El Estado está presente para asegurar grandes negocios

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Las empresas exportan gas extraído de Vaca Muerta a mitad del precio que pagan los consumidores argentinos. El Estado subsidia la exportación mientras castiga al consumo local. Los tarifazos sirven para asegurar excedentes exportables y ganancias para las energéticas.

Publicado en Ancla (Agencia de Noticias y Comunicación)

La producción de las empresas que explotan los yacimientos no convencionales, (Tecpetrol, Pampa Energía, YPF, entre otras) se beneficia con un subsidio del gobierno nacional otorgado en virtud de la resolución 46/2017 de la cartera de Energía que crea el “Programa De Estímulo A Las Inversiones En Desarrollos De Producción De Gas Natural Proveniente De Reservorios No Convencionales”; la norma, firmada por el entonces ministro Juan José Aranguren, les garantiza un precio “estímulo” de u$d 7,50 el millón de BTU para el año pasado, valor que irá descendiendo en los años futuros.

Los datos de la misma cartera, ya descendida a Secretaría, dan cuenta de que el gas se exporta a valores que oscilan entre los u$d 3,18 y u$d 3,80 el millón de BTU, según consigna una nota publicada días atrás en Tiempo Argentino. En el mismo artículo se recuerda que desde 2016 el gobierno impuso la dolarización de las tarifas de gas que abonamos ciudadanos y empresas locales, con la consiguiente suba que acumuló alrededor de 1.500% desde la asunción del gobierno de Macri.

Este esfuerzo del Estado y de los consumidores domésticos fue el que permitió que las exportaciones de combustibles y energía aumentaran 69,2% durante 2018; al mismo tiempo, la demanda de gas residencial cayó un 5,6% respecto del que existía en 2015.

El saqueo energético de Aranguren

Deuda, tarifazos y exportación

La política energética no sólo redunda en fuertes beneficios para las empresas: impulsar la exportación es también una necesidad del gobierno en el marco del masivo endeudamiento tomado, la fuga de capitales y los valores negativos de la balanza comercial.

En todo 2018, las exportaciones superaron a las importaciones en u$d 3.820 millones, según los datos publicados por el INDEC; en tanto, la fuga de capitales alcanzó en el año los u$d 27.000 millones. La devaluación del peso, del orden del 50%, no alcanzó a revertir el rojo comercial, ya que las exportaciones sólo registraron un crecimiento limitado, que no pudieron superar a las importaciones, pese a la caída de éstas debida encarecimiento de los productos internacionales en moneda argentina.

En ese escenario, la apuesta para frenar el déficit comercial pasa por el incremento de las exportaciones en el rubro energético, aunque las mismas se produzcan a costa de privaciones en el mercado interno.

En términos del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), las exportaciones energéticas “son un saqueo al pueblo argentino por el objetivo que deben cumplir: el sostenimiento del régimen neoliberal y su endeudamiento odioso. La progresiva atrofia del mercado interno es esencial en este sentido”.

El gobierno choca aquí con otro condicionante, en este caso derivado de los compromisos asumidos ante el FMI: la decisión de alcanzar el déficit primario cero para este año, lo obliga a rever su política de subsidios.

Un freno al aumento del gas

Las empresas presionan

El gobierno destinó unos u$d 500 millones para sostener el subsidio durante el año pasado; el presupuesto contemplaba algo más de $10.000 millones, pero a un valor del dólar que estaba estimado en $19,30; para este año, piensa destinar $28.000 millones, pero a un dólar que desde hace meses ronda los $40. Para mantener las cifras acotadas, el gobierno considera que sólo mantendrá el subsidio hasta los niveles de producción previstos en los proyectos aprobados; eso significa que las que extrajeron un mayor volumen que el que habían declarado inicialmente no contarán con la garantía de precios por el total.

Las empresas reaccionaron ante ese límite: Tecpetrol amenaza con iniciar acciones legales, entendiendo que el gobierno le debe u$d 150 millones, mientras que YPF -pese a su control estatal- anunció que frenará inversiones.

Los datos ponen de relieve la decisión del gobierno de priorizar los negocios privados por encima de cualquier política de soberanía energética: los recursos asignados a las empresas bien podrían haber sustentado una mayor inversión de la compañía estatal, orientando la producción a fortalecer a las empresas que necesitan del gas y que se ven severamente comprometidas por los tarifazos, avanzando a su vez en el autoabastecimiento.

El mismo signo llevan las políticas para el sector eléctrico, donde las empresas obtuvieron ganancias de más de $4.000 millones el último año a costa de tarifas impagables para muchos ciudadanos y sin que se hayan concretado inversiones que garanticen mejoras en el servicio.

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