Una larga marcha para exigir agua potable

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En San Antonio de los Cobres el agua sale de la canilla con larvas y gusanos. Muchos de sus habitantes están enfermos por consumirla. Integrantes de las comunidades Atacama y Kollas del Desierto están marchando hasta la capital salteña –a 160 kilómetros– para reclamar soluciones. La semana pasada denunciaron penalmente al Estado provincial y a Aguas del Norte. Además, aseguran que el gobernador Juan Manuel Urtubey aprobó 120 proyectos de megaminería en la zona sin haber realizado una consulta popular. Historias del abandono estatal.

Reina Ferril es de la comunidad Kollas del Desierto. Es mamá de siete hijos. El más pequeño tiene cuatro años. El problema con el agua es histórico en la zona, pero en diálogo con Nuestras Voces relató que la gente del pueblo es muy callada y que estaban acostumbrados. Sin embargo, la situación comenzó a agravarse desde hace dos años y estalló cuando una maestra de la escuela Domingo Faustino Sarmiento ya no lo pudo soportar y denunció públicamente lo que todos veían pero nadie se atrevía a decir: que de la canilla el agua salía con gusanos y larvas. Según el diario El Tribuno de Salta, “la respuesta de Aguas del Norte en aquel momento fue justificar la presencia de los gusanos asegurando que eran ‘comestibles’, o que no perjudicaban la salud si se los bebía con el agua”.

“Los gusanos estaban en todo el pueblo, por eso sabíamos que era de la red”, señaló Reina. Tras un corte que realizaron en la Ruta Nacional 51, lograron firmar un primer acuerdo con Aguas del Norte. Desde la empresa se comprometieron a llevar agua potabilizada en camiones cisterna. “No hicieron nada. Sólo se le proveyó a la escuela y al hospital tres mil pesos que les dio el Intendente en esa época, en noviembre, cuando empezamos con los reclamos, pero después nunca más nadie se acordó y los gusanos siguen saliendo. Da lástima porque el agua pasa del río a las cañerías del pueblo. Entonces nos dimos cuenta que nos dan un mal servicio y reclamamos que nos den agua pura. Acá hay mucha gente humilde que no puede comprar agua mineral”, aseguró.

Silvina Vázquez es integrante de la misma comunidad que Reina. Es una de las 5000 habitantes de San Antonio de los Cobres. Tiene cuatro hijos y está embarazada del quinto. Es jefa de familia. A principios de diciembre su hija Nikte, de siete años comenzó con diarrea, fiebre y vómitos. En el pueblo no había agua y decidió llevarla al campo para bañarla. Cuando le sacó la ropa descubrió que todo el cuerpo de la nena estaba con puntos morados. “Al principio pensé que era varicela, pero era diferente. Le puse toda la ropa y la llevé derecho al hospital. Había una médica, pero me dijo que era domingo y que ese día no atendían. Pero al ver el estado de la nena me dio unos inyectables y me sugirió que volviera en la semana. El miércoles a mi hija le seguían doliendo las piernas. Tenía más puntos que el domingo y se le empezaron a inflamar los pies y las piernas. En el materno infantil no me daban turno para esos días, así que fui sin derivación y por mis propios medios. A Nikte no le entraban las zapatillas y tuve que comprarle un calzado que es como de goma espuma, un número más grande. Después de ser atendida en el hospital quedó unos días internada y luego tuvo que volver durante un mes todas las semanas para que los médicos la vieran”. Le diagnosticaron púrpura, un trastorno que en caso de complicarse puede llegar a ser mortal. Nikte ya se recuperó. Pero Silvina está sin trabajo, embarazada, con cuatro niños a cargo. Cada bidón de agua mineral de 6 litros cuesta 71 pesos con 30 centavos.

El 11 de enero, Pedro Ramón Lázaro, Cacique General de la Comunidad Koya del Desierto radicó una denuncia en la Comisaría 107 de San Antonio de los Cobres en contra del Estado provincial y de la empresa Aguas del Norte. En su presentación señaló que el resultado del análisis bacteriológico realizado por personal técnico de la propia empresa sobre el agua potable del pueblo San Antonio de los Cobres el 8 de noviembre textualmente dice que encontraron cloro residual total, ph, turbiedad y bacterias (coliformes totales, escherichia coli y pseudomonas aeruginosa). También agregó que “dicha situación peligrosa para la salud pública de la población sigue vigente habiendo causado la enfermedad de muchas personas de nuestras comunidades por lo cual ofrecemos tanto el informe de Aguas del Norte y testigos que sufrieron las enfermedades, acompañados de los respectivos certificados médicos”.

A pesar de los problemas de salud que sufrieron los habitantes de la ciudad, para Aguas del Norte “la muestra no presenta desvíos a los valores límites tolerables”.

El 16 de noviembre –contó a Nuestras Voces la abogada Mara Puntano–, después de un corte de ruta, “las autoridades de Aguas del Norte se comprometieron a que en 45 días iban a hacer una limpieza de los acueductos y las tomas de agua y que iban a construir una obra que se llama El Acay para surtir de agua a otros parajes. Esa fecha se cumplió el 4 de enero. Ese día ni aparecieron. Y la gente sigue tomando el agua con gusanos. El gobierno se había comprometido a que en esos 45 días, aparte de las obras de saneamiento, iba a proveer de cisternas de agua potable a la población que no puede comprar el agua envasada y no hizo absolutamente nada. Entonces la gente volvió a salir a la ruta. El gobierno respondió con represión, y detuvieron a miembros de la comunidad, a cuatro mujeres y a un varón, y les iniciaron una causa por la interrupción de las vías de comunicación. Es decir le imputan la comisión del articulo 194 del Código Penal. Aparte por un reclamo totalmente legítimo porque todo el mundo ve los gusanos, todo el mundo ve lo que hay en el agua, el agua está sucia”, reclamó.

Salta es sojera y macrista

El negocio de la megaminería

Además de la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar la provisión de agua potable, Puntano acusa al gobierno de Juan Manuel Urtubey de haber aprobado 120 proyectos de mega minería sin haber realizado la consulta popular que la ley establece ni los estudios medio ambientales con control de las comunidades dueñas del territorio. También advirtió respecto a las consecuencias que esa explotación sin ningún tipo de regulación produce en los habitantes de la zona. “Históricamente San Antonio de los Cobres tiene el agua contaminada con arsénico porque todo el departamento de Los Andes, la Puna entera tiene mucha riqueza mineral. Hay oro, plata, manganeso, níquel, oro, litio, uranio. Las aguas siempre llevaron arsénico. Es una lucha de hace mucho porque las enfermedades son muchísimas. Aparte las mineras trabajan sin ningún control. Las antiguas de uranio, de plomo, que ya han cerrado, no han hecho ninguna remediación, entonces todos esos deshechos quedan en las aguas de los ríos y de esa agua es que toma la gente. Entonces las enfermedades son provocadas por arsénico, plomo y esos materiales. Las aguas en realidad de los ríos en general son cristalinas, porque son de deshielo. Naturalmente es pura, pero como hay explotación irracional de las mineras, sin ningún control porque el Estado no controla nada, entonces los deshechos quedan, son tirados a los ríos o penetran a las napas subterráneas y necesariamente contaminan las aguas”.

En ese mismo sentido, Reina Ferril agregó que “recorriendo el río desde el cual se toma el agua que se supone que la empresa tiene que potabilizar nos dimos cuenta que hay todo tipo de basura: pañales, plásticos, burros muertos y toda la lava de la mina que entra directamente al agua. Por eso nosotros sufrimos esas enfermedades. Empezamos a reclamar a la empresa, al intendente, a todas las autoridades a ver qué pasaba. Están haciendo una obra, una nueva toma de agua pero hace cuatro años que están y no se cumple. Se han gastado 28 millones de pesos y no se ha cumplido nada”, reclamó.

El propio Estado, aseguró la abogada, se niega a elaborar estadísticas de las enfermedades en la zona para ocultar la verdadera situación que viven los habitantes.

Para Puntano, el problema con el agua no se puede escindir del proyecto que impulsa el gobierno en relación a las mineras. Los 120 proyectos de explotación minera según la abogada se aprobaron durante la gestión de Urtubey y se inscriben en un plan estratégico que tiene el gobernador para 2030. “Literalmente pone en venta toda la Puna con toda la riqueza que hay y con un combo: con caminos, porque históricamente eran pésimos y ahora le han hecho buenas rutas; con gasoductos para las mineras, todo al servicio de las empresas internacionales. Y ni siquiera es que se le garantiza empleo a los habitantes porque la mayoría de los trabajadores son de otros lados. La Cámara Minera de Salta promete mil puestos de trabajo en un lugar donde es extensísimo el territorio, es poquísima la población y es poca el agua. Estamos hablando de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Entonces el agua dulce es escasísima. Y encima estas mineras utilizan esa agua dulce. Ya hay problemas de poca agua y de agua contaminada, hay problemas de salud. Entonces ante el incumplimiento de todas las obligaciones del Estado, de sanear el agua y la cantidad de enfermedades nuevas que hay las comunidades decidieron poner la denuncia penal por delitos contra la salud pública porque es responsabilidad del Estado suministrar el agua potable. El código penal en el articulo 200 y 203 establece que es delito envenenar o adulterar el agua potable destinada a la población y esto es lo que está haciendo el Estado”.

Este lunes, después de caminar 160 kilómetros, las comunidades llegarán a la capital salteña para mostrar que no están dispuestos a seguir en silencio ni a que sigan pisoteando sus derechos.

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Sabrina Roth

Sabrina Roth

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es corresponsal de Telesur en Argentina y escribe colaboraciones en Página/12 y #LaGarcia.

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