El año en que la Argentina le dijo no al Fondo

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En 1984, una misión del organismo llegó a Buenos Aires para establecer contacto con el nuevo gobierno radical, pero tuvo un frío recibimiento, que fue seguido de una dura negociación por la deuda externa. Al igual que hoy, hace dieciséis años, un gobierno reciente y el Fondo Monetario Internacional comenzaban a negociar los términos en que se iba a desarrollar la relación entre ambos. Este es un breve relato de la relación de Raul Alfonsin con el FMI que contrasta con la del gobierno actual, que en lo único que tuvo éxito probablemente con un programa previo, de devastar el país y beneficiar a sus socios en los no limpios negocios.

En 1984, una misión del FMI aterrizó en la Argentina para establecer su primer contacto oficial con el equipo económico del radicalismo, recopilar números y conocer en detalle la estrategia financiera del nuevo gobierno. Pero los funcionarios del organismo internacional fueron recibidos con frialdad. Ante la falta de resultados, el jefe de los emisarios del FMI se fue del país con las manos vacías y sin avisarle a nadie.

Este episodio marcó el comienzo de la primera etapa en las relaciones del gobierno de Raúl Alfonsín con el Fondo, que tuvo su desenlace cinco meses más tarde con un documento singular. En la Carta de Intención de junio de 1984, la Argentina le dijo al FMI que no estaba dispuesta a reducir el déficit fiscal, que rechazaba «por excesiva y arbitraria» la calificación de riesgo país de la banca acreedora y que condicionaría los pagos de la deuda externa al resultado de su comercio internacional.

En los días inmediatamente posteriores a las elecciones del 30 de octubre de 1983, el mundo de las finanzas sonreía al resurgimiento de la democracia en la Argentina. Hacia fines de noviembre, el comité de los 300 bancos acreedores del Estado nacional, liderado por el Citibank, habilitó un giro de US$ 500 millones al país. Esta era la primera parte de un préstamo de US$ 1500 millones, que hasta el momento había permanecido trabado, sujeto a que la Argentina presentara una propuesta para la refinanciación de su deuda externa.

A comienzos de febrero, una misión del FMI encabezada por el ex ministro colombiano Eduardo Wiesner Durán -director para el hemisferio occidental del organismo- llegó al país y se dirigió al Ministerio de Economía para saludar a su titular, Bernardo Grinspun. Después, los técnicos se reunieron con sus pares de la Secretaría de Hacienda, entre los que se encontraba el actual canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini. Los funcionarios del Fondo Monetario se quedaron todo el mes en Buenos Aires. Pero se encontraron con que, pese a que el equipo económico colaboraba con la elaboración de informes para la misión, lo hacía con muchos reparos.

La deuda

El principal punto de desacuerdo era el problema de la deuda externa argentina. El país debía alrededor de US$ 43.600 millones, de los cuales unos US$ 15.000 millones vencían ese mismo año. Las bóvedas del Banco Central estaban vacías. La explicación oficial, dada por Grinspun, era que antes de entregar el poder los militares habían gastado las últimas reservas internacionales, que ascendían a US$ 1500 millones, en el pago de deudas por la compra de «armas, corbetas, fragatas y otros equipos bélicos». El ministro explicó que ése era el motivo por el cual la Argentina había dejado de pagar los intereses de la deuda externa en octubre. Ante estas señales, los bancos acreedores congelaron el giro de los US$ 1000 restantes del fondo, que habían comprometido para el país. El comité que los representaba se puso firme y exigió la existencia de un acuerdo con el FMI para desembolsar el saldo del préstamo de mediano plazo, que permitiría aliviar la situación fiscal del país.

El panorama era cada vez más complicado. El Eximbank acababa de anunciar que no aprobaría nuevos préstamos o garantías de créditos para la Argentina hasta que el país aclarara su posición con respecto a la deuda externa. Mientras que Grinspun chocaba con William Rhodes, el presidente de Citicorp y cabeza del comité representante de los bancos acreedores, Raúl Prebisch (comisionado por Alfonsín), negociaba con el FMI en buenos términos. Finalmente, el sábado 31 de marzo, a la 1.15 de la madrugada, Grinspun anunció que se había arribado a un acuerdo con el FMI. Mientras tanto, el equipo económico terminaba de dar los últimos retoques a la Carta de Intención que se enviaría al Fondo Monetario. Este documento se había convertido en la principal incógnita entre los analistas. ¿Se daría el primer paso para un nuevo stand-by, y quizás un acuerdo de facilidades extendidas, o se adoptaría una posición desafiante frente al FMI?

Declaración de guerra

La responsabilidad de la redacción de la carta fue encomendada a Juan Vital Sourrouille, por entonces secretario de Planificación Económica de la Presidencia de la Nación. El documento resultó ser poco menos que una declaración de guerra a los organismos internacionales de crédito y los bancos. A continuación se transcriben algunos de los párrafos más destacados de la carta: -«El Gobierno de la República Argentina (…) se ha propuesto desterrar definitivamente las experiencias de regímenes autoritarios que el país debió sufrir una y otra vez en el pasado. Este compromiso ético y político preside, como principio, todas las decisiones que el Gobierno adopta en los terrenos político, económico y social». -«El Gobierno Constitucional (…) se encontró frente a una situación de gravedad inédita en la historia argentina. Esta situación puede resumirse en breves datos: a) una deuda externa que excede a cinco veces el valor anual de las exportaciones; b) una tasa de inflación que oscila entre 15% y 20% mensual; c) un nivel del producto bruto interno similar al de 1975 con una población incrementada en 15%, y d) un déficit del sector público superior al 16% del PBI (…)» -«El gobierno argentino tiene el convencimiento de que la reducción del déficit fiscal es una condición necesaria para combatir la inflación, pero no la considera una condición suficiente. Reiteradas experiencias, tanto en el país como en otros países de América latina, revelan que la caída drástica del déficit induce una recesión que, además de social y económicamente injusta y corrosiva, no es un instrumento eficaz de política antiinflacionaria.» -«La deuda externa es otro problema serio (…) Fue contraída a través de la aplicación de una política económica autoritaria y arbitraria, en la cual los acreedores tuvieron activa participación sin beneficio alguno para el pueblo argentino (…).» «El gobierno argentino desea subrayar que a su juicio, ese es el tema central de la negociación que esta Carta pone en marcha (…) Pero debe entenderse que ello no significa la adopción de compromisos que condicionen su soberanía en el manejo de sus problemas internos.» -«(…) La cuenta corriente exterior permanece deficitaria. Ello se debe al peso de los intereses de la deuda externa, cuyo monto global a fines de 1983 se estima en 43.600 millones de dólares y sus intereses, en el mismo año, alcanzaron a 5500 millones de dólares -70% del valor de las exportaciones- motivando un déficit de cuenta corriente de 2570 millones de dólares.» -«(…) El país ha debido afrontar tasas de interés muy elevadas en los mercados financieros internacionales y recargo de márgenes adicionales y comisiones por parte de los bancos acreedores en función de una calificación de país-riesgo que el gobierno argentino rechaza por excesiva y arbitraria.»

-«Es decisión del gobierno argentino limitar la magnitud (de los pagos de la deuda externa) a la disponibilidad de recursos que pueda obtener mediante sus exportaciones, sin reducir sus importaciones más allá de lo que fuera imprescindible (…).» -«(…) El gobierno argentino insistirá ante los foros pertinentes en la determinación de nuevas condiciones en el tratamiento de los términos y condiciones de la deuda externa mediante una baja sustancial del costo financiero, así como en el establecimiento de períodos de carencia, de gracia y de amortización (…).»

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