Secretos y mentiras

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Secretos y mentiras Uno : “Reparación Histórica”

El Libro I de la Ley 27260 establece las normas para una ”Reparación Histórica” de los haberes de la clase pasiva. El Art.1 de la misma dice: “Créase el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en adelante el Programa, con el objeto de implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con respecto a aquellos beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos por la presente ley. Podrán celebrarse acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado. Todos los acuerdos deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de las partes”.

El Libro II de la misma Ley regula el “Sinceramiento Fiscal” (Blanqueo). Los fondos obtenidos del mismo, estarían destinados a financiar la “Reparación Histórica”: Reajuste de los haberes de la clase pasiva y reducción de los Juicios iniciados por los Jubilados contra el Estado (Anses) por reajustes, (conforme la Jurisprudencia de los Tribunales – Caso Badaro, Eliff, Sanchez). La realidad está lejos de los objetivos planteados por el Gobierno.

El plan de Reparación Histórica suponía reconocer las sentencias y efectuar un pago de los retroactivos, es decir, de los montos acumulados en el tiempo por las diferencias entre lo que debió haber cobrado el jubilado cada mes y lo que efectivamente cobró. La deuda ascendía, a principios de 2016, a 220 mil millones de pesos aproximadamente entre sentencias y actualizaciones (aprox u$s 14.000 millones), 300.000 juicios a un promedio de $300.000, mas el 50% de actualización de haberes para 2,5 millones de jubilados –el haber medio era de $8.135.

A 2017, la litigiosidad previsional lejos de disminuir se ha incrementado. Los fondos ingresados por el “blanqueo” no se han destinado al pago de los juicios sino en mínima medida.

La pregunta es: ¿de dónde saldrán los recursos faltantes para pagar las sentencias? Se presumía que el blanqueo permitiría ingresar una suma cercana a los 23 mil millones de dólares, como realmente ocurrió, y considerando lo destinado en el presupuesto , 12.500 millones de pesos (u$s781 millones a un tipo de cambio de $16 por dólar) aun estarían faltando más de u$s 13.000 millones aproximadamente, para saldar las deudas previsionales existentes a 2016. La intención (solapada) del Gobierno es echar mano a “las utilidades” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Fuente CEPA).

Durante una visita a un centro de jubilados, el presidente Mauricio Macri celebró que la «Reparación Histórica» para ese sector alcanzó en mayo/2017 el millón de beneficiarios. Sin embargo, a 10 meses de su sanción, la cifra está muy alejada de los objetivos planteados. En rigor, el número tampoco fue un millón; sino 894.668 casos según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante su visita al Congreso. Se trata de apenas el 37% de la meta de 2,4 millones de personas que se propuso alcanzar el Poder Ejecutivo para 2018.

Pero además, los jubilados no están recibiendo el reajuste prometido. Cuando anunció el plan, el Gobierno aseguró que los aumentos estarían entre el 35 y el 50%. Sin embargo, en promedio solo fueron de un 25%.

Asimismo, el programa de Reparación Histórica tampoco contribuyó a que se reduzcan los juicios de los jubilados al Estado. En 2016 se iniciaron 32.056, un 25% más que en 2015, de acuerdo a las cifras de la Cámara de la Seguridad Social. En tanto, solo el 5% de las causas que estaban en curso fueron canceladas.

Ante este panorama, la ANSES estableció un procedimiento abreviado para adelantar el pago a los jubilados de más de 80 años, a los que tienen problemas de salud, a los que perciben menores montos, y a los que «requieran una solución con mayor urgencia», según una resolución que se publicó en el Boletín Oficial.

Este procedimiento abreviado es aplicable a los titulares de beneficios previsionales que con anterioridad al 1 de abril de 2017 hayan aceptado la Reparación histórica; los que tengan más de 80 años y «no hayan rechazado» el plan; y los que hayan aceptado y cobren un haber mínimo garantizado.

Luego, el Gobierno prorrogó el plazo para que jubilados acepten reajuste de haberes. A través de una resolución de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), extendió por seis meses el tiempo para que jubilados y pensionados que obtuvieron un reajuste en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016, puedan prestar su consentimiento y suscribirse al acuerdo. Vale recordar que, los jubilados que no lo hicieren, pierden el reajuste y vuelven a cobrar los haberes que percibían antes de la puesta en marcha del programa de Reparación Histórica. Fuente Ámbito Financiero

Secretos y mentiras Dos : “Sinceramiento Fiscal”

Por el Libro II de la Ley 27.260, el Gobierno de M.Macri, promulgó la ley de “blanqueo de capitales, con el declarado propósito de producir una “Reparación Histórica”, para la clase “pasiva” antes citada, y propiciar el “retorno” de capitales argentinos “refugiados en el exterior”, que no fueron oportunamente exteriorizados por sus titulares en sus declaraciones de impuestos.

Quienes se acogieron a este “sinceramiento fiscal” debieron tributar:
Por un monto de hasta $305.000 = 0%
Por un monto superior a $ 305.000 y hasta $800.000 = 5%
Por montos mayores, declarados antes del 31/12/2016 = 10%
Por montos mayores, declarados desde el 1/1/2017 y hasta el 31/3/2017 = 15%
No se abonará el impuesto cuando los fondos se afecten a la compra de Títulos Soberanos, se apliquen a inversiones productivas, infraestructura, energías renovables, inmobiliarias, PYMES, Desarrollo de economía regional, Fondos Comunes de Inversión, etc. Quienes declararon tenencias de moneda nacional o extranjera o títulos en el exterior no estaban obligados a ingresarlos al país.

Por el art 46, los que se acogieron al “Sinceramiento Fiscal” quedaron liberados de toda acción civil, Penal Cambiaria, Aduanera, e infracciones administrativas. La “liberación” alcanza a socios, administradores, gerentes, directores, síndicos, o cargos equivalentes en cooperativas. Quedan asimismo liberados de los impuestos que hubieran omitido ingresar: Ganancias, Internos, IVA, Bienes Personales, Ganancia mínima presunta.
Es muy difícil concebir un “PERDON” más amplio y generoso.

En el debate parlamentario se produjeron enardecidas discusiones, relacionadas con las personas que podían acceder a este blanqueo. Toda la oposición política estuvo de acuerdo en que esa “liberalidad” estatal no debía estar disponible para los funcionarios públicos y sus familiares.

Finalmente el texto de la ley aprobada estableció la prohibición de acceder al “blanqueo” a los Funcionarios públicos, y a sus familiares directos. El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1206/16 que modifica el artículo 83 de la Ley de reparación histórica a jubilados y blanqueo de capitales al levantar la prohibición que impedía el ingreso de los padres, cónyuges e hijos de funcionarios al denominado «sinceramiento fiscal». El Decreto es claramente ilegal. El fiscal Guillermo Marijuán imputó a Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso de Prat Gay, por abuso de autoridad al dictar el decreto 1206/16. Nada ha pasado hasta el momento.

Secreto y sanción

La Ley prevé que la difusión de los nombres y montos de los Blanqueadores constituyen Secreto Fiscal, y quien viole el mismo dando a conocer los nombres de las personas físicas o jurídicas y los montos “blanqueados” incurrirán en la pena prevista para el delito de “violación de secretos” (art 157 Cód. Penal- Prisión de 1 mes a dos años e inhabilitación de 1 a 4 años).
Art 87 : “Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración. Federal de Ingresos Públicos, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. Igual obligación existirá para todo tercero respecto de cualquier documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley que fueran presentadas por cualquier contribuyente.

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los periodistas y comunicadores sociales, así como los medios de comunicación y sus responsables legales, por motivos de interés público estarán exceptuados de lo antedicho.”

De modo que los periodistas y comunicadores sociales están a salvo de la sanción penal, pero no así los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada. Cabe preguntar: ¿Un ciudadano común, no periodista ni comunicador social, que reproduzca o divulgue lo que han publicado Horacio Verbitzky, Alconada Mon, Gabriela Cerrutti, Roberto Navarro o Carlos Pagni , entre otros en medios televisivos o en la prensa escrita, son pasibles de la sanción prevista por el art 157 del C.P??

El art 83 no distingue entre los “terceros” que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada, que provenga de su propia fuente de información, como “periodistas”, de aquellos terceros que hagan lo mismo con informacion que ya se ha difundido por los periodistas en diferentes medios. Es decir que para el “tercero” no periodista ni divulgador social no interesaría cual es su fuente de información, (aunque sea periodística), para ser sancionado. La única forma de eludir la sanción es “ser periodista o divulgador social”. Un ciudadano común puede ser sancionado si reproduce lo que publicó La Nación o Página 12. Un verdadero disparate.

Delitos viejos, mentiras nuevas

El blanqueo de capitales alcanzó los u$s 116.800 millones, según anunciaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), Alberto Abad.

De lo exteriorizado, el 80% del total u$s 93.300 millones quedaron en el exterior y solo un 20% u$s 23.500 millones ingresaron al país . Las cifras finales arrojaron que de los 116.800 millones de dólares declarados, el 48 % fueron inversiones, 29 % cuentas; 17 % inmuebles, y 6% «otros».

Sólo en inmuebles se declararon 20.500 millones de dólares por 167.000 inmuebles, de los cuales 110.00 están en el país y no estaban «en blanco». De los 57.000 inmuebles blanqueados en el exterior, 49% está en Uruguay 37% en Estados Unidos y 4 % en Brasil. En tanto, en la Argentina se blanquearon 110.000 inmuebles ubicados en su mayoría en la Capital y provincia de Buenos Aires. Otro dato interesante: de los 254.700 CUITs distintos declarados el 96% son personas físicas.

Los operadores inmobiliarios, bursátiles y financieros aspiran a captar parte de los 7.000 millones de dólares del blanqueo que se declararon en efectivo antes del 31 de diciembre ( liberados a partir de abril en distintos circuitos del mercado de capitales). Ámbito Financiero – 4/4/2017.

El dato clave sobre el dinero depositado fuera de los circuitos legales no pudo ser informado por Dujovne, cuando se le preguntó cuánto dinero “negro” de argentinos quedó afuera después del Sinceramiento Fiscal. Tomando cálculos del economista Orlando Ferreres, había entre 400.000 y 450.000 millones dólares de argentinos en el exterior, sumando el dinero declarado y no declarado.

Según el último dato del INDEC de julio del año pasado, estimaba en 232.411 millones de dólares las tenencias de los ahorristas locales afuera, una cifra que -según el consenso de los especialistas- está muy subvaluada. De todas formas, según estos mismos guarismos, de los 450.000 millones que había en el exterior, la mitad estaba sin declarar. Por ende, luego del blanqueo que acaba de terminar en la Argentina, aún hay por lo menos 100.000 millones de dólares que decidieron no ingresar y mantenerse en el anonimato fiscal.

Si bien el sinceramiento fiscal que lanzó Alfonso Prat Gay junto a Alberto Abad fue exitoso en términos del volumen que recaudó, lejos fue de ser el “más grande del mundo” como se informó en un primer momento: Indonesia cerró en marzo 2017 su blanqueo mediante el cual ingresaron 350.000 millones de dólares. Además, el monto representó para ese país el 40% del PBI, mientras que lo que recaudó Argentina es la mitad en términos del Producto Bruto.

Una visión crítica sobre lo que terminó siendo el blanqueo que acaba de cerrarse corrió por cuenta de Martín Litwak, socio fundador de Litwak & Partners. “La inmensa mayoría de la gente ingresó al blanqueo por miedo, y no por convencimiento”, asevera el abogado que tiene oficinas en Buenos Aires, Montevideo y Miami, y que agregó: “Esto implica que muchos de los que entraron ya están pensando cómo seguir produciendo dinero ‘en negro’ y qué hacer con él”.

Sospechas

El Blanqueo dejó un total de 5.280 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF) . Se trata de la lista donde nadie que decidió sincerar sus ahorros no declarados quería estar, pero que se confecciona con los avisos automáticos de los bancos cuando detectan irregularidades en los montos o cuentas abiertas para participar del plan.

Como resultado de las investigaciones, hay varias causas judiciales abiertas porque se sospecha que hubo delitos “no fiscales” detrás del origen de los fondos. Así lo confirmó Mariano Federici, presidente del organismo de control que aseguró que “los tres casos que presentamos se refieren a delitos graves, que no están perdonados en el régimen de sinceramiento fiscal”, como narcotráfico y trata de personas.

Debe tenerse en cuenta que Federici (y por extensión la UIF) desde siempre ha tenido una mirada benévola con los evasores. Llegó a declarar que “resulta entendible que la gente se lleve el dinero al exterior en busca de seguridad jurídica”. Aún violando la Ley local. El Dia-9/4/2017.

Es imprescindible destacar que la riqueza “Blanqueada” (o “Sincerada” en el poético lenguaje Macrista), era DINERO NEGRO. Fortunas por las cuales sus titulares evadieron el pago de impuestos. Cuando debieron pagar en su momento un 35 % de impuestos, “fugaron” el dinero al exterior o lo ocultaron en el interior, y se beneficiaron ahora con un “REGALO” del 20 % COMO MINIMO, ya que en el mejor de los supuestos debieron ahora pagar el 10% o el 15%. Un nada despreciable Obsequio de entre u$s 23.300 y u$s 29.200 millones.

Lo que es seguro es que los Empleados, Obreros, Pequeños y Medianos Empresarios. Jubilados, Profesionales Liberales, y ciudadanos de similar nivel económico no se acogieron al “Sinceramiento Fiscal”. No tenían “bienes no declarados” ni en el país ni en el exterior. Para la estructura moral de los “genios” que idearon esta Ley, somos los idiotas de siempre.

Pero aparte de lo dicho, aquí hay una cuestión jurídica y moral difícil de digerir. Los que cometieron hechos ilícitos y evadieron impuestos han recibido ahora la “GRACIA” DEL ESTADO”, quien les perdona todos sus delitos económicos pasados, les autoriza a mantener sus dineros a buen resguardo en el exterior, pagando una propina, PERO ADEMAS, LES ASEGURA IMPUNIDAD SOCIAL Y JURÍDICA, AMENAZANDO CON PRISIÓN E INHABILITACIÓN AL CIUDADANO QUE (HABIENDO CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS), SE LE OCURRA DIFUNDIR O REPRODUCIR DOCUMENTACION O INFORMACION DE CUALQUIER FORMA RELACIONADA CON LOS DELINCUENTES HOY “PERDONADOS”.

Quiero llamar la atención sobre lo siguiente: Los delitos “perdonados” explícitamente por la Ley son los de EVASION FISCAL, ¿Pero qué ocurre con los más que probables delitos cometidos por los “blanqueadores” para “adquirir” esas fortunas, es decir los delitos que están en el ORIGEN del dinero NEGRO?.

Hay una pregunta que cualquier mortal podría hacerse :
¿Cuál es el origen de este DINERO NEGRO?.
¿Proviene de operaciones de comercio exterior (subfacturación, sobrefacturación) ?
¿Se originó en el contrabando?,
¿Es resultado de sobreprecios en la obra pública?,
¿Se trata de beneficios obtenidos en el mercado comercial doméstico mediante operaciones en negro?,
¿Se tratará de “ganancias” contabilizadas como “gastos” mediante facturas Truchas? ¿ ¿Provienen de operaciones falseadas en el mercado financiero?
¿Serán montos de Importaciones pagadas y jamás ingresadas al país?.
¿Serán “pagos” de servicios simulados de “asesoramiento” por estudios “jurídico-financieros” del exterior?, etc.
¿O de algunos otros hechos producto del crimen organizado, muy bien disimulados?.

Para completar el MANTO DE IMPUNIDAD, el art 46 de la Ley establece que los que se acojan al “Sinceramiento Fiscal” quedan liberados de toda acción civil, Penal Cambiaria, Aduanera, e infracciones administrativas. De modo que la Ley no sólo “perdona” la Evasión Fiscal”, sino además, todos los Delitos Precedentes, perpetrados para “adquirir” los fondos “blanqueados”.

El cerrojo legal previsto para evitar que el pueblo conozca quienes y por qué montos se acogieron a este inmoral “Blanqueo”, parece no haber funcionado bien. La información se filtró a partir de una extensa nota que firma el periodista y presidente del CELS Horacio Verbitsky en el diario Página 12.

“Familiares, amigos y asociados del presidente, de su jefe de gabinete y de su secretario Legal y Técnico ocupan lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados”. Según Verbitsky, “A la cabeza de esa nómina de allegados figura Marcelo Mindlin, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macrì: IECSA- entre 40 y 50 millones de dólares.

Lo sigue Gianfranco Macrì, hermano del Presidente, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares”. La lista continúa con «Nicky Caputo, a quien Macrì describe como hermano de la vida, socio en la primera empresa que inició aparte del holding familiar (Mirgor, fabricante de aire acondicionado para automotores), testigo de su última boda y asesor de facto de la presidencia”.  En su caso el blanqueo fue por 465 millones de pesos, o 26,5 millones de dólares. La fortuna de Caputo creció como contratista de obras públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el gobierno de Macrì y de la Nación desde que asumió la presidencia.

Alejandro Jaime Peña Braun, primo del jefe de gabinete, “blanqueó 109 millones de pesos, o 6,2 millones de dólares”. En cuanto al secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, “que es una pieza fundamental del universo macrista”, el matutino informa que “tiene cinco hermanos” y “la mayor, Susana, está casada con Manuel Lucio Torino Ortíz, quien blanqueó 353 millones de pesos, equivalentes a 20,1 millones de dólares”.

“Estos 2319 millones de pesos,( o 132,5 millones de dólares) –dice en la primera etapa de la nota-, pueden parecer una suma exigua, comparada con los 116.000 millones de dólares que blanquearon 254.700 CUITs distintos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por el ministro Nicolás Dujovne y el recaudador Alberto Abad, de los cuales 96% corresponden a personas físicas y 4% a personas jurídicas”.

Sin embargo, dice Verbitsky, “adquieren otra dimensión si se recuerda que Maurizio Macrì declaró bienes por 82,6 millones de pesos, más otros 44 en el fideicomiso, en total 126,6. Es decir que su hermano golfer blanqueó cinco veces más. Esto ratifica la conocida práctica de la familia presidencial, que ha sido un actor destacado en la constitución de sociedades offshore y la fuga de capitales”. Dejamos al margen otra denuncia de Verbitzky, relativa a la omisión maliciosa de declarar un inmueble de un valor de $900 millones en Bella Vista, por parte del Presidente.

Con lo anterior, más el ilegal decreto 1206/16, ya no quedan dudas de que esta ley, acompañada por legisladores que no defienden los intereses del pueblo, fue diseñada a la medida de las conveniencias de la “elite” presidencial y su entorno. La información difundida por Verbitzky, no fue desmentida por ningún integrante del Gobierno ni por los denunciados. Lejos de ello, luego de que se conocieran los exorbitantes montos que los parientes, amigos y allegados a los funcionarios de primer nivel del gobierno nacional blanquearon en los últimos meses, A. Abad decidió desplazar a Jorge Linskens, subdirector de Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP, por considerarlo responsable de filtrar la información.

Además del desplazamiento, realizaron denuncias penales a distintos funcionarios del ente recaudador. Lo que podría considerarse una “caza de brujas” luego de que se filtraran los datos, fue anunciada por el propio Alberto Abad, director de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), quien apuntó contra distintos funcionarios a su cargo acusándolos de “kirchneristas” que trabajan en el organismo, y adelantó que “habría sanciones”. Las presentaciones penales, por sorteo, quedaron en manos del juez Canicoba Corral, quien ya inició las investigaciones y tendría identificados a ocho funcionarios como responsables de la filtración.

La demanda judicial se basa en dos delitos, que son la “violación de secreto fiscal” y la “defraudación”. En caso de ser hallados culpables, los funcionarios del área impositiva acusados podrían sufrir penas de hasta dos años de prisión. Por parte del gabinete, no hubo aclaraciones ni mayores precisiones sobre los exorbitantes montos blanqueados por los familiares, sino una férrea y corporativa defensa del concepto de “secreto fiscal”.

El secreto fiscal

Según la doctrina Jurídica mayoritaria, el “Secreto Fiscal” encuentra su fundamento en el derecho a la libertad de intimidad, entendido como “aquel por el cual todo individuo puede impedir que los aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros o tomen estado público”. Protege tanto el interés individual como el general, y garantiza a los particulares que sus declaraciones sólo revestirán una finalidad fiscal, quedando al margen de toda divulgación. Su origen se remonta al 15/6/1215, en que Juan I de Inglaterra firmara en Londres , lo que se conoce como La Carta Magna. Una restricción escrita de los poderes del Monarca. Nada establece sobre un supuesto derecho a la intimidad ni a un deber de “reserva o secreto”.

En nuestro medio, lo que sostienen la validez y legitimidad del “secreto Fiscal” dicen que es una disposición operativa de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional que reglamenta, en el campo del derecho tributario, la llamada libertad de intimidad. Sin embargo el art 18 se refiere, (en lo que forzadamente puede ser vinculado), a que “Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo”, y a que “es inviolable” “la correspondencia epistolar y los papeles privados”. Las declaraciones y demás documentación impositiva de presentación obligatoria, no son precisamente “papeles privados”.

Por su parte el art 19 se refiere “a las acciones privadas de los hombres”, que están exentas de la autoridad de los magistrados, y no establece ningún tipo de “reserva”, “secreto” o “derecho a la intimidad”.

Se argumenta que la ley otorga al Estado el derecho a conocer información sensible, propia de la esfera privada de los individuos, que resulte relevante para fiscalizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Pero, por otro lado, el secreto fiscal, se encuentra regulado por el artículo 101 de la ley 11683. Según esto, las fortunas adquiridas por los “administrados”, mediante su actividad económica (agropecuaria, minera, industrial, comercial, financiera, etc.) que desarrollan y difunden públicamente, así como los impuestos que pagan al Estado por ellas, forman parte de “su intimidad”. Son aspectos “privados” de su vida y deben ser conocidos solamente por el Estado y protegidos contra el conocimiento de terceros.

Es decir que las fortunas “obtenidas” por los Bulgheroni, Paolo Rocca, Perez Companc, Francisco Macri, Luis Pagani, Benito Roggio, H. Magneto, Blaquier, Marcelo Mindlin, Jorge H. Brito, Coto, Madanes, Eurnekian, etc. y los impuestos que pagan al Estado por sus actividades públicas, son secretos, y forman parte de su intimidad privada. (¡¡!!)

Las declaraciones impositivas de grandes empresas (personas Jurídicas), tales como Techint, Pampa Energía, Banco Santander, Pan American, Clarín, Ledesma, Corporación América, Arcor, etc. etc. también tendrían el “derecho a la libertad de intimidad” (¿?). Hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para descubrir la “intimidad” de una persona jurídica.

Hay aquí una incongruencia insalvable. El Secreto Fiscal está en realidad establecido para permitir a los poseedores de grandes fortunas quedar a salvo del escrutinio público general de sus declaraciones públicas, y no tiene un sustento constitucional.

SINTESIS

En la Ley 27.260, la llamada “Reparación Histórica” para los jubilados (Libro I) resultó ser un engaño. Los que se acogieron al régimen cobran mucho menos que lo que percibirían en un Juicio. Fue la excusa para establecer un “Blanqueo” (Libro II) destinado a favorecer a los parientes, amigos y allegados de los Altos funcionarios del Gobierno, comenzando con la familia Macri.

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