que Rodríguez, como procurador que investiga delitos de corrupción o irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos, hace foco en todas las causas sensibles para el Gobierno. Entre ellas, Odebrecht y el Correo.

Premio para la hija de la jueza del Correo que benefició a Macri

La hija de la camarista

Mientras avanza la puesta en jaque o desplazamiento de los principales investigadores del Correogate, la hija de la presidenta de la sala B de la Cámara Comercial, donde tramite el expediente de la empresa postal de la familia presidencial, fue nombrada jueza por Macri mediante el decreto 374/2018.

La designación se conoció poco antes de la resolución de la cámara sobre el futuro de Boquin y levantó suspicacias.

Agustina Díaz Cordero es hija de la camarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien preside la sala donde tramita la causa por la deuda de más de $4 mil millones que el Correo  mantiene con el Estado. María Lilia también está al frente de la conservadora Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Díaz Cordero fue quien dejó correr la maniobra del Presidente para condonarle a su familia esta deuda millonaria, en 2016. El caso debió retrotraerse cuando Boquin hizo público el acuerdo abusivo para el Estado.

Por decisión de Macri, Agustina quedó al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23 de la Capital Federal pese a las irregularidades en el concurso para acceder al puesto.

La nueva magistrada cumplía funciones en el Ministro de Justicia y DD.HH que conduce Germán Garavano. Tenía una licencia en el cargo de secretaria que ocupaba en un juzgado comercial.

El 2 de mayo, acaso para evitar un nuevo escándalo, María Lilia votó a favor de rechazar el pedido de recurso extraordinario. La camarista Matilde Ballerini hizo lo propio.

Ante este escenario, a los abogados de Macri les queda la posibilidad de ir en queja a la Corte Suprema y depositar sus esperanzas en lo que resuelvan los jueces supremos.

#CorreoGate: nuevo pedido para investigar el vaciamiento

La deuda

El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la concesión. La empresa (Correo Argentino S.A) sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año por lo que al 2001 la deuda del Correo con el Estado ya ascendía ya a 296 millones pesos/dólares (entonces regía la convertibilidad).

Aquel mismo año, la empresa entró en concurso de acreedores. Entre 2003 y 2015 el Correo Argentino S.A realizó propuestas irrisorias que fueron rechazadas por los representantes del Estado nacional, que es el acreedor mayoritario (aunque hay más de 700 acreedores). Una vez que Macri llegó a la Casa Rosada, las negociaciones se aceleraron.

En junio de 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial –donde se encuentran María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini- convocó a una nueva audiencia y luego de una primera propuesta rechazada, el gobierno aceptó la segunda oferta.

Entonces apareció Boquin, quien rechazó la oferta por “abusiva”. El caso se hizo público en febrero de 2017 y fue tal el escándalo, que se abrió una causa penal y Macri volvió todo “a fojas cero”.

Para Boquin, la propuesta era equiparabale “a una condonación” de la deuda y debía “considerarse abusiva” en tanto que implicaría, de acuerdo a los cálculos que realizó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación,  una quita de más de $4 mil millones en la actualidad y más de $70 mil millones a 2033, cuando la empresa pagaría la última cuota según su propuesta de entonces. La oferta contenía una quita del 98,82% de lo adeudado y por poco no se hizo realidad.

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Franco Mizrahi

Franco Mizrahi

Especialista en periodismo de investigación y colaborador en Nuestras Voces.

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