El serpentario revuelto de Comodoro Pus

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La segunda denuncia por extorsión complica aún más a Stornelli.

Publicado en el Cohete a la Luna

 

A diez días de la revelación de El Cohete a la Luna acerca de la denuncia por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli y su operador Marcelo D’Alessio, es posible reordenar la información y sacar algunas necesarias conclusiones. Como informamos ayer en El Cohetela primera denuncia contra D’Alessio fue recibida por Stornelli en octubre del año pasado, por parte del ex secretario presidencial Pablo Barreiro. Dos meses después, cuando D’Alessio aborda a Etchebest para ofrecerle un trato con el fiscal encuadernador, Stornelli conocía vida y milagros del aventurero, lo cual destruye la coartada que intentó para alegar ignorancia sobre los métodos que Etchebest grabó.

Stornelli, con D’Alessio y Sáenz, en CR, de Pinamar

Este segundo caso, que en realidad fue el primero de los ya conocidos, presenta una particularidad que caracteriza al serpentario de Comodoro Py: son dos bandxs los que se disputan a los Barreiro y ambxs les prometen acceso fácil a Stornelli y al juez Glock, para solucionar el problema a cambio de dinero. La diferencia es que D’Alessio y sus asociados son parvenus que irrumpen en un coto de caza privado, lo cual fastidia a quienes durante décadas reinaron sin competencia en ese turbio mercado. Desde hace 30 años se sabe que las causas de Comodoro Py se resuelven por fuera del expediente y que la clave está en los abogados a quienes jueces y fiscales habilitan a realizar alegatos de oreja. De esa época es la anécdota de un juez que cerró un trato a través de un operador como D’Alessio. La respuesta del juez al afligido cliente fue sin palabras durante una audiencia formal: según el color de la corbata que usara el magistrado, sería positiva o negativa su respuesta al acuerdo. Durante su presidencia en la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi tomó algunas medidas muy simples para controlar este desborde. Desde entonces, la información pública sobre los recursos extraordinarios que llegan a la Corte identifica a los abogados que representan a las partes, en esa y en las anteriores instancias. Esta identificación de los vendedores de influencias no anula, pero reduce el margen de discrecionalidad.

Del mismo modo, la cartelización de la obra pública no tiene menos de medio siglo de antigüedad en el país, y es descripta en mi libro de hace tres décadas Robo para la Corona. También hay una larga referencia al método, circunscripto a la provincia de Jujuy, en mi libro de hace tres años La Libertad no es un Milagro. Las decisiones acerca de quién debe ganar cada licitación se adoptan entre las empresas constructoras, e incluyen una cómoda división de roles. Para simular una auténtica licitación, se acuerda qué empresas presentarán ofertas más onerosas que el vencedor. No hay impugnaciones y luego el ganador entrega una parte de sus ganancias a quienes fingieron la competencia. Además los roles son rotativos, de modo que nadie quede excluido del reparto, que se realiza a espaldas del interés público. Que Glock, Stornelli o Enrique Wagner pretendan que a los empresarios les enseñaron este sistema Néstor Kirchner, Julio de Vido o Roberto Baratta es un insulto a la inteligencia. Las grandes constructoras, y entre ellas en lugar descollante las de la familia presidencial, eran virtuosas en esta práctica cuando Néstor Kirchner no había ganado su primera elección municipal en Santa Cruz. Sólo un personaje grotesco como Laura Alonso, titular de la oficina de encubrimiento de la corrupción macrista, puede decir que los Kircher integran el top ten de los gobernantes más corruptos de la historia mundial, ya sea que lo crea o que mienta a designio, como lo hace su asociada Elisa Carrió, que se hace pasar por loca para actuar con mayor impunidad.

Laura Alonso, del ridículo no se vuelve.
Cuestión de estilo

Las diferencias de estilo son notorias. D’Alessio dice en forma brutal que Stornelli no es limpio, que pica boleto, que pide una atención. En cambio el ex juez, camarista y conjuez de la Corte Suprema, Fernando Archimbal, y su socio Luis Vila, quien fue juez federal en Santa Cruz, se presentan como abogados respetables cuyos honorarios son altos por la calidad del trabajo que realizan y rara vez hacen referencia a su rol como lobbystas. Archimbal desempeñó ese rol para el entonces alcalde porteño Maurizio Macrì, cuando fue procesado por las escuchas clandestinas. Se usó entonces el mismo método con que la semana pasada se violó en forma ilegal la intimidad de las conversaciones desde el teléfono público del penal de Ezeiza. Un juez (Horacio Gallardo y Juan Luis Rey, de Misiones, en el caso de Macrì; Federico Villena en el de la colonia penal de Ezeiza) ordenan la intercepción en un caso cualquiera. Luego la nómina de teléfonos a escuchar se incrementa a voluntad, aunque no tengan nada que ver con la causa en la que se emitió la orden. La operación se completa con la complicidad del organismo encargado de las escuchas (la Oficina de Observaciones Judiciales, OJOTA, entonces; la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, DaJuDeCo, ahora) que entrega las grabaciones que interesan al mandante oculto ( Macrì, entonces y ahora) interesado en espiar a sus enemigos personales, políticos o de negocios.

Pero unos y otros afirman que tanto el fiscal como el juez negocian con los imputados, les imparten directivas para que señalen en la dirección que les interesa y que no dejan constancia de todo lo actuado en el expediente (cosa que el propio Stornelli reconoció ante Joaquín Morales Solá en un ataque de euforia impune respecto de José López Bolso).  Stornelli le indicó a Fabián Gutiérrez, otro ex secretario de Cristina que declaró como arrepentido, que llamara a Pablo Barreiro para ablandarlo, le cuenta el propio fiscal a Vila. En esta causa se van subiendo escalones para llegar a la Jefa, explica el abogado. Vila adoctrina a su cliente sobre la forma de entrar y salir de la oficina de Stornelli, eludir el café de Comodoro Py para evitar las fotos. Mientras Vila se ofrecerá como cebo para los periodistas, Archimbal con la ayuda de una secretaria de la fiscalía hará entrar a Barreiro en forma discreta por atrás al despacho de Stornelli, “como charlamos con el gordo”, quien a su vez “lo trae a Bonadío”. Cuando Barreiro dice que su rostro es muy conocido, Vila le responde que “los periodistas son muy boludos”. Varias veces menciona a “Sebastián” y aclara “el secretario”.

¿Es el mismo Sebastián que según D’Alessio le entregaba de parte de Stornelli los documentos de la causa?

En un tramo de la conversación, Vila le sugiere que diga que José López no tenía relación directa con Julio (De Vido) sino con la Vieja. También dice que le contó a Stornelli que  D’Alessio y Rodrigo González extorsionaban en su nombre, le recomienda que lo declare ante el fiscal y que le haga escuchar los audios de D’Alessio. También le señala que mencione la presencia en Olivos del lobbysta Javier Fernández.

Francisco Javier Fernández:  cambian los gobiernos. El servicio es el mismo.

Además le explica un mecanismo de semáforo para la relación con el fiscal y el juez:

  • verde, contesta lo que le preguntan;
  • amarillo, dice que no se acuerda;
  • rojo se levanta para ir al baño.

Cuando termine todo, agrega, le regalará una 4.5, de esas que son para los jefes.

En vez de eso, le cobraron 40.000 dólares sólo por haberlo acompañado a una audiencia con Stornelli y abandonaron la defensa cuando se aclaró que los honorarios no eran 250.000 pesos sino dólares, que los Barreiro no podían pagar. Escuchá este documento histórico sobre los métodos del serpentario de Comodoro Pus.

Los cien días

Esto complica la situación de Stornelli, quien 100 días después necesitó una semana para denunciar a D’Alessio, de cuyo rol no tenía dudas, ya sea porque efectivamente trabajaba para él, o porque se lo habían informado los Barreiro en octubre del año pasado. La propia denuncia forma parte de otra maniobra. Según Stornelli, D’Alessio sería responsable de defraudación, cuando en realidad hay un solo delito, por el cual interviene Ramos Padilla, que es la extorsión. La jugada consiste en quitarle la causa, si consiguen un juez que acepte jugar con serpientes. Las miradas apuntan a Federico Villena, otro de los que allanaron a D’Alessio. ¿Se animará?

La respetabilidad de estx segundx bandx es sólo aparente. En el estudio de Vila y Archimbal se constituyó en el año 2000 la sociedad que debía administrar los fondos clandestinos de la SIDE, durante la presidencia de Fernando De la Rúa. También participaron en una maniobra fallida para impedir la extradición de México a España del represor de la ESMA Ricardo Cavallo. Se trataba de inventarle otra causa en la Argentina, en la que sería puesto en libertad por falta de pruebas si México consentía en enviarlo al sur y no al norte.

Igual que D’Alessio, Archimbal se precia de sus contactos en Estados Unidos. El estudio de abogados Archimbal, Vila, Reyes Oribe y Asociados fue elegido por la Cámara de Comercio del Medio Este de los Estados Unidos para representarla en la Argentina.

La primacía de lo político

Nunca antes había sido tan explícita la primacía de la decisión política sobre los componentes jurídicos de una causa federal. Por eso, la principal defensa esgrimida hasta ahora por el gobierno nacional ha sido que el juez que recibió la denuncia de Pedro Etchebest por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli y el operador Marcelo D’Alessio, responde a La Cámpora y/o milita en Justicia Legítima, dos organizaciones perfectamente legales que son estigmatizadas como si se tratara de asociaciones criminales. Y el eje de la respuesta es correrlo de la causa. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, no ha incurrido en ninguna conducta que merezca semejante desvalorización.

Al ser allanado, D’Alessio dijo a los gritos que trabajaba para la DEA, y que el material contenido en los aparatos electrónicos pertenecía a esa organización. El mismo Stornelli dijo que cuando el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Santoro, le presentó a D’Alessio, le dijo que trabajaba para la DEA o alguna agencia de la embajada de Estados Unidos. Que siempre tenía buena información que era muy confiable y nunca le había fallado, que era “fuente de él”.

Queda claro cuál fue la fuente de la operación de Santoro sobre presuntas cuentas offshore de Máximo Kirchner y Nilda Garré. Como indican todos los manuales, la embajada negó cualquier relación con el agente caído en desgracia. Lo mismo les pasaba a D’Artagnan y los tres mosqueteros. El que cae pierde o, como dice una institución que practica el oficio más antiguo del mundo, los hijos son pecadores pero la madre es santa.

Zona de riesgo

Stornelli también dijo que D’Alessio “jamás me habló de los cuadernos. Era un tipo muy simpático. Parecía que sabía de narcotráfico y terrorismo. No presentó credenciales pero decía que trabajaba para alguno de esos lugares. Escribía mucho. Tuvimos comunicación durante un buen tiempo”. Del descargo inicial de que apenas lo conocía a esta forzada admisión de la intimidad que se advierte en las constantes comunicaciones entre ambos media el tramo que va de la sensación de absoluta impunidad a la conciencia de que esta vez lo pillaron y está en riesgo.

También al gobierno le llevó cinco días elaborar una táctica de respuesta a partir de la publicación aquí de la nota ExtorsiónPor absurdo que parezca, se trató de acusar a los detenidos en la colonia penal de Ezeiza de haber fabricado la causa para herir de muerte el expediente que instruye Stornelli por las anotaciones atribuidas al chofer grafómano. La vocería fue encomendada a la diputada cívica libertadora Elisa Carrió, quien ya ni siquiera se ruboriza cuando basa su acción en las escuchas telefónicas ilegales a los aparatos públicos de Ezeiza, que dice haber recibido en forma anónima. Ese es el procedimiento tradicional por el que las fuerzas de seguridad oficializan información obtenida de buches o por medios ilegales. Para salvar a la democracia, cualquier recurso les parece bueno. El republicanismo argento llega a cualquier extremo en su defensa del bien.

El propio Stornelli admitió haber gestionado la designación de su hijo Mateo como escribiente en la DaJuDeCo, el organismo que el presidente Maurizio Macrì puso en la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de las escuchas ordenadas por los jueces en causas de los denominados delitos complejos.

La denuncia de Carrió (firmada por dos diputadas de su séquito) fue adjudicada al doctor Glock, en virtud del fuero de atracción por el que se encarga de los principales procesos que pueden comprometer a la ex Presidente CFK. Como no estamos en Jujuy, esto se hace pero no se dice. En vez de excusarse, ya que el episodio le concierne en forma directa y D’Alessio también lo menciona a él, Bonadío dio vista al fiscal Gerardo Para un Barrido como para un Fregado Pollicita, el mismo que resucitó la denuncia del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman contra Cristina. Pero además, Stornelli denunció a D’Alessio por defraudación y en este caso la máquina de sortear indicó el nombre de Julián Ercolini, quien junto con el ministro de Justicia Germán Garavano y la ministra de la Corte Suprema Elena Highton fueron señalados por el embajador estadounidense Edward Prado como sus “amigos dentro de la comunidad jurídica de la Argentina”. Ercolini ya procesó a Cristina por administración fraudulenta y asociación ilícita y ordenó embargarle 10.000 millones de pesos que nunca tuvo. También sobreseyó a Bartolomé Mitre, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera, desvinculando la venta de Papel Prensa a La Nación y Clarín de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la familia Graiver. Ercolini era íntimo amigo personal del defensor de la viuda de Roberto Noble en esa causa, Pablo Jacoby. Ari Lijalad recordó que su esposa, María Julia Kenny, fue asesora del ministro de Justicia Germán Garavano y ahora dirige la prensa del fiscal a cargo en forma interina de la Procuración General, Eduardo Casal.

Con una de estas dos causas, el próximo paso oficial es desplazar del expediente a Ramos Padilla, quien no intervino por ser de Justicia Legítima o La Cámpora, sino porque su juzgado de Dolores es el que tiene jurisdicción sobre Pinamar, donde se cerró la extorsión con el apretón de manos que Stornelli le dio a Etchebest a pedido de D’Alessio, como prueba de que el trato estaba cerrado. Cuando se levante el secreto del sumario podrá conocerse la prueba adquirida, que deja en descubierto a Stornelli al confirmar los dichos de Etchebest.

D’Alessio es desvalorizado, tanto por Stornelli (“me parece un paciente psiquiátrico”) cuanto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (“es un hombre raro, tiene problemas”), lo cual puede ser un primer paso hacia su declaración como inimputable. Pero ni eso aliviaría la situación del fiscal. Cuanto más grave la patología que le atribuyan a Marcelito, más inverosímil que Stornelli lo tuviera como operador y hombre de confianza.

Chequear

En la emisión del domingo pasado de El Destape Web dije que me faltó tiempo para chequear algunos datos. El aparato oficioso de propaganda oficial se basó en ello para afirmar que la publicación carecía de seriedad. Por suerte para ellos me faltó tiempo. Las cosas que no alcancé a chequear fueron si Diego Cabot hizo certificar por un escribano la digitalización del material escrito por Oscar Centeno, cuántos artículos había firmado D’Alessio en Clarínqué otros periodistas tuvieron la misma intimidad que Santoro con él, si el extorsionador tenía alguna actividad comercial registrada.

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