Los “militruchos” de Macri y Larreta

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Trabajadores estatales del Gobierno porteño crearon una web en la que recogen testimonios de empleados que fueron obligados a fiscalizar, repartir volantes y hasta hacer horas extras en Call Centers para Juntos por el Cambio, bajo amenaza de ser despedidos. Las denuncias se extienden a la Provincia y el Estado nacional.

Publicado en El Grito del Sur

A principios de julio de este año, a M, trabajadora estatal de uno de los ministerios del Gobierno de la Ciudad, la convocaron a una reunión en su oficina de trabajo, junto a otros diez compañeros de su área. Sus jefes, funcionarios de tercera línea del Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta, bajaron sin rodeos la orden que venía “de arriba”, de boca del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. “Desde esta semana hasta el domingo de las PASO”, les dijeron, “les pedimos que realicen tareas voluntarias de militancia en la campaña”. Pocos días después les llegaría un correo electrónico con un cronograma de horarios, fines de semana incluidos, donde figuraban el nombre y el apellido de cada uno, asignados a diversas actividades: difundir vía Call Center las bondades del Gobierno, repartir volantes en distintas esquinas, participar de los famosos timbreos y fiscalizar para Juntos por el Cambio.

Nadie les preguntó, siquiera, con qué fuerza política tenían afinidad, y mucho menos si adherían al oficialismo. “Pregunté qué pasaba si me negaba”, relata M. a El Grito del Sur, “y la respuesta, unos días después, fue que si no participábamos, nos echaban”.

Los comentarios entre varios de los empleados públicos coercionados fueron creciendo hasta que decidieron organizarse. El resultado fue el portal Noesmitrabajo.com, la plataforma que idearon para hacer públicos, de forma anónima, más de 50 casos similares de testigos que se animaban a contar que también fueron obligados y obligadas, bajo amenaza de despido, a militar la campaña por la reelección de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta.

Algunos de los testimonios que se encuentran en la web, dicen:

-“Nos piden un determinado cupo de voluntarios por ministerio para volantear, ir al call center, fiscalizar e ir a actos. Te hacen capacitación como si fueras voluntario” – Ministerio de Cultura porteño-

-“Como en varias ocasiones me negué a realizar estas tareas que ocupaban horario extra laboral y no remunerado, y luego de haber cumplido 5 años como contratada, me dieron de baja el contrato”.

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-“Cuando entré nunca me dijeron que tenía que participar de estas actividades. Por un tiempo se mantuvo, hasta que empezaron a apretar a todo el personal y sólo se justificaba el trabajo si participabas de estos timbreos. Te avisaban en el momento” – Trabajador de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

-“Nos hacían ir todo el domingo, obligaban a los que tenían auto a prestarlo. Volví a las 2 de la mañana a mi casa después de fiscalizar. Al único compañero que se negó, le dieron de baja el contrato al terminar las elecciones”- Trabajador del Ministerio de Modernización de la Nación.

Denuncias del estilo, cuentan, llegaron también desde Quilmes, La Plata y otros municipios del conurbano gobernados por Juntos por el Cambio, y también desde el Ejecutivo nacional.

Ayer, cuando el portal creado por los trabajadores afectados llevaba ya varios días online, el Consejo Directivo de ATE Capital se hizo eco de las denuncias y manifestó su “total repudio a los aprietes que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras en diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde antes y después de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del pasado domingo 11 de agosto, instigaron no sólo presionando por el voto por el oficialismo, sino que pidieron “compromiso” para poner mesas partidarias los días sábados, ir a los actos políticos, concurrir al call-center, timbrear y fiscalizar el día de las elecciones y que, de no ganar los comicios, no se garantizaba su continuidad laboral”.

Según pudo saber este medio, los sindicatos estatales venían advirtiendo al Pro sobre este tipo de prácticas desde las elecciones de 2015 en adelante. A principios de agosto, las candidatas del FIT en la Ciudad Myriam Bregman y María del Carmen Verdú (referente de la CORREPI) iniciaron acciones legales a partir de la identificación de “militruchos” en distintas actividades del Pro.

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La precarización, la base de los aprietes

De acuerdo a un pedido de informes al Ejecutivo porteño presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Gobierno porteño reconoció haber incrementado en un 13 por ciento la planta de empleados públicos durante los últimos 4 años. A contramano del Estado Nacional, que realizó una poda de 30 mil empleados durante los primeros años de gestión, Rodríguez Larreta siguió contratando empleados. La mayoría se explica por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, en la fusión con la Metropolitana, que infló el número de empleados en el Ministerio de Seguridad, pero la misma tendencia se observa en todas las áreas de Gobierno.

De todas maneras, según contaron  referentes sindicales, ese incremento no solucionó un problema histórico de los estatales porteños: la precarización laboral. Desde que Macri asumió en 2007 la Jefatura de Gobierno, la mayoría de los empleados fueron incorporados como monotributistas a través de convenios tercerizados, lo que redunda en un retroceso en materia de derechos laborales. Los tercerizados y contratados, más del 60 por ciento de la planta total, están a tiro de ser despedidos por decisión unilateral de los funcionarios de turno, además de que cobran salarios en su mayoría por debajo de la línea de pobreza.

“La precarización es la base de los aprietes que sufrimos. Con estabilidad laboral, no podrían obligarnos a nada”, relata M.

Hugo Bellón, secretario adjunto de ATE Capital, puso como ejemplo la situación de los trabajadores de “Prevención del Delito”, agentes sin experiencia en seguridad pero que realizan tareas complementarias y en muchos casos sustitutivas de las asignadas a la Policía. “Hace meses que a un alto porcentaje les dejaron de pagar. Es un sector totalmente tercerizado a través de convenios, sin seguridad laboral, sin Aseguradora de Riesgo de Trabajo ni las vestimentas adecuadas. Los rajan cuando tienen hijos, y todo porque son monotributistas que el Gobierno se niega a tomar como planta permanente”, aseguró.

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