Nido de ratas

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Las pruebas son muchas, todos los arrepentidos de la «causa de los no cuadernos» pueden haber sido extorsionados. Un escándalo de proporciones que los expone como una banda de maleantes con destino de prisión perpetua. La construcción de un país en serio deberá incluir el desmantelamiento y castigo de la mafia tripartita: empresarios angurrientos que se disfrazan de políticos, medios de comunicación que engañan al ciudadano y magistrados que malogran las leyes para permitir lo ilícito.

Fácil de prever: el año electoral será tan explosivo que el asteroide que se aproxima a la Tierra con intenciones de impacto parece menos amenazante que un petardo fallado. Ante la ausencia de logros, el oficialismo apela al humo: la demagogia punitiva y la transparencia fingida son los favoritos, además de las conocidas patrañas mediáticas que hacen las delicias del público colonizado. Y la oposición se debate entre una Unidad que desdibuja convicciones, las engañosas versiones de lo que se pretende desalojar y las postulaciones testimoniales que no están con nadie. Y por encima de todos, existen esas fuerzas políticas que nunca se presentan a elecciones pero siempre salen triunfantes y que, de una vez por todas, deberemos amoldar a la democracia.

De eso pocos hablan. O mejor dicho, muchos vociferan generalidades sobre una Justicia independiente comprometida con la ley pero no mucho más. Que sea uno de los tres poderes del Estado está establecido en la Constitución, pero que condicione a los otros dos es una atrocidad jurídica; que sea una herramienta para presionar o desterrar a los políticos que molestan al establishment es un atentado a la democracia; que castigue a representantes y funcionarios que cometen ilícitos está dentro de sus atribuciones, pero que estiren causas no demostrables para teñir de sospechas a una opción electoral lesiona la vida política de cualquier país. En este contexto de confusión, proponer una reforma drástica puede tildarse como la búsqueda de una justicia dócil, algo que los amarillos hacen todo el tiempo sin grandes aspavientos ni demasiadas críticas.

Y aquí viene el punto más álgido: los medios de comunicación. Ya parece una discusión trillada, pasada de moda, propia de patrulla perdida. Hasta hay algunos que consideran que nada tienen que ver los medios con las opciones electorales de la gente, que el ciudadano no es tonto, que la manipulación no existe y la mar en coche. Claro, esto dicen los que tienen los medios de su lado. O, para ser más precisos, que están del lado de los medios. Porque una cosa es que existan diarios, radios y canales que tomen partido por uno o por otro candidato y otra es que sean los medios los que terminen poniendo los votos en las urnas y dictando las sentencias. Esto en sentido metafórico, claro está. Y uno dice ‘los medios’ cuando en realidad está refiriéndose a un grupo monopólico que concentra un poder inusitado difícil de encontrar en otros países más o menos civilizados. Los candidatos de la oposición protestan contra la protección mediática hacia el empresidente Macri y su Gran Equipo pero pocos sugieren la forma de desarmar ese perverso poder.

Una desinfección imprescindible

El tamaño importa y también las intenciones. Que más de 300 medios estén amoldando la realidad a los intereses de sus dueños resulta nocivo en cualquier sociedad. Más aún cuando el Estado, además de favorecer su crecimiento económico, dedica los recursos públicos a acosar y desmantelar las pocas voces opositoras. El caso del grupo Indalo es el más emblemático e indignante. Sus dueños –Cristóbal López y Fabián de Souza- están presos por no pagar impuestos. Si esto se aplicara a todos, nos quedaríamos sin empresarios. En realidad, quisieron saldar la deuda pero la AFIP y un par de jueces cómplices no lo permitieron. Una anomalía intencional: las autoridades recaudadoras hacen lo imposible para que el deudor no pague. Y ahora se agrega la novedad de que, con mecanismos similares, los trabajadores no cobren, un episodio que vulnera la Constitución y los convenios internacionales. Y todo para que el público no tenga voces disidentes en medio de la campaña electoral. Tan poco democrático es este mecanismo que más se parece a un apriete mafioso.

Para quien tenga dudas de que las cosas no están funcionando como deberían ser, el episodio revelado el viernes es tan didáctico que parece una clase de civismo para jardín de infantes. Por la contraria, por supuesto. Un empresario extorsionado por un personaje ligado al poder para no ir preso a cambio de una suma importante de dinero. Los audios difundidos por Horacio Verbistky en El Cohete a la Luna no muestran la aventura de un loquito externo que aprovecha la ocasión para hacerse de unos mangos. Por el contrario, Marcelo D’ Alessio es alguien muy cercano no sólo al fiscal Carlos Stornelli y Claudio Bonadío, sino a muchos funcionarios del des-gobierno nacional y, por supuesto, a la principal mafia del país que es el Grupo Clarín con muchos de sus periodistas incluidos.

Lo que se sospechaba, queda en evidencia. La reacción del fiscal Stornelli es más que sugestiva: en lugar de enojarse con D’ Alessio que lo involucra en una extorsión, se molesta con el periodista que lo hace público. Y la actitud de Clarín y La Nación –el silencio y la protección- además de insinuar que todo es verdad, induce a pensar que el episodio es más demoledor de lo que parece. La bala de plata que destruye al monstruo que desde hace décadas malogra la vida del país.

El fiscal calificó la denuncia como una operación berreta. Claro, no es una superproducción como la Causa de los No Cuadernos Quemados, escrita por un periodista de La Nación, orquestada desde el Poder Ejecutivo, judicializada por Stornelli y Bonadío y amplificada por Clarín. Una telenovela que tiene el fin evidente de encarcelar a CFK y muchos ex funcionarios, apropiarse de empresas nacionales empobreciendo a sus dueños y seguir fabulando sobre la corrupción K. Ahora aparece un objetivo subyacente: la recaudación compulsiva de dinero ilícito. Lo confirma el propio D’ Alessio: el fiscal y el juez se quieren retirar “dentro de dos o tres años con veinte o treinta palos”.

Las pruebas son muchas para que esta causa se desmorone. Todos los arrepentidos pueden haber sido extorsionados, todo es un invento y los cuadernos son truchos. Un escándalo de proporciones que deja a todos expuestos como una banda de maleantes con destino de prisión perpetua. Hoy, quien no está repudiando esta atrocidad es porque la consiente. De ahora en más, el candidato que quiera construir un país en serio deberá incluir en sus propuestas el desmantelamiento y castigo de la mafia tripartita: empresarios angurrientos que se disfrazan de políticos, medios de comunicación que engañan al ciudadano y magistrados que malogran las leyes para permitir lo ilícito.

Los que queremos un país para todes no debemos dejar pasar esto, que se suma a los Panamá Papers, a la deuda del Correo, a la tramoya de las autopistas y los parque eólicos, a los aportantes truchos de las campañas y los conflictos de intereses. Y si a los innumerables chanchullos de Macri y su Gran Equipo se suma el deterioro de nuestra vida, hay motivos suficientes para que la mafia gobernante no llegue a las elecciones. Un objetivo que, lejos de ser antidemocrático, es el más republicano que podemos concretar.

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