Caso Nisman: crimen o mentira de Estado

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El “caso Nisman” guarda cierta similitud con el famoso caso Dreyfus por el que fue injustamente condenado a prisión perpetua por traición a la patria el capitán del ejército francés Alfred Dreyfus porque los investigadores, más que hacer una evaluación objetiva, se fueron plegando a las hipótesis que habían sido elaboradas de antemano por razones de Estado. En el caso Nisman, se ha intentado convertir en crimen de Estado lo que tiene todas las trazas de ser un trágico suicidio. La mentira de Estado del caso Dreyfus tardó 12 años en ser desvelada. Es posible que la verdad del caso Nisman demande menos tiempo en ser alcanzada.

El “caso Nisman” guarda cierta similitud con el famoso affaire Dreyfus que dividió a la sociedad francesa a finales del siglo XIX. La investigación del caso Dreyfus, -por la que fue injustamente condenado a prisión perpetua por traición a la patria el capitán del ejército francés Alfred Dreyfus- estuvo viciada desde el principio porque los investigadores, más que hacer una evaluación objetiva, se fueron plegando a las hipótesis que habían sido elaboradas de antemano por razones de Estado. En el caso Nisman ha acontecido algo similar, cuando una singular coalición política-mediática, movilizada detrás de objetivos políticos, utilizando su influencia sobre sectores del Estado –jueces, fiscales y altos mandos de Gendarmería- ha intentado convertir en crimen de Estado lo que tiene todas las trazas de ser un trágico suicidio. La mentira de Estado del caso Dreyfus tardó 12 años en ser desvelada. Es posible que la verdad del caso Nisman demande menos tiempo en ser alcanzada.

Es insólito que un caso policial, que debiera ser resuelto a la luz de las pruebas obtenidas por medios científicos, llegue a dividir a una sociedad. El problema se presenta cuando la política intenta encubrir la realidad con una falsedad, lo que obliga luego a construir nuevas falsedades, de modo que así se va levantando un enorme castillo de naipes que amenaza venirse abajo en cualquier momento. Esto explica el nerviosismo desatado en algunos círculos de Argentina por el temor a que el derrumbe de esa artificial construcción deje en evidencia a una enorme multitud de actores sociales –jueces, fiscales, periodistas, políticos, dirigentes religiosos e intelectuales “republicanos”- que se apuntaron frívolamente a la teoría del crimen de Estado llevados simplemente por su apasionamiento político.

Al cumplirse en estos días un quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, conviene preguntarse si la falta de avances en la investigación del supuesto crimen –donde no hay ningún autor sospechoso, ni un móvil, ni una hipótesis sobre el modo en que el crimen se habría cometido- no debiera dar lugar a un apartamiento del fiscal y del juez instructor para ponerla en manos más eficaces. En cualquier investigación criminal, cuando los investigadores llegan a una vía muerta, la deontología profesional impone comenzar todo desde el principio, barajando de nuevo todas las hipótesis y apartando a quienes han quedado contaminados por el sesgo de su empecinamiento.

Naturalmente, para quienes sostienen que en el caso Nisman la hipótesis del suicidio es la más plausible, esta falta de progresos en la investigación del supuesto crimen era previsible. Como resulta obvio, está destinada al fracaso la labor de encontrar a los asesinos de un suicida. Solo la desvergonzada actuación del fiscal Taiano, del juez Ercolini y de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich –consiguiendo de Gendarmería una pericia previamente pactada- han conseguido mantener la hipótesis del crimen haciendo verdaderos malabarismos intelectuales que solo personas políticamente predispuestas han podido respaldar.

La tesis de que Nisman se suicidó está sustentada en una serie de evidencias coincidentes que no han podido ser desvirtuados por ninguna otra prueba que avale una alternativa diferente. El libro de Pablo Duggan, “¿Quién mató a Nisman?” es una excelente investigación periodística que describe minuciosamente el resultado de las pruebas que obran en el expediente judicial y que demuestran que no existe ningún elemento que permita sustentar la tesis de que en la muerte de Nisman intervinieran terceros. El departamento de Nisman, situado en el piso 13, estaba cerrado por dentro –con una barra de seguridad en la puerta principal y una llave trabex puesta en la cerradura interior de la puerta de servicio- como declaró la madre que solo consiguió entrar con la ayuda de un cerrajero. No existen fracturas ni modo de establecer como hubieran podido entrar extraños a un departamento cerrado situado en un edificio severamente custodiado.

Ahora bien, la evidencia más relevante que apuntala la tesis del suicidio, es la pericia criminalística efectuada por la división científica de la Policía Federal que analiza y explica el significado de los patrones de sangre encontrados en el baño donde yacía el cadáver de Nisman. El estudio de las microscópicas salpicaduras de sangre que se producen en el momento del disparo y que se ven lanzadas en todas las direcciones alcanzando paredes y puerta demuestra, sin lugar a dudas, de que no hubo terceros interceptando el recorrido de esas salpicaduras. A ello se añaden otros indicios: no se encontraron muestras de otro ADN en el baño del departamento del fiscal y hubiera sido imposible manipular el cuerpo sin dejar algún rastro de deslizamiento en el enorme charco de sangre que rodeaba el cuerpo.

La pericia de Gendarmería elude sencillamente analizar estos datos y se embarca en un relato rocambolesco que carece del menor rigor científico. Tratándose de un dictamen pericial que era completamente opuesto a las conclusiones de la pericia criminalística de la Policía Federal y a los resultados de la autopsia que había formulado el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, hubiera sido necesario un debate aclaratorio entre todos los peritos para saldar esos resultados contradictorios. Pero ni el fiscal Taiano ni el juez Ercolini optaron por esa solución, que ponía en riesgo el relato preconcebido que suscribían.

Este breve resumen del estado de la investigación quedaría inacabado sin hacer referencia a la tesis del “suicidio simulado” sustentada por el juez Ercolini en la resolución por la que procesó, en calidad de partícipes necesarios del asesinato, al informático Lagomarsino y a los custodios policiales del fiscal. Cualquier investigador imparcial, aplicando la conocida Ley de Occam -la explicación más sencilla suele ser la más probable- consideraría que si la escena era la propia de un suicidio, la hipótesis del suicidio era la más verosímil. El juez, en cambio, atribuye esta conclusión a la insidiosa labor de unos conspiradores: “No obstante, desde el primer momento que cobró notoriedad la aparición sin vida del Fiscal Nisman, por razones diversas vinculadas con la coyuntura y la vida pública en nuestro país…comenzó a impulsarse públicamente la idea del suicidio, la que quedó instalada rápidamente con una serie de situaciones que se multiplicaron y que cimentaron con el tiempo una cuasi unívoca certidumbre pública de que Nisman se había quitado la vida”.

Esta artificiosa construcción es la que lleva al juez a considerar que Diego Lagomarsino tuvo un rol protagónico en la conspiración montada para simular como un suicidio la muerte de Nisman. Según el juez “a efectos de su consumación, al ser un hombre de extrema confianza de Natalio Alberto Nisman -situación que le franqueó el acceso tanto a la vivienda del Fiscal como a sobrepasar a su custodia-, en virtud de un plan previamente acordado -que consistía, precisamente, en que Lagomarsino proveyera un “arma amiga que permitiera posteriormente una simulación de un suicidio”, facilitó el ingreso al domicilio de la víctima de la pistola marca Bersa de su propiedad, con el objeto de que luego fuera utilizada por las personas que ingresaron a la vivienda y le quitaron la vida al Fiscal Nisman”. Como la audacia interpretativa del juez no tiene límites, entiende que también colaboraron en simular el suicidio los policías federales de la custodia –Rubén Benitez, Luis Miño y Armando Niz- motivo por los que los procesa por “encubrimiento agravado” ya que entiende que “junto con la colaboración activa de Lagomarsino ayudaron a la instalación de la versión del suicidio por parte de Nisman para esconder con ello, lo que verdaderamente había tenido lugar con anterioridad: el homicidio”.

Es notoria la fragilidad del razonamiento que suscribe Ercolini para defender la singular hipótesis de que los supuestos asesinos debían introducir un “arma amiga” para darle consistencia al relato del suicidio. “Esta pistola -relacionada directamente con el nombre y apellido de su titular-, además de ser importante para llevar a cabo la ejecución de Nisman, tuvo gran trascendencia dentro del desarrollo de la acción criminal bajo estudio ya que, al pertenecer a una persona del círculo íntimo de Nisman, ayudó a robustecer la hipótesis del suicidio”. Es una tesis algo extravagante, dado que sugiere la existencia de un comando homicida que espera pacientemente la incierta contingencia de que un “arma amiga” entre en el domicilio del fiscal.

Como cualquier lector de novelas policiales puede apreciar, la tesis tiene notorios puntos débiles. En primer lugar, no es cierto que para simular un suicidio haga falta un “arma amiga”. En los pocos casos en que se han intentado simular suicidios, los criminales se han limitado a colocar el arma del disparo en las proximidades del cuerpo de la víctima, sin que tenga relevancia alguna, a los efectos de la simulación, que el arma fuera “amiga” o de origen anónimo. En segundo lugar, y este es el dato más importante, existen un montón de pruebas irrebatibles de que fue el fiscal quien solicitó el arma que provocó el disparo que puso fin a su vida. No parece plausible la tesis de que el propio fiscal prestara tan valiosa colaboración a sus asesinos.

El presidente Alberto Fernández ha considerado una “barrabasada” la resolución del juez Ercolini y “absurda” la pericia de Gendarmería. Son calificaciones muy suaves, puesto que estas resoluciones no son fruto del error sino de la voluntad prevaricadora de dar satisfacción a una poderosa coalición política-mediática interesado en sostener la tesis del magnicidio. No solo se trataba de acusar veladamente a la ex presidenta del crimen sino también de evitar que el suicidio del fiscal se interpretara como un reconocimiento implícito de la falta de sustentabilidad de su denuncia por encubrimiento contra Cristina Fernández. Tanto la denuncia de Nisman como la tesis del asesinato son casos estrechamente vinculados y vienen siendo impulsadas por los mismos actores políticos. Ambos causas carecen de sustento jurídico y son fruto de una misma obcecación política. La prueba de que en Argentina se ha recuperado el Estado de Derecho recién la tendremos cuando estas mentiras de Estado queden sepultadas por decisiones judiciales razonadas, imparciales y justas.

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