70 años de Justicia social universitaria

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Recientemente conmemoramos el septuagésimo aniversario del Decreto Nº 29.337/1949 que puso fin a un privilegio de clase: la educación universitaria. Ese instrumento jurídico-normativo, impulsado por Juan Domingo Perón, rompió los candados que impedían a los sectores populares cruzar las puertas de las casas de altos estudios. La medida, inscripta en el principio de justicia social, no sólo permitió el acceso al sistema sino también una movilidad social ascendente a los hijos de los trabajadores que históricamente habían sido excluidos e invisibilizados por el Estado.

En Argentina, desde sus orígenes, la educación superior fue un privilegio de clase reservado exclusivamente a los hijos de la oligarquía. Fue el peronismo quien la transformó en un DERECHO UNIVERSAL.

El Primer Plan Quinquenal, pensado para los años 1947-1951, señalaba que el Estado debía establecer la gratuidad del sistema universitario para los estudiantes de bajos ingresos. Siguiendo el mandato de esa planificación, el 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto Nº 29.337/1949 con el objeto de suprimir el arancelamiento universitario, consagrando de ese modo la gratuidad del nivel superior.

Esa decisión política estuvo enmarcada en el espíritu de la nueva Constitución Justicialista que concebía como función social del Estado amparar la enseñanza universitaria y encomendaba a las universidades la preparación de la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación.

En este orden, el referido Decreto resaltaba en sus considerandos: “Que el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen; Que por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones…”

Hay decisiones políticas que sin titubear pueden catalogarse como revolucionarias porque producen la ruptura del statu quo vigente. La ampliación del derecho al acceso a estudios superiores establecida por el peronismo revolucionó el sistema universitario; de 51.272 estudiantes que existían en 1947 se pasó a 143.542 en 1955, marcando de esta forma un hito trascendental cuya importancia trasciende las bases de la gesta iniciada por los estudiantes cordobeses en 1918.

La Reforma Universitaria, acaecida antes de culminar la segunda década del siglo XX, fue importante por cuanto produjo un fuerte cuestionamiento al modelo de universidad existente. El manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918 sostuvo que la juventud de aquella época “se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad”.

A tal efecto aquellos jóvenes exigieron que se le reconozca el derecho a exteriorizar sus pensamientos en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Sin embargo, la reforma no puso en duda el privilegio de clase que significaba el acceso al sistema universitario.

El Decreto Nº 29.337, en cambio, no sólo produce una alteración en la correlación de fuerzas sino también un cambio radical en la visión elitista de la educación universitaria. Ésta dejó de ser un atributo exclusivo de quienes podían pagar un arancel para convertirse en un derecho de todos los que anhelaban estudiar una carrera en el nivel superior.

La lógica economicista que visualiza a la educación como un gasto fue reemplazada por una perspectiva humanista que no sólo la concibe como una inversión social sino como un derecho humano fundamental. Según las palabras del propio general Perón: “La conquista más grande fue que la Universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca.”

La Ley Nº 14.297, sancionada en 1954, reafirmó la política educativa del peronismo en el nivel superior. En ese orden, el artículo 1º de ese cuerpo normativo estableció que las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, a cuyo efecto trazaba una serie de objetivos entre los que se encontraba el principio de gratuidad universitaria (inciso 7).

Con posterioridad a aquellos años, la política educativa sufrió un claro retroceso. El gobierno de facto autodenominado “Revolución Libertadora” no sólo proscribió al peronismo y prohibió el uso de sus símbolos, sino que eliminó las conquistas que habían surgido del seno de ese gobierno popular. En el plano universitario, la dictadura militar -a través del Decreto Ley Nº 477/55- derogó la Ley Nº 14.297.

Luego, hasta culminar el siglo XX, se suscitaron vaivenes en torno al arancelamiento universitario: en los periodos dictatoriales se restablecieron las tasas y en periodos democráticos se suprimieron.

El nuevo milenio profundizó la democratización del sistema universitario, fundamentalmente gracias al acceso a la educación superior en el interior del país, facilitada -durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- por la creación de universidades públicas en todo el territorio nacional.

La apertura de numerosas casas de altos estudios de gestión estatal permitió la arquitectura del sistema universitario actual integrado por 66 instituciones: 57 universidades nacionales, cuatro provinciales, cuatro institutos universitarios nacionales y uno provincial. Se trata, sin duda, de un sistema in crescendo edificado en los últimos años con un espíritu federal.

Entre los logros del kirchnerismo en el campo de los estudios superiores es menester señalar la sanción de la Ley Nº 27.204 por medio de la cual se introdujo una serie de modificaciones a la Ley de Educación Superior Nº 24.521, entre ellas la incorporación del artículo 2 bis que señalaba: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.

La reafirmación de la educación superior como un derecho irrenunciable, el espíritu federal en la arquitectura del sistema universitario, la política de becas que combinó situación socioeconómica y rendimiento académico y las transferencias condicionadas de ingreso como el PROGRESAR, permitieron erigir a Argentina como modelo a seguir en la región y en el mundo.

Estas conquistas deben seguir integrando la memoria viva de nuestra sociedad, principalmente de quienes tuvieron y tienen acceso a una educación universitaria pública, gratuita y laica.

La inversión en educación superior debe ser una prioridad de toda gestión gubernamental. Sobre los cimientos de la gratuidad se deben generar condiciones para que un mayor número de personas puedan iniciar y culminar una carrera universitaria. Esto no sólo constituye la llave de acceso a la movilidad social ascendente, sino que evita que las desigualdades sociales se profundicen y las perspectivas de un mejor futuro se anulen.

Nosotros, los hijos e hijas de los trabajadores, nacimos con ese derecho consagrado y exigimos a las autoridades gubernamentales que inviertan recursos en este campo para que todos los estudiantes argentinos, de la región y del mundo, insertos en nuestro sistema universitario, tengan idénticas oportunidades de acceder a una educación de calidad. Quienes firmamos este artículo, Licenciadas en Ciencias Políticas, egresadas de la Universidad Nacional de San Juan, compartimos la victoria de ser la primera generación universitaria en nuestras familias, situación que durante la década ganada se replicó en una innumerable cantidad de profesionales a lo largo y ancho del territorio argentino.

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