La inversión de la pirámide

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El marco jurídico de todo país está organizado en una “pirámide jurídica” de manera tal que se establezca un orden de prelación entre las distintas normas. Esto sirve para evitar conflictos entre las distintas instancias legislativas. El gobierno de Cambiemos se caracteriza por dar vuelta todo esto, de manera ilegal. Modificando y falseando el espíritu de muchas leyes a través de decretos, demuestran no sólo un desprecio por las reglas más elementales del juego, sino más bien por la democracia en sí misma.

El marco jurídico de todo país está organizado de manera tal que se establezca un orden de prelación entre las distintas normas. De este modo, se especifica cuáles son las normas más importantes. A esta jerarquía se la denomina “pirámide jurídica”, y sirve para evitar conflictos entre las distintas instancias legislativas. El orden es este:

1 – Constitución Nacional y Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional;
2 – Leyes nacionales;
3 – Decretos nacionales;
4 – Constituciones provinciales;
5 – Leyes provinciales;
6 – Decretos provinciales;
7 – Ordenanzas municipales.

Entonces, cuanto más arriba de la pirámide se encuentre una normativa, significa que más importante es. Esto implica que no podrá ser contradecida por ninguna de las que esté más abajo. Si, por ejemplo, la Constitución Nacional (en la cúspide de la pirámide) reconoce el derecho a la igualdad, ninguna ley nacional (en el segundo lugar) podrá destruir ese derecho.

Una característica que ha adquirido el gobierno de Cambiemos es la de dar vuelta todo esto, de manera ilegal. Modificando y falseando el espíritu de muchas leyes a través de decretos, demuestran no sólo un desprecio por las reglas más elementales del juego, sino más bien por la democracia en sí misma.

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015, se elimina la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y se crea el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) dentro del nuevo Ministerio de Comunicaciones.

Con esta modificación, el gobierno ha dejado prácticamente en desuso la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), poniendo fin a su principal objetivo: democratizar los medios de comunicación.

La “Ley de Medios” fue sancionada en reemplazo de una ley anterior (es decir, una ley que modificó a otra ley, como debe ser), además de haber sido la ley más discutida y debatida de los últimos años. Foros en universidades, aportes de especialistas (la gran cantidad de notas al pie de página de dicha ley dan cuenta de ello) y un amplio consenso entre distintos espacios políticos permitieron la redacción y sanción de la ley de medios.

La misma Corte Suprema de Justicia dictaminó que era íntegramente constitucional. Macri llega a la presidencia y en menos de veinte días disuelve el organismo encargado de aplicarla (removiendo a sus autoridades, a quienes les faltaban dos años de mandato) y la vuelve inerte.

Con respecto a este tema, Mauricio Macri ya tenía un antecedente mientras era jefe de gobierno porteño. En el 2013 firmó un decreto mediante el cual se prohibía que se apliquen ciertos artículos de la Ley de Medios en el ámbito de la CABA. En este caso fue aún peor: no era un decreto nacional modificando una ley nacional, sino un decreto de la Caba (lo podemos equiparar a un decreto provincial) contrariando una ley nacional.

En un primer momento, el gobierno quizo que en la Ley 27.260 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que también regula el Régimen de Sinceramiento Fiscal, más conocido como “blanqueo”) estén incluidos los familiares de los funcionarios. La oposición no estaba dispuesta a aprobar dicha ley con esa inclusión, así que se decidió excluir a familiares. Una vez que la ley fue aprobada por el Congreso, Macri, mediante el decreto 1206/16, establece que los familiares también pueden entrar en el blanqueo.

A uno pueden gustarle o no gustarle determinadas leyes, pero no se pueden modificar, falsear o volver inocuas mediante un decreto. Las leyes valen más que los decretos. Y no respetar eso es ir contra el diálogo (parlamentario), contra la república y contra la institucionalidad.

A través del decreto 1222/16, Canal Encuentro, Paka Paka y DeporTV pasan del Ministerio de Educación a una nueva Sociedad. Dichos canales eran gestionados por la estatal Educ.ar Sociedad del Estado (dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología) y regulados por la Ley 26.206 de Educación Nacional.

La normativa establecía que esos canales estarían destinados, principalmente, a docentes y alumnos/as, siendo canales puramente educativos (acá podemos exceptuar a DeporTV). El objetivo de esas plataformas eran educativos y culturales. Ahora ya no dependerán del Educ.ar S.A., sino de un nuevo organismo: Contenidos Públicos Sociedad del Estado (dependiente del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, dependiente de la Jefatura de Gabinete). El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos fue creado mediante el decreto 237/15, y una de las funciones que el mismo le atribuye es: “Colaborar con la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en la planificación y administración de la ejecución de la publicidad oficial de los actos de gobierno”. Es decir, si bien los programas referidos seguramente seguirán siendo esencialmente culturales, se le abre la puerta a otras funciones comunicativas y de propaganda que nada tienen que ver con lo educativo.

A uno pueden gustarle o no gustarle determinadas leyes, pero no se pueden modificar, falsear o volver inocuas mediante un decreto. Las leyes valen más que los decretos. Y no respetar eso es ir contra el diálogo (parlamentario), contra la república y contra la institucionalidad.

La Real Academia Española nos da distintas definiciones para el verbo “invertir”, entre ellas: “cambiar, sustituyéndolos por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido de las cosas” y “emplear, gastar, colocar un caudal”. Las inversiones no llegan, pero a la pirámide se la invierte.

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