Repensar al Ocupa

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El reconocimiento constitucional del acceso a la vivienda como derecho universal se transforma en delito cuando interviene la propiedad privada de la tierra. El paradigma privatista dominante fiel a sus intereses juzga a las víctimas, se apoya en el ideal meritocrático y desconoce el entramado socio-histórico que puso sus privilegios donde están. En parte porque invisibiliza sus raíces en el poder político-económico tradicional. Mientras tanto, los sin casa -y sin voz- sufren con los dientes apretados.

El reconocimiento constitucional del acceso a la vivienda como derecho universal básico se transforma en delito cuando interviene la propiedad privada de la tierra. Así lo demuestra el violento desalojo del predio ocupado en el barrio Guernica dispuesto por la justicia bonaerense, así como también las cientos de órdenes de lanzamiento anuales, y el abordaje desde determinados sectores, funcionarios y medios de comunicación. El paradigma privatista dominante fiel a sus intereses juzga a las víctimas, se apoya en el ideal meritocrático y desconoce el entramado socio-histórico que puso sus privilegios donde están. En parte porque invisibiliza sus raíces en el poder político-económico tradicional. Mientras tanto, los sin casa -y sin voz- sufren con los dientes apretados.

La propuesta aquí es desarticular ese enfoque y reflexionar sobre sus elementos, para lo cual resulta central traer al debate los dispositivos discursivos que la sostienen, la definición del rol del Estado como garante y el proceso que originó el actual régimen de gestión y tenencia de la tierra. Ello contextualizado en el marco de un modo de producción que consolida a este último y potencia la asimetría de derechos y un escenario macro deprimido por la emergencia sanitaria.

Shock de realidad

La actual Pandemia (o Sindemia) visibiliza y acentúa las inequidades. Sólo en el 1° semestre 2020 el índice de pobreza aumentó del 35,5% al 40,9% y la indigencia trepó al 10,5% según EPH-INDEC. Complementariamente, la Organización Internacional de Trabajo (agencia especializada de la ONU) proyecta al cierre del 2020 una brecha de ingresos (cociente entre el decil más rico y el que menos gana) en torno al 32,5% (es decir, la desigualdad en la distribución del ingreso crecería un 41% respecto del registro oficial del 1° trimestre del año); mientras que desde UNICEF pronostican que la pobreza en niños y niñas podría escalar al 62,9%. Relevan además que un 45% de los hogares vieron sus ingresos laborales reducidos a pesar de la apertura de actividades, la flexibilización de la cuarentena en parte de país y el programa ATP. Esto en un escenario de caída del PIB de entre 11,2% -estima la OCDE- y 11,8% -según EL FMI-.
El panorama en Presidente Perón cristalizó esas críticas cifras: cerca de 2500 familias instaladas casi a la intemperie en carpas y casillas embarradas durante tres meses en un predio de 100 hectáreas en la localidad de Guernica, cuyo propietario mayoritario es el grupo inversor Bellaco S.A., que había diagramado ampliar en la zona el country&club San Cirano. Entre zanjones que dividen lotes y los 4 barrios formados (“20 de julio” –fecha en que se instalaron los primeros ocupantes-, San Martín, La Lucha y La Unión), organizaron ollas populares y asambleas para decidir y resistir. De acuerdo con el censo realizado por el área de Desarrollo de la Comunidad del gobierno provincial y el propio testimonio de las y los ocupantes recolectado por periodistas y organizaciones sociales, ellxs eran albañiles, costureras, peones, obreros, trabajadoras de la salud y de maestranza, desocupadxs y subocupadxs en trabajos temporarios y/o informales, desplazadxs por diversas circunstancias: desde la incapacidad de afrontar un alquiler, condiciones de hacinamiento, hasta situaciones de violencia de género y conflictos domésticos. La mayoría de las mujeres censadas se encontraban desempleadas y eran jefas de hogar con niñes a cargo.
La problemática del déficit habitacional no es de ahora, es el resultado de la insuficiencia de políticas asistenciales del último siglo y del proceso de concentración y centralización del capital bajo un modelo de acumulación que escupe gente. La CABA autoproclama en sus propias estadísticas ser el ejemplo paradigmático: 140 mil viviendas ociosas en 2019 (según Defensoría del Pueblo), mientras 300.000 personas viven en villas o asentamientos y 7.500 se encuentran en situación de calle. Los incidente con la toma del Parque Indoamericano en 2010 o la expulsión de las 33 familias del hotel San Valero de Constitución en 2012, son su clara manifestación. Así como más recientemente y a nivel nacional, la ocupación mapuche en Mascardi (Río Negro), la de la reserva forestal Mirador del Azul-Cabeza del Indio en El Bolsón y en varios puntos del GBA (donde ya hay 80 tomas judicializadas) como la de Los Hornos o Malvinas Argentinas ponen sobre la mesa la urgencia de la problemática.

Leer entre líneas

La cadena de razonamiento parte de cuestionar si es tarea del Estado asumir el rol asistencial, garantizando un sustento mínimo que el azar del entorno en el que se nace a veces niega; o si se está financiando desde el fisco lo que debería proveer el propio trabajo. Podría acordarse parafraseando al General, que ´cada unx debe producir al menos lo que consume´ pero no todxs tienen igual capacidad de ser empleados, elegir en qué aplicar su fuerza de trabajo ni de valorizar su tiempo de trabajo. Entender las limitaciones que impone la pobreza estructural que precisa este expulsivo sistema capitalista para reproducirse a escala ampliada es entender lo indispensable de garantizar un piso de condiciones que permita cierto grado de autodeterminación individual. Achicar al Estado en sus funciones compensadoras y de redistribución significaría alejarnos del ideal de justicia social. En todo caso, es exigible que las ejecute de forma focalizada y eficiente.
Yendo un paso más, cabe indagar si ante el retiro del Estado, el sector privado debe responsabilizarse y suplir su función social. Corriendo el eje desde la fuente hacia el derecho vulnerado, el planteo podría reformularse: dada la histórica falta o diseño tardío de planes integrales de vivienda por parte del Estado, se garantiza la propiedad privada aún cuando su tenencia no está dirigida a cubrir necesidades elementales, frente a la demanda de condiciones mínimas para vivir? Yendo al caso particular, la postergación del negocio inmobiliario a realizar en el predio peronense por parte de los propietarios legales tiene un equivalente monetario en capital invertido y costo de oportunidad de la inversión. Es decir, la dicotomía se revela como perjuicio económico a compensar de unos pocos dueños versus necesidades básicas insatisfechas de muchos.
Desde la clasificación historicista de los derechos humanos –que los divide en tres generaciones según su aparición legal cronológica- pueden identificarse dos instancias de conflicto. La más lineal es hacia el interior de la 2da generación (derechos Económicos, Sociales y Culturales garantizados desde la Revolución Mexicana de 1921), donde propiedad privada choca con la garantía de acceso a una vivienda digna; pero además, la postergación de este último repercute directamente en el desenvolvimiento de la vida misma y en las posibilidades de inserción social. Por lo tanto, se ve afectada la base de los derechos de 1era generación (los Civiles y Políticos, proclamados en Francia desde 1789), a la vida, la intimidad y la autorealización. Negar techo y tierra tiene consecuencias que trascienden la esfera del tener y que son sus efectos directos. Nos define, en nuestro mapa de oportunidades, relaciones y aspiraciones, e incluso en la práctica como sujetos de derecho.

Filosofía del siglo XVII más actual que nunca

El médico y filósofo inglés John Locke en su 2do Tratado sobre el gobierno civil (1689), donde analiza el origen, naturaleza y objetivos de la sociedad civil y su pacto social, define a la Ley natural como fundamento moral primario: nadie puede atentar contra la vida/salud, libertad y bienes materiales ajenos. Transgredirla implica abandonar el Estado de Naturaleza del hombre y habilita recibir reparación por el daño o castigar el crimen (por cualquier miembro de la comunidad) para evitar futuras repeticiones. Salvaguardar la propia seguridad y la del patrimonio es el derecho supremo ya que, para Locke, “someter” equivale a “robar libertad”, a “esclavizar”, con lo cual habilita la autodefensa del agredido hasta las últimas consecuencias.
Las voces que suscriben a la doctrina Chocobar legalizada durante la gestión Cambiemos o los linchamientos en vía pública, llevan implícito con tintes clasistas este orden de ideas. También parecen copiadas y pegadas en el twitter del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, cuya cuenta el 2/9 rezaba “el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada son innegociables”. Publicación acompañada de un spot que, bajo el hashtag Tolerancia Cero y Gestión basada en hechos reales, insistía en criminalizar la ocupación. El día previo se había expresado además sobre el carácter sagrado del patrimonio en la consideración de las más altas esferas del ejecutivo provincial, a lo cual agregó que “quien pone un pie en terreno que tiene dueño va preso”. De hecho, previo al desalojo ya había 533 personas imputadas por el delito de usurpación.
Se trata entonces de empoderar al poder judicial para agilizar procesos de desalojo –como proponían desde Juntos por el Cambio- y a las fuerzas de seguridad para hacerlos efectivos? o debe abordarse como un tema de déficit habitacional intentando universalizar de hecho y hacer efectivos los derechos elementales? en este sentido: qué capacidad tienen las familias de ejercer su derecho a la propiedad privada sin medios para acceder a ella, a la libertad sin oportunidades ni herramientas para elegir y a la vida sin los bienes materiales esenciales para la subsistencia. Las propias víctimas de la ausencia estatal, debieron responder por ella? Pareciera que la inacción se transforma en acción represiva y los invisibles en delincuentes cuando se afectan determinados intereses.

Breve panorama legal

Falta decisión política, el respaldo legal está. Así se desprende del capítulo de César Cervini “Casos de desalojo y problemas de vivienda”. El derecho humano a un techo contemplado ya en el siglo XIX a partir del movimiento del “constitucionalismo social”, reconoce como principal fuente normativa las referencias contenidas en los Tratados de Derechos Humanos incorporados al texto constitucional en la reforma de 1994 (art 75 inciso 22). En tal sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 A (III) de 1948, expresa en su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…”. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a su vez establece: “Derecho a un nivel de vida adecuado. Comprende el acceso a alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a la mejora continua de las condiciones de existencia…”. Por último, cabe mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos -o Pacto de San José de Costa Rica-, y la jurisprudencia relativa a esta disposición emanada de la Corte Interamericana. Dicho acuerdo presenta un artículo 26 que versa sobre el compromiso del cumplimiento progresivo de los derechos sociales, en tanto que en el 21 sienta posición: “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”. Este último instrumento es el que presenta una orientación frente al conflicto de derechos, relativizando la prerrogativa individual frente al interés social, profundizado a partir del mandato convencional (C.Cervini); mientras que los dos primeros mencionados, hablan de la amplitud del campo de los derechos sociales y su relación inescindible con el acceso a un estándar de vida digno. Garantizar condiciones materiales y la consecuente posibilidad de desarrollar un plan de vida exigen intervenciones estatales positivas, legislando y planificando a favor de los sectores marginados.

Revisionismo de la pasión acumuladora

Hoy la propiedad privada se constituye como organizador principal de nuestras relaciones socioespaciales y su prevalencia como derecho y forma de uso se ha construido socialmente en los últimos 250 años. Siguiendo a Raúl Wagner en su texto “La construcción social de la propiedad privada en la evolución histórica reciente del país y la región”, la tierra supo ser el factor sustancial dentro del eje político en los cimientos de la nación, tanto por el desafío de ocupar nuestro vastísimo territorio como por representar el engranaje clave en la acumulación de poder. La protección de los dominios privados y el avance de las fronteras internas por las campañas militares de despojo territorial y exterminio indígena –como las “conquistas del desierto” de 1833 y 1878 hacia el sur- durante el siglo XIX trajo aparejado la sistemática transferencia de tierras a manos de un selecto grupo de estancieros. La consecuente concentración de la tierra y expansión del latifundismo extensivo erigieron a la propiedad como institución base en la configuración misma del Estado-Nación.
En cuanto al proceso histórico de conformación y legitimación social de esta forma de apropiarse del suelo, si bien su aparición conceptual-legal deriva del derecho romano, el modo de producción feudal y señorial del Medioevo, constituye el primer hito. Son las leyes de cercamiento inglesas (y reformas benthamianas de 1830 y 1840) y el Código Civil francés los que desestructuran ese sistema y consagran el modelo moderno de propiedad individual/absoluta. En ambos destaca el fuerte acento en la linealidad histórica: superador al esquema anterior y fundamental para el progreso económico. Tal es el punto de partida de lo que el filósofo vienés Karl Polanyi llama “dislocación territorial”, esto es, escindir a la tierra del hombre y convertirla en un bien transable.
Dado que la ley impedía acceder a usufructuar la tierra e implicaba pagar para adueñarse o usarla, la gran mayoría de los campesinos las perdieron y pasaron a integrar el ejército de reserva (mano de obra desocupada de bajo costo) que la naciente industria precisaba. La contracara fue hacia fines del siglo XVIII la consolidación de una aristocracia terrateniente, los ganadores de este proceso profundizador de la desigualdad social y territorial.
Luego la colonización española traslada a América el sistema de uso y propiedad de la tierra con matices específicos. La Corona “reconoció legalmente” la preexistencia indígena y su derecho sobre la tierra ocupada, aunque instaura el Régimen de Encomienda (tributo) donde participa de los frutos de la misma y dispone el reparto de las extensiones baldías. Este se realizaba mediante concesiones de la Merced, que si bien a veces imponía requisitos de arraigo y/o utilización o restricciones a la concentración, en la práctica se otorgaron varias a un mismo titular y se toleró que propietarios incorporaran tierras adyacentes a las propias o redistribuyeran hectáreas no utilizadas sin potestad para hacerlo. En Buenos Aires, el Litoral y la Banda Oriental se lograron extensos dominios a partir de multiplicar las peticiones de mercedes a sus respectivos Cabildos, sed acentuada por la súbita valorización de tierras que disparó el Reglamento de Libre Comercio de 1778. Asimismo, el mecanismo de ´composición´ y las leyes tendientes a fomentar la economía ganadera, disponiendo ejidos y dehesas para pastoreo en las periferias de las ciudades acentuó esta inequitativa distribución, que redundó en un desaprovechamiento productivo del erario público y un perjuicio claro para granjeros y labradores que no tenían campos ni influencias ni dinero para conseguirlos.
Tras las revoluciones independentistas de las colonias sudamericanas, la expansión de la demanda mundial de productos primarios orientó al nuevo país hacia una estrategia de desarrollo agroexportador en donde el poblado territorio y el tendido de líneas férreas eran condiciones imprescindibles. La reestructuración organizativa consistió en definir un sistema de explotación agropecuaria en gran escala con centro administrativo en la estancia.
En este contexto, la Ley de Enfiteusis de Rivadavia en 1822 se proponía “generar una distribución racional de la tierra, una diversificación de la producción rural, el fomento de la agricultura y la creación de una nueva clase media de colonos, que menguara la influencia de la oligarquía terrateniente”. Pero en los hechos fue esta última la que extendió aún más sus posesiones. La Junta de Representantes que aprobó la norma tenía como miembros a destacados hacendados, a quienes se concedió la tierra pública en una suerte de arrendamiento de largo plazo con bajísimos canones (ya que integraban también el jury de propietarios que fijaban el valor de las tierras) y cuyos apellidos defenderían más tarde reformas dirigidas a remover el límite a la adquisición de nuevas tierras y conseguirían obtenerlas en carácter de propiedad privada. El despojo quedó legalizado, la contratación de los migrantes europeos labriegos saboteada desde la propia comisión y el gobierno con doble pérdida: sin las fértiles extensiones de la pampa húmeda y sin cobrar las rentas que los enfiteutas en su mayoría evadían.
La influyente burguesía propietaria nucleada en la Sociedad Rural Argentina fundada en 1866, fue además beneficiada por la desvirtuación del régimen de reparto a través de premios en hectáreas por desempeño en las campañas al desierto y como ´garantía´ para aquellos suscriptores de títulos del empréstito externo Baring.
El diagrama territorial y del sistema de ciudades fue la resultante de la adaptación local a los requerimientos del mercado internacional. Durante el modelo agroexportador, el gravitante rol del puerto generó en torno suyo desarrollo de infraestructura, red de transporte y concentración demográfica con débiles conexiones intrarregionales. En la fase de industrialización sustitutiva es donde cobran importancia relativa otros centros del interior y mejora el acceso al suelo urbano de clases medias y sectores populares mediante pagos en cuotas de lotes, en general, en zonas con condiciones ambientales favorables y recursos esenciales al alcance. Luego en la etapa neoliberal, desde el ´76 hasta la crisis de convertibilidad, la situación se torna alarmante tanto por el accionar represor del Estado –que incluye un Plan de Erradicación de Villas por medio de topadoras- como por las políticas de desregulación y fuerte sesgo elitista. En los últimos años, el déficit habitacional, boom de la construcción, sumado a la especulación inmobiliaria generó una gran demanda de suelo y por ende una disparada del precio del m2. En el estrato medio significó un desplazamiento al mercado del alquiler, mientras que en los sectores populares es más incisivo el impacto y se manifiesta en el incremento de alquileres informales, “loteos fraudulentos” en la periferia urbana; pero también dio impulso a experiencias de organizaciones sociales cooperativistas autogestivas como las del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y la Federación de Tierras y Vivienda (FTV) con otra concepción respecto de la propiedad: una modalidad colectiva con asignación del derecho de “uso y goce” para individuos en situación crítica de hábitat.
Este sistemático proceso de apropiación es el descripto por Karl Marx como acumulación originaria y documentado por Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina. Allí el escritor uruguayo señala al subdesarrollo como síntoma fundamental del régimen concentrado de tenencia, que consolida la “estructura del desperdicio”, donde la proporción de tierras ociosas es altísima (95% de la superficie total en América Latina improductiva) y los rendimientos bajísimos ya que para el latifundista local la extensión de sus propiedades “…resulta más lucrativa y menos riesgosa que la puesta en práctica de los medios que la tecnología moderna proporciona para la producción intensiva”. Mercados oligopólicos, explotación ganadera o monocultivo extensivo y llanuras erosionadas son las consecuencias directas. A su vez, “la renta que genera el campo se gasta en las ciudades o emigra al extranjero” y jamás es apropiada por el productor asalariado.
La discusión en relación a la justa distribución del suelo, su no extranjerización y su función social se tornan centrales para resignificar socialmente la noción de propiedad y su aplicación. Más aún bajo el omnipresente manto del capital globalizado donde el concepto tradicional cobra especial fuerza e interesadamente se asocia al campo semántico de la libertad individual y la meritocracia.

Catalizadores

El concepto de propiedad se potencia y sustenta bajo el de meritocracia. Constituye una noción arraigada desde aquella ola inmigratoria de principios de siglo XX y supone que la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, de superar la pobreza estructural, de ascenso social dependen del propio esfuerzo. Al escuchar el concepto operar, el emisor cree que les que habitan cada realidad son plenamente libres y conscientes para decidirlo. La base material, el entorno y las oportunidades parecieran quedar en segundo plano. Esto sin abordar la discusión de cómo cuantificar el mérito y la forma de establecer una correlación entre “sacrificio realizado” – “tipo de reconocimiento”. Toda la carga de la responsabilidad de la realización personal está así centrada en el individuo. En este punto hay una no casual conexión con una posición epistemológica ampliamente utilizada en las ciencias sociales: el Individualismo metodológico. Según esta filosofía, toda estructura y cambio de los fenómenos son explicables por decisiones individuales. No hay visión de conjunto, el todo es igual a la suma de las partes, no se necesitan categorías teóricas como “clase”, “etnia”, “género” para comprender el funcionamiento de la sociedad, ni puede explicarse el colectivo a partir de la acción de instituciones u agrupaciones, es el producto del egoísmos de particulares. Pensar seres sociales desprovistos de sus lazos sociales y de su capacidad de organización y declarar al mercado como el asignador óptimo de recursos son los ingredientes infaltables en la receta ortodoxa. Las máximas de Adam Smith aparecen implícitas en el avance cultural de la derecha libertaria.
Claro que el ocultamiento del origen social de la propiedad y la instalación del enfoque meritócrata-individualista es posible con un activo rol del poder mediático. El estrecho vínculo entre formadores de opinión y la elite económica tradicional cobra entidad a través del dispositivo de la estigmatización del “invasor”. En la cobertura de la toma de Guernica el foco se trasladó desde los inicios desde el derecho vulnerado hacia la categorización de los ocupantes tildándolos, incluso tergiversando hechos, de inadaptados, vagos y violentos, así como de ser títeres o cómplices en negocios ilegales. La arista xenófoba refuerza esta construcción, en tanto algunxs provenían -además de los partidos aledaños de Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Vicente, Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría- de las comunidades boliviana, paraguaya y peruana, lo cual para ciertos tenedores de escrituras, únicos con voz, los dejaba fuera de todo derecho a habitar esa zona. Desacreditar al reclamante para desacreditar su reclamo se inserta en un discurso clasista que permea en ciertos sectores conservadores que con el tiempo naturalizan y hacen suyos los valores de la corriente hegemónica.
Inculcar el miedo a que la ocupación de tierras sienta precedente y que es el primer paso para avanzar sobre el patrimonio de cualquiera –como se esgrimía en la marcha contra la expropiación de Vicentín-, representa la modalidad por la que se da el traspaso de consignas. El status quo que beneficia a unos pocos, la burguesía propietaria, ahora es defendido por una gran facción de la sociedad, que cree estar protegiendo sus propios intereses. Esta legitimación es posible en tanto ya penetraron en el inconsciente colectivo, los estereotipos referidos.
El relato hecho a la medida de sus privilegios no se condice ni con la historia ni con la actualidad de los habitantes de los barrios populares. De hecho, el origen de las “villas de emergencia” se da en la década del ´30 en la zona portuaria a raíz de las migraciones internas en busca de empleo industrial. “La 31” en Retiro fue en principio iniciativa del gobierno nacional para albergar inmigrantes europeos, principalmente italianos, de escasos recursos y luego se sumaron las casillas prefabricadas de los obreros del ferrocarril. Como antes, hoy allí residen trabajadorxs que, incluso sin tener cubiertas sus necesidades básicas (subalimentados, hacinados, sin acceso a agua potable, cloacas, infraestructura adecuada) se insertan al mercado como pueden: de manera esporádica, informal, en condiciones inseguras y que bajo el actual contexto sanitario, se ven en la obligación de continuar asistiendo para garantizar su manutención. Junto con el personal esencial son la primera línea.

Redondeando

La reciente ocupación de terrenos en el barrio Guernica por alrededor de 2500 familias que, unidas en la necesidad habitacional y la mutua cooperación, atraviesan situaciones socio-económicas y de violencia institucional complejas, constituye otro capítulo en las luchas de los desposeídos por alterar el rango de derechos instaurado: la propiedad privada por encima de las garantías sociales. A pesar de la deuda social en materia de soluciones habitacionales y la desigualdad que se continúa amplificando en el transcurso del ASPO, la mirada de conjunto no es única.
El ala propietaria predica la cultura del esfuerzo, la minimización del Estado y criminaliza cualquier tipo de avance sobre sus privilegios. En la vereda opuesta, se reclama la activa intervención estatal y del cuerpo social para jerarquizar las reivindicaciones de los más postergados y darles prioridad en la agenda pública. En esta eterna puja de derechos -constitucionalmente protegidos-, expresión de la lucha de clases, la meritocracia y la estigmatización pulsean con el paradigma asistencialista para inclinar la balanza en el imaginario social. Y vos, ¿de qué lado de la mecha te encontrás?

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