Un milagro para Sala

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La dirigente social perseguida y encarcelada Milagro Sala quiere ser candidata a gobernadora por Jujuy en 2019. En el nuevo juicio que le están siguiendo, conocido como “Pibes Villeros”, una jueza designada a dedo administrativamente por el gobernador Morales, y que reprobó los concursos, la juzga por hechos sin marco temporal.

Hemos demostrado que con muy poca plata se pueden hacer muchas cosas, ¡Qué sería si llegásemos a gobernar la provincia!”, declaró ayer a una radio Milagro Sala, detenida en su domicilio.

El último viernes, por mesa de entrada del Poder Judicial, Sala había presentado, por cuarta vez, un pedido de audiencia a la jueza Alejandra Tolaba, que preside el Tribunal Criminal 3, que la juzga en la causa que se conoce como “Pibes Villeros” junto a Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir.  En los casos anteriores, el objetivo central era dar a conocer cuestiones vinculadas con su salud. Esta última, en cambio, para dejar constancia que la resolución adoptada por las juezas que la excluyeron del juicio que llevan adelante en su contra le impide ejercer el legítimo derecho a la defensa. Un hecho que, en el futuro, podrá dar lugar a la nulidad de todo el debate oral y público que comenzó el 24 de julio y en el cual, esta es solo una mas de las tantas irregularidades que han dominado el proceso.

Una acusación que carece de marco temporal, una jueza designada administrativamente en el fuero criminal pero que desaprobó los dos concursos en los que participó para ser nombrada en el Tribunal que hoy integra; un proceso oral y público pero al que dejan ingresar solo a 16 personas en total –son 29 imputados de modo que si quisieran ir un familiar de cada uno de ellos no podrían acompañarlos–. Los periodistas que son autorizados a pasar a la sala, dentro de ese “número mágico de 16”, tal como lo denunció cuando se dio a conocer la resolución el abogado Matías Duarte, no pueden llevar lápiz ni papel. Todos son obligados a firmar un acta de confidencialidad; un primer testigo en el juicio que fue detenido bajo el cargo de “falso testimonio”, por no repetir lo que en enero de 2016 dijo ante un fiscal, después que el gobierno le prometiera un trabajo que hoy ya no tiene –en la audiencia reclamó estar sin trabajo desde principios de año–; testigos que firmaron denuncias contra Milagro Sala pero que al ser consultadas ni conocían a la dirigente, ni tuvieron voluntad de denunciarla. En el medio, internaciones, traslado al Penal Federal de Salta, una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmada por unanimidad, y que a un mes de adoptada, se sigue incumpliendo; el regreso a El Carmen, donde montaron una “prisión sui generis”, según dijo el propio juez Pablo Pullen Llermanos que ordenó medidas contrarias a lo que establece la ley en relación a la prisión domiciliaria.

En ese contexto, el pasado 30 de agosto el Tribunal Criminal 3, decidió excluir de manera definitiva a Milagro Sala de las audiencias del juicio que se lleva en su contra. La dirigente social no pudo escuchar la sanción que las magistradas le impusieron. Se encontraba entonces en un móvil policial, en el que estaba desde hacía al menos dos horas, cuando el juez Pullen Llermanos ordenó trasladarla en pijama desde el Hospital Pablo Soria -donde fue internada dos días antes- al Palacio de Tribunales. El abogado Matías Duarte advirtió que la decisión “vicia la legalidad de todo el proceso” y reclamó que se le den a conocer a Milagro Sala los fundamentos para poder ejercer el derecho a la defensa hasta entonces negado. Las juezas decidieron proseguir con los testigos citados para ese día sin la presencia de la dirigente social. “Todos los ordenamientos procesales del país prohíben el juicio en ausencia”, analizó Duarte. En ese momento, otro capítulo de la ilegalidad de los procesos judiciales contra Milagro Sala, comenzó a escribirse.

Huelga de hambre de Milagro hasta que se cumpla el fallo de la Corte

En plena audiencia, el martes 28 de agosto, Milagro Salala dirigente social debió ser atendida por personal del SAME. El médico del Poder Judicial que intervino, Américo Bermúdez, ordenó en el certificado médico “se derive a la señora Milagro Sala a la Clínica Los Lapachos para un mejor diagnóstico. La paciente presenta desde el viernes 24 de agosto dolor abdominal agudo, más vómitos. Con diagnóstico presunto de colon biliar, descartar pancreatitis”.

Dos semanas antes, cuando Sala se encontraba detenida en el Penal Federal de Salta, por otra orden del juez residual Pablo Pullen Llermanos, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, dictaron una acordada en la que ordenaron al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que diera cumplimiento a la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de noviembre de 2017 y ratificada por el máximo tribunal de la Argentina el 5 de diciembre de ese año. Uno de los puntos destacados se refería a la cuestión vinculada con la salud de la dirigente social. Además de disponer que se sustituya la prisión preventiva por el arresto domiciliario en su residencia habitual, la orden establecía “requerir al Estado que realice las gestiones pertinentes para que la atención médica y psicológica que se brinde a la señora Sala se planifique e implemente con la participación de la beneficiaria o sus representantes a efectos de garantizar su autonomía respecto a su salud y la obtención de su consentimiento informado para la realización de los exámenes y tratamientos que los médicos o psicólogos tratantes determinen”.

A pesar de los reiterados pedidos de Sala de ser trasladada a la Clínica Los Lapachos para realizarse estudios, y de la orden del propio médico del Poder Judicial en ese sentido, las juezas del Tribunal Criminal 3, ordenaron la derivación de la dirigente al Hospital Pablo Soria, donde ya había sido atendida el viernes anterior y dada de alta al día siguiente. Al llegar a la audiencia ese martes, y previo a descompensarse nuevamente, los abogados de la diputada del Parlasur habían solicitado que se les conceda una reunión con las juezas y los representantes del Ministerio Público de la Acusación para que la dirigente pudiera relatar los inconvenientes sufridos durante su internación. Todos los pedidos fueron desoídos.

El caso de las bombachas, nuevo show contra Milagro Sala

En ese contexto, el jueves 30, y tras dos días de internación, sin saber si se daría curso al pedido de los médicos personales de Sala para que se le prescriban diez días de reposo para que pudiera recuperarse del cuadro que la llevó dos veces en menos de cinco días al hospital, Pullen Llermanos ordenó que se la traslade al juicio. Recién habían pasado las 11.30 de la mañana. Las audiencias del juicio Pibes Villeros, previstas para las 14.30 horas nunca comienzan antes de las 4 de la tarde. En ese marco, la dirigente solicitó que se la llevara a su lugar de detención para poder bañarse y cambiarse, dado que en el hospital no tenía ropa limpia. Como es habitual, se le negó el pedido y se la trasladó en pijama a la audiencia.

Tras algunas horas de deliberación, con Milagro Sala en ropa de dormir y dentro del móvil policial en el estacionamiento de los Tribunales, las juezas dieron inicio a la audiencia y ordenaron la exclusión de la dirigente del proceso. Leyeron el acta suscripta por Pullen Llermanos. “Yo estoy limpia pero no tengo ropa limpia”, supuestamente dijo según consta en el acta firmada por el juez residual. “Solo el pijama tengo, ni bombacha ni corpiño tengo aca, y procedió a bajarse los pantalones de pijama frente a ambos secretarios diciendo mira mira poniendo a la vista sus partes pudendas, ya que no poseía ropa interior y luego se levantó la chaquetilla de su pijama postrando —así está escrito en el acta— sus senos. Por otro lado manifestó que ella no se cambiaría e iría como está, que ella no pasaría vergüenza que el que va a quedar mal es Pullen Llermanos, el gringo amigo de Morales y que si quiere el juez me vaya a comprar ropa de esa que el usa soy talle 8 de pantalón remera L y corpiño talle S. Acto seguido y luego de las tratativas del Dr. García para que la señora Sala cambie su actitud en cuanto a su comportamiento, la misma contesto que si iba a ir a juicio, pero que iba a ir como estaba. No siendo para más se da por concluido el acto firmando para constancia el Sr. Juez por ante los Actuarios que certifican”.

La ONU pidió la libertad de Milagro Sala

Sin embargo, al inicio de las audiencias, Tolaba aseguró que Milagro Sala se encontraba presente y en un lugar contiguo -no aclaró que estaba en un móvil policial desde hacía horas- y que por razones de decoro el tribunal consideraba inapropiado el ingreso de la misma toda vez “que se encuentra con ropa de dormir, habiéndose negado a higienizarse y a que le acercaran la ropa apropiada”. Luego se dio lectura al acta labrada por Pullen Llermanos. Y la Presidenta del trámite prosiguió: “habiendo sido advertida la imputada Sala que de continuar con su conducta en el curso del debate sería excluida y que no obstante ello continúa haciéndolo, en conductas tales como exhibición de carteles irrespetuosos, manifestaciones irreverentes con el tribunal, animadas charlas entre los coimputados, entre la imputada Sala y los coimputados Noro y López en pleno desenvolvimiento de la audiencia del debate, incidentes en torno al traslado al Hospital Pablo Soria dispuesto en virtud de la urgencia médica del 28 de agosto de 2018 y el de la presente fecha, todos los cuales evidencia pone de manifiesto el interés de obstaculizar el normal desenvolvimiento del debate, el tribunal resuelve de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 407 del Código Procesal Penal excluirla de manera definitiva con la sola excepción que la misma formule sus deseos de declarar siendo trasladada a ese solo efecto”.

Si bien el artículo 407 del Código Procesal Penal establece que “el presidente ejerce el poder de policía de la audiencia y podrá corregir en el acto, con multa de hasta un salario mínimo vital y móvil mensual o arresto de hasta ocho (8) días, las infracciones a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de expulsar de la sala al infractor”, esto no implica que se le niegue al imputado el seguimiento del debate en una sala contigua o por otros métodos y mucho menos que pierda contacto con su defensa. “Nuestra Constitución establece que la defensa en juicio es inviolable y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional también lo hacen. Si el imputado está ausente durante el juicio, no puede ejercer su defensa material, controlar la prueba ni participar en el debate oral”, precisó Duarte.

La posibilidad de declarar nulo todo el proceso en virtud de esta grave afectación del derecho no sólo fue advertido por la defensa de Milagro sino también por todos los abogados presentes en la sala, por el propio Ministerio Público de la Acusación, incluso por las querellas. La fiscal Liliana Fernández de Montiel planteó que “a fin de evitar nulidades que a todas luces se ciernen sobre la decisión de vuestra señoría, además de lo ya expresado por la defensa de la señora Milagro Sala, nosotros pedimos que se dispongan las medidas para que la acusada Sala presencie el desarrollo de este debate a través del sistema de video conferencia que deberá ser instalado en el lugar de donde cumple la detención domiciliaria”. A pesar de reiterar que la sanción cumplía lo establecido por la ley, las juezas dieron lugar parcialmente a lo solicitado por el Ministerio Público de la Acusación y ordenaron que se instale el sistema de video conferencia en El Carmen.

Una tarde con Zaffaroni y Milagro Sala en la prisión

Sin señal

Pasadas las tres de la tarde en el Salón Vélez Sarsfield donde martes, miércoles y jueves se desarrolla el juicio contra Milagro Sala y otros 28 imputados, los secretarios iban y veían. Empezaron a anunciar a los abogados presentes que el inicio de la audiencia se demoraría al menos hasta las 16.30 horas. El sistema de video conferencia estaba “caído”. “Llamativamente se cortó internet”, dijeron las juezas más tarde. Durante la mañana habían probado el sistema “y funcionaba perfecto”.

A los efectos de garantizar el servicio, montaron frente a la prisión sui generis donde se encuentra detenida Milagro Sala una carpa de la policía de la provincia de Jujuy que funciona con un sistema similar al de los peloteros que se montan en fiestas infantiles. Durante ese día, cuando en un momento se cortó la electricidad, la carpa se desinfló por completo, quedando adentro atrapados quienes se encontraban en el lugar.

Un secretario del juzgado bromeó: “podríamos probar con señales de humo”, cuando advirtieron que no funcionaba la conexión. Otro explicó que la solución podría ser una transmisión satelital, “pero es inviable por el costo”. “Dos horas de transmisión de un partido sale alrededor de 17 mil dólares”, comentó. Además de la falta de agua potable y gas natural, se sabe que en la zona de los diques no hay buena conexión telefónica. El servicio de Personal no llega directamente a la puerta del domicilio en el que está detenida Sala. Claro y Movistar, funcionan de a ratos. Cuando fue llevada allí por primera vez y le colocaron tobillera electrónica, “personal del Patronato de Liberados debía comunicase permanentemente porque la señal de transmisión se caía”, recordó el abogado Luis Paz.

Frente a ese escenario, las juezas enviaron a una secretaria del Tribunal hasta El Carmen. Llegó al lugar a las 16.10 horas. Allí le informó a Milagro que se encontraba interrumpido el servicio de internet y que no era posible “establecer comunicación entre la residencia y el Palacio de Tribunales donde se celebra la audiencia de debate en Expdte N 822/18, por lo que resulta imposible facilitar a la imputada audio y/o video de la audiencia. En consecuencia se requiere a la misma manifieste si desea ser trasladada a sede judicial a fin de presenciar dicha audiencia desde la sala contigua al recinto en que esta tiene lugar, a lo que la Sra Sala dijo que sí desea ser trasladada a tales fines”, consta en el acta labrada ese día.

Recién ese día, el Tribunal le dio a conocer a Milagro Sala las razones que expuso para ordenar su exclusión del juicio. La ubicaron en la biblioteca que se encuentra detrás de las juezas, aislada de todos y con la custodia de personal del Servicio Penitenciario.

Por qué Jujuy, por qué Milagro

Al día siguiente, los abogados de Sala plantearon la nulidad de la decisión del Tribunal. Todas las defensas y las querellas adhirieron al pedido. El Ministerio Público de la Acusación solicitó un cuarto intermedio y cuando se retomó la audiencia pidió que se vuelvan a tomar las testimoniales de quienes habían prestado declaración durante la audiencia en la que Sala fue trasladada a El Carmen la semana anterior. El Tribunal rechazó todos los planteos una vez más y aseguró que el pedido de nulidad era extemporáneo porque no se hizo al instante en el que fue dada a conocer la decisión. Sin embargo desde la defensa de Milagro Sala recordaron que no se puede plantear la nulidad de un acto sin conocer los fundamentos del mismo, algo que recién le fue notificado a Milagro Sala cinco días después de adoptada la decisión.

Matías Duarte explicó: “La sanción es nula porque los hechos que desencadenaron la aplicación de la misma, esto es lo que sucedió en el Hospital Pablo Soria y el traslado en pijama, son hechos que sucedieron fuera de la audiencia. No se había abierto el debate de ese día y los hechos sucedieron en el marco de un procedimiento a cargo de otro juez provincial. Además, la sanción es nula porque se aplicó sin darle la oportunidad a Milagro de que se exprese respecto a los hechos que fundaron la aplicación de la sanción. Este derecho a realizar un descargo sobre alguna acusación que tenga por finalidad la aplicación de una sanción es un requisito necesario para la existencia de un debido proceso legal que está reconocido por el articulo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 de la Constitución Nacional. De hecho, la versión de Milagro es completamente distinta a lo que transcribieron en el acta que motivó la sanción. Por último, esta sanción termina siendo nula por los efectos que irradia sobre el proceso penal en tanto consagra que Milagro esté ausente y no pueda controlar la prueba y sobre todo no pueda ejercer su defensa material en el juicio en el que es una de las principales acusadas”.

En la nota ingresada el pasado viernes, de puño y letra de la dirigente social, Milagro Sala expresó: “quiero dejar constancia que desde los primeros días del mes de septiembre de 2018 no puedo trabajar con mis abogados durante el desarrollo del juicio que se está desarrollando en mi contra. No puedo presenciar el juicio ni consultar con mis abogados mientras declaran los testigos. Hay testigos que han dicho mentiras sin que pueda ejercer el derecho a preguntar. Estoy ausente en este juicio y no puede defenderme en estas condiciones”.

Cuando la defensa de la dirigente recurrió la decisión del Tribunal de hacer de este juicio un proceso secreto, al autorizar solamente la presencia en la sala de 16 personas fuera de las partes del debate -imputados, abogados, fiscalía, querella y secretarios del juzgado- y hacerles firmar a los presentes un acta de confidencialidad, no habían siquiera imaginado que el nivel de ilegalidad de lo que sucede dentro del recinto llegara a tales límites. Todas las partes involucradas en el proceso, incluso quienes están interesados en una condena contra la dirigente social, saben que de esta decisión del Tribunal de excluir a Sala del proceso no hay retorno. Y que tarde o temprano, la nulidad de todo lo actuado va a recaer sobre este proceso.

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