Contraofensiva judicial de Bullrich y los Albatros

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El abogado del Cabo Primero Pintos -y ex funcionario de María Eugenia Vidal- apeló el procesamiento por “homicidio agravado” y la prisión preventiva. Lo resolverá la Cámara III de Casación Penal de Comodoro Py que ya demostró su perfil favorable a las fuerzas de seguridad. El asesino de Rafael Nahuel sigue en libertad.

Marcelo Hugo Rochetti

Publicado en En estos días

El fallo del pasado 15 de mayo de la Cámara Federal de General Roca que desarticuló el relato del Gobierno nacional en torno al asesinato de Rafael Nahuel, y procesó por “homicidio agravado” al Cabo Primero Francisco Javier Pintos, fue apelado en las últimas horas.

Marcelo Hugo Rochetti, abogado, ex funcionario de la Gobernadora María Eugenia Vidal y representante del principal sospechoso de haber realizado el disparo mortal contra el joven mapuche, presentó la apelación que llevaría el caso a un Tribunal amigo del Gobierno nacional.

El escrito de 43 páginas -al que accedió En estos días- busca reinstalar la teoría de la existencia de un enfrentamiento armado; insiste en que Pintos no portaba el arma del cual salió el disparo mortal; y cuestiona los términos de las críticas de los Jueces de la Cámara de Apelaciones al relato del ministerio de Seguridad de la Nación.

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El abogado Rochetti reafirma sus críticas a la instrucción realizada por los Jueces Federales de Bariloche Gustavo Villanueva -subrogante durante los primeros once meses desde ocurrido el hecho- y Leónidas Moldes.

Para el defensor de Pintos, el procesamiento y dictado de prisión preventiva es “nulo” y “arbitrario”, y plantea que uno de los votos de los jueces “ha partido de bases falsas, primero en relación con los hechos de autos en cuanto ha utilizado elementos de prueba que no habían sido agregados a la causa, y luego adjudicando una especie de guión a nuestro defendido que provendría del Ministerio de Seguridad”.

La apelación deberá ser analizada por la Cámara III de Casación Penal de Comodoro Py, que fue responsable -con el voto rector del Juez Eduardo Riggi- de la resolución que oportunamente revocó la excarcelación otorgada a Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhinca, testigos clave del homicidio y quienes bajaron hasta la ruta el cuerpo de Nahuel.

Aquel fallo -de mayo de 2018- reeditó la jurisprudencia racista y acusó a los mapuches de poner en riesgo el sistema democrático y la integridad territorial, por su sola pertenencia a una de las organizaciones políticas del pueblo originario, el Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (MAP).

Esa será la Cámara que deberá analizar ahora la apelación presentada por Rochetti, en nombre de Pintos, sobre quien pesa una orden de detención.

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El integrante del grupo Albatro sigue en libertad, a pesar de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que determinó la detención, al establecer con claridad la inicial responsabilidad de Pintos en el asesinato, y el temor de fuga o entorpecimiento de la causa.

Argumentos

El abogado de Pintos cargó contra la resolución de la Cámara Federal de General Roca, que a su vez había hecho lugar a las apelaciones contra los procesamientos de los Albatros bajo la figura de “homicidio cometido en exceso de legítima defensa” definidos por el Juez Federal de Bariloche Leónidas Moldes.

El fallo de la Cámara desbarató con claridad el relato edificado por los Albatros y el ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, sobre la existencia de un enfrentamiento armado entre los uniformados y los mapuches.

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Ese ministerio había dado crédito e instalado la versión de los uniformados sobre la presencia de armas de fuego en manos de los integrantes de la comunidad, aquella tarde del 25 de noviembre de 2017.

Pero la Cámara desestimó por falta de pruebas ese relato, sólo sostenido en el expediente por los abogados de los Albatros.

Ahora, Rochetti apeló esa resolución y cuestionó los argumentos de los Jueces de la Cámara.

“La sentencia del 15 de mayo de 2019 -dijo- es claramente nula y arbitraria (…) y ha aplicado de forma errónea una norma penal de homicidio contra una persona inocente”. Y agregó que “allí no concluyen los aspectos inconstitucionales de la sentencia, dado que sin fundamentación se procedió a mutar la sentencia del juez de primera instancia que había dictado el procesamiento sin prisión preventiva, con la imposición de la prisión preventiva de nuestro defendido”.

Para el abogado de Pintos, a su defendido se le “ha dictado una prisión preventiva sin motivación alguna”, asimilable a una sentencia definitiva.

Rochetti cuestionó que los jueces valoraron el resultado de la inspección ocular, “realizada doce días después” de ocurrido el asesinato, por lo cual, interpretó, pudo haberse modificado el escenario. Además, recordó el resultado de la cuestionada pericia sobre presencia de pólvora realizada por un laboratorio dependiente del Ministerio Público de la Provincia de Salta, que contradijo el informe inicial del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche que con claridad determinó que Rafael Nahuel no tenía pólvora en las manos.

La apelación insiste con validar la declaración en indagatoria de Pintos, quien en julio de 2018 aseguró ante el Juzgado Federal de Bariloche que los Albatros habían sido emboscados. Minimiza en cambio el hecho de que su defendido no hubiese podido explicar porqué faltaban más de 50 proyectiles de su subfusil MP5 si, como dijo, no lo llevaba al momento del ataque y persecución de los uniformados que concluyó con el asesinato de Nahuel.

Bullrich y el ministro Garavano instalaron el relato sobre un «enfrenamiento»

Rochetti criticó el fallo del Juez Ricardo Barreiro, quien había cuestionado la política del ministerio de Seguridad de la Nación de instalar una teoría sobre lo sucedido solo basada en la palabra de los miembros de una fuerza de seguridad, sin que medie la incorporación de pruebas, pericia y otros testimonios.

Esa posición de defensa del relato oficial no sorprende, teniendo en cuenta que Rochetti pertenece al corazón político del macrismo: fue Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Cristian Ritondo; y defensor del jefe de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, durante la presidencia del club de Daniel Angelici.

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