Discapacidad, ¿exclusión o expulsión?

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La actual crisis de paradigmas incluye la atención a la diversidad, no sólo porque aún se observan dificultades en la conceptualización de las disfunciones y/o discapacidades, sino también porque no existen marcos jurídicos y políticos definidos para el abordaje de tales problemáticas, A falta de integración e interdisciplinariedad, asistimos a un nuevo fenómeno que excede la exclusión: la EXPULSIÓN.

“En los últimos años ha habido un ataque generalizado a la solidaridad, a la democracia, al derecho social…Son muchos los objetivos.” Noam Chomsky, Asaltando la solidaridad, privatizando la educación.

La actual crisis de paradigmas tiene amplios alcances, entre los que se incluye la atención a la diversidad, no sólo porque aún se observan dificultades en la conceptualización de las disfunciones y/o discapacidades, sino también porque no existen marcos definidos para el abordaje de tales problemáticas, es decir, faltan vértices entre la O.M.S, el orden jurídico y la política. Ergo, a falta de integración e interdisciplinariedad, asistimos a un nuevo fenómeno que excede la exclusión: la EXPULSIÓN.

Así, la persona con discapacidad se halla atrapada en un esquema de estados prescindentes que en nombre de la igualdad pregonan engendros semánticos (del tipo “capacidades diferentes”) y eufemismos que no hacen sino omitir la obligación de proteger los bienes jurídicos necesarios para garantizar el estado de real igualdad.

De Rousseau, pasando por el relativismo cultural, hasta la actualidad, la negación de la diferencia ha obstado la posibilidad de una sociedad inclusiva. En virtud de ello, es pertinente revisar el lenguaje con el que se organiza una determinada cosmovisión; o, lo que es mejor, con qué palabras definimos,qué nombre le ponemos a las “cosas” para que los diferentes discursos (médico, político, jurídico,…….) se encuentren y resuelvan esa expulsión.

Las definiciones tienen por objeto eludir las ambigüedades, los errores y las interpretaciones arbitrarias. Por eso, si bien ciertas leyes, convenciones, etc. son proclives a la contemplación integral (de tipo enunciativa), es posible advertir que aún se puede partir de aquí para abordar la problemática desde el discurso jurídico, o desde las lagunas de éste.

Nuestro país tiene un amplio espectro normativo (incluso de jerarquía constitucional y supra-constitucional) que atiende la problemática ya mencionada. Sin embargo, la internalización del discurso jurídico no ha madurado lo suficiente y ello se refleja en los hechos. Es decir, además de ciertas políticas contra legem, existen prácticas, medidas y aplicaciones que se corresponden sólo superficialmente con el ánimo legal. Así, resulta menester acompañar la letra y pretender más que la mera vigencia de una norma.

Para ello es necesario asumir, más allá del voluntarismo, la urgencia de una praxis que atienda las necesidades de las personas con discapacidad a partir de miradas renovadas y dispuestas a la investigación-acción y a la formulación de propuestas para que esas personas puedan construir sus proyectos de vida. Esto es, para que puedan organizar su horizonte desde cosmovisiones y deseos propios y no por las constricciones que se le imponen desde un reservorio de actividades taxativas, “pensadas para la atención de la diversidad”, que no responden sino a expectativas generales que poco tienen que ver con las necesidades del sujeto.

De Foucault a Deleuze han sido estudiadas las sociedades disciplinarias y de control y los conceptos de los pensadores han echado más que luz sobre cuestiones vinculadas a las Instituciones y al encierro. Mas, falta aún para salir del panoptismo. Falta reconocer que la “asistencia” debe ser superada con medidas complejas e integrales que permitan el pasaje de la simple solidaridad a la obligatoriedad que todo contrato implica, incluso el social.

Comenzar esta nota con una pregunta comporta, naturalmente, una respuesta. Mas, quizás no sea aquí donde ella pueda consolidarse. Sin embargo, procurar una aproximación es una modalidad (aunque parcial) de enfrentar el obstáculo, el enigma.

Por tanto, y proponiendo abrir el abanico para otros aportes, presumo que la expulsión agrava la situación del otrora excluído , puesto que ya no lo coloca al margen sino afuera de la comunidad.

“… más allá de los comentarios y críticas que puedan plantearse a favor o en contra de las nuevas leyes, el operador jurídico y, en especial, los efectores del sistema de salud (subsistema de salud mental) deben aprehender la norma como un cambio de paradigma frente a la visión decimonónica de las personas con padecimientos mentales, como una válvula de escape del concepto biológico-jurídico de incapacidad, todavía latente en el Código Civil de Vélez, reforma mediante del Decreto Ley 17.711/68 (Adla, XXVIII-B, 1810).”

Por esto, el objetivo es la consolidación de un sistema inter y multidisciplinario, que aborde en forma integral las problemáticas. Un sistema basado en la intersectorialidad y en el compromiso de todos los participantes directos de la comunidad. Un sistema que en atención a los DDHH, confiera al ¿paciente? el status absoluto de ciudadano, sujeto de derecho en un Estado de Derecho.

La persona con una discapacidad corroborada y certificada debe gozar de todos los derechos y garantías. Derecho a su libertad, independencia y autonomía. Sin embargo esto no ocurre. Por ejemplo: en 1974, durante el gobierno de Héctor Cámpora se sanciona la primera ley del cupo laboral del 4% de la plantilla de empleados públicos. Más tarde la dictadura militar la deroga. Pero en la década del 90 se sanciona la ley 25.689, que incluso establece sanciones para quienes incumplan el cupo laboral.

También corresponde observar que la inmensa mayoría de las personas con discapacidad provienen de las clases bajas, donde el hambre, la pobreza extrema y las enfermedades dejan secuelas para toda la vida. También los accidentes laborales son una de las principales causas de la discapacidad: el trabajo en negro, la flexibilización laboral, la ausencia de leyes que protejan la salud de los trabajadores, son todos factores promotores de la discapacidad.

A su vez, la discapacidad conlleva una larga historia de marginación, exclusión, abandono y negación. Existe una ideología dominante del ámbito de la discapacidad que ha impregnado las políticas que se implementan desde el Estado. Es la ideología del modelo reduccionista médico, que restringe el origen de la discapacidad a una cuestión biológica o particular de la persona, que en su condición de “enferma” debe ser asistida. Y su vigencia aún perdura en muchas leyes y programas que funcionan sobre la base del ocultamiento de derechos y que tienen un impacto mínimo en relación a la población con discapacidad.

En Argentina las políticas públicas son insuficientes, parciales y no universales en términos de igualdad mientras que en la plataforma de los partidos políticos la temática está ausente. Y un dato que no podemos soslayar es que esta ideología, que perpetúa los prejuicios, los miedos, los mitos y el desconocimiento, es la misma, que ha sido asimilada por las propias personas con discapacidad, por sus familiares, por muchas ONGs tradicionales de discapacidad, por una infinidad de profesionales de la salud y por gran parte de la sociedad que no está dispuesta a ver lo que no quiere.

No podemos desconocer los orígenes políticos del problema; por lo tanto, las soluciones deben ser también políticas.

Se trata de poder ver a la persona con discapacidad como un ser productivo, capaz de generar riqueza y de disputar su participación económica, política, social y cultural, junto al resto de los trabajadores. La discapacidad como una circunstancia vital que, ya sea en forma transitoria o definitiva, nos puede afectar a todos en algún momento; por lo tanto, tiene una transversalidad que la hace depender de los factores sociales, económicos, culturales, laborales, educacionales y familiares.

Una perspectiva que recupera el protagonismo de los trabajadores, como sujeto colectivo, en la construcción de una sociedad para todos; y difiere con aquella perspectiva que considera que los derechos humanos son sólo para algunos pocos, y los derechos específicos para las personas con discapacidad constituyen “excepciones necesarias”, “lujos” o “gestos de caridad o beneficencia” dependientes de voluntades individuales.

La rehabilitación y la verdadera inclusión social no pasa por hacer un taller en un manicomio o una casa de medio camino o la atención en un centro comunitario o aplaudir calurósamente a la persona con discapacidad que realiza alguna “hazaña social”.

Es absolutamente necesario en estos tiempos de cambios de paradigmas, que las palabras adecuadas y coherentes se plasmen en los hechos.

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