El nuevo rostro del ajuste

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Olivos fue el destino de la reunión celebrada el sábado pasado entre el presidente y sus más allegados. El objeto de la reunión era buscar alternativas a la crítica situación económica-financiera que impuso la devaluación abrupta de los últimos días y delinear las opciones para sortear la turbulencia en la que quedó encorsetado el gobierno. En ese marco, entre el abanico de posibilidades que podían ensayarse frente a la actual coyuntura, renació una palabra en el imaginario de la coalición gobernante que tienen incorporada desde el inicio de la gestión: AJUSTE. Para el gobierno, el camino a seguir para salir de ésta situación es profundizar en la misma línea.

Los funcionarios del bloque Cambiemos transitaron el último fin de semana a un ritmo más acelerado que el habitual. Lejos del descanso, muchos de los CEOS que gobiernan el país fueron convocados a un nuevo “retiro espiritual”, aunque esta vez el destino no fue ningún lugar turístico como en el que estilan a reunirse al inicio de cada año, sino la quinta presidencial. Tampoco estuvieron todos, sino algunos, los más influyentes.

Olivos fue el destino de la reunión celebrada el sábado entre el presidente y sus más allegados: la gobernadora de la provincia de Bs.As., María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y el hoy cuestionado jefe de gabinete Marcos Peña. Al trío de confianza de Macri se le sumó Durán Barba, el estratega mentor del gobierno. Adicionalmente, desfilaron por la quinta los titulares de las carteras ministeriales más importantes en la concepción de cambiemos.

El objeto de la reunión era buscar alternativas a la crítica situación económica-financiera que impuso la devaluación abrupta de los últimos días y delinear las opciones para sortear la turbulencia en la que quedó encorsetado el gobierno. En ese marco, entre el abanico de posibilidades que podían ensayarse frente a la actual coyuntura, renació una palabra en el imaginario de la coalición gobernante que tienen incorporada desde el inicio de la gestión: AJUSTE. Para el gobierno, el camino a seguir para salir de ésta situación es profundizar en la misma línea.

Ajuste contra los trabajadores que fueron el blanco de ataque de un plan sistemático de destrucción del empleo y contra aquellos que, a pesar de conservar sus fuentes de trabajo, en condiciones de inestabilidad laboral, subsisten con salarios depreciados, ubicados por debajo de los niveles inflacionarios. Situación que se agrava aún más, en razón de las recurrentes devaluaciones que derivaron en una pérdida del poder adquisitivo en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo de la economía argentina.

Ajuste contra los jubilados, ex combatientes y titulares de la Asignación Universal por Hijo, a quienes -con la complicidad de buena parte de la oposición- embaucaron en el pasado diciembre del 2017 cuando aprobaron un auténtico “plan de saqueo” a su bolsillo, resultante del cambio en la fórmula de referencia para las actualizaciones de sus haberes, hecho que ha redundado en la caída del crecimiento económico, la industria, el consumo y de todas las variables económicas del país.

Ajuste en el plano de la educación pública y de la ciencia y la tecnología, ajuste en salud pública y en el campo del desarrollo social, cuyos presupuestos se han reducido considerablemente y se prevé que continuarán profundizando esa línea de ajuste en el texto de la legislación planificativa madre: la ley de presupuesto que intentarán acordar para el ejercicio del año próximo.

Ante este escenario oscuro que arroja más sombras que luces, la primera alternativa acordada en la reunión coincide con lo se venía rumoreando en los últimos días: el descenso del rango o la fusión de ministerios. Simultáneamente, en el intento de afrontar la coyuntura, se consensuaron adicionalmente una serie de medidas económicas que parecen poco eficaces para apagar el fuego.

Desde las esferas más íntimas del gobierno están convencidos que la prioridad es la reducción del déficit fiscal. No obstante, con la reestructuración ministerial, pretenden enviar un claro guiño a los mercados para estabilizar el dólar y frenar eventuales corridas. Claro está que la situación de desempleo, caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza e indigencia, a pesar de la promesa de llevar esta variable a cero, está lejos de ser una preocupación en este momento para la coalición gobernante, ya que a la misma se le añade la reducción de los servicios estatales mediante el recorte en los fondos destinados a educación, ciencia, tecnología y salud.

Los compromisos asumidos con el organismo de crédito internacional (FMI) sumado al escenario lamentable de la semana pasada, dominado por una corrida cambiaria que registra pocos antecedentes en nuestra historia, exigen transitar por ese camino de reducción del déficit fiscal.

En esta coyuntura, la opción para los mentores de la crisis, es adoptar como variable de ajuste las estructuras ministeriales. Esta reducción del aparato estatal es una respuesta bastante contradictoria con la primera acción del gobierno de Macri que fue aumentar la estructura engrosando el organigrama de 20 Ministerios (cuatro más que el gobierno precedente cuyo número de carteras era de 16) con sus correspondientes unidades funcionales: secretarías y subsecretarías. Fuente: Chudnovsky y Cafarelli: “Los Cambios en las estructuras organizacionales del Estado y su vínculo con la composición del empleo público. Argentina 2003-2016”

Actualmente, se estima que el número de ministerios se reducirá a la mitad al fusionarse entre sí o pasar a otros con el rango de secretarías.

En el foco de la reestructuración se encuentra la disolución de carteras ministeriales de larga data e invaluable valor simbólico para el peronismo como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, ambos creados en 1949 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

El Ministerio de Trabajo y Previsión en aquella época estuvo a cargo de José María Freire, quien se convirtió en el primer titular del organismo que reemplazó a la antigua Secretaría de Trabajo y Previsión. El referido ministerio, sólo sufrió cambios cuando la dictadura de Onganía determinó descender su rango, transformándolo en Secretaría de Trabajo dentro de la estructura de la cartera económica.

Por su parte, la titularidad del Ministerio de Salud durante el primer peronismo recayó en el Dr. Ramón Carrillo, hombre que revolucionó la salud pública en Argentina a partir de la configuración de cambios sin precedentes en esta área.

El odio de la derecha militar hizo que esa cartera ministerial se eliminara en dos oportunidades: la primera en el contexto de la autollamada “revolución libertadora” cuando Aramburu, consecuente con el plan de proscripción del peronismo, decide poner fin a sus conquistas más importantes junto a toda la simbología del movimiento liderado por Perón. La segunda eliminación, también se produjo en el marco de un régimen militar: la dictadura de Onganía.

Actualmente, en el contexto de un gobierno democrático -al menos en el plano de la democracia formal porque en el sustantivo está lejos de serlo- el Ministerio de Salud, vuelve a ser blanco de ataque dado que se prevé que pase a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como una secretaría, imitando de este modo, los hechos acaecidos en ese plano en los gobiernos dictatoriales mencionados.

El cambio pergeñado no solo debe leerse como una mera reforma organizativa. Es mucho más complejo que ello, en tanto esta modificación en el organigrama de la Administración Pública central no responde a cuestiones técnicas sino exclusivamente de índole política que apuntan a desguazar derechos adquiridos, mediante la reducción de las partidas presupuestarias en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

En este sentido, hay que subrayar los factores internos y externos: por un lado, la vocación política del gobierno de adoptar como variable de ajuste siempre al Pueblo en quien termina socializando las pérdidas, por otro, el sometimiento al Fondo Monetario Internacional que vuelve a ser el rector del horizonte económico con sus clásicas “recetas” muy similares a las de los años 90, cuya experiencia demostró que lejos de contribuir a mejorar la salud del paciente, lo empuja hacia el abismo para dejarlo al borde de la muerte.

Complementariamente, cabe mencionar que en esta senda de la profundización del ajuste que el gobierno definió, se anunciaron recortes que se expresarán en el presupuesto de 2019 donde se prevé reducir un 0.7% del PBI en inversiones públicas, medida que tendrá un impacto directo en la reducción de puestos de trabajo.

Adicionalmente, se determinó la creación de un impuesto transitorio a los derechos de exportación que se aplicará hasta el año 2020. El esquema diseñado por Hacienda prevé que se abonen de forma inmediata 4 pesos por cada dólar exportado en materias primas y 3 pesos por cada dólar para el resto de los sectores, quienes aportarán desde enero del año próximo. Una medida de puro maquillaje que se utilizará por la coalición gobernante para evocar el argumento falaz de que el esfuerzo lo harán todos los sectores, cuando en realidad todo el peso de la crisis generada por los CEOS que conducen los destinos del país, sólo recaerá sobre los trabajadores.

El impuesto anunciado está lejos de la especulación del fin de semana cuando se hablaba de la posibilidad de volver a instalar un esquema de retenciones a los productos agrícolas y mineros (que hoy tienen tasa cero) y subir los montos de las de la soja. Esta medida hubiese implicado un giro rotundo respecto de lo delineado cuando asumió la coalición gobernante (PRO-UCR). Sin embargo, el presidente no estuvo dispuesto a traicionar de ese modo a su principal base de sustentación: la oligarquía argentina de la que él desciende, en tanto parte del linaje “Blanco Villegas”.

Finalmente, en un intento desesperado por calmar los ánimos sociales que empiezan a tomar temperatura, se determinó un aumento de la AUH en dos tramos: septiembre y diciembre, medida necesaria pero insuficiente frente al combo explosivo de un escenario caracterizado por el encarecimiento de alimentos, aumento de los combustibles y el trasporte público y tarifas en constante ascenso.

Los anuncios del día lunes pasado resultan insuficientes para sortear la crisis generada por un grupo de CEOS devenidos en funcionarios que actúan constantemente bajo la lógica de la improvisación. No tienen un programa de gobierno sino un plan de negocios para favorecer a las clases dominantes, beneficiando a su principal base de sustentación: la oligarquía terrateniente y los especuladores financieros. Las medidas adoptadas se encaminan a reforzar las ventajas en esa dirección. No gobiernan para el Pueblo, lo hacen para mantener el privilegio de un grupo selecto de 200 familias, de la que ellos forman parte, y de los grandes grupos económicos que ya poco parecen confiar en el gobierno que a ellos mismos representa.

Melisa Vargas –  Lic. en Ciencias Políticas
Valeria Gamboa – Lic. en Ciencias Políticas

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