Anil Baran: “No tienen argumentos para culparme”

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Luego de la represión en el Congreso, funcionarios públicos exigieron la deportación de Anil Baran, un turco que vive hace dos años en Córdoba. El joven cometió el delito de pasar caminado por Constitución mientras la policía detenía indiscriminadamente personas y cayó en la redada. «Siento mucha injusticia. Con todas las mentiras que dicen sobre mí, ahora ¿cómo voy a vivir?», dijo.


Publicado originalmente en La Tinta

Foto: Joaquín Salguero

Anil Baran tenía turno en el Embajada de Turquía para recoger su partida de nacimiento y tramitar de manera definitiva la residencia argentina, pero antes quería conocer un poco la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad del Mar Negro, hace casi tres años que vive en Villa María (Córdoba) y está casado con una cordobesa. El miércoles pasado, cuando llegó desde La Plata a la estación de trenes de Constitución, comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad.
Cuando llegó a la calle Humberto Primo, veinte motos de la Policía se lanzaron sobre la gente que estaba en el lugar y, sin mediar palabras, los uniformados empezaron a lanzar gases lacrimógenos y disparar postas de goma. La represión que se había desatado en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación, ya casi pisaba el barrio de Constitución, a varias cuadras de distancia de los y las diputadas que discutían el proyecto de Presupuesto para el año próximo.

“No tienen argumentos para culparme”, dice Anil en diálogo con La tinta. Las palabras del joven de 27 años, nacido en Estambul, Turquía, se refieren al calvario que sufre hasta el día de hoy.

Anil fue uno de los 27 detenidos del miércoles (cuatro de ellos son extranjeros), cuando en el Congreso se votaba la media sanción para el Presupuesto armado a partir de directivas del Fondo Monetario Internacional, que recorta el gasto social y pone como prioridad el pago de la deuda. Mientras lxs legisladorxs se enfrentaban en calurosas discusiones, el joven turco intentó caminar por la calle Humberto Primo, pero la Policía le disparó dos postas de gomas a dos metros de distancia. En medio del caos, Anil quiso mostrarle su documentación a los uniformados, pero no obtuvo respuesta.

“Estoy hace dos años y siete meses en Argentina, y hace más de un año estoy casado con una ciudadana argentina”, cuenta Anil, que hasta hace poco tiempo trabajó en una empresa de transportes de Villa María. “Llegué el martes a Buenos Aires porque tenía un turno en la embajada de Turquía para hacer trámites”, agrega.

En su relato del día de furia que sufrió, recuerda que mientras caminaba por la avenida 9 de Julio, vio la marcha que “estaba tranquila y la gente pasaba tranquila”. Pero la Policía ya había desatado la represión. “Cuando llegué a la calle Humberto Primo vinieron veinte motos de la policía y empezaron a tirar gas. Y después la policía empezó a disparar a cualquier persona”, remarca. Allí lo detuvieron.

Después de cinco horas adentro de un patrullero, con las manos en su espalda y con precintos, lo trasladaron a la Comisaría 43, donde fue encarcelado junto a Nacho Levy, de La Garganta Poderosa, y otras personas detenidas durante la represión. Adentro de la seccional, no lo dejaron ir al baño y tampoco le dieron agua. “Me quedé sin comunicación, no pude avisarle a mi compañera, a mis amigos”, afirma.

“Les pregunté a los policías que sucedía y no me dijeron nada. Adentro de la comisaría los muchachos detenidos me ayudaron mucho. Cuando entramos a la comisaría me revisaron. Yo no tenía ni idea de cómo buscar un abogado. En la comisaría me dejaron hasta el jueves a la mañana”, señala Anil.

“Siento mucha injusticia, lo que me hacen es antidemocrático. Con todas las mentiras que dicen sobre mí, ahora ¿cómo voy a vivir? Quieren destruir mi vida. Yo quiero seguir en Córdoba”, finaliza.

La situación de Anil, como la de dos venezolanos y un paraguayo que fueron detenidos hace dos días, pende de un hilo. El Gobierno Nacional ya declaró que su objetivo es deportar a los cuatro, aunque eso implique violar derechos básicos y leyes vigentes en Argentina.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, planteó que pedirán “un juicio abreviado” para “deportarlos lo antes posible”. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “lo más probable” es que los extranjeros “sean expulsados del país”. “Que vengan a la Argentina, los reciban con buena onda y estén generando acciones violentas, no va”, sostuvo.

María del Carmen Verdú, coordinadora de Correpi, se hizo cargo de la defensa de muchos de los detenidos, entre ellos, de Anil. En diálogo con el programa Nada del Otro Mundo, de FM 102.3, dio precisiones respecto a la situación legal del joven ciudadano turco.

“Están desde los primeros niveles de gobierno, desde la propia Migraciones, diciendo que es inminente la deportación. Es una situación insólita que vulnera cualquier lógica mínima de respeto del derecho de las personas“, concluyó Verdú.

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