La regulación de las fake news

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En Francia, Inglaterra y otros países se estudia cómo regular la diseminación de fake news, especialmente en contextos electorales. Pero las propuestas pensadas como remedio pueden ser perjudiciales.

Publicado originalmente en Revista Colsecor

En septiembre pasado, la Cámara Nacional Electoral organizó en Buenos Aires una conferencia sobre fake news y desinformación para la que invitó al especialista francés Jean Philippe Derosier, quien centró su intervención en un proyecto de ley impulsado por el oficialismo del presidente Emmanuel Macron para regularlas en su país.

La iniciativa plantea dos ejes: por un lado, favorecer la transparencia en la campaña electoral, en particular el gasto propagandístico en redes sociales de las formaciones políticas y candidaturas que participan de la contienda y, por otro lado, limitar la propagación de las llamadas fake news, a las que define como hechos que son inexactos o falsos. Esta distinción quedará en manos de un juez que debe expedirse en el lapso de 48 horas desde que recibe una denuncia. Llamativo.

Las campañas de desinformación y las noticias falsas son antiguas, y los medios tradicionales no son ajenos a ellas, pero con Internet la diseminación de la desinformación puede ser más masiva y veloz todavía y, en consecuencia, sus efectos pueden ser mayores y globales. De eso se ocupó esta columna en el número anterior de la Revista COLSECOR.

En efecto, los escándalos de manipulación de datos de usuarios, los recurrentes fallos en la seguridad de la información de millones de cuentas por parte de gigantes de Internet como Facebook o Google, además de las denuncias por sus conductas anticompetitivas, se suman a la preocupación creciente de gobiernos que, como el de Macron, consideran que el daño que causa la circulación masiva de noticias falsas y desinformación, debe ser corregido o atenuado.

Geopolítica digital latinoamericana

Pero, más allá de la buena o mala voluntad que persiguen las iniciativas para regular legalmente su diseminación, el primer problema a afrontar es que –tal como ocurre con la iniciativa francesa- resulta muy difícil definir qué es una noticia falsa y en qué consiste la desinformación. No hay una estabilidad en el concepto de fake news, por lo tanto es muy riesgoso adoptar una regulación. ¿Realmente creen los partidarios de Macron que un juez podrá catalogar dicotómicamente las millones de noticias que circulan en –por ejemplo- un día de campaña electoral como verdaderas o falsas? Al respecto, el Parlamento británico presentó hace dos meses un informe muy consistente que, pese a ser una contribución relevante, no responde esta cuestión elemental.

El segundo problema, en el supuesto de que se lograra consensuar un mecanismo de identificación de lo que es dicotómicamente falso o verdadero, es quién y bajo qué condiciones puede arbitrar en las diferentes fases del proceso de circulación social del contenido: su producción, su edición, su publicación, su distribución y su reproducción. Estos son eslabones que en algunas industrias están bastante integrados (aunque en ninguna completamente) y en otras, no. Por ejemplo, ¿habría acuerdo en conceder a Facebook o Google el poder de policía para decidir qué circula y qué no por las redes? Si la resolución de un juez implicara a estas compañías y en sus sentencias las considerara partícipes de la difusión de noticias falsas, entonces éstas tendrían un incentivo mayor para remover contenidos por su propia cuenta. Esto, que ya ocurre de facto mediante la disposición del algoritmo que muta según las políticas corporativas al margen de los regímenes jurídicos de los países donde estas compañías actúan y comercializan sus servicios, es muy delicado en términos de libertad de expresión.

El tercer problema es que, muy probablemente, la naturaleza del proceso editorial en medios tradicionales a la hora de pensar estrategias en relación a la desinformación no sea completamente aplicable a las plataformas de redes sociales digitales como Facebook, Instagram o Twitter y a espacios como YouTube, por ejemplo en cuanto al universo de lo producido y publicado, demarcado y escaso en el campo de los medios, y amorfo y casi infinito en el caso de Internet. A su vez, las reglas que puedan diseñarse a futuro para estos espacios de Internet pueden no ser pertinentes para aplicaciones como WhatsApp, que es un manantial de reproducción de contenidos con cierta apariencia de mayor personalización.

Las redes sociales nos están volviendo locos

La discusión mundial sobre la desinformación abre la posibilidad de revisar los principios de libertad de expresión en un contexto inédito. Los guardianes de los principales medios y plataformas globales tienen y practican un poder sin antecedentes en la historia de la comunicación. Ignorar estos dos elementos en pos de impostar reflejos rápidos para evitar el efecto corrosivo de la manipulación y las fake news en la democracia puede vulnerar el derecho a la expresión, en particular de quienes poseen menos recursos para ejercerlo.

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