El uso político de la corrupción

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Durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, como no podía ser de otra manera en el marco de nuestro sistema capitalista, se registraron casos de corrupción. Pero paralelamente se produjo un fenómeno consistente en su uso político para instalar un relato que hiciera de la corrupción el rasgo peculiar de esos gobiernos. Convirtiendo la lucha contra la corrupción en una cruzada moral, de tono épico que en el fondo perseguía no tanto erradicar el fenómeno de la corrupción sino más bien erradicar el fenómeno del peronismo, considerado como el factor históricamente perturbador de la democracia argentina. 

El reciente ensayo del economista serbo-norteamericano Branko Milanovic (“Capitalismo, nada más”), permite una aproximación sugestiva al fenómeno de la corrupción en el marco del sistema capitalista. Es conveniente conocer sus opiniones sobre el fenómeno antes de trasladarlas a la realidad argentina para poder establecer si existe alguna singularidad que justifique la apreciación de que en nuestro país la corrupción tuvo una expansión particular, en especial en el tramo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Esta pregunta puede resultar ingenua para aquellos ciudadanos que votaron a favor de la coalición Cambiemos convocados por la cruzada anticorrupción que presidió la estrategia electoral de esa fuerza política. Sin embargo, para quienes contemplan la realidad política argentina desde una distancia emocional, parece una pregunta pertinente que puede contribuir a cerrar la fosa abierta por la confrontación política de los últimos tiempos.

La primera consideración que cabe formular es que la corrupción acompaña al capitalismo como su sombra indeleble. Dado que el sistema se basa en una ideología que glorifica la expansión constante de los beneficios, es inevitable que la sociedad y muchos individuos miren con beneplácito la forma en que se adquiera la riqueza, siempre y cuando se haga dentro de la legalidad (aunque sea en contra de la ética), o en el borde exterior de la legalidad (siempre que no se sepa). De modo que en una sociedad donde la codicia constituye el incentivo psicológico del sistema, existen alicientes muy fuertes para que se desarrollen comportamientos corruptos.

En segundo lugar cabe considerar algunas cuestiones acerca de la extensión real que alcanza o ha alcanzado el fenómeno de la corrupción en el mundo. Según Branco Milanovic, es cierto que se tiene la sensación general de que en la mayoría de los países la corrupción es mayor en la actualidad que hace treinta años. Esto se debe a que en el capitalismo globalizado, con las políticas de desregulación financiera propiciadas por el neoliberalismo, se hace mucho más fácil mover el dinero de una jurisdicción a otra y, por lo tanto, blanquear el dinero obtenido por la corrupción incluyendo la evasión de los impuestos. También opera el efecto demostración, en virtud del cual los empresarios de los países de renta media y pobre desean alcanzar el nivel de consumo del que disponen sus análogos en los países ricos o, en el interior de los países, para colocarse a la altura de los más favorecidos.

Ahora bien, una cuestión es la dimensión real de de la corrupción y otra algo diferente es la percepción que la sociedad tiene del fenómeno. Aquí influyen varios factores que operan como lentes distorsionantes. Puede ser que la capacidad de controlar la corrupción y castigar a los delincuentes haya ido en aumento o que en la actualidad tengamos mucha más información que en el pasado sin que esto signifique que necesariamente haya habido un aumento del fenómeno. Como ninguno de estos factores puede ser a priori descartado, lo único cierto es que carecemos de datos fiables acerca del efectivo cumplimiento de la ley en los distintos estados o entre los diferentes gobiernos. En definitiva, que siempre vamos a tropezar con elementos de apreciación subjetiva, lo que facilita la manipulación política del fenómeno.

Milanovic es muy pesimista acerca de las posibilidades de acabar con la corrupción en el marco del capitalismo porque los incentivos para el comportamiento individualista son intrínsecos al sistema y es muy difícil cambiar el marco de valores. Sin embargo, si se adoptaran medidas enérgicas en el plano internacional, acabando por ejemplo con los paraísos fiscales o con el secreto bancario, se avanzaría mucho en la erradicación de esas prácticas. El uso obligatorio de dinero electrónico permitiría reducir enormemente las posibilidades de la evasión fiscal en el interior de cada país. De igual modo, los sistemas de subastas electrónicas para las adjudicaciones de obras públicas o de las compras del Estado, reducirían las posibilidades de connivencia entre empresas y funcionarios públicos. Finalmente, otros factores que habría que tomar en cuenta se vinculan a la financiación transparente de los partidos políticos y la selección del personal del Estado mediante sistemas de oposición para conseguir un cuerpo meritocrático, eficiente y bien remunerado, que sea impermeable a las tentaciones que vienen del mundo de las empresas. Todas estas medidas deberían ser adoptadas como política de Estado, por consenso entre todos los partidos políticos, para evitar que se utilicen como arma arrojadiza para desgastar al rival político.

Si ahora fijamos la mirada en Argentina, es evidente que con una fuerte tradición de evasión fiscal, de doble contabilidad, de fuga de capitales, de conciertos fraudulentos entre contratistas del Estado, y de funcionarios venales que le deben su puesto a la política y no a sus méritos, sería ingenuo esperar que el país quedara inmune frente al fenómeno de la corrupción. De modo que estamos ante una práctica transversal a todos los partidos políticos y presente en todos los tiempos, al punto de que no existe gobierno que pueda eludir el registro de casos de corrupción. Naturalmente, cuanto más tiempo se esté en el poder, más fenómenos de corrupción se endosarán al gobierno de turno, por una simple cuestión de acumulación estadística. De allí que, probablemente, un criterio más objetivo para valorar la sincera disposición a mitigar el fenómeno sería determinar las medidas institucionales adoptadas para corregir estas nocivas desviaciones de la legalidad.

Durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, como no podía ser de otra manera en el marco de nuestro sistema capitalista, se registraron casos de corrupción. Pero junto con algunos de los hechos de corrupción investigados por la justicia, se produjo un fenómeno paralelo, de enorme efecto en la opinión pública, consistente en el uso político de los casos de corrupción para instalar un relato que hiciera de la corrupción el rasgo peculiar de esos gobiernos. En esa labor, dirigida a convertir la lucha contra la corrupción en una cruzada moral, de tono épico, donde esforzados defensores de los valores republicanos enfrentaban al mal absoluto, tratando de combatirlo como si de un virus se tratara, contribuyeron jueces, periodistas y políticos. Lo que en el fondo esta coalición informal perseguía no era tanto erradicar el fenómeno de la corrupción sino más bien erradicar el fenómeno del peronismo, considerado como el factor históricamente perturbador de la democracia argentina. En nuestro país no resultaba novedoso convertir a una discrepancia política en una cruzada moral, una pretensión que ya había sido ensayada contra el peronismo después de la Revolución Libertadora de 1955.

Dos factores fueron determinantes para que ese relato calara hondo en la sociedad y creara en el espacio del centro-derecha la ilusión de que se podía acabar con el hecho maldito que impedía el progreso del país. Por un lado, la esforzada labor del juez Claudio Bonadío para prestarse a operaciones políticas de la justicia, incoando procesos de modo arbitrario, sobre todo dirigidos a buscar el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. En esta labor se vio respaldado por un elenco de jueces que operaron desde los tribunales de alzada, consintiendo las manifiestas arbitrariedades del juez. Algunos otros jueces federales, como Julián Ercolini, lo acompañaron en la manipulación desvergonzada de causas penales, de las cuales la más emblemática es la fantasía creada alrededor del “asesinato” de Nisman. El otro factor determinante ha sido la labor ingente de un periodismo de guerra, comandado por los dos grandes multimedios de la Argentina, que renunciaron al ejercicio ético de la profesión y se dedicaron con un esfuerzo digno de mejor causa, a filtrar toda clase de información suministrada por los jueces amigos o por los servicios de inteligencia del Estado. De este modo se fue configurando una suerte de justicia mediática, basada en la información sesgada que diariamente se divulgaba, dando lugar al nacimiento de un tipo de justicia paralela, algo que repugna a la concepción garantista del proceso penal concebido como un duelo en igualdad de armas, bajo la mirada de un tribunal de expertos independientes.

Como consecuencia de esta distorsión, en la actualidad la labor de dictar justicia se ha hecho mucho más ardua, porque los jueces siguen recibiendo la presión mediática de una forma escandalosa, como se ha verificado en el reciente episodio de liberación de presos a causa del coronavirus. El problema más grave que ha dejado como secuela el uso político y mediático de la corrupción, es la dificultad para restablecer el debate político en el terreno de la política y sustraerlo del plano de la moral. Este tema fue abordado por Richard J. Bernstein (“El abuso del mal”) quien señaló acertadamente que “una mentalidad atraída por los absolutos, las supuesta certezas morales y las dicotomías simplistas se contrapone a otra que cuestión la apelación a los absolutos en la política, y que mira con escepticismo la burda dicotomía acrítica entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien”. Para Steven Pinker el autoengaño es una de las raíces más profundas de los conflictos humanos. Implica que se eluden las precondiciones que nos deberían permitir dirimir nuestras diferencias en un debate dialógico en donde todas las partes se consideran situadas en un mismo plano de intencionalidad moral. Toda creencia en una superioridad moral provoca que, paradójicamente, el sentido moral haga, a la larga, más mal que bien.

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