Las grúas salvajes no se van

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Se viene una nueva ley para el estacionamiento medido, la quinta desde que el PRO gobierna. Y plantea pasar de 4000 puestos a 80 mil. El negocio del acarreo sigue a medida que pasan los años.

Publicado en Nueva Ciudad

Lo hemos contado muchas veces en esta columna: desde 1990, épocas de Carlos Grosso, hay dos empresas que hegemonizan el negocio de las grúas. Se llevan gran parte de la recaudación y le pagan monedas al Estado porteño. Incluso, según investigué hace unos años, el Gobierno porteño le devuelve esa plata y más en forma de subsidios. En sus 13 años frente al Gobierno de la Ciudad, ninguno de sus gobernantes PRO cambió esta situación. Ya hubo cuatro leyes que buscaron modificarla y se viene ahora una quinta. Si se aplicaran, cambiaría la naturaleza del negocio, con un pequeño detalle: una parte mucho más grande de la Ciudad pasaría a tener estacionamiento medido. Hasta tendrías que pedir permiso para estacionar enfrente de tu casa.

Esta semana que pasó comenzó el debate por el nuevo proyecto para el estacionamiento medido. Fueron funcionarios del área de Transporte a explicar que, según la nueva ley, ahora será el Estado y no las empresas el que recaude con el acarreo, y le pagará a las empresas por su servicio. La ganancia que se obtuviera por la recaudación menos el pago de los servicios de grúas se propone destinarla a inversiones en infraestructura del transporte público. Esta es la parte positiva de las modificaciones que viene proponiendo el PRO: se termina un negocio que viene desde el menemismo profundo. Prometen adjudicaciones ejemplares en licitaciones públicas.  Hasta ahora, no se vieron.

Ahora pasemos a la parte que menos gusta. En la actualidad, el estacionamiento medido se aplica en algunas zonas de la Ciudad (el centro, las áreas comerciales). Y hay unos 4000 puestos de pago. Representan el 13 por ciento de la superficie porteña. Con el nuevo proyecto, pasamos a  80.000 lugares con estacionamiento medido, que se reparten por todos los barrios de la Ciudad. Esto implica –como en otras leyes anteriores- que para poder estacionar frente a tu casa de forma gratuita (en rigor, a 300 metros en torno a tu domicilio), vas a tener que sacar un permiso especial, o te van a cobrar. Y más vale que encuentres lugar para estacionar en esa área.

Desde la oposición porteña ya cuestionaron el nuevo proyecto de ley. “El proyecto de estacionamiento tarifado es una nueva estafa a los vecinos con un mero afán recaudatorio”, dijo, por ejemplo, el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña. “Llevar grúas a todos los barrios es la extensión de la concesión más escandalosa de la historia de la ciudad, que desde 1990 tiene dos empresas que recaudan 12,5 millones de pesos por mes pagando un canon irrisorio de 55 mil pesos.”

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Las dos empresas de acarreo son BRD y Dakota. Los dueños son Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD). Tienen la concesión de las dos zonas de acarreo por 55 mil pesos mensuales cada una. Con el dinero del acarreo  el negocio ya era redondo. Pero el Estado siguió jugando el rol de socio bobo y le sumó mayores ingresos a estados dos empresas. A partir de un acuerdo que firmaron en 2012 con el Gobierno porteño, la Ciudad se comprometió a pagarles a fin de mes por las multas impagas de los autos acarreados, además de un adicional que ya recibían los trabajadores de esas empresas privadas que estaban agremiados en Camioneros. Es decir, que el Estado les devuelve la plata el canon, y más.

Todo esto fue negociado por el entonces director de Concesiones, Gabriel Astarloa, que hoy es el procurador general de la Ciudad. El que lleva –por ejemplo- el reclamo de Larreta ante la Corte Suprema por la coparticipación porteña.

En los últimos nueve años de gestión PRO en la Ciudad se promulgaron cuatro leyes distintas sobre estacionamiento y acarreo, todas modificando las anteriores. Pero ninguna cambió el sistema de la era Grosso, que sigue hasta hoy. Hubo recursos judiciales y llamativos problemas para ponerlas en práctica, por lo que ninguna se implementó de forma completa. La última modificación –de 2018- extendía el estacionamiento medido a casi todos los barrios de la ciudad y pasaba de 4.000 espacios tarifados a 130.000. Ahora “sólo” será a 80.000 lugares.

Barroetaveña, así como otros legisladores, se preguntan por qué se insiste con este sistema. La discusión de fondo, si pudiéramos pasar del tema del negociado, es cómo se ordena el tránsito. Y ahí los opositores plantean la casi inexistente obra de subtes. Todo el esfuerzo de la gestión PRO estuvo puesto en Metrobuses y otras obras viales en superficie. La red de subtes casi no creció. Como en el Mundial, quizás era por abajo.

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