La auténtica revolución universitaria del siglo XX

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El acceso a la Universidad pública, gratuita y laica es una de las tantas conquistas de la clase trabajadora durante el peronismo. A las conquistas laborales, se le suma una de gran importancia para romper el statu quo imperante en materia educativa: la gratuidad universitaria. La supresión de aranceles les permitió a los hijos de los obreros el acceso a una formación universitaria. La gratuidad fue la auténtica revolución universitaria del siglo XX porque rompió el elitismo predominante hasta entonces en las casas de altos estudios.

En argentina la llegada del peronismo al gobierno quebró el statu quo imperante revolucionando las estructuras oligárquicas que habían permanecido inmutables en todos los ámbitos. La educación no fue la excepción. Lo que antaño fue un privilegio de clase, la formación universitaria, fue transformada por Perón en un derecho universal. El Decreto 29.337/49 fue el instrumento que consagró la apertura de las casas de altos estudios a los hijos de los trabajadores.

El acceso a la Universidad pública, gratuita y laica es una de las tantas conquistas de la clase trabajadora durante el primer peronismo. El gobierno de Juan Domingo Perón, inspirado en las banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política, sabía que las injusticias históricas a las que los trabajadores fueron sometidos por la oligarquía exigía una reparación profunda en todos los órdenes de la vida.

A las conquistas laborales que los trabajadores obtuvieron durante el peronismo, se le suma una de gran importancia en orden a romper el statu quo imperante en materia educativa: la gratuidad universitaria. La supresión de aranceles les permitió a los hijos de los obreros no sólo el acceso a una formación universitaria sino también mejorar sus condiciones de vida en orden a la construcción de un futuro acorde a sus anhelos de profesionalización.

Los primeros pasos en materia de justicia social educativa se dan en el año 1947 con la sanción de la Ley N° 13.031. Este instrumento jurídico, conocido popularmente como “Ley Guardo” en homenaje al autor de la iniciativa legislativa, el profesor universitario y diputado justicialista Ricardo Cesar Guardo, marcó un punto de inflexión en la historia de la legislación sobre educación superior porque permitió derogar los preceptos de la Ley N° 1.597 de 1885 que operaba como marco legal hasta entonces.

Los 119 artículos que contenía el texto de 1947 estaban orientados a sentar las bases del modelo de universidad peronista anclado en la función social de la educación universitaria. El artículo 1 de la Ley N° 13.031 establecía que “Las universidades tienen a su cargo la enseñanza en el grado superior, la formación de la juventud para la vida, para el cultivo de las ciencias y para el ejercicio de las profesiones liberales, debiendo actuar con sentido social en la difusión de la cultura para el prestigio y engrandecimiento de la Nación, cuentan para ello con la autonomía técnica; docente y científica que se les confiere por la presente ley y con el pleno ejercicio de su personalidad jurídica”

Entre la extensa lista de funciones de las universidades se encontraban al menos cuatro estrechamente vinculadas a la necesidad de edificar un nuevo modelo de país, conforme al modelo justicialista: 1) afirmar y desarrollar una conciencia nacional histórica, 2) acumular, elaborar y difundir el saber y toda forma de cultura, en especial la de carácter autóctono para la conformación espiritual del pueblo; 3) preparar para el ejercicio de las profesiones liberales de acuerdo con las necesidades de la Nación, los adelantos técnicos mundiales y las transformaciones sociales, otorgando los títulos habilitantes con carácter exclusivo; 4) Ofrecer una educación informativa y formativa, disciplinando el esfuerzo autodidáctico, el espíritu indagativo y las cualidades que habilitan para actuar con idoneidad, patriotismo y dignidad moral, en la profesión y en la vida pública y privada.

La educación superior al servicio de la causa nacional se ubicaba en las antípodas del modelo liberal individualista predominante hasta entonces. En la argentina naciente de la mano del Peronismo, la educación superior universitaria debía jugar un papel muy importante dentro del proyecto nacional y popular que se estaba forjando. El conocimiento era concebido como un instrumento político porque permitiría contribuir a la causa nacional en pos de la formación de una Patria justa, libre y soberana.

Estar al servicio de la causa nacional implicaba despojarse de individualismos, de egoísmos y de visiones sectarias para poner a disposición de la comunidad los conocimientos adquiridos en el nivel superior en orden a resolver los problemas estructurales que la sociedad arrastraba de antaño. Ese ideal rompía profundamente la visión predominante de detentar el conocimiento para la conservación del poder de los grupos dominantes.

La decisión política del peronismo de provocar una auténtica revolución de la educación superior no fue improvisada, respondía a una planificación de gobierno edificada sobre la piedra basal del modelo: la comunidad organizada, ideario doctrinal justicialista que fue defendido por Perón en la Clausura del Primer Congreso Nacional de Filosofía realizado en Mendoza en 1949, según el cual el individuo sólo puede realizarse en comunidad, esto es, subordinando su propia individualidad a un proyecto de integración superior. En este esquema el rol de la universidad en el modelo justicialista era contribuir a la construcción de un país más justo.

El propio Perón sostuvo que “No puede concebirse a la universidad como separada de la comunidad, y es inadmisible que proponga fines ajenos o contrarios a los que asume la Nación. No puede configurarse como una isla dentro de la comunidad, como fuente interminable de discusiones librescas”.

La industrialización sin precedentes que acontecía en el país de la mano del peronismo exigía la formación de recursos humanos especializados. En ese marco, el 19 de agosto de 1948 se sanciona la Ley N° 13.229 que crea la Universidad Obrera Nacional, la que quedó formalmente inaugurada el 17 de marzo de 1953. El ingreso a esa Casa de Altos Estudios quedaba circunscripto en forma exclusiva a los trabajadores quienes debían certificar tal condición.

El acceso a la educación universitaria como derecho universal estaba contemplado en el primer instrumento de planificación global de políticas públicas que hubo en el país, el denominado “1° Plan Quinquenal” (1947-1951) donde se esbozó la necesidad de avanzar en la gratuidad del sistema para promover el ingreso de los hijos de los trabajadores. Esa conquista se materializa recién dos años después, el 22 de noviembre de 1949, a través del Decreto Nº 29.337/49 que suprimió los aranceles universitarios.

En ese mismo año se ubica también la génesis del Ministerio de Educación de la Nación que hasta ese momento formaba parte de la cartera de Justicia e Instrucción Pública. Esa creación fue posible al modificar la Constitución de 1853 que limitaba la estructura ministerial a cinco.

El ´49 fue un año de grandes conquistas que han quedado inmortalizadas en la memoria colectiva. La Constitución Justicialista recogió los nuevos derechos, plasmados en una multiplicidad de leyes, para otorgarle jerarquía constitucional. En materia educativa, la función social del Estado era amparar la enseñanza universitaria. A tal fin se encomendaba a las universidades la preparación de la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación.

La gratuidad fue la auténtica revolución universitaria del siglo XX porque rompió el elitismo predominante hasta entonces en las casas de altos estudios. Perón al ser consultado sobre la supresión de los aranceles dijo en una popular entrevista que “La conquista más grande fue que la Universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca”.

La Reforma Liberal Universitaria acontecida en Córdoba en 1918, fue un hito importante en materia de democratización para los que efectivamente accedían a la Universidad, esto es, aquellos jóvenes que tenían recursos suficientes para afrontar el pago del arancelamiento. En esas condiciones sólo estaba un grupo minúsculo de estudiantes que pertenecían a familias ubicadas en la cúspide de la pirámide social y que no sólo monopolizaban el capital económico sino también el capital cultural. Los universitarios provenían de familias oligárquicas y su formación estaba orientada a mantener el statu quo de la clase hegemónica.

Según consta en el Manifiesto Liminar aquella reforma acaecida en la segunda década del siglo XX “se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad” pero no logró avanzar en la apertura hacía los sectores populares, la visión elitista y los privilegios de clase permanecieron inmutables hasta la supresión de los aranceles en el ´49.

Durante el segundo peronismo (1951-1955) también se introdujeron importantes reformas en la educación superior tanto universitaria como no universitaria.

El Decreto Nº 4.493/52 extendió la suspensión los aranceles a todas las instituciones de enseñanza de nivel superior. Los profesorados y los institutos especiales que habían quedado afuera del Decreto del 49 fueron contemplados en ese nuevo instrumento.

El segundo plan quinquenal (1953-1957) también tuvo un apartado orientado a fortalecer la educación superior. Entre las metas universitarias esbozadas en el documento se destacan: la formación de profesionales con responsabilidad social y plena conciencia de servicio al pueblo; la consolidación de una educación gratuita, eminentemente práctica y especializada; la apertura de centros universitarios en todo el país; entre otras.

En aquella época otro hito fue la sanción de la Ley N° 14.297 que si bien modificó la llamada “Ley Guardo” mantuvo su espíritu en tanto reafirmó la política educativa que el peronismo había empezado a gestar en el ´47, instando a las universidades a cumplir su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social. Entre los objetivos establecidos en ese nuevo marco legal estaba la reafirmación del principio de gratuidad universitaria.

Esa legislación al poco tiempo fue derogada por el gobierno de facto autodenominado “Revolución Libertadora”. La dictadura del ´55 que proscribió al peronismo no sólo prohibió nombrar a Perón y a Evita y usar los símbolos del movimiento sino que destruyó todas las conquistas populares para volver a establecer la hegemonía de la oligarquía.
Con el retorno de Perón al país y el triunfo de la formula Juan Domingo Perón- María Estela Martínez de Perón en las elecciones del 23 de septiembre de 1973 se inicia el llamado tercer peronismo (1974-1976). Durante ese período se pone en discusión un nuevo texto legislativo en materia universitaria.

La Ley N° 20.654 conocida como “Ley Taiana” en honor a quien conducía el Ministerio de Cultura y Educación, Dr. Jorge Alberto Taiana, fue sancionada en 14 de marzo de 1974.
La concepción de universidad del peronismo quedó plasmada en el artículo 1 de ese texto donde se sostenía que “Las universidades Nacionales son comunidades de trabajo que integran el sistema nacional de educación en el nivel superior con el fin de impartir enseñanza, realizar investigación, promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social y, haciendo los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional, contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos”

La movilidad social ascendente, la construcción de un proyecto colectivo de país y de una sociedad más justa e igualitaria son algunos de los efectos de la gratuidad universitaria del ´49. El modelo universitario trazado hace 71 años contempla a la educación superior como un derecho fundamental para argentinos y extranjeros. Ese sólido sistema no sólo ha permitido forjar una argentina más justa sino también una América Latina, una Patria Grande, menos desigual.

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