Los prisioneros gritan: “Las mujeres se embarazan para cobrar un plan”

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Prejuicios, mitos y estereotipos de género y clase en la caverna social. En los últimos años se acrecentó exponencialmente la reproducción de prejuicios de género y clase vinculados a determinadas intervenciones sociales del Estado. Mujeres en situación de pobreza se transformaron en el blanco preferido de ataque. A viva voz los prisioneros gritan: “Las mujeres se embarazan para cobrar un plan”

Por Melisa Vargas y Valeria Gamboa

En Argentina durante los últimos años se acrecentó exponencialmente la reproducción de prejuicios de género y clase vinculados a determinadas intervenciones sociales del Estado. Mujeres en situación de pobreza se transformaron en el blanco preferido de ataque de personas que, desde distintos lugares de la estructura social, no se acobardan en lanzar contra ellas una piedra lapidaria: “Se embarazan para cobrar un plan”. Esa aseveración, que desde hace una década repite un sinfín incalculable de “loros sociales”, no se corresponde en absoluto con los datos oficiales que evidencian que las transferencias condicionadas de ingreso no han fomentado una cultura pro-natalista.

Recientemente se conmemoró una década de la implementación de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUHPS), política diseñada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que enarboló una de las principales banderas del peronismo: la justicia social.

La intervención, si bien se inscribe en la línea de los típicos Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos de alto impacto distributivo que dominan la agenda de la política social latinoamericana en las últimas décadas, no es un plan social de carácter asistencial como erróneamente se simboliza en el imaginario colectivo sino que representa la universalización de la cobertura del tradicional esquema de asignaciones familiares construido en el año 1957 para proteger a hijos e hijas de asalariados registrados.

Los instrumentos jurídicos-normativos empleados para la creación de la AUHPS (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1609/2009 – Resolución N° 393/09) extienden la protección a los hijos e hijas, menores de 18 años y sin límite etario cuando se trate de una persona con discapacidad, de aquellos que habían sido marginados del esquema originario de seguridad social: trabajadores informales, desempleados, subempleados o con salarios que no superen el mínimo vital y móvil (monotributistas sociales, trabajadores temporales y del servicio doméstico) e imponen una serie de condicionalidades en el campo educativo y sanitario so pena de interrupción de la prestación.

La estricta inflexibilidad en las condicionalidades establecidas (asistencia al sistema educativo formal e inmunización obligatoria según el Calendario Nacional de Vacunación) está atada a la meta de largo plazo de detener a trasmisión intergeneracional de pobreza.
La protección social es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes con independencia de la situación laboral de sus padres. Sin embargo, la cobertura no es unívoca; el Estado transfiere recursos a familias de diferentes niveles de ingreso a través de diversos mecanismos: a las de menores recursos con trabajo informal, en situación de desempleo o con ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil le corresponde la AUHPS, a los trabajadores registrados que no tributan ganancias se le otorga la asignación familiar y a los de mayores ingresos alcanzados por ese tributo se le realizan deducciones por hijos a cargo.

En el año 2011 se implementó de forma complementaria otra intervención social equivalente a la Asignación Familiar por Prenatal que el Sistema de Seguridad Social prevé para los trabajadores formales. Se trata de la Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social (AUEPS), creada mediante DNU N° 446/2011 con el fin de disminuir los índices de mortalidad maternal, perinatal, neonatal e infantil que se encuentran asociados a problemas en el acceso a servicios de salud. Esa prestación monetaria, destinada a las embarazadas desde la décimo segunda semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, exige como contraprestación la inscripción en el Plan Nacer (Programa Sumar) y la realización de chequeos periódicos acordes a las etapas del embarazo.

Desde la creación de la AUHPS y la AUEPS se han suscitado una serie de prejuicios infundados en torno a las intervenciones sociales. El más común fue asociar la maternidad de las mujeres de sectores populares con un interés económico, de ahí la expresión que cotidianamente una porción de la sociedad lanza sin titubear: “Se embarazan para cobrar un plan”.

Los detractores de estas políticas han logrado reproducir en el inconsciente colectivo la ecuación estigmatizante “reproducción familiar/negocio” violentando a mujeres en situación de pobreza, quienes son señaladas como oportunistas que a cambio de la automarginación del mercado laboral emplean la estrategia de tener una multiplicidad de hijos para garantizar la subsistencia del grupo familiar.

A priori ese prejuicio arraigado en una parte considerable del imaginario social parece ser sólo de género. No obstante, si fuese de ese modo se extendería la afirmación a las mujeres de todos los estratos sociales. En tal situación, atento a que todas reciben algún tipo de cobertura por parte del Estado (las de sectores medios con empleo registrado asignación familiar y las de mayores ingresos deducciones al impuesto a las ganancias) el cliché que reemplazaría al vigente sería “las mujeres se embarazan por una ventaja económica en favor de sus hijos”.

Sin embargo, las voces delatoras jamás se detendrían en hacer semejante parangón con las mujeres de sectores medios o altos. La preocupación en absoluto pasa por cuestionar la planificación familiar de los sectores sociales más pudientes. Sucede que en el fondo la estigmatización tiene, ante todo, un componente de clase: las mujeres pobres son las señaladas con el dedo acusador y el tono socarrón.

Esa ignominia instalada en tiempos de posverdad, no se corresponde con las mediciones oficiales. Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondientes al primer y segundo trimestre del 2019, la mayoría de los grupos familiares que están cubiertos por la AUHPS tienen un solo hijo o hija a cargo, en tanto que aquellos que alcanzan el tope impuesto en el diseño normativo de la política (5 hijos) representan la menor cantidad. En tal sentido, las cifras de ese organismo inherentes al mes de junio del año en curso evidencian que 1.143.865 titulares tienen un único hijo a cargo, 621.167 dos hijos, 285.979 tres hijos, 107.775 4 hijos y 49.537 5 hijos.

En el siglo XXI buena parte de la sociedad sigue habitando la caverna de Platón. Su alegoría, reseñada en el libro VII de su obra magistral “La República”, nos describía a prisioneros que desde niños residían en una morada subterránea que tenía una entrada abierta a la luz. Éstos, que se encontraban con las piernas y el cuello encadenado, sólo podían mirar hacia la pared del fondo porque las cadenas les impedían girar en derredor la cabeza. Detrás del muro había un camino por el que transitaban con regularidad otros hombres que sostienen diversas figuras que gracias a la luz de un fuego resplandeciente se proyectaban en la pared que observaban los prisioneros. Esas sombras, que para los cautivos representaban su única “verdad”, no eran más que ficciones construidas que no se correspondían con la realidad.

Los prisioneros son una metáfora de las personas que están atadas a las percepciones e imágenes estereotipadas que se proyectan en el imaginario social. Hoy, miembros de distintos sectores sociales, prefieren repetir un prejuicio a indagar sobre su veracidad. La comodidad en la ignorancia opone resistencia a quienes intentan quitarles el velo de los ojos. ¿Podrán liberarse de las ataduras? ¿Podrán en algún momento abandonar la caverna?

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