Una contienda transgresiva

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La enardecida controversia suscitada por la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández no guarda relación con lo que, aparentemente, en cualquier lugar del mundo, sería un simple reordenamiento burocrático. ¿Qué es entonces lo que provoca la santa indignación de tantos columnistas arrebatados y constitucionalistas de pret-a-porter? Lo que disgusta es el objetivo político de la reforma que busca la retrocesión de la reforma judicial encubierta efectuada por el gobierno de Mauricio Macri.

La ilusión de una sociedad sin conflictos ha estado en el horizonte utópico de muchos filósofos, entre ellos, el propio Marx. Es producto de un excesivo optimismo sobre la naturaleza humana y de la forma en que se organiza la sociedad. Los problemas relativos a la organización de la sociedad son entendidos y abordados de manera diferente por personas que no comparten las mismas concepciones sobre el modo de alcanzar el bien común y que, además, están condicionadas por intereses diversos. Como señala Mario Bunge, esas diferencias son inevitables y, a menudo, deseables porque abren perspectivas renovadas y diferentes.

Ahora bien, si la contienda es normal en política, lo que también se constata es que los conflictos dan lugar a diferentes intensidades de lucha que van desde una manifestación pacífica hasta una insurrección armada. Charles Tilly, uno de los sociólogos norteamericanos que más ha estudiado la naturaleza de los conflictos políticos, los clasificaba en contiendas contenidas y contiendas transgresivas. Estas últimas desbordan los canales institucionales y alteran sensiblemente la paz social. Generalmente son producto de la violación flagrante de las reglas de juego por algunos de los actores políticos que han acudido a atajos o malas artes para alcanzar sus objetivos. Es el tipo de conflicto que en la actualidad absorbe el interés y la energía de numerosos protagonistas y acapara la atención de los medios en Argentina.

La enardecida controversia suscitada por la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández no guarda relación con lo que, aparentemente, en cualquier lugar del mundo, sería un simple reordenamiento burocrático. ¿Qué es entonces lo que provoca la santa indignación de tantos columnistas arrebatados y constitucionalistas de pret-a-porter? Lo que disgusta es el objetivo político de la reforma que busca la retrocesión de la reforma judicial encubierta efectuada por el gobierno de Mauricio Macri. Si no se reconoce el hecho precedente no se puede analizar con ecuanimidad el conflicto.

Y el hecho precedente es la manifiesta intromisión en el Poder Judicial efectuada de modo subrepticio por el gobierno de la coalición de Juntos por el Cambio dirigida a modificar la composición de algunos tribunales estratégicos como la Cámara Federal de Apelación, que revisa las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py. Los cuestionados jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que reemplazaron a Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, no habían concursado para esos cargos y fueron incorporados por simple decreto del Poder Ejecutivo. Pero lo más escandaloso fue la forma anormal en que fueron desplazados los anteriores integrantes de la Cámara Federal por haber dictado una resolución garantista que provocó el enojo público de Macri. De modo que de aquellos polvos vienen ahora estos lodos.

La teoría de la construcción narrativa de la realidad nos alerta que la forma en que verbalizamos ciertos hechos, seleccionando los que nos interesan y omitiendo los que nos disgustan, permite construir un relato plástico, acomodado a nuestros deseos más profundos. En una sociedad donde los medios de comunicación actúan como portadores de la información elaborada que llega a los ciudadanos, es posible que relatos sesgados alcancen mayor difusión. Esto explica que contiendas que deberían resolverse dentro de los cauces institucionales normales, se desborden y adquieren la envergadura de contiendas transgresivas. En el caso de Argentina, la coincidencia con un fenómeno tan desestabilizador como la pandemia provocada por el corona virus, amplifica las magnitud de los conflictos, dato que se suma a una crisis estructural de falta de empleo que atenaza a la economía argentina desde hace decenas de años por una crónica ineficiencia productiva.

En estas complicadas circunstancias, muchas personas reclaman la necesidad de abrir las puertas al diálogo y alcanzar algunos consensos para afrontar las graves consecuencias de la crisis económica que atravesamos. Esta pretensión es legítima si busca honestamente acuerdos razonables. Pero haría falta, para que sea realista, reconocer dos cosas. La primera que consenso no equivale a unanimidad. El consenso es avanzar sobre puntos en los que existe una posibilidad de coincidencia siendo conscientes de que hay un partido que ganó las elecciones y tiene legitimidad para gobernar. La segunda condición es reconocer que si con antelación se produjo una alteración indebida de las reglas de juego, es inevitable aceptar una nueva intervención para retrotraer las cosas a su estado anterior.

Algunos dirigentes de la corriente dialoguista de Juntos por el Cambio, que han sido afectados por el espionaje ilegal de la AFI comandada por Gustavo Arribas, seguramente han visto con buenos ojos las medidas adoptadas por Alberto Fernández para terminar con el uso partidista de la agencia de inteligencia del Estado. Es probable que tengan más disposición a entender que similares abusos cometidos con la manipulación de algunas causas judiciales para inhabilitar a dirigentes políticos de la oposición deben y merecen ser revisadas. Si no existe un reconocimiento del derecho de las personas que han sido víctimas de esas maniobras a obtener una reparación por parte de jueces imparciales e independientes, no será posible avanzar en acuerdos en otros terrenos. Seguiremos envueltos en una contienda transgresiva que nos mantendrá alejados de los problemas de fondo que debe abordar nuestra sociedad.

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