La única lucha que se pierde es la que se abandona

Compartir

Ante el avance descontrolado del gobierno autoritario, que se manifiesta diariamente con sus intromisiones y avasallamientos por el Poder Ejecutivo de los demás poderes del Estado ( Poder legislativo, Procuración General de la Nación, y parte del poder Judicial), con la complicidad de una parte de ese Poder Judicial (Fuero Federal) y el dominio monopólico de los medios de difusión masivos y frente a las iniciativas del macrismo para pulverizar los derechos laborales y las normas sobre seguridad social, por lo menos un 60% de la población Argentina se pregunta, ¿qué hacer para detener una escalada que nos retrotraería más de 70 años en los derechos del trabajador y de la clase pasiva? ¿Qué hacer para poner freno a una política económica que conduce al país a una situación de sometimiento económico de la que será imposible salir sin perder la soberanía? Hay muchos actores en el juego: desde quienes entienden que la única salida es la lucha revolucionaria, hasta quienes creen que “un acompañamiento crítico” al “equipo” en el poder puede conducir a una situación “aceptable” para todos. En cualquiera de los casos lo primero que hay que hacer es definir a los enemigos del Pueblo y de la Nación.

Macri preside, pero no gobierna. Gobiernan las grandes corporaciones económico-financieras nacionales y transnacionales. Su arma predilecta ya no es la fuerza militar, sino la Deuda Externa. En complicidad con el FMI y el Banco Mundial, éstas dictan al gobierno autoritario las medidas tendientes al saqueo del país y a la postración de sus habitantes.

Los dirigentes “dialoguistas” y los “políticos revolucionarios” apuestan a la espontaneidad de las masas, de lo que resulta que son unos oportunistas que renuncian a la creación de una conciencia política de clase. No es la acción violenta puntual una táctica adecuada para atraer a la gran masa del pueblo. El trabajo artesanal de la izquierda, que alimenta fogosos discursos, y la dispersión y descoordinación de los grupos de trabajadores, no es eficaz para resistir la agresión neoliberal y realizar un trabajo coherente.

Los principios organizativos consisten, pues, en la estructuración de un movimiento progresista centralizado, lo más amplio posible, capaz de disponer de un medio de difusión relevante, que cumpla la función de organizador colectivo. La brújula del nuevo Colectivo Nacional y Popular debe apuntar en un solo sentido: la Justicia Social. Analizaremos los actores.

El Movimiento Obrero organizado

El desempeño de la CGT, desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los trabajadores, ha sido y es lamentable. Frente a la quita de derechos, proliferación de despidos y el incremento de la pobreza (hay amplios sectores de trabajadores sindicalizados cuyos ingresos mensuales están por debajo de la “línea de pobreza” que el mismo Gobierno publica), los “líderes” sindicales han mantenido una conducta de “acompañamiento” y “diálogo” por la que nada han obtenido a favor de sus representados.

La acción de los trabajadores nunca se ha reducido a una lucha económica, es decir a las reivindicaciones salariales y de las condiciones de trabajo. Se inserta en la lucha política organizada de todas las clases sometidas, para reemplazar un gobierno autoritario y entreguista por otro Nacional, Popular y Democrático.

Cuando otrora, esos “líderes” eran agresivos luchadores para que los trabajadores de altos ingresos no pagaran impuesto a las ganancias, ahora, mansamente aceptan que sea más grande el número de los que sí lo hacen. Frente a los despidos injustificados en el Estado y en el sector privado, son meros espectadores.

Hoy, ante una “Reforma Laboral”, que a simple vista barre con los derechos del trabajador
la “dirigencia” de la CGT es el interlocutor elegido por el Gobierno Autoritario. Las dos CTA y demás organizaciones gremiales han sido directamente ignoradas, por sus posiciones combativas. Los “dirigentes” de la CGT dicen “que están analizando la Reforma” y que están “estudiando la letra chica”. (una miserable máscara para encubrir su claudicación): “Con la letra grande” es más que suficiente para ver los objetivos de retrotraer los derecho adquiridos por los trabajadores al siglo 19. Simulan no reparar en que dicha “Reforma” viola el art 14 bis de la Constitución y la Ley 20.744. Ningún indicio hay de una oposición frontal, clara, definida.

A mayor flexibilización laboral, mayor ganancia empresarial

Las bases trabajadoras ya han expresado su disconformidad con estas conductas. Y si estas “reformas” son impuestas, los actuales “dirigentes” deberían tener presente aquella frase de Perón: “ el Pueblo avanzará con sus dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de sus dirigentes”

El Poder Legislativo

Los legisladores elegidos por el pueblo, parecen, en su mayoría, meros espectadores de lo que está pasando en la arena política y económica del país. A los oficialistas y opoficialistas (Massismo, Bossio) no se les ha movido un pelo ante:
– El nombramiento de jueces supremos por decreto, intentado por medio del artilugio de aplicar una norma prevista para les “empleados” de la Administración, a la designación de los miembros de más alto rango de OTRO PODER del Estado .
– La Ley de Reparación Histórica y el sinceramiento fiscal, una patraña urdida con el falso propósito de beneficiar a la clase pasiva, que tuvo por finalidad real producir una “amnistía” para todos los grandes evasores de la familia y el entorno presidencial (como lo demuestra el “Blanqueo” de decenas de millones de dólares por Gianfranco Macri, M. Mindlin, R Caputo y otros. A cambio, los integrantes de la clase pasiva recibieron en el mejor de los casos (los que han adherido) una “reparación” de $ 700 mensuales en promedio. A lo que debe agregarse la modificación de la ley por Decreto para favorecer a los familiares directos del Presidente.
– La política de vaciamiento de la Anses, puesta de manifiesto con el memorando de entendimiento con Qatar, la venta de acciones en poder del FGS a un precio ilógico a Sociedades “amigas” del entorno presidencial, el préstamo de cientos de millones por el FGS al fondo de inversión de quien luego de unos días sería designado Ministro de Hacienda (Luis Caputo). El empleo de fondos del FGS para comprar Lebacs, pero en forma indirecta, a traves del mismo Fondo de Inversión, creado por Caputo, y designando como Banco depositario el Deutsche Bank, (del que el mismo Caputo alto Funcionario), todo con la finalidad de obtener comisiones para el Fondo de Caputo y el mencionado Banco, a costillas del llamado “dinero de los Jubilados”. Todo forma parte de una estrategia de desfinanciación de la ANSeS, para volver a instalar un sistema de capitalización paralelo.
– El nuevo proyecto denominado Cobertura Universal de Salud, que comienza a ponerse en funcionamiento, y por el cual el Estado se desentenderá de la Salud Pública, soslayando de paso el art 14 bis de la Constitución Nacional. Un sistema al que tendrán acceso todos los habitantes que posean una “Credencial de Pobre”, que les permitirá acceder gratuitamente a una “canasta” limitada de prestaciones. Quien no posea la credencial, o requiera una prestación no incluida en la “ canasta”, tendrá la posibilidad de obtenerla pagando a institutos privados, o bien morir. Un negocio urdido en beneficio de los servicios privados de salud y de los laboratorios. Vale recordar que hoy ya existe un sistema universal de salud, al que se accede con el DNI. La escasa atención que el gobierno autoritario brinda al tema salud, se exterioriza claramente en los siete Hospitales Nacionales de alta complejidad terminados en un 90 % por el gobierno anterior y que el actual abandonó, sin poner en funcionamiento.
– La programada privatización de los Servicios del Pami a la clase pasiva: Mediante la ilegal creación de una Fundación del Mismo Nombre (Pami) se derivarán a una persona jurídica de Derecho Privado la asistencia médica de los Jubilados. Sin posibilidad de control efectivo por la Administración estatal, ni de los fondos, ni de la efectividad de los servicios. Tambien en violación del art 14 bis de la Constitución Nacional.
– La privatización de Vialidad Nacional: Mediante la creación de una Sociedad Anónima “Corredores Viales”, la totalidad de las funciones del actual organismo Estatal pasará al sector privado, ( Esta original Empresa (Persona jurídica de derecho Privado), estará en un primer momento integrada por Vialidad Nacional y Ministerio de Transporte, pero se prevé la subsiguiente participación accionaria de las empresas constructoras de cualquier origen (ahí veremos a B.Roggio, Techint, Mindlin,(Macri) etc.) se ocupará de todas las funciones propias del Organismo Estatal sin obligación de respetar la ley de contrataciones del Estado, ni la ley de Procedimientos Administrativos. “Corredores Viales” no podrá ser auditada por la AGN. No serán necesarias licitaciones públicas. Los peajes los fijará ´”el mercado”, etc.
– El nombramiento de Luis Miguel Etchevehere  como Ministro con 18 causas abiertas, por administración fraudulenta, evasión y lavado de dinero.
– La eliminación de asignaciones por discapacidad: El Gobierno “ahorra” en esa materia, desconociendo la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (de rango Constitucional). El asunto está judicializado, y durante los años que dure el juicio los infortunados discapacitados no tendrán otra salida que morir.
– La promoción de Juicios Políticos o presiones y persecuciones a Jueces , por sus fallos, cuando no se ajustan a los deseos e intereses del PEN. (Freiler, Forns, Arias, Gibert, Marino, Rozansky, Servini, Lijo, Rafecas….).
– El desconocimiento del carácter vinculante de tratados a los que el Estado ha adherido y de la obligatoriedad del cumplimiento de Resoluciones de Organismos Internacionales (ONU-OEA-OIT) como la Comisión Interamericana de DDHH, por parte del Gobierno Nacional (PEN) y la CSJN. Lo que permite la existencia de presos políticos en el país (Caso Milagro Sala) y una “desaparición forzosa” seguida de muerte derivada del accionar de Organismos de Seguridad del Estado (Caso Santiago Maldonado)
– El disciplinamiento de toda expresión disidente mediante la promoción de denuncias judiciales sin mayor fundamento, y la represión armada en las calles..
– La extorsión a los gobernadores de provincia amenazando con no remitirles aportes de la coparticipación o ATNs si los legisladores de las mismas provincias no apoyan las iniciativas Legislativas del PRO.
– Las irregulares contrataciones de Gas licuado hechas por el Ministro Aranguren, favoreciendo a la empresa de la que fue Presidente y accionista (y tal vez lo sigue siendo)
con grave perjuicio para el Erario, y el favorecimiento a una “sociedad” off shore radicada en Barbados (de la que formó parte) por cientos de millones de dólares.. (Recién después de la difusión de los “Paradise Papers” algunos diputados se animaron a pedir la renuncia de Aranguren).
– La autorización del PEN por Decreto 29/2017, en la toma de préstamos externos a que se den como garantía los recursos naturales del país y las empresas del Estado.(Obviando el hecho de que los recursos naturales no son del dominio Público de la Nación, sino de las Provincias)
– La “creación” de “enemigos” internos secesionistas: Hasta 2015 Argentina no tenía hipótesis de conflicto militar. Algo que se mantiene en secreto debe haber ocurrido, pues se han difundido documentos que evidencian enormes compras de armamento a USA e Israel.

Recientemente y como secuela del caso “Maldonado” nos estamos enterando vía Clarín, Nación y Patricia Bullrich que existiría un movimiento “subversivo”, “secesionista”, conformado en la Patagonia, principalmente con el pueblo Mapuche : La “RAM”. Quienes conocen de primera mano las condiciones de vida y las aspiraciones de los pueblos originarios sostienen que esto es falso. La Constitución de 1994, reconoce los derechos de los pueblos originarios al mantenimiento de su cultura, estilos de vida y sobre el todo el derecho a mantener la posesión de sus tierras ancestrales. Sobre esto último se ha dictado la Ley. 26.160 que trata precisamente de la posesión y propiedad de las tierras que ancestralmente ocupan estos pueblos.

La ley tiene fecha de vencimiento y no se han cumplido las tareas de relevamiento y censo establecidas por lo que debería prorrogarse. Los Mapuches, entre otros, no reclaman otra cosa que ocupar las tierras que desde siempre ocuparon y explotaron en forma comunitaria (los Mapuches no tienen un régimen de propiedad privada individual sino comunitario). Su situación económica es deplorable pues han ido desplazándolos por la fuerza a reducidos espacios inhóspitos y estériles. Carecen de estructuras político-militares y no han planteado una separación. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se los ha catalogado como un pueblo subversivo, separatista. La creación de este “enemigo“ interno no tiene asidero, pero ha recibido el apoyo de poderosas organizaciones económicas extranjeras y nacionales (SRA, Benetton, Lewis etc.) y la invalorable adhesión del genocida Alfredo Astiz.

– El Gobierno actual no solamente reduce o subejecuta los presupuestos de ciencia y técnica. Paralelamente suspende la construcción de centrales nucleares con tecnología nacional. Se ha privatizado y extranjerizado (Hughes) la industria satelital. Tiene en sus planes privatizar las represas hidroeléctricas construídas y a construir con recursos Estatales.
– La anulación de la ley de medios audiovisuales entregando el. monopolio de Medios audiovisuales al Grupo Clarín. El designado para la tarea fue el Ministro Aguad. Este personaje carece de conocimientos básicos sobre el área que le tocó gestionar. Aunque no debe pensarse que es un inepto absoluto. Pueden dar cuenta de ello los correntinos, que aún no pudieron descubrir donde fueron a parar los u$s 60 millones, que en un pase de magia el Señor Aguad hizo desaparecer.

En ninguno de los países considerados “serios” por los actuales gobernantes, se ha permitido el grado de concentración y control monopólico de todos los medios de difusión masiva (TV- Prensa escrita, Telefonía). Por todos esos medios se difunde el discurso único a que antes aludíamos. Ello es complementado por los gobernantes con un intenso empleo de las “redes sociales” (Twiter, Facebook, etc.) en que bajo la apariencia de una numerosa cantidad de manifestaciones espontáneas, se transmiten los mensajes mas burdos, falsos, agresivos y difamatorios, escudados en el anonimato, que responden a un plan permanente y sistemático de apoyo a las políticas más infames del Gobierno.

Por todos los medios se produce un bombardeo incesante a la población mediante la propaganda mediática liberal, con slogans y consignas mentirosas sobre las actividades políticas y la situación económica del país. Desafortunadamente, la ausencia de medios y voces disidentes (a raíz del monopolio dominante) ha permitido la llegada del discurso único reaccionario a las clases medias y bajas, y ello unido al “clientelismo electoral” (antes censurado) ha logrado captar también allí voluntades.
– En el último año se ha expuesto claramente el fortalecimiento de la represión a las manifestaciones populares. Fuerzas de seguridad con toda la apariencia y logística de fuerzas militares, reprimen violentamente protestas en las calles, escuelas, Universidades, Hospitales, Fábricas, etc .El objetivo es desalentar la manifestación del pueblo infundiendo MIEDO.
– La caracterización de los jueces y abogados laboralistas como “mafiosos” y el empleo de los servicios de inteligencia para disciplinarlos, más la amenaza directa de apartar los jueces “no alineados” reemplazándolos por otros que “lo representen” (al PEN).
– La censura de periodistas no alineados con el Gobierno, mediante su apartamiento por medio de “aprietes” a las pocas empresas concesionarias de frecuencias radiales o televisivas independientes que subsisten.
El Capitalismo de amigos y parientes. El gobierno que preside Macri tuvo especial efectividad en asegurar los “negocios” de sus parientes, amigos y colaboradores.
Sobran los ejemplos de ello. Decidió ilegalmente tomar a cargo del estado los costos del soterramiento del Sarmiento, que según la licitación original debía ser financiado por los adjudicatarios. Entre estos se encontraba originalmente la empresa familiar IECSA, con estrechos vínculos con la mundialmente renombrada (por corrupta) Odebretch. Más aún, se obligó por $45.000 millones, cuando los estudios técnicos estimaban un costo total que rondaba los $35.000.

Los 20 millones de dólares ¿eran para Macri?

Otro ejemplo notable es el llamado de “dólar Futuro”. Muchos integrantes del actual gobierno habían comprado dólar a futuro, antes de las elecciones. Macri en campaña aseguró que no se produciría una devaluación. Pocos días después de asumir se produjo una devaluación del orden del 50%. El “Quantum” de la devaluación fue establecido por Quintana y Caputo, precisamente dos de los que habían hechos grandes compras de dólar futuro ( también el Grupo Clarín-Magneto, Techint, etc.). Lo notable es que Quintana y Caputo no solo por ese acto fijaron el precio del dólar, sino que simultáneamente establecieron la cantidad de millones de pesos que ellos mismos iban a ganar con la operación.

El intento de autocondonación de deudas del Correo Argentino para favorecer a la familia presidencial por $ 74.000 millones.

El escandaloso suceso que involucró a la Vicepresidenta Michetti, que no pudo demostrar la legitimidad y origen de los fondos que denunció que le robaron (cuando el asunto trascendió públicamente).

Sería extenso tratar el tema de las sociedades off shore (en lo que el asesor presidencial Fabián (Pepín) Rodriguez Simón es un experto), y las maniobras de la “elite” dominante puestas al descubierto por los Panamá Papers en los que Macri y sus testaferros se encuentran involucrados (y los “jueces” amigos se niegan a investigar. A ello se agrega recientemente el descubrimiento de la administración por el Ministro Luis Caputo de innumerables sociedades off shore destinadas a blanquear dineros evadidos y originados muy probablemente en hechos ilícitos.

La ilegal y nula detención sin llamado a indagatoria ( derecho a ser oído) a funcionarios y ex funcionarios públicos, por jueces dóciles a las presiones del PEN. (Casos De Vido y Boudou). A De Vido se lo desaforó y metió preso sin indagatoria y en base a una “pericia” impugnada por irregular, parte de la cual fue copiada del “Rincón del Vago”, por el Célebre Juez de la Servilleta Claudio Bonadío. Es notable el silencio de sus compañeros. Más allá de las prisiones sin proceso, de palmaria irregularidad, todos saben de la esencia vengativa de estas actuaciones. (A Boudou el poder económico-financiero nunca le perdonará haber sido el ideólogo del desmantelamiento de las AFJP, negociado por el cual 10 bancos se alzaron con 14.000 millones de dólares en 10 años, sin arriesgar un peso. Se lo encarceló en un juicio por “enriquecimiento ilícito” en que durante 5 años no se obtuvieron pruebas, y sin ser escuchado en indagatoria).

El inventario de irregularidades es mucho más largo, pero al parecer, la mayoría de los “representantes del Pueblo” está paralizada, y parece que nada puede hacer ante el avance desenfrenado de los dueños del Poder económico. Aunque nada lo impide, no se ha escuchado por parte de los legisladores ni pedidos de Juicio Político, ni requerimientos de Renuncias de Ministros como Aranguren, Patricia Bullrrich, Luis Caputo, Viceministro Quintana, etc. Ni siquiera pedidos de Interpelación. Salvo la izquierda y algunos integrantes del FPV, nadie ha alzado la voz.

Sería ingenuo pensar que, con un mínimo de dignidad algunos Radicales, legendarios “defensores de la institucionalidad”, lo hicieran. Se han amoldado a la función de ser el furgón de cola del gobierno más reaccionario desde 1930. Menos puede esperarse de la ex radical y autoproclamada Fiscal de la República, Carrió, que tiene los labios sellados frente a la corrupción gubernamental. (Seguramente bien aconsejada por su hijo, Enrique Santos, acusado como prominente narcotraficante y lavador de dinero en México).

El resto no es más que un conglomerado de comadres y compadres que, muchos atemorizados, traidores, cobardes, cómplices y oportunistas, se dedican a “cuidar su quintita”. De ellos nada espera el pueblo, y nada tendrá. Ellos se escudarán en que por la vía institucional no es posible hacer nada, y no vale la pena intentarlo. Es falso de toda falsedad, que los Representantes del Pueblo no pueden hacer nada ante tanto atropello. Los árboles no crecen hasta el cielo, algún día deberán rendir cuentas.

 El Poder Judicial

El menos democrático de todos los poderes. Concebido en su versión original (la Norteamericana), como un poder “Contramayoritario”, cuya misión es “frenar los excesos de democracia”. Contiene en su seno, especialmente en el Fuero Federal, a magistrados con limitados conocimientos del Derecho ( caso Bonadío), otros firmes aliados del poder ejecutivo ( Irurzum). Otros siempre listos para obedecer la órdenes del poder económico (. Martínez de Giorgi), muchos atemorizados por los “carpetazos” que les pueden asestar desde los servicios de inteligencia, poniendo al descubierto sus “debilidades” de orden económico o de su vida privada(Lijo).

No tienen respeto alguno por las leyes de procedimiento ( Luis Rodriguez). En general sus objetivos no son los de dictar fallos ajustados a derecho, sino cumplir con los designios de los poderosos y “hacer carrera” ( J Ercolini, el que rechazó el pedido Fiscal de indagatoria a Hector Magneto y B. Mitre- Caso Papel Prensa).

Frente a ellos se alzan algunos abogados, que aman el Derecho, que aunque saben que sus trabajos en pos de la obtención de Justicia en la mayoría de los casos serán inútiles, insisten con sus denuncias y planteos, poniendo por lo menos a salvo su Dignidad. Barcesat, Zaffaroni, Recalde, Thailade, Bregman, Rusconi, Dalbon, Beraldi, Durañona y varios otros. Defensores de causas perdidas, no solo son expertos en Derecho, también son ejemplos de la Ética, que a gran parte de Sus Señorías les falta. Muchos de ellos son verdaderos apóstoles luchadores por el Estado de Derecho (hoy desaparecido), y el Debido proceso legal. Su labor no esta exenta de amenazas y riesgos. En un país donde la Justicia no reina, tener razón es peligroso.

El orden constitucional

Todos los letrados saben que la Constitución que nos rige es producto de una época superada del liberalismo político y económico y debe ser cambiada. Los peronistas sostendrán, con bastante acierto, que la de 1949, derogada por un golpe de estado, era notablemente mejor. Los Radicales de Irigoyen y Alfonsín, coincidirán en que hay que hacer muchos cambios. Pero todos saben que con la relación actual de fuerzas eso no es posible. No se ganará la guerra en una sola batalla.

Habrá que dar muchos pequeños pasos y limitados combates para la estructuración de un movimiento progresista centralizado, lo más amplio posible, hasta alcanzar la meta de un gran Frente Nacional y Popular, asentado en coincidencias básicas, en el que confluyan las corrientes de Izquierda, el Peronismo Progresista y los Radicales que se sientan herederos de Irigoyen y Alfonsín.

¿Qué hacer entonces ahora por la vía del Derecho con un Gobierno corrupto, sometido a los dictados del Gran Capital (del que es socio) y un poder Judicial “contramayoritario” dispuesto a frenar todo intento de Justicia democrática?.

Todas las armas legales son válidas en esta contienda:
-El derecho a peticionar, por vía de los grandes movimientos multitudinarios, como se han producido en los últimos dos años.
-El ejercicio del derecho de Resistencia a la Opresión: Dice el art 21 de la CN Argentina: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución…..” Y esta Constitución, como se sabe, incluye los tratados según los cuales es legítimo resistir la opresión.
“ La Constitución Argentina procura consagrar como principio político fundamental, el derecho del pueblo de resistir la opresión, y elevar su resistencia hasta la insurrección misma, pero no para alterar la Constitución sino para defenderla e imponer su respeto” ha dicho Carlos Sanchez Viamonte.
Linares Quintana, fué más lejos, indicando que “el derecho de resistencia a la opresión es el derecho inherente al pueblo para resistir por la fuerza y derrocar a un gobierno despótico. Es el derecho de legítima defensa del pueblo contra el despotismo en salvaguardia de su libertad. Ante un gobierno que se coloca al margen de la Constitución el pueblo se aparta también de las normas constitucionales que reglan la sucesión gubernativa y empleando la fuerza derroca a quienes dirigían el Estado tiranizándolo”.

Para Roberto Gargarella (Astrolabio. Revista internacional de filosofía Año 2007. Núm. 4. ISSN 1699-7549 22) , los oprimidos tendrían el derecho de desafiar ciertas prohibiciones legales cuando estos desafíos pudieran servir, razonablemente, para poner fin a su situación de sufrimiento extremo.

Por ejemplo,…… los marginados podrían arrogarse el derecho de ocupar tierras vacías …, o el de usar propiedades en desuso con el objeto de asegurarse y asegurarle a sus familias, ciertos derechos básicos ( la comida, el abrigo) que el Estado no les garantiza. De modo similar, ellos tendrían el derecho de explorar avenidas no-tradicionales para canalizar sus protestas …..de modo tal de forzar al Estado a atender sus intereses fundamentales –intereses, otra vez, que el Estado ignora y viola de modo sistemático.

Aquellos que sufren situaciones de marginación severa y sistemática pueden ser razonablemente agregados a la lista de individuos viviendo en situaciones de alienación legal. Si reconocemos este punto, y aceptamos a la vez las enseñanzas de los constitucionalistas que nos precedieron, siglos atrás, deberíamos concluir diciendo que los grupos que han sufrido aquella grave marginación no tienen un deber general de obedecer el derecho, dado que el orden legal no les ha asegurado la protección que necesitaban contra los daños más severos que sufrían, a la vez que ha sido en parte responsable de la imposición de algunos de esos severos daños. En la medida en que el derecho se encuentra causal y moralmente implicado en su sufrimiento, ciertas formas de resistencia al derecho deberían ser vistas, en principio, como moralmente permisibles.

-El derecho de huelga y paro general de actividades por períodos prolongados y los mecanismos de democracia directa, casi nunca utilizados pero que están consagrados en esta Pobre Constitución Nacional: la Iniciativa legislativa Popular y el Plebiscito. Por la iniciativa popular legislativa, el Pueblo, de forma directa puede derogar leyes contrarias al bien común como, por ejemplo, rechazar las medidas de reforma laboral y previsional, o imponer otras que atiendan el interés Nacional.

La iniciativa legislativa popular

La iniciativa popular consagrada en la CN, otorga a cualquier ciudadano el derecho de presentar proyectos de ley ante el Congreso, pero para eso se le exige respaldarlos con las firmas del 1,5% del padrón electoral nacional ( actualmente cerca de 500.00 personas con derecho a voto) distribuidas al menos en seis provincias del país.

Luego de un engorroso proceso de verificación de firmas, el proyecto llegará al Congreso, que dispondrá de un año para aprobarlo o rechazarlo. (“Hay demasiadas barreras que hacen que la herramienta no sea tan democrática como debería”).

La Constitución en el artículo 39 textualmente señala: “Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No será objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

 El art. 40 prevé otro mecanismo de consulta legislativa popular , dispone textualmente: “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación la convertirá en ley y su promulgación será automática.

Este mecanismo es más ágil y eficaz, pero tiene el inconveniente de que requiere el voto (mayoría absoluta = 50% + 1 voto) de los legisladores y, como sabemos, no será fácil “convencer” a los amantes de la billetera, cómplices de las corporaciones antinacionales, traidores, cobardes, y oportunistas, que pasean su holgazanería entre sus bancas, el salón de los pasos perdidos y los canales de televisión, para que den el quorum necesario.

Pero la actividad ante los Organismos Jurisdiccionales Nacionales y Supranacionales es, con todo, complementaria del trabajo político que se impone. La estructuración de un movimiento progresista centralizado, lo más abarcativo posible, inclusivo de todas las corrientes políticas progresistas y todas las organizaciones de trabajadores, capaz de disponer de un medio de difusión relevante, que cumpla la función de organizador colectivo.

El Nuevo Colectivo Nacional y Popular debe enarbolar, en esta hora, sólo las banderas de La Justicia Social, La equitativa distribución de la riqueza y la defensa de la soberanía económica Nacional. En un segundo momento deberá dictarse una Constitución dirigida no solo a consagrar los derechos y garantías individuales, sino también a establecer la función social de la propiedad, proteger el patrimonio nacional, reconocer los derechos de los trabajadores, niños y ancianos y restablecer la soberanía del pueblo. El poder Judicial debe ser democratizado y los actuales jueces con severas fallas éticas y jurídicas reemplazados.

Mandá tu nota

Comentarios

Comentarios

Hacé tu anotación Sin anotaciones


NuestrasVoces.com.ar 2017 - Todos los derechos reservados - Contacto