Intervienen a medias el Correo Argentino porque los Macri ocultaron información

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La jueza Marta Cirulli dispuso la «coadministración» de la empresa ante las reiteradas maniobras por parte de los abogados de la familia presidencial.

Publicado en El Destape

Luego de más de dos años de demora, la jueza Marta Cirulli ordenó la intervención a medias de Correo Argentino, la empresa de la familia Macri que arrastra una multimillonaria deuda con el Estado. Lo hizo ante los reiterados ocultamientos de información por parte de los abogados de la familia presidencial, que mintieron y dieron datos contradictorios en ese expediente desde que, a principios de 2017, estalló el escándalo por el intento de Mauricio Macri de condonar la histórica deuda de Correo Argentino con el Estado.

La medida llega tarde y a medias. Desde mediados de 2017 la fiscala Gabriela Boquin, que fue quien logró frenar la condonación de la deuda que intentó (e intenta) Macri, pide el desplazamiento de los administradores y síndicos de Correo Argentino. Pero a esto hay que sumarle un dato central: tanto la jueza Cirulli, que ahora ordena la intervención, como los miembros de las sindicaturas que debían controlar el devenir de Correo Argentino, están imputados en la causa penal que instruye el juez Ariel Lijo por su responsabilidad en el vaciamiento de la empresa. Pese a esto, la jueza Cirulli se negó a excusarse y ahora dispuso esta medida que, lejos del pedido original de la fiscal Boquin, dispone la coadministración de Correo Argentino entre un funcionario cuyo nombre aún se desconoce y las mismas sindicaturas que están imputadas junto a la jueza por el vaciamiento de la empresa.

Estas imputaciones no son un dato menor, y menos si se tiene en cuenta quiénes son los síndicos. Por ejemplo, la sindicatura general la ejerce Raúl Guelman en representación del Estudio Moyano-Guelman y Asociados, pero la patrocinan los abogados Julio César Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera & Asociados. Rivera es histórico abogado de los Macri y actualmente es conjuez de la Corte Suprema impulsado por el Presidente. Rivera y Louge fueron apoderados de varias empresas de los Macri, como Transmetro, así como los abogados de Mauricio en su divorcio con Isabel Menditeguy. Gente de confianza, que hacía como que controlaba el concurso de acreedores de Correo Argentino pero operaba en función de que los Macri no pagaran sus deudas. Que la jueza Cirulli, imputada en el vaciamiento, deje como coadministradores a los síndicos que también están imputados por lo mismo, habla por sí mismo del alcance que puede tener esta medida. De hecho, en el último punto de su resolución, la jueza Cirulli “acota” que esta medida no implica ningún juicio sobre el pedido que ya realizó hace tiempo la fiscala Boquin de que se desplace a toda la administración de Correo Argentino hasta que se realizaran los peritajes contables sobre el vaciamiento que están en manos de la Corte Suprema.

La resolución de la jueza Cirulli tiene fecha del 6 de septiembre, pero fue subida al sistema recién el 10 por la noche. El texto, al que accedió El Destape, reseña una serie de antecedentes que justifican la decisión y detalla los reiterados ocultamientos de información por parte de los Macri.

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La cuestión gira en torno a los gastos de Correo Argentino, empresa sin actividad pero que registraba gastos hacia Sideco Americana, una de sus controlantes. Hay un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, donde la primera le pagaba alquiler a su propio dueño. Un truco usual para mover dinero dentro de un mismo grupo económico según convenga. El precio pactado eran 18.000 dólares mensuales. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. O sea, no necesitaba una oficina y menos aún de ese valor. Este fue uno de los tantos gastos que la fiscala Boquin identificó como parte del vaciamiento de Correo Argentino, que desviaba fondos hacia empresas del grupo Macri mientras no pagaba su deuda con el Estado.

Lo concreto, describe ahora Cirulli, es que ese contrato de alquiler no se paga desde octubre de 2014 y no se factura desde febrero de 2016. La fecha del fin de facturación es significativa, ya que en junio de 2016 fue que los Macri hicieron la maniobra para avanzar con la condonación de su deuda con el Estado. Como son parte el mismo holding, la jueza había pensado que Sideco Americana le estaba dando servicios gratis a Correo, ya que ser trata de un alquiler de oficinas, pero luego, por la propia información que brindó Correo Argentino, descubrió que no era así. Esto, escribió Cirulli, “permitió colegir: *que no había gratuidad alguna, *que se seguía devengando un canon locativo, y *que se estaba generando un pasivo postconcursal desconocido”. O sea, se siguió acumulando deuda entre Correo y Sideco Americana. La jueza requirió la información sobre esto a los Macri pero, según el escrito al que accedió El Destape, la familia “guardó absoluto silencio” sobre este “pasivo ocultado”.

Frente a este ocultamiento, la jueza Cirulli recuerda que intimó a los Macri a que le contestaran bajo riesgo de apercibimiento. Ahí Correo contestó que le debe a Sideco Americana 1.144.260 dólares. Al cambio de hoy, más de 67 millones de pesos. La cifra es producto de servicios por 18.000 dólares mensuales que los Macri no informaron. Aparte, desde Correo dicen que tienen gastos legales pero nunca detallaron los montos. “La concursada (Correo) sigue sin proveer la más mínima justificación ni la cuantía siquiera aproximada cuanto menos de los mencionados ‘gastos legales’. Y menos justificó el motivo por el cual la invocada gratuidad de los cánones (alquiler de oficinas) afirmada anteriormente, luego se tradujo en onerosidad ininterrumpida”, escribió Cirulli.

Cirulli recuerda que la ley de Concursos y Quiebras abre “la posibilidad de interferir en la administración de la concursada cuando omita informaciones, o cuando realice algún acto en perjuicio evidente de los acreedores”. Este párrafo es clave: “En el caso (de Correo Argentino), la omisión de denunciar tal nuevo y creciente pasivo (integrado por una prestación millonaria cuya vigencia era inimaginable a tenor de sus propias afirmaciones; y por otros “gastos legales” anunciados genéricamente sin concreción aritmética), implicó el ocultamiento de la información necesaria para que este Tribunal, las sindicaturas intervinientes y los acreedores verificados, pudiesen tomar conocimiento de la real situación de la convocataria respecto al engrosamiento actual de su deuda postconcursal; y, naturalmente, arroja un manto de duda sobre la sinceridad de lo expresado ahora sobre su real endeudamiento”. En síntesis: los Macri mintieron sobre sus deudas.

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La ley le da varias posibilidades de intervención. Las mayores son el nombramiento de un administrador con desplazamiento total y, en segundo lugar, la designación de un coadministrador con desplazamiento parcial. La jueza Cirulli optó por esta última, que deberá trabajar junto a la sindicaturas y elaborará informes mensuales. No dispuso una duración de la coadministración. La jueza dispuso que el virtual interventor participe de la administración de la empresa a excepción de lo vinculado al acuerdo de pago de su deuda, que deberá proponer una reorganización de la estructura operativa de Correo “conforme a la realidad económica del país, a la volatilidad de la cotización del dólar estadounidense en el particular tiempo presente, y la actual situación jurídica de la empresa” y que tendrá que informar todas las deudas que tienen los Macri en Correo Argentino.

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Ari Lijalad

Ari Lijalad

Periodista, politólogo y documentalista. Ganó el premio Democracia en la terna Periodismo Gráfico y Digital por su investigación sobre Correo Argentino en este portal (2017). Es columnista en Radio del Plata y FM La Patriada. Compiló los libros La Argentina gobernada por las corporaciones y Plan Macri, ambos en 2016.

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