Una Corte genocida friendly

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Luego del fallo del 2×1, la Corte Suprema de Justicia quedó en la mira por intentar beneficiar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Un año después, y con Carlos Rosenkrantz en la presidencia, el tribunal sigue sin revisar su jurisprudencia en favor de una temprana liberación de los genocidas. Tampoco define si existieron delitos de lesa humanidad antes del Golpe de Estado de 1976  y mantiene inactiva la investigación contra el empresario de las noches de los apagones, Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ledesma.

Fotos: CIJ y Joaquín Salguero

El 1 de octubre la Corte Suprema ingresó en una nueva era –probablemente en su fase netamente macrista– con la asunción de Rosenkrantz como titular del máximo tribunal de justicia. El jurista de origen radical representa la llegada a la cima del Poder Judicial de un representante de los grandes estudios y de las grandes empresas. También del impulsor del fallo que el 3 de mayo de 2017 benefició al represor Luis Muiña con el 2×1, decisión que fue repudiada en las principales plazas del país una semana después y que los tribunales inferiores se negaron a aplicar.

En su primera semana al mando, Rosenkrantz protagonizó una disputa pública con su antecesor Ricardo Lorenzetti por el manejo de la comunicación del máximo tribunal, y el expresidente supremo le disparó con unas palabras cargadas de historia: “Me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar». Una primera lectura de la carta de Lorenzetti podría indicar que se refería a los años de la Corte menemista, pero una segunda mirada puede mostrarla como un aguijón que pincha en recuerdos más cercanos: el 2×1, la impugnación a su designación por parte de organismos de derechos humanos y el pedido de juicio político después del fallo Muiña.

En el Palacio de Justicia, cuentan que hubo tironeos entre el actual presidente de la Corte y su antecesor por los casos de lesa: que cuando Lorenzetti decía que había que sacar las causas que estaban demorándose, Rosenkrantz respondía que necesitaba más tiempo para estudiarlas. ¿Cuáles son esas causas?

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Muiña y el 2×1

Muiña, un represor desconocido y gris que había operado en el Hospital Posadas durante los primeros años de la dictadura, jamás se imaginó que la Plaza de Mayo iba a rebalsar para repudiar que él saliera antes de prisión. A Muiña desde el fallo de Rosenkrantz, Rosatti y Elena Highton de Nolasco todo le salió mal: volvió a prisión después de unos meses de libertad, se aceleró el juicio por los homicidios de dos trabajadores del policlínico de Haedo y el mes pasado terminó condenado a prisión perpetua.

A la Corte tampoco le fue demasiado bien desde ese fallo. Los tribunales inferiores buscaron argumentos para correrse de la jurisprudencia que había emanado del máximo tribunal, y no habilitaron el 2×1 para los acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. Dos días después de la marcha, el 12 de mayo, la Corte publicó un comunicado en el Centro de Información Judicial (CIJ) anunciando que iba a pedirle la opinión a la Procuración, querellantes y defensas sobre qué hacer con la ley 27.362, que se aprobó después del fallo de los tres cortesanos. Hay quienes dicen que fue el propio Lorenzetti que trabajó en el texto que excluía de la aplicación del 2×1 a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

Pese a que varios de los ministros hicieron saber extraoficialmente que están dispuestos a dar vuelta el fallo Muiña, la Corte nunca sacó una nueva resolución. En Talcahuano dicen que los votos de Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda están asegurados, así como el de Rosatti. El de Highton de Nolasco es un misterio y Rosenkrantz, inamovible.

La Corte está en condiciones de resolver desde el 14 de julio de 2017, cuando recibió un dictamen de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó sosteniendo que los delitos de lesa humanidad debían ser excluidos de la aplicación de la derogada ley del 2×1. Los organismos siguen reclamando que anulen la doctrina que inauguraron con el fallo Muiña.  “Es indispensable que la Corte revise esta jurisprudencia porque la ley del Congreso cambió el panorama a nivel legal”, reclamó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Ajuste en la Corte

Blaquier y los responsables civiles del genocidio

En julio de 1976, la empresa Ledesma apagó la usina eléctrica en General San Martín, sumiendo a los pueblos en la más impenetrable oscuridad. Alrededor de 30 personas fueron secuestradas entre el 20 y 21 de julio de ese año. Las fuerzas de seguridad las cargaron en camiones proporcionados por la propia Ledesma. Esa oscuridad todavía sigue envolviendo a su presidente Carlos Pedro Blaquier, quien en marzo de 2015 fue beneficiado con una falta de mérito por parte de la Sala IV de Casación. Los integrantes del máximo tribunal penal del país afirmaron que, aunque los represores habían usado los vehículos de su empresa para los secuestros, era más que factible que Blaquier no supiera para qué había prestado los camiones. No tuvieron en cuenta, entre otras cosas, lo que señaló el fiscal Javier de Luca al impugnar la resolución y llevarla en queja ante la Corte: las víctimas eran trabajadores o familiares de los empleados de la empresa de los Blaquier y habían tenido actividad gremial.

La procuradora fiscal ante la Corte Adriana García Netto sostuvo el planteo de De Luca, pero la Corte jamás resolvió qué hacer con Blaquier, señalado por los organismos como uno de los emblemas de los responsables civiles y económicos del genocidio.

En la Corte, algunos ministros descreen que el asunto vaya a ser tratado por el momento.

Delitos sexuales

El máximo tribunal también tiene que definir si los crímenes sexuales que fueron una práctica sistemática en los centros de detención de la dictadura son delitos de “propia mano” – es decir, solamente achacables a los autores directos–, o no.  Así los consideró en marzo de 2016 la sala III de la Casación, cuando confirmó las condenas contra Jorge Antonio Olivera, Gustavo Ramón de Marchi, Osvaldo Benito Martel y otros represores que operaron en San Juan. Sin embargo, la decisión de Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky fue recurrida por la fiscalía.

“La exclusión de responsabilidad penal de los superiores jerárquicos por los delitos de abuso deshonesto y violación implica desatender el hecho de que fueron ellos quienes garantizaron las condiciones para que estos crímenes sean cometidos, a la vez que contribuyeron a la posterior impunidad de los autores materiales”, sostuvo en su dictamen de febrero de 2017 el procurador fiscal ante la Corte Víctor Abramovich.

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 Crímenes de lesa humanidad antes del golpe

Un caso emblemático como la masacre de Trelew de agosto de 1972 espera ser examinado por la Corte para que los cinco ministros definan si hubo terrorismo de Estado antes del golpe de Estado de 1976. En marzo de 2014, la Sala III de la Casación había confirmado las perpetuas de Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real y Carlos Amadeo Marandino, y anulado las absoluciones de dos uniformados por la matanza de los presos políticos que estaban detenidos en la Base Almirante Zar. La Corte tiene desde 2016 el dictamen de Gils Carbó, definiendo –en sintonía con Casación– como delitos de lesa humanidad el fusilamiento de los 16 militantes.

En 2016, la misma sala de la Casación, aunque con otra conformación, anuló la condena de tres militares del Regimiento A-17 de Catamarca por la ejecución de 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en lo que se conoce como la masacre de Capilla del Rosario de 1974, y sostuvo que no se trataban de delitos de lesa humanidad porque no había sido un ataque planificado ni sistemático de las fuerzas estatales contra la población civil. La Corte tiene este caso para resolver desde julio de 2017, cuando el actual titular de la Procuración General, Eduardo Casal, presentó un recurso sosteniendo que se trata de una grave violación a los derechos humanos que debe ser investigada y sancionada por la justicia.

Demoras

Sólo un cuarto de los condenados por delitos de lesa humanidad tenía sentencia firme para marzo de este año, según publicó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en su informe de ese mes.  Según el Ministerio Público Fiscal, las causas demoran un promedio de seis años entre que son elevadas a juicio hasta que son revisadas por la Corte. Las megacausas, como las de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) o en La Perla, estiran esos tiempos.

La Cámara de Casación tampoco es ajena a esas dilaciones, apunta la abogada Guadalupe Godoy. En La Plata, por ejemplo, aun no está firme la sentencia por el Circuito Camps de 2012, que tuvo en el banquillo a Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jaime Lamont Smart, entre otros, porque básicamente todavía no fue examinada por el máximo tribunal penal del país.

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Luciana Bertoia

Luciana Bertoia

Periodista, Licenciada en Ciencia Política y Magíster en Derechos Humanos. Cubre temas vinculados con justicia y derechos humanos. Formó parte del Buenos Aires Herald y trabajó en la sección El Mundo del diario Página/12 y en Miradas al Sur.

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