Qué hace falta para una reforma judicial feminista

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«La falta de perspectiva de género en este sistema judicial ha sido partícipe necesario en el engranaje de dispositivos del Estado que con su inacción o desarticulada intervención han dejado como saldo  en los dos primeros meses de 2021 a 60 mujeres asesinadas por razones de género», dice Mila Montaldo, investigadora de CLACSO, miembro del Ministerio Público Fiscal y referenta de género en Justicia Legítima. Y explica el cambio necesario para «una reforma judicial feminista en términos federales, con un equipo transdisciplinario que dependa del Consejo de la Magistratura de la Nación».

Foto Página 12

La justicia está en la mira en todos los sentidos. Desde el recambio de la ministra Marcela Losardo por Martín Soria, hasta el Lawfer denunciado incansablemente por Cristina Fernández de Kirchner. Pero uno de los principales reclamos escuchado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue el de una «reforma judicial feminista». Desde el gobierno y desde los colectivos feministas se viene deslizando esta idea que cobra cada vez más cuerpo después de los brutales femicidios vividos en las últimas semanas.

Mila Montaldo es trabajadora social, especialista en Justicia de Género y Políticas Públicas de CLACSO y trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, coordina la comisión de género de la asociación de Justicia Legítima, cuya presidenta es Cristina Caamaño. En diálogo con Nuestras Voces analiza y explica de qué hablamos cuando pensamos en una reforma judicial feminista. 

—¿Qué implica hablar de la reforma judicial feminista?

—Hablar de reforma judicial feminista implica comprender etimológicamente el enfoque de derechos humanos e igualdad de género establecido a partir del desarrollo y de la construcción de la teoría de género. Teoría de género que es eminentemente empírica, porque han sido grandes mujeres que se han juntado a nivel internacional para decir la historia ha sido construida por los hombres y a través de los hombres. Ahora bien, el no entendimiento del enfoque de derechos humanos e igualdad de género por parte de los poderes del Estado de nuestro país ha dejado y deja como saldo el acrecentamiento de la violencia de género y, más letalmente, el femicidio. Es allí donde la institución judicial, en cuanto sistema jurídico, debiera valerse de los instrumentos normativos para acotar este fenómeno social, como la violencia de género, con todas sus aristas. 

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—Pero esto no sucede…

—Tres de cada diez mujeres víctimas de femicidios, dicen las estadísticas, habían denunciado las situaciones de violencia previa a las que eran sometidas tanto en el ámbito de la fuerza de seguridad como en el Poder Judicial. Por ende, la falta de perspectiva de género en este sistema judicial ha sido partícipe necesario en el engranaje de dispositivos del Estado que con su inacción o desarticulada intervención con el resto de las instituciones estatales de asistencia, han dejado como saldo que al 8 de marzo, en menos de dos meses 60 mujeres hayan sido asesinadas por razones de género. Estos hechos no los debemos naturalizar, como tampoco estas estadísticas. Cada una de estas mujeres y feminidades disidentes tenía proyectos de vida, tenía hijos, tenían familia y han perecido por la única condición de vulnerabilidad que era ser mujer. Esto da cuenta de cómo los resortes del patriarcado pese a todos los avances, aún siguen intactos. Y es esta institución judicial como organismo, administración de la justicia de una comunidad la que debiera arbitrar de manera urgente los mecanismos necesarios para dar la respuesta a esta problemática colectiva por su masividad. 

—¿Y cómo se hace?

—Debe pensarse hacia el interior de esta estructura. Del universo de la justicia surge que se compone en un 61% de mujeres y el resto varones. Pero a funcionarias sólo llegan el 44 por ciento, a magistradas 28 por ciento y a Ministras, de 5 miembros de la Corte Suprema, solo hay una mujer. Estos datos nos permiten deducir que justamente en el vértice de la pirámide de la institución judicial ni siquiera se cumple la ley de cuotas, que en nuestro país significaba que el 30 por ciento de los cargos tenía que estar en manos de las mujeres. Imaginémonos que menos aún podemos pensar en que esta institución judicial, desde una perspectiva de género, pueda aplicar la ley de paridad de género para el mercado laboral en general. Por lo tanto, la cuestión no consiste solamente en continuar haciendo cursos de capacitación. Ya se han dictado en el 2020 talleres virtuales para más de 3000 mil participantes de las Cámaras nacionales y federales de todo el país. Sin embargo, hoy estamos contando 60 femicidios en tan solo dos meses. 

—¿Y es posible esta reforma judicial?

—Claro que es posible. Tenemos que pensar el sistema judicial en su integración total. No sólo pensarlo desde lo federal, desde lo nacional, desde lo provincial, sino justamente lo que nos permite el género, el enfoque metodológico de derechos humanos e igualdad de género es la transversalización temática en los distintos fueros y en los distintos ámbitos. Entonces, pensar cómo aplicar una perspectiva de género en el marco del sistema de justicia de nuestro país es pensarlo en un sentido federal, no androcéntrico desde una mirada de Capital Federal, por ejemplo, porque jamás se va a poder comprender fehacientemente como queremos las feministas, sino por sobre todas las cosas tiene que haber una sensibilidad social frente a la problemática que atraviesan esas mujeres y disidencias sexo afectivas cuando llegan al sistema de justicia, sino también y por sobre todas las cosas, comprender que un caso en Capital Federal no se puede pensar ni intervenir de la misma manera ni de la misma lógica que un caso en la provincia de Corrientes.

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—¿Por qué?

—Porque las idiosincrasias culturales son diametralmente diferentes y el sistema judicial de la provincia de Corrientes está atravesada por esa idiosincrasia cultural. El género viene a plantear esto. Tener en cuenta las interseccionalidad que son de raza etnia, por clase, por territorio y también, obviamente, por su composición social y cultural. Entonces, tener en cuenta las interseccionalidad de género es pensar una reforma judicial feminista en términos federales, es pensar un equipo transdisciplinario que dependa seguramente del Consejo de la Magistratura de la Nación  trabajando a la par de los juzgados provinciales, nacionales y federales.

—¿Qué pasa con las oficinas abocadas a las cuestiones de género?

—Solo en la justicia federal hay 23 oficinas abocadas al tema de género. Sin embargo, en los distintos organismos, en los ministerios públicos fiscales, el Ministerio Público de la Defensa, en la Corte, con la Oficina de Violencia Doméstica, en las cámaras federales también hay oficinas de géneros abocada y especializadas en esos temas. Sin embargo, una no funciona en articulación con la otra. No hay un criterio único que tenga que ver con delinear, diseñar y trazar una forma de intervención a partir de comprender la lógica del género dentro del sistema de justicia.  

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Tali Goldman

Tali Goldman

Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Escribe crónicas en medios digitales como Anfibia, Nuestras Voces, Latfem, entre otros. Es columnista en el programa de radio Cheque en Blanco, que se emite en Futurock. Su primer libro La Marea Sindical, mujeres y gremios en la nueva era feminista de Editorial Octubre ya va por la segunda edición.

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